El caso contra Fabián Sanabria en la Procuraduría: hay dos víctimas más

Fabián Sanabria fue candidato a rector de la Universidad Nacional. / Cristian Garavito

Foto: CRISTIAN GARAVITO - Cristian Garavito/ El espectador

El juicio que comenzará este año contra el profesor Fabián Sanabria por violencia sexual no es la única acusación que enfrenta el reconocido sociólogo y excandidato a rector de la Universidad Nacional. El Espectador conoció el expediente que ha construido la Procuraduría desde inicios de este año para investigar, disciplinariamente, las denuncias de tocamientos, abuso y exigencias de favores sexuales que recaen sobre Sanabria. El docente, por su parte, se ha declarado inocente, ha dicho ser víctima de una persecución y su defensa considera que los hechos ya prescribieron. Es decir, se habría vencido el tiempo para que el profesor sea investigado.

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Las denuncias nacieron de una serie de informes que elaboró un colectivo llamado Comisión Feminista y de Asuntos de Género de Antropología. Entre julio y octubre de 2020 publicaron decenas de denuncias de acoso y abuso contra un puñado de profesores de la Universidad Nacional (Unal). Allí, cuatro hombres aseguraron haber sido acosados o abusados por Fabián Sanabria, quien este año se volvió en el primer docente de ese extenso reporte en ser llevado ante los estrados judiciales. El revuelo hace casi dos años fue tal, que la institución educativa abrió una investigación disciplinaria interna. Una que no dio muchos resultados.

En los casi dos años que tuvo la investigación, la universidad apenas ordenó practicar algunas pruebas. Ni siquiera escuchó las versiones de Fabián Sanabria, ni de sus supuestas víctimas, pues apenas los citó a rendir sus testimonios el 3 de febrero de 2022. A los pocos días, el 7 del mismo mes, la Procuraduría tomó poder preferente. Es decir, asumió la investigación disciplinaria en el punto que la había dejado la Veeduría Disciplinaria de la Unal. Los documentos dan cuenta de que, en los 18 meses que esa dependencia universitaria tuvo a su cargo el proceso, no hizo mayor cosa. Incluso, cuando el Ministerio Público llegó a llevarse el caso, había recursos por resolver.

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Ahora bien, la Procuraduría intervino en la investigación por solicitud de una de las víctimas: Steven López, el mismo joven cuya denuncia tiene hoy a Fabián Sanabria ad portas de un juicio penal. El abogado de López, Juan Felipe Criollo, le escribió al Ministerio Público que la Veeduría de la Unal “no le ha dado la prioridad necesaria a la investigación (...) el proceso inició a comienzos de 2020, es decir, hace casi dos años, y la Veeduría no ha analizado de fondo los presupuestos básicos”. Además, sostenía que, dado el “gran reconocimiento” que tiene Sanabria en la universidad, las decisiones que tomara esa institución podrían estar parcializadas.

El 7 de febrero la propia procuradora general, Margarita Cabello, accedió a la petición del abogado de López. “Teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del objeto de la investigación”, dice el documento, designó a la Dirección de Investigaciones Especiales -la policía judicial de la Procuraduría- para que sacara adelante el proceso. A los tres días, dos investigadores del Ministerio Público ya estaban en la Universidad Nacional recibiendo el expediente y practicando las primeras pruebas. Entre ellas, escuchar los testimonios de las víctimas.

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En marzo, la Procuraduría citó a las tres víctimas que han sido reconocidas en la investigación disciplinaria contra Fabián Sanabria. Una vez que el ente de control termine la etapa investigativa, decidirá si llama a juicio al profesor de la Universidad Nacional. O si, por el contrario, cierra el proceso. Su defensa está confiada en que ocurra lo segundo, porque “a todas luces las conductas denunciadas estarían prescritas”, según le dijo a El Espectador el abogado de Sanabria, Ómar David Restrepo. El defensor explicó que, en lo disciplinario, se tienen hasta cinco años para investigar lo ocurrido y los relatos de las víctimas datan de 2011, 2012 y 2013.

Precisamente, por ahí iba el reproche que el abogado Criollo hacía respecto del futuro que podrían tener las investigaciones en manos de la Unal. Hasta la Corte Constitucional cuestionó a la universidad por el “contexto de tolerancia” que hay en el campus respecto de los casos de acoso y abuso sexual. Al revisar una tutela que interpuso Sanabria en contra del colectivo que recopiló las denuncias, el alto tribunal sentenció que reconocía algunos avances, como la introducción de un protocolo para atender estos casos en 2017. Pero aclaró que tenía carencias y recordó que es deber de las universidades “erradicar contextos de violencia” basada en género.

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“No son hechos recientes y tienen asidero en narrativas de dudosa veracidad”, insistió el abogado Restrepo en diálogo con este diario, pues a su juicio hay una tendencia a condenar públicamente a Sanabria, aunque no ha sido hallado responsable en ninguna instancia. Y, a renglón seguido, añadió que Sanabria “les ha dado la cara a la Fiscalía, a la justicia y lo mismo hará en la Procuraduría”. Mientras tanto, avanzan también a paso lento las investigaciones contra los otros siete profesores que fueron denunciados en los informes de 2020. Se trata de un tema en el que tiene profundas deudas la universidad y en el que la prescripción les respira en la nuca a los investigadores.

Estos son los hechos por los que Sanabria enfrenta un juicio penal: