El camino de reparación para las víctimas de falsos positivos en Dabeiba

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su cuarta resolución de conclusiones. Con este documento se recoge toda la información que ha reunido la Sala de Reconocimiento sobre los asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), cometidos por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007. Se identificaron los patrones de criminalidad de los exmilitares, los daños cometidos a los habitantes de la zona y se plantean posibles reparaciones. Este es un caso emblemático para la JEP y para las víctimas, ya que sobre este no había investigaciones previas en la justicia ordinaria.

A partir de la recolección de testimonios de diferentes víctimas, se caracterizaron los diferentes daños que se padecieron en el territorio. La Jurisdicción resalta los “duelos inconclusos” que atravesaron los familiares, principalmente adultos mayores, y tipifica las afectaciones en cuatro que son: los daños a la entidad y al buen nombre, a las relaciones familiares y comunitarias, al proyecto de vida y por último, a la salud física y mental.

El “prejuicio insurgente” generó la ruptura de vínculos sociales y familiares, llegando incluso a generar un fuerte rechazo por la vida en las zonas rurales, “afectando la vulnerable identidad campesina” afirma la JEP. Las relaciones de confianza y solidaridad se volvieron cada vez más difíciles de generar por el miedo y la estigmatización, “los territorios fueron divididos, marcados como zonas de influencia del enemigo”. Sumado a esto permanecía la angustia que se prolongaba en el tiempo al no conocer que había sucedido con sus seres queridos desaparecidos. Años durante los cuales las víctimas afirman haber estado marcados por la tristeza y la pena moral.

Debido a estos daños, la JEP junto con las víctimas y los comparecientes propusieron cinco medidas de reparación. Las propuestas son el restablecimiento de vías terciarias, la cátedra de paz, un proyecto productivo de galpones y un proyecto de obra de memoria y reparación simbólica en el cementerio Las Mercedes. Este último fue solicitado por las víctimas, quienes esperan que se le dé una re-dignificación al camposanto. La idea es que el proyecto tenga dos enfoques, uno apuntando a la memoria y la reparación simbólica y el otro en pro de la protección de los cuerpos que aún no han sido identificados o continúan desaparecidos.

Finalmente, la quinta propuesta es un proyecto de obra de reconstrucción de 7 puentes en el cañón de la Llorona, Río Sucio, los cuales habían sido “volados” por la Fuerza Pública, pues creían que estos beneficiaban la economía de la guerra de las Farc y que eran usados exclusivamente por el grupo armado. La comunidad expresa que estos son necesarios, pues conectan las veredas con el casco urbano, “darían seguridad a campesinos y personas vulnerables que hoy deben arriesgar sus vidas transitando por el río o atravesándolo con puentes colgantes en precarias condiciones”, afirma la Jurisdicción.

En el documento también se estableció, como en otras investigaciones previas sobre falsos positivos, tres patrones de criminalidad. El primero de ellos reconoce que las víctimas eran campesinos de la zona que fueron asesinados por “prejuicio” de ser cercanos a la guerrilla. El segundo plantea que los muertos eran personas ajenas al municipio, las cuales eran trasladadas desde Turbo o Medellín con promesas falsas. El tercero de ellos, quizás el más novedoso, es que la Fuerza Pública utilizó un cementerio municipal para desaparecer a sus víctimas.

El caso tiene su origen en 2019 con el interrogatorio del militar William Capera Vargas, el cual confesó que tenía información sobre el cementerio de Dabeiba, mientras era interrogado por falsos positivos cometidos en otra región del país. A partir de este testimonio, la Sala de Reconocimiento decidió intervenir el camposanto. Ese mismo año, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que tiene facultades de policía judicial, realizó las primeras excavaciones. Fue allí que la JEP encontró 29 fosas comunes a lo largo del cementerio, lo que llevó a que las excavaciones se extendieran durante 2020 y 2021.

Los militares confesaron el modus operandi de sus crímenes, dándole pistas a los antropólogos forenses para que pudieran exhumar solo los cuerpos que cumplieran con ciertas características. Por ejemplo, que estuvieran dentro de contenedores plásticos, que evidenciaran lesiones causadas con arma de fuego, que tuvieran amarres, mordazas o algún elemento que evidenciara una muerte violenta, o que en las fosas hubiera prendas que tuvieran ciertas características.

Lo que encontraron los peritos al excavar el cementerio de Dabeiba comprobó lo que habían dicho los militares. Por ejemplo, Capera aseguró que en los falsos positivos en los que él participó enterraron a sus víctimas en bolsas plásticas que les suministraba el municipio. El documento de imputación dice: “Este tipo de relatos de los comparecientes coinciden plenamente con los hallazgos técnico-forenses, pues la UIA, al realizar las exhumaciones, presentó hallazgos en bolsas de color negro (también blanco) en el interior de las fosas comunes que fueron intervenidas”. La bolsa blanca hallada, incluso, tenía impreso, y todavía visible, el logo de la Policía.

Los militares imputados

En julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 militares por haber participado en falsos positivos en Dabeiba, de estos, ocho reconocieron su responsabilidad. Según relata la Jurisdicción, los militares asesinaron civiles y posteriormente los presentaron como bajas en combate, además usaron el cementerio municipal para ocultar estos crímenes. Entre los militares que aceptaron los cargos se encuentra el coronel (r) Efraín Prada, excomandante del Batallón 79.

Prada es señalado no solo por su participación directa, sino también por tener conocimiento de los crímenes que cometían uniformados que estaban bajo su mando. Según la confesión de un soldado, el excomandante era quien ordenaba la ejecución de los civiles para luego enterrarlos como no identificados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Lo que significa que los desaparecía forzadamente. El sargento Jaime Coral fue señalado por el mismo soldado y también acepto los cargos. Por otra parte, el coronel Jorge Alberto Amor, excomandante de la Brigada 11, y el coronel (r) David Guzmán, excomandante del Batallón 79 entre 2004 y 2005, no reconocieron su responsabilidad

Los hombres que reconocieron los cargos fueron citados por la Sala y ante ella tuvieron que encarar a las víctimas, pedir perdón y contestar diversos interrogantes. Por otra parte, en el cementerio, después de más de dos años de exploración se encontraron 49 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos, 11 de ellos ya fueron entregados a sus familiares. Los descubrimientos fueron posibles gracias a los testimonios de varios militares. Con sus versiones se logró esclarecer la ubicación de las víctimas y la relación de miembros del Ejército con integrantes del bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su cuarta resolución de conclusiones. Con este documento se recoge toda la información que ha reunido la Sala de Reconocimiento sobre los asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), cometidos por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007. Se identificaron los patrones de criminalidad de los exmilitares, los daños cometidos a los habitantes de la zona y se plantean posibles reparaciones. Este es un caso emblemático para la JEP y para las víctimas, ya que sobre este no había investigaciones previas en la justicia ordinaria.

A partir de la recolección de testimonios de diferentes víctimas, se caracterizaron los diferentes daños que se padecieron en el territorio. La Jurisdicción resalta los “duelos inconclusos” que atravesaron los familiares, principalmente adultos mayores, y tipifica las afectaciones en cuatro que son: los daños a la entidad y al buen nombre, a las relaciones familiares y comunitarias, al proyecto de vida y por último, a la salud física y mental.

El “prejuicio insurgente” generó la ruptura de vínculos sociales y familiares, llegando incluso a generar un fuerte rechazo por la vida en las zonas rurales, “afectando la vulnerable identidad campesina” afirma la JEP. Las relaciones de confianza y solidaridad se volvieron cada vez más difíciles de generar por el miedo y la estigmatización, “los territorios fueron divididos, marcados como zonas de influencia del enemigo”. Sumado a esto permanecía la angustia que se prolongaba en el tiempo al no conocer que había sucedido con sus seres queridos desaparecidos. Años durante los cuales las víctimas afirman haber estado marcados por la tristeza y la pena moral.

Debido a estos daños, la JEP junto con las víctimas y los comparecientes propusieron cinco medidas de reparación. Las propuestas son el restablecimiento de vías terciarias, la cátedra de paz, un proyecto productivo de galpones y un proyecto de obra de memoria y reparación simbólica en el cementerio Las Mercedes. Este último fue solicitado por las víctimas, quienes esperan que se le dé una re-dignificación al camposanto. La idea es que el proyecto tenga dos enfoques, uno apuntando a la memoria y la reparación simbólica y el otro en pro de la protección de los cuerpos que aún no han sido identificados o continúan desaparecidos.

