El capítulo del despojo "para"

El despojo de tierras en Córdoba y Urabá, un capítulo de la historia paramilitar que sigue sin ser resuelto por la justicia, está ad portas de esclarecerse. El pasado 3 de febrero, una fiscal especializada de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) acusó formalmente a ocho personas por supuestamente arrebatarles los predios a los pobladores que vivían en la región de Tulapas, que a principios de los 90 fue el escenario de la guerra fratricida entre las autodefensas y la guerrilla. Entre los llamados a juicio están cuatro empresarios cordobeses que fueron miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y el año 2000.

Ellos son Benito Molina Velaverde, conocido como el Mexicano; Carlos Enrique Sotomayor, actual gerente del Fondo; y los exdirectivos Luis Gonzalo Gallo y Orlando Fuentes Hessen. Junto a ellos, también son procesados el entonces asesor jurídico de la sociedad, Carmelo de Jesús Esquivia; el notario tercero de Montería, Miguel Francisco Puche Yáñez; la notaria única de San Pedro de Urabá, Lía del Carmen Hurtado, y María Inés Cadavid, exfuncionaria del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Incoder. Todos resultaron salpicados por las declaraciones de Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero, quien está colaborando con la justicia.

Actas del Fondo Ganadero de Córdoba, poderes, escrituras, testimonios de las víctimas y las declaraciones de Osorio Villadiego y Sor Teresa Gómez, concuñada de los Castaño, le permitieron a la Fiscalía concluir que el Fondo Ganadero se convirtió en el aliado de los hermanos Castaño para consolidar el despojo a finales de los 90 de 4.300 hectáreas baldías en Tulapas. El proceso aún no ha llegado a las manos de un juez especializado del circuito de Medellín, ya que los abogados defensores apelaron la acusación por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado.

La investigación por el despojo en Tulapas tomó forma en septiembre de 2013, cuando el expediente, con más de 200 denuncias, llegó a la Dinac. Ahí se creó un grupo especializado —entre fiscales, sociólogos, antropólogos— que contextualizó cómo los paramilitares gestaron una estrategia de expansión para apropiarse de las tierras productivas del Urabá, a través de alianzas con agentes del Estado y empresarios. Los investigadores establecieron que luego de los combates que ocasionaron el desplazamiento de más de 4.000 pobladores a finales del 95, los hermanos Castaño le ordenaron a Sor Teresa Gómez que buscara la forma de apropiarse de los predios abandonados.

Testimonios de comandantes paramilitares como Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, indicaron que el objetivo de los Castaño era instalar un campamento en Tulapas, ya que el precio de la hectárea  rondaba los $30.000 por los estragos que había ocasionado el conflicto. La primera propiedad que compraron los paramilitares fue la finca La 52. Su dueño era Santander Osorio, quien fue abordado por el desmovilizado Oliverio Álvarez Serna.

El paramilitar, quien oficiaba como testaferro de Luis Ángel Gil Zapata, alias Panina, un primo de los Castaño que al parecer murió, recibió órdenes de Sor Teresa para que amenazara a Santander Osorio y lo obligara a vender su tierra por $45.000 la hectárea. En total, la víctima recibió $12’500.000. Según Monoleche, para mediados de 1997, Benito Osorio habló, por intermedio de Sor Teresa, con Vicente Castaño, para contarle que “había una gente” que quería comprar grandes extensiones de tierra para un fondo ganadero.

Según la Fiscalía, la idea de expandir las actividades comerciales del Fondo Ganadero comenzó en marzo de 1997, como quedó estipulado en el acta 1075, en la que pusieron como objetivo generar el retorno de recursos, ya que tenían un déficit de $300 millones. Para ese entonces, se estaba eligiendo el nuevo gerente de la sociedad y se estipuló que éste tendría que dar resultados en menos de cuatro meses o sería sustituido. Según las analistas, Benito Osorio llegó al puesto, supuestamente, con el apoyo de los Castaño, quienes eran accionistas en la sociedad.

Benito Osorio declaró en enero de 2014 que viajó entonces a la finca La 52 junto a algunos directivos y Sor Teresa para conocer las tierras. Iniciaron los trámites para adquirir la primera propiedad en Tulapas. Según Osorio y Sor Teresa, lo sucedido en esa negociación fue la réplica de lo que pasó con todas las víctimas entre 1997 y el año 2000. Se evidenció que mientras a Santander Osorio los paramilitares le pagaron a $45.000 la hectárea, los miembros de la junta directiva accedieron a entregar $900.000 por hectárea.

El 1º de diciembre de 1997, luego de firmar el acta 1084, la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba aprobó la compra de la Finca La 52. Ese día, tras regresar de una visita en Tulapas, los directivos del Fondo le dieron la potestad al entonces gerente Benito Osorio para comprar tierras. Asimismo, designaron a Carmelo De Jesús Esquivia como asesor jurídico y encargado de tramitar los papeles para la legalización de los predios. Además, la Fiscalía señaló que por fuera del acta se determinó que Sor Teresa sería la intermediaria para negociar los precios de las propiedades con los campesinos. Todo fue confirmado por Osorio y Sor Teresa Gómez.

Según la Fiscalía, ese 1º de diciembre de 1997 se decidió, unánimemente, “comprar una extensión de aproximadamente 5.000 y 6.000 hectáreas de tierra (…) a sabiendas de que se trata de propiedades de personas desplazadas como se desprende del contenido del acta 1083 del 24 de octubre de 1997, de las visitas que hicieron los miembros de la junta directiva a la zona, en la que pudieron constatar el estado de abandono y de la autorización que diera la junta directiva para la intervención de Sor Teresa Gómez”.

Para los investigadores, la mujer les ordenó a dos hombres —el mayordomo de La 52, Marco Fidel Furniles, y Guido Vargas, que además de ser campesinos de la región, eran conocidos como miembros de las autodefensas— que intimidaran a los campesinos. Ambos, tras ser capturados en enero de 2014, se acogieron a sentencia anticipada. Salpicaron al Fondo Ganadero y advirtieron que su labor consistió en ubicar, identificar y amenazar a las víctimas con el objetivo de que vendieran a precios irrisorios sus propiedades. Según las pesquisas, Furniles y Vargas llevaban a los pobladores hasta la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) en Montería para que tramitaran los papeles con Sor Teresa.

Osorio le dijo a la Fiscalía que todos los miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba sabían “que se trataba de una zona de influencia paramilitar, que estábamos negociando con un primo de los hermanos Castaño y que participaba la señora Sor Teresa Gómez”. Esta última ratificó estas palabras y añadió que ese mismo diciembre del 97 le autorizaron comprar tierras a nombre de la sociedad. Ante la pregunta de si los directivos tenían conocimiento de que esas tierras eran propiedad de víctimas de la violencia, respondió: “Eso lo veía un ciego. Eran tierras de dominio de las autodefensas, eran tierras de personas desplazadas por la violencia”.

Tras 16 meses de gestión de Benito Osorio, la sociedad ya tenía bajo su dominio 4.300 hectáreas. En un acta de la asamblea del Fondo Ganadero del 23 de abril de 1999, uno de los socios, Alberto Anaya, cuestionó que la adquisición de estas tierras podía poner en riesgo la inversión, ya que se trataba de una zona con problemas de orden público. Agregó que en un futuro, al ser esta una región inmersa en el conflicto, el gobierno podría “apretarlos”. Según la Fiscalía, tal advertencia no se tuvo en cuenta y era una clara señal de que los directivos tenían conocimiento de que los terrenos comprados provenían del despojo paramilitar.

En enero de 1998, el entonces asesor jurídico Carmelo Esquivia empezó a organizar los papeles que se necesitaban para firmar las compraventas entre los campesinos y el Fondo Ganadero. Al parecer, fue el encargado de elaborar los poderes que entregarían las víctimas a Sor Teresa para que la autorizaran a recibir el pago, no mayor a $350.000 por hectárea, de sus propiedades de parte del Fondo. Primero, le dijo a Sor Teresa que a través de Vargas y Furniles convocara a los campesinos para que firmaran los poderes y así dar inicio a la legalización de los terrenos. Muchas de las víctimas no sabían ni leer ni escribir.

Para esta labor, según los analistas, Esquivia convocó para autenticar los documentos —al parecer muchos de ellos con espacios en blanco y sin firmas— a su gran amigo el notario tercero de Montería, Miguel Puche, quien además había sido directivo del Fondo Ganadero de Córdoba. Luego de haber legalizado más de 50 escrituras, la junta del Fondo Ganadero, el asesor jurídico y Sor Teresa se dieron cuenta de que había 44 predios que tenían problemas de titulación. Se trataba de tierras baldías que aún no habían sido entregadas a los campesinos por parte del gobierno. Fue entonces cuando Sor Teresa Gómez indicó que conocía desde principios de los 90 a María Inés Cadavid, quien en ese entonces era la jefa jurídica de adjudicaciones de baldíos del Incora regional Antioquia.

Es más, en el acta 1086 del 17 de febrero de 1998 se ponen en conocimiento de la junta directiva los problemas por los baldíos. Se decidió entonces acudir al Incora. El 1º de marzo de 2000, la exfuncionaria Cadavid suscribió un contrato con el Fondo Ganadero de Córdoba por $9’000.000 con el objetivo de ubicar los predios sin legalizar. En diciembre de 2003, María Inés presentó un informe en que precisó que ubicó 33 predios sin adjudicar, 12 con antecedentes registrales y 21 que no los tenían, por lo que prestó su colaboración como jefa jurídica del Incora. Logró, en pocas palabras, emitir 43 resoluciones entre julio de 1999 y el 30 de diciembre del mismo año, con una particularidad: 34 de estas fueron notificadas en una misma fecha, el 28 de julio.

Según un informe de un perito de la Superintendencia de Notariado y Registro, 105 de los predios adquiridos por el Fondo eran adjudicaciones de tierras baldías. Señaló que el 43% de estos fueron adjudicados en 1999 y el otro 57% fueron adjudicados años atrás. Asimismo, que los focos de compras de tierras fueron entre 1998 y 2000, donde varias de estas se realizaron e inscribieron el mismo día. Indicó también que en el 97% de los predios adquiridos participó como representante legal Benito Osorio Villadiego. Concluyó que el 74% de las propiedades fueron adquiridas mediante un poder y que entre las personas que fungían como apoderadas, Sor Teresa aparecía en un 94%.

Una de las particularidades que evidenciaba este informe era que los procesos de compraventa se registraron en dos notarías, el 48% en la Notaría de San Pedro de Urabá y el 52% en la Notaría Tercera de Montería. Situación que no es entendida como una casualidad para la Fiscalía. Es más, la Dinac precisó que ante el notario Puche se autenticaron los poderes y que ante la notaria Lía del Carmen se realizaron los procesos que tenían problemas por ser todavía baldíos.

Fue entonces cuando Vargas y Furniles, por órdenes de Sor Teresa, organizaron una reunión en la finca La 52, a la que asistirían la notaria de San Pedro de Urabá y la exfuncionaria del Incora para agilizar los trámites. El encuentro se dio el 13 de marzo de 1998 y asistieron 150 campesinos. Para la Fiscalía es claro que ese mismo día, mientras se terminaban de firmar 76 poderes y autenticar 51 compraventas ante la notaria Lía del Carmen, María Inés Cadavid daba inició al trámite de legalización de tierras para evitar contratiempos, provocando el éxodo masivo de campesinos de Tulapas. El paso a seguir fue autorizar a Benito Osorio a “entregar dinero a Sor Teresa por sus labores de intermediación en los procesos de ‘legalización’ de tierras”, indicó la Fiscalía.

Según las víctimas, cuando llegaban a las instalaciones de Funpazcor a recibir los pagos por sus propiedades en el año 98, Sor Teresa sacaba el dinero en efectivo de unas tulas y de un armario de madera. En las pesquisas, la Fiscalía halló los 261 cheques emitidos por el Fondo Ganadero a favor de los campesinos y que eran reclamados por emisarios de Sor Teresa gracias a los poderes que, bajo presión, les otorgaron los desplazados. En estos documentos, según los investigadores, se demostró que algunos predios fueron adquiridos por el Fondo Ganadero cuando aún eran baldíos y no les pertenecían a los campesinos.

La hipótesis de la Fiscalía es que en el 98 las víctimas recibieron entre $350.000 y $600.000 por hectárea. Dinero que, al parecer, provenía de las arcas de las autodefensas y no de las del Fondo Ganadero de Córdoba. Explicaron que los registros contables de la sociedad no justificaban los desembolsos con los que supuestamente se compraron las tierras, por lo que se infería que se valieron de los recursos de los paramilitares. Según los investigadores, la plata retornó a las arcas de la organización ilegal, específicamente a las cuentas en Funpazcor, en el año 2000 a través de los cheques que se emitieron bajo el concepto de “Pago a proveedor”. Para el ente investigador, una prueba que demostraba un lavado de activos y financiamiento a grupos ilegales.

Según los investigadores, el despojo se materializó en tres fases. La primera, control territorial de los paramilitares, que originó el despojo físico. La segunda, el despojo jurídico a través de la “legalización” de las compraventas y tierras baldías. Y la tercera, a través del uso productivo de los terrenos. Según Osorio, los directivos del Fondo Ganadero tenían proyectados negocios a futuro. Tanto así, que en 2005 el Fondo Ganadero firmó convenios con las empresas Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), Incoagro y Productora de Caucho de Tierra Alta (Procaucho) para la siembra de teca y caucho. Los investigadores establecieron que la sociedad invirtió $200 millones en el proyecto forestal con RIA, para impulsar una empresa local que estaba conformada por campesinos, conocida como El Indio, mientras que para el caucho destinaron $809 millones.

Tras los allanamientos al Fondo Ganadero de Córdoba realizados en febrero de 2014, se encontraron los documentos, actas y archivos que evidenciaban las irregularidades. Tanto así, que se halló una carpeta denominada “Predios sin legalizar”, en la que se estipulaba que a la fecha había 28 terrenos sin legalizar las escrituras de propiedad porque no se había encontrado a los campesinos. Es más, la última propiedad se escrituró el 4 de mayo de 2011. En esa época, hasta la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba llegó Juan Camilo Morales, miembro de la sociedad y quien solicitó que se frenaran todos los actos de autenticación de escrituras tras las denuncias de irregularidades que distintas entidades, como la Superintendencia de Notariado y Registro, habían detectado.

Fue ese el inicio de un proceso investigativo que hoy tiene contra las cuerdas a quienes, según la Fiscalía, oficiaron como los patrocinadores del despojo de tierras en el Urabá antioqueño. Según los analistas, esta es la punta de lanza de un fenómeno que se multiplicó y hoy azota al país: el desplazamiento forzado.

***

Sor Teresa, la última del clan Castaño

La cuñada de Vicente, Fidel y Carlos Castaño ejerció por muchos años como la líder social del programa de distribución de tierras Funpazcor, la fachada con la que los Castaño lograron hacerse a los predios de un sinnúmero de campesinos en la década de los 90. Con el tiempo se convirtió en su principal testaferro.

La mujer era esposa de Miguel Gil, hermano medio de los Castaño, y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Durante los años en que dirigió la fundación se encargó de conseguir tierras, traficar armas y lavar activos.

En 2004 fue incluida en la Lista Clinton y en 2006 se desmovilizó como parte del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas. Sin embargo, hasta ese momento no tenía ningún procedimiento judicial en contra.

Una avalancha de denuncias de campesinos la señaló finalmente como una de las protagonistas del destierro y el despojo de muchas familias en Córdoba y Urabá. Yolanda Izquierdo, una de las líderes reclamante de tierras, fue asesinada en 2007. Este crimen se le atribuyó a Sor Teresa, quien fue condenada a 40 años de prisión. En 2013 fue capturada cuando salía de su casa en Jamundí (Valle).

Funpazcor, la ONG fachada de los Castaño

A comienzos de los 90, Fidel Castaño comenzó a comprar tierras en la región de Córdoba, supuestamente con la intención de hacer una reforma agraria. Tiempo después, con ayuda de algunos colaboradores, entre ellos ganaderos de la región, crearon en Montería la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor.

A través de ella los hermanos Castaño entregaron a campesinos predios por una extensión total de 10.000 hectáreas.

Sin embargo, nunca se trató de una donación, pues en las escrituras fueron incluidas cláusulas que limitaban el uso que los campesinos podían darle a sus tierras.

Entre 1995 y 1996, Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño y quien dirigía la fundación, les exigió a los campesinos que entregaran sus tierras. A cambio les dio pagos mínimos, que ellos aceptaron porque fueron amenazados; les dijeron que la orden venía de los paramilitares.

El despojo de tierras en Córdoba y Urabá, un capítulo de la historia paramilitar que sigue sin ser resuelto por la justicia, está ad portas de esclarecerse. El pasado 3 de febrero, una fiscal especializada de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) acusó formalmente a ocho personas por supuestamente arrebatarles los predios a los pobladores que vivían en la región de Tulapas, que a principios de los 90 fue el escenario de la guerra fratricida entre las autodefensas y la guerrilla. Entre los llamados a juicio están cuatro empresarios cordobeses que fueron miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y el año 2000.

Ellos son Benito Molina Velaverde, conocido como el Mexicano; Carlos Enrique Sotomayor, actual gerente del Fondo; y los exdirectivos Luis Gonzalo Gallo y Orlando Fuentes Hessen. Junto a ellos, también son procesados el entonces asesor jurídico de la sociedad, Carmelo de Jesús Esquivia; el notario tercero de Montería, Miguel Francisco Puche Yáñez; la notaria única de San Pedro de Urabá, Lía del Carmen Hurtado, y María Inés Cadavid, exfuncionaria del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Incoder. Todos resultaron salpicados por las declaraciones de Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero, quien está colaborando con la justicia.

Actas del Fondo Ganadero de Córdoba, poderes, escrituras, testimonios de las víctimas y las declaraciones de Osorio Villadiego y Sor Teresa Gómez, concuñada de los Castaño, le permitieron a la Fiscalía concluir que el Fondo Ganadero se convirtió en el aliado de los hermanos Castaño para consolidar el despojo a finales de los 90 de 4.300 hectáreas baldías en Tulapas. El proceso aún no ha llegado a las manos de un juez especializado del circuito de Medellín, ya que los abogados defensores apelaron la acusación por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado.

La investigación por el despojo en Tulapas tomó forma en septiembre de 2013, cuando el expediente, con más de 200 denuncias, llegó a la Dinac. Ahí se creó un grupo especializado —entre fiscales, sociólogos, antropólogos— que contextualizó cómo los paramilitares gestaron una estrategia de expansión para apropiarse de las tierras productivas del Urabá, a través de alianzas con agentes del Estado y empresarios. Los investigadores establecieron que luego de los combates que ocasionaron el desplazamiento de más de 4.000 pobladores a finales del 95, los hermanos Castaño le ordenaron a Sor Teresa Gómez que buscara la forma de apropiarse de los predios abandonados.

Testimonios de comandantes paramilitares como Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, indicaron que el objetivo de los Castaño era instalar un campamento en Tulapas, ya que el precio de la hectárea  rondaba los $30.000 por los estragos que había ocasionado el conflicto. La primera propiedad que compraron los paramilitares fue la finca La 52. Su dueño era Santander Osorio, quien fue abordado por el desmovilizado Oliverio Álvarez Serna.

El paramilitar, quien oficiaba como testaferro de Luis Ángel Gil Zapata, alias Panina, un primo de los Castaño que al parecer murió, recibió órdenes de Sor Teresa para que amenazara a Santander Osorio y lo obligara a vender su tierra por $45.000 la hectárea. En total, la víctima recibió $12’500.000. Según Monoleche, para mediados de 1997, Benito Osorio habló, por intermedio de Sor Teresa, con Vicente Castaño, para contarle que “había una gente” que quería comprar grandes extensiones de tierra para un fondo ganadero.

Según la Fiscalía, la idea de expandir las actividades comerciales del Fondo Ganadero comenzó en marzo de 1997, como quedó estipulado en el acta 1075, en la que pusieron como objetivo generar el retorno de recursos, ya que tenían un déficit de $300 millones. Para ese entonces, se estaba eligiendo el nuevo gerente de la sociedad y se estipuló que éste tendría que dar resultados en menos de cuatro meses o sería sustituido. Según las analistas, Benito Osorio llegó al puesto, supuestamente, con el apoyo de los Castaño, quienes eran accionistas en la sociedad.

Benito Osorio declaró en enero de 2014 que viajó entonces a la finca La 52 junto a algunos directivos y Sor Teresa para conocer las tierras. Iniciaron los trámites para adquirir la primera propiedad en Tulapas. Según Osorio y Sor Teresa, lo sucedido en esa negociación fue la réplica de lo que pasó con todas las víctimas entre 1997 y el año 2000. Se evidenció que mientras a Santander Osorio los paramilitares le pagaron a $45.000 la hectárea, los miembros de la junta directiva accedieron a entregar $900.000 por hectárea.

El 1º de diciembre de 1997, luego de firmar el acta 1084, la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba aprobó la compra de la Finca La 52. Ese día, tras regresar de una visita en Tulapas, los directivos del Fondo le dieron la potestad al entonces gerente Benito Osorio para comprar tierras. Asimismo, designaron a Carmelo De Jesús Esquivia como asesor jurídico y encargado de tramitar los papeles para la legalización de los predios. Además, la Fiscalía señaló que por fuera del acta se determinó que Sor Teresa sería la intermediaria para negociar los precios de las propiedades con los campesinos. Todo fue confirmado por Osorio y Sor Teresa Gómez.

Según la Fiscalía, ese 1º de diciembre de 1997 se decidió, unánimemente, “comprar una extensión de aproximadamente 5.000 y 6.000 hectáreas de tierra (…) a sabiendas de que se trata de propiedades de personas desplazadas como se desprende del contenido del acta 1083 del 24 de octubre de 1997, de las visitas que hicieron los miembros de la junta directiva a la zona, en la que pudieron constatar el estado de abandono y de la autorización que diera la junta directiva para la intervención de Sor Teresa Gómez”.

Para los investigadores, la mujer les ordenó a dos hombres —el mayordomo de La 52, Marco Fidel Furniles, y Guido Vargas, que además de ser campesinos de la región, eran conocidos como miembros de las autodefensas— que intimidaran a los campesinos. Ambos, tras ser capturados en enero de 2014, se acogieron a sentencia anticipada. Salpicaron al Fondo Ganadero y advirtieron que su labor consistió en ubicar, identificar y amenazar a las víctimas con el objetivo de que vendieran a precios irrisorios sus propiedades. Según las pesquisas, Furniles y Vargas llevaban a los pobladores hasta la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) en Montería para que tramitaran los papeles con Sor Teresa.

Osorio le dijo a la Fiscalía que todos los miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba sabían “que se trataba de una zona de influencia paramilitar, que estábamos negociando con un primo de los hermanos Castaño y que participaba la señora Sor Teresa Gómez”. Esta última ratificó estas palabras y añadió que ese mismo diciembre del 97 le autorizaron comprar tierras a nombre de la sociedad. Ante la pregunta de si los directivos tenían conocimiento de que esas tierras eran propiedad de víctimas de la violencia, respondió: “Eso lo veía un ciego. Eran tierras de dominio de las autodefensas, eran tierras de personas desplazadas por la violencia”.

Tras 16 meses de gestión de Benito Osorio, la sociedad ya tenía bajo su dominio 4.300 hectáreas. En un acta de la asamblea del Fondo Ganadero del 23 de abril de 1999, uno de los socios, Alberto Anaya, cuestionó que la adquisición de estas tierras podía poner en riesgo la inversión, ya que se trataba de una zona con problemas de orden público. Agregó que en un futuro, al ser esta una región inmersa en el conflicto, el gobierno podría “apretarlos”. Según la Fiscalía, tal advertencia no se tuvo en cuenta y era una clara señal de que los directivos tenían conocimiento de que los terrenos comprados provenían del despojo paramilitar.

En enero de 1998, el entonces asesor jurídico Carmelo Esquivia empezó a organizar los papeles que se necesitaban para firmar las compraventas entre los campesinos y el Fondo Ganadero. Al parecer, fue el encargado de elaborar los poderes que entregarían las víctimas a Sor Teresa para que la autorizaran a recibir el pago, no mayor a $350.000 por hectárea, de sus propiedades de parte del Fondo. Primero, le dijo a Sor Teresa que a través de Vargas y Furniles convocara a los campesinos para que firmaran los poderes y así dar inicio a la legalización de los terrenos. Muchas de las víctimas no sabían ni leer ni escribir.

