El informe de la CIDH
Este 5 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso de Arles Edisson Guzmán Medina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Guzmán desapareció el 30 de noviembre de 2002, unos días después de que el Ejército y los paramilitares se aliaran y llevaran a cabo la Operación Orión para recuperar el control territorial de la comuna 13 (San Javier) de Medellín.
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La Comisión determinó que se trata de una desaparición forzada, pues Guzmán fue sustraído de su negocio por personas identificadas como paramilitares que le dijeron que un comandante quería interrogarlo.
Según el informe presentado ante la Corte IDH, “indicios como la colaboración entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares y la actuación de la Fiscalía y los agentes estatales en la Operación Orión demuestran que los grupos paramilitares tenían el consentimiento de agentes estatales”.
El informe de la CIDH también pone de manifiesto que el Estado fue negligente al atender el caso, pues no emprendió la investigación de oficio ni puso en marcha el mecanismo de búsqueda inmediata tras ser notificado de la desaparición el 6 de diciembre de 2002. Además, en 2004 fue suspendida la investigación, aunque no se habían agotado todos los recursos ni se había indagado por la participación y posible responsabilidad de las Fuerzas Militares.
Basándose en estos hechos, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 3, 7, 5, 4, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana.
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¿Qué ocurrió realmente en la Operación Orión?
El 11 de agosto de 2002, cuando Colombia vivía uno de los momentos más álgidos del conflicto armado, el Poder Ejecutivo decretó el estado de conmoción interior a través del Decreto No. 1837 y lo prolongó hasta el 6 de mayo de 2003.
El 11 de septiembre del 2002, el presidente Álvaro Uribe ordenó varios operativos militares —entre ellas la Operación Orión— para recuperar el control territorial de la Comuna 13 que, en ese entonces, era disputada por varios actores armados por su ubicación estratégica. Los operativos fueron respaldados por la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, y tuvieron lugar en los barrios Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores.
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La Operación Orión consistió en el despliegue de más de mil uniformados pertenecientes a la IV Brigada del Ejército, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el Batallón Contra Guerrilla, la Policía, el DAS y el CTI. Adicionalmente, varios miembros de la Fiscalía, la Personería y la Procuraduría General de la Nación participaron camuflados o encapuchados.
La operación logró debilitar la presencia guerrillera en la Comuna 13, pero no erradicar las actividades de los grupos armados ilegales.
Investigadores como Omar Eduardo Rojas Bolaños han pensado que se produjo una suerte de “falso positivo territorial”, pues el gobierno aseguró que las Fuerzas Armadas habían logrado recuperar el territorio cuando en realidad había quedado en manos de grupos paramilitares.
Además, hubo desplazamientos intraurbanos, desapariciones forzadas, persecuciones y numerosas violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
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De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), las operaciones Mariscal y Orión tuvieron un gran impacto en las zonas afectadas por la gran cantidad de tropas armadas que participaron, el tipo de armamento utilizado (ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores) y los ataques indiscriminados contra la población civil.
En efecto, estas operaciones hicieron visible una nueva modalidad del conflicto armado en Colombia: la urbanización de la guerra.
La aparición de la verdad
Al caso de Arles Edisson Guzmán por desaparición forzada, le anteceden otros logros importantes en este duro proceso de reclamar justicia, verdad, reparación y, sobre todo, No Repetición.
El 22 de noviembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por múltiples violaciones de los derechos humanos de Ana Teresa Yarce y otras cinco lideresas representadas por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH). Esta fue la primera condena internacional relacionada con la Operación Orión.
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En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) citó la continuación de la audiencia de sometimiento del general de la reserva activa del Ejército Mario Montoya Uribe por Falsos Positivos y otros casos, entre ellos la Operación Orión.
Un año después, el Consejo de Estado ratificó la condena a la Nación al reconocer que la Fiscalía fue “responsable por el daño causado” en el caso de un hombre que fue detenido el 12 de octubre de 2002 por oficiales de la Policía y posteriormente fue acusado de ser comandante de las FARC y del delito de concierto para delinquir con fines terroristas. El 25 de julio de 2005 la víctima recuperó su libertad y el 31 de octubre de 2008 fue absuelto por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín e interpuso una demanda de reparación directa que fue resuelta a su favor por el Tribunal de Antioquia y ratificada por el Consejo de Estado.
El año pasado, la JEP reveló que entre 1978 y 2016 hubo otras 435 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 126 habrían sido desaparecidas entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003, cuando se llevó a cabo la operación Orión.
En todos estos casos, la verdad ha salido a la luz gracias a la tenacidad de las víctimas y a la solidaridad de organizaciones defensoras de derechos humanos que luchan pese a la presión, la persecución y la revictimización a la que son sometidas. Sin duda, se trata de ejemplos de dignidad que, poco a poco, permiten completar el doloroso rompecabezas que la Operación Orión dejó sin resolver. Para garantizar la no repetición, es necesario develar qué pasó exactamente, por qué ocurrió, quiénes son las víctimas y quiénes son los verdaderos responsables.
*Socióloga de la Universidad de Antioquia, investigadora del grupo autónomo de investigación Kavilando e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz-Colombia). Contacto: yeny.mesa@udea.edu.co / *Licenciado en Filosofía, especialista en Ciencias Políticas, magister, candidato a doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.). Contacto: alfonso.insuasty@usbmed.edu.co
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