Finalmente, la quinta propuesta es un proyecto de obra de reconstrucción de 7 puentes en el cañón de la Llorona, Río Sucio, los cuales habían sido “volados” por la Fuerza Pública, pues creían que estos beneficiaban la economía de la guerra de las Farc y que eran usados exclusivamente por el grupo armado. La comunidad expresa que estos son necesarios, pues conectan las veredas con el casco urbano, “darían seguridad a campesinos y personas vulnerables que hoy deben arriesgar sus vidas transitando por el río o atravesándolo con puentes colgantes en precarias condiciones”, afirma la Jurisdicción.

En el documento también se estableció, como en otras investigaciones previas sobre falsos positivos, tres patrones de criminalidad. El primero de ellos reconoce que las víctimas eran campesinos de la zona que fueron asesinados por “prejuicio” de ser cercanos a la guerrilla. El segundo plantea que los muertos eran personas ajenas al municipio, las cuales eran trasladadas desde Turbo o Medellín con promesas falsas. El tercero de ellos, quizás el más novedoso, es que la Fuerza Pública utilizó un cementerio municipal para desaparecer a sus víctimas.

El caso tiene su origen en 2019 con el interrogatorio del militar William Capera Vargas, el cual confesó que tenía información sobre el cementerio de Dabeiba, mientras era interrogado por falsos positivos cometidos en otra región del país. A partir de este testimonio, la Sala de Reconocimiento decidió intervenir el camposanto. Ese mismo año, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que tiene facultades de policía judicial, realizó las primeras excavaciones. Fue allí que la JEP encontró 29 fosas comunes a lo largo del cementerio, lo que llevó a que las excavaciones se extendieran durante 2020 y 2021.

Los militares confesaron el modus operandi de sus crímenes, dándole pistas a los antropólogos forenses para que pudieran exhumar solo los cuerpos que cumplieran con ciertas características. Por ejemplo, que estuvieran dentro de contenedores plásticos, que evidenciaran lesiones causadas con arma de fuego, que tuvieran amarres, mordazas o algún elemento que evidenciara una muerte violenta, o que en las fosas hubiera prendas que tuvieran ciertas características.

Lo que encontraron los peritos al excavar el cementerio de Dabeiba comprobó lo que habían dicho los militares. Por ejemplo, Capera aseguró que en los falsos positivos en los que él participó enterraron a sus víctimas en bolsas plásticas que les suministraba el municipio. El documento de imputación dice: “Este tipo de relatos de los comparecientes coinciden plenamente con los hallazgos técnico-forenses, pues la UIA, al realizar las exhumaciones, presentó hallazgos en bolsas de color negro (también blanco) en el interior de las fosas comunes que fueron intervenidas”. La bolsa blanca hallada, incluso, tenía impreso, y todavía visible, el logo de la Policía.

Los militares imputados

En julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 militares por haber participado en falsos positivos en Dabeiba, de estos, ocho reconocieron su responsabilidad. Según relata la Jurisdicción, los militares asesinaron civiles y posteriormente los presentaron como bajas en combate, además usaron el cementerio municipal para ocultar estos crímenes. Entre los militares que aceptaron los cargos se encuentra el coronel (r) Efraín Prada, excomandante del Batallón 79.

Prada es señalado no solo por su participación directa, sino también por tener conocimiento de los crímenes que cometían uniformados que estaban bajo su mando. Según la confesión de un soldado, el excomandante era quien ordenaba la ejecución de los civiles para luego enterrarlos como no identificados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Lo que significa que los desaparecía forzadamente. El sargento Jaime Coral fue señalado por el mismo soldado y también acepto los cargos. Por otra parte, el coronel Jorge Alberto Amor, excomandante de la Brigada 11, y el coronel (r) David Guzmán, excomandante del Batallón 79 entre 2004 y 2005, no reconocieron su responsabilidad

Los hombres que reconocieron los cargos fueron citados por la Sala y ante ella tuvieron que encarar a las víctimas, pedir perdón y contestar diversos interrogantes. Por otra parte, en el cementerio, después de más de dos años de exploración se encontraron 49 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos, 11 de ellos ya fueron entregados a sus familiares. Los descubrimientos fueron posibles gracias a los testimonios de varios militares. Con sus versiones se logró esclarecer la ubicación de las víctimas y la relación de miembros del Ejército con integrantes del bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares.

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