Para esta labor, según los analistas, Esquivia convocó para autenticar los documentos —al parecer muchos de ellos con espacios en blanco y sin firmas— a su gran amigo el notario tercero de Montería, Miguel Puche, quien además había sido directivo del Fondo Ganadero de Córdoba. Luego de haber legalizado más de 50 escrituras, la junta del Fondo Ganadero, el asesor jurídico y Sor Teresa se dieron cuenta de que había 44 predios que tenían problemas de titulación. Se trataba de tierras baldías que aún no habían sido entregadas a los campesinos por parte del gobierno. Fue entonces cuando Sor Teresa Gómez indicó que conocía desde principios de los 90 a María Inés Cadavid, quien en ese entonces era la jefa jurídica de adjudicaciones de baldíos del Incora regional Antioquia.

Es más, en el acta 1086 del 17 de febrero de 1998 se ponen en conocimiento de la junta directiva los problemas por los baldíos. Se decidió entonces acudir al Incora. El 1º de marzo de 2000, la exfuncionaria Cadavid suscribió un contrato con el Fondo Ganadero de Córdoba por $9’000.000 con el objetivo de ubicar los predios sin legalizar. En diciembre de 2003, María Inés presentó un informe en que precisó que ubicó 33 predios sin adjudicar, 12 con antecedentes registrales y 21 que no los tenían, por lo que prestó su colaboración como jefa jurídica del Incora. Logró, en pocas palabras, emitir 43 resoluciones entre julio de 1999 y el 30 de diciembre del mismo año, con una particularidad: 34 de estas fueron notificadas en una misma fecha, el 28 de julio.

Según un informe de un perito de la Superintendencia de Notariado y Registro, 105 de los predios adquiridos por el Fondo eran adjudicaciones de tierras baldías. Señaló que el 43% de estos fueron adjudicados en 1999 y el otro 57% fueron adjudicados años atrás. Asimismo, que los focos de compras de tierras fueron entre 1998 y 2000, donde varias de estas se realizaron e inscribieron el mismo día. Indicó también que en el 97% de los predios adquiridos participó como representante legal Benito Osorio Villadiego. Concluyó que el 74% de las propiedades fueron adquiridas mediante un poder y que entre las personas que fungían como apoderadas, Sor Teresa aparecía en un 94%.

Una de las particularidades que evidenciaba este informe era que los procesos de compraventa se registraron en dos notarías, el 48% en la Notaría de San Pedro de Urabá y el 52% en la Notaría Tercera de Montería. Situación que no es entendida como una casualidad para la Fiscalía. Es más, la Dinac precisó que ante el notario Puche se autenticaron los poderes y que ante la notaria Lía del Carmen se realizaron los procesos que tenían problemas por ser todavía baldíos.

Fue entonces cuando Vargas y Furniles, por órdenes de Sor Teresa, organizaron una reunión en la finca La 52, a la que asistirían la notaria de San Pedro de Urabá y la exfuncionaria del Incora para agilizar los trámites. El encuentro se dio el 13 de marzo de 1998 y asistieron 150 campesinos. Para la Fiscalía es claro que ese mismo día, mientras se terminaban de firmar 76 poderes y autenticar 51 compraventas ante la notaria Lía del Carmen, María Inés Cadavid daba inició al trámite de legalización de tierras para evitar contratiempos, provocando el éxodo masivo de campesinos de Tulapas. El paso a seguir fue autorizar a Benito Osorio a “entregar dinero a Sor Teresa por sus labores de intermediación en los procesos de ‘legalización’ de tierras”, indicó la Fiscalía.

Según las víctimas, cuando llegaban a las instalaciones de Funpazcor a recibir los pagos por sus propiedades en el año 98, Sor Teresa sacaba el dinero en efectivo de unas tulas y de un armario de madera. En las pesquisas, la Fiscalía halló los 261 cheques emitidos por el Fondo Ganadero a favor de los campesinos y que eran reclamados por emisarios de Sor Teresa gracias a los poderes que, bajo presión, les otorgaron los desplazados. En estos documentos, según los investigadores, se demostró que algunos predios fueron adquiridos por el Fondo Ganadero cuando aún eran baldíos y no les pertenecían a los campesinos.

