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Tres de los protagonistas del cuestionado contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con la unión temporal Centros Poblados serán investigados penalmente. El escándalo ya causó la renuncia de la exministra Karen Abudinen, y diez días después llevó a que, el 20 de septiembre, la Fiscalía capturara al representante legal de la unión contratista, Luis Fernando Duque, junto al empresario cordobés Emilio Tapia -condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá- y Juan José Laverde, de la empresa Rave Seguros. Así fue agravándose este proceso de contratación, que buscaba llevar internet a niños de zonas rurales, pero terminó en un despacho judicial de Paloquemao.
(Lea también: Estos son los capturados por el escándalo en el contrato de MinTIC)
Este lío lleva meses cocinándose con varias aristas: por un lado estalló con los supuestos incumplimientos de la UT Centros Poblados al contrato, para llevar conectividad a más de 7.000 escuelas rurales; luego se supo que el anticipo que le giró el Mintic, por más de $70.000 millones, apareció por última vez en un paraíso fiscal de Estados Unidos. La compañía asegura que usó el dinero para comprar equipos. Y, por si fuera poco, Centros Poblados presentó en la licitación una garantía con los logos del banco Itaú que se asumió verdadera, hasta que la propia entidad financiera dijo que nunca emitió el documento.
El contrato inicial
Centros Poblados está conformada por cuatro empresas: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Building Constructora. La primera tiene como objeto social actividades relacionadas con las telecomunicaciones y las demás se dedican a la construcción. Tras estudiar todas las propuestas, en diciembre de 2020 el Mintic le asignó a esta UT el contrato por $1’07 billones para que construyera, en un plazo de once años, la conectividad de niños y niñas de escuelas de Amazonas, Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Para comenzar, la cartera dirigida por Abudinen les giró a las compañías un anticipo de $70.000 millones. Al 30 de abril de este año, Centros Poblados, en cabeza de Luis Fernando Duque, tenía que reportar 773 puntos de internet instalados. Reportó cero. Ni uno solo en cuatro meses. Duque dijo, en una reciente entrevista con El Espectador, que ese posible incumplimiento se debió a retrasos en unas entregas de sus proveedores. Por meses se pensó que el anticipo estaba embolatado, pero la interventoría del proyecto explicó en agosto que con el anticipo sí se instalaron al menos 840 centros. Sin embargo, nunca se hizo una inspección física de los lugares.
La garantía falsa
Cuando el interventor reportó el incumplimiento, el Ministerio citó a Centros Poblados a una audiencia para buscar explicaciones. Como ocurre con todas las contrataciones del Estado, el contratista debía presentar una póliza de cumplimiento para que, si se faltaba al contrato, se pudiera exigir algún reconocimiento económico. Fue entonces que salió a relucir que la garantía bancaria que había presentado Centros Poblados era falsa: el propio banco Itaú, cuyos logos estaban en el documento, negó públicamente y en reiteradas ocasiones que la garantía la hubieran emitido ellos.
Luis Fernando Duque señaló una supuesta responsabilidad aquí de la agencia de seguros que los acompañó en el proceso de licitación: Rave. Y del empleado que estuvo al frente del negocio, Juan José Laverde. “Hacían la gestión de las pólizas con las empresas. Juan José Laverde, funcionario de Rave, fue quien realizó el contacto con quien finalmente terminó encontrando las garantías. Tengo chats y correos”, dijo Duque a El Espectador hace unas semanas. Rave, en su defensa, ha aclarado que ellos no expiden garantías bancarias y que, tras un “riguroso proceso”, expidieron fue una póliza de responsabilidad civil extracontractual sobre la que “no hay reparos”.
“Afirmaciones malintencionadas respecto de pagos exorbitantes por actividades extrañas a la operación de RAVE han sido utilizadas para desviar la atención de la opinión pública. De allí que hayamos solicitado a las autoridades competentes su intervención en el marco de sus funciones para establecer con toda claridad la falsedad de dichas manifestaciones”, añadió la compañía en un comunicado en el que reiteró que ha colaborado con las autoridades en la investigación.
Emilio Tapia
Otra sorpresa vino por cuenta de la aparición del empresario de Sahagún (Córdoba) Emilio Tapia. Condenado por conformar “una empresa criminal” alrededor de la contratación pública en la alcaldía de Samuel Moreno, en Bogotá, Tapia estaría vinculado con una de las firmas que forman parte de Centros Poblados: ICM Ingenieros, que tiene el 35 % del contrato del Mintic. Según W Radio, Tapia habría comprado esta compañía hace un año y, para eludir la atención que esto conllevaba, habría puesto al frente a Herles Ariza, policía retirado y abogado. Además, algunos medios reportan que, al parecer, participó en reuniones e hizo contactos para buscar la garantía que resultó falsa.
En una respuesta a una publicación de El Tiempo, que es el único pronunciamiento que se conoce de Tapia sobre este caso, el empresario cordobés aseguró que en su contra se han hecho “afirmaciones inverídicas”. Asimismo, dijo que colaboraría con las autoridades. Tapia fue capturado en un centro asistencial en Barranquilla y tendrá que ser trasladado a Bogotá, así como Laverde, capturado en Medellín. La Fiscalía los presentará, junto a Duque, ante un juez de garantías de Bogotá para imputarles cargos. Tras la diligencia quedarán vinculados a un proceso formal y se convertirán en los primeros en ser judicializados por este entramado en el que todavía hay mucho por aclarar.