La hipótesis de la Fiscalía es que en el 98 las víctimas recibieron entre $350.000 y $600.000 por hectárea. Dinero que, al parecer, provenía de las arcas de las autodefensas y no de las del Fondo Ganadero de Córdoba. Explicaron que los registros contables de la sociedad no justificaban los desembolsos con los que supuestamente se compraron las tierras, por lo que se infería que se valieron de los recursos de los paramilitares. Según los investigadores, la plata retornó a las arcas de la organización ilegal, específicamente a las cuentas en Funpazcor, en el año 2000 a través de los cheques que se emitieron bajo el concepto de “Pago a proveedor”. Para el ente investigador, una prueba que demostraba un lavado de activos y financiamiento a grupos ilegales.

Según los investigadores, el despojo se materializó en tres fases. La primera, control territorial de los paramilitares, que originó el despojo físico. La segunda, el despojo jurídico a través de la “legalización” de las compraventas y tierras baldías. Y la tercera, a través del uso productivo de los terrenos. Según Osorio, los directivos del Fondo Ganadero tenían proyectados negocios a futuro. Tanto así, que en 2005 el Fondo Ganadero firmó convenios con las empresas Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), Incoagro y Productora de Caucho de Tierra Alta (Procaucho) para la siembra de teca y caucho. Los investigadores establecieron que la sociedad invirtió $200 millones en el proyecto forestal con RIA, para impulsar una empresa local que estaba conformada por campesinos, conocida como El Indio, mientras que para el caucho destinaron $809 millones.

Tras los allanamientos al Fondo Ganadero de Córdoba realizados en febrero de 2014, se encontraron los documentos, actas y archivos que evidenciaban las irregularidades. Tanto así, que se halló una carpeta denominada “Predios sin legalizar”, en la que se estipulaba que a la fecha había 28 terrenos sin legalizar las escrituras de propiedad porque no se había encontrado a los campesinos. Es más, la última propiedad se escrituró el 4 de mayo de 2011. En esa época, hasta la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba llegó Juan Camilo Morales, miembro de la sociedad y quien solicitó que se frenaran todos los actos de autenticación de escrituras tras las denuncias de irregularidades que distintas entidades, como la Superintendencia de Notariado y Registro, habían detectado.

Fue ese el inicio de un proceso investigativo que hoy tiene contra las cuerdas a quienes, según la Fiscalía, oficiaron como los patrocinadores del despojo de tierras en el Urabá antioqueño. Según los analistas, esta es la punta de lanza de un fenómeno que se multiplicó y hoy azota al país: el desplazamiento forzado.

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Sor Teresa, la última del clan Castaño

La cuñada de Vicente, Fidel y Carlos Castaño ejerció por muchos años como la líder social del programa de distribución de tierras Funpazcor, la fachada con la que los Castaño lograron hacerse a los predios de un sinnúmero de campesinos en la década de los 90. Con el tiempo se convirtió en su principal testaferro.

La mujer era esposa de Miguel Gil, hermano medio de los Castaño, y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Durante los años en que dirigió la fundación se encargó de conseguir tierras, traficar armas y lavar activos.

En 2004 fue incluida en la Lista Clinton y en 2006 se desmovilizó como parte del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas. Sin embargo, hasta ese momento no tenía ningún procedimiento judicial en contra.

Una avalancha de denuncias de campesinos la señaló finalmente como una de las protagonistas del destierro y el despojo de muchas familias en Córdoba y Urabá. Yolanda Izquierdo, una de las líderes reclamante de tierras, fue asesinada en 2007. Este crimen se le atribuyó a Sor Teresa, quien fue condenada a 40 años de prisión. En 2013 fue capturada cuando salía de su casa en Jamundí (Valle).

Funpazcor, la ONG fachada de los Castaño

A comienzos de los 90, Fidel Castaño comenzó a comprar tierras en la región de Córdoba, supuestamente con la intención de hacer una reforma agraria. Tiempo después, con ayuda de algunos colaboradores, entre ellos ganaderos de la región, crearon en Montería la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor.

A través de ella los hermanos Castaño entregaron a campesinos predios por una extensión total de 10.000 hectáreas.

Sin embargo, nunca se trató de una donación, pues en las escrituras fueron incluidas cláusulas que limitaban el uso que los campesinos podían darle a sus tierras.

Entre 1995 y 1996, Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño y quien dirigía la fundación, les exigió a los campesinos que entregaran sus tierras. A cambio les dio pagos mínimos, que ellos aceptaron porque fueron amenazados; les dijeron que la orden venía de los paramilitares.