El caso de la exmagistrada Stella Conto y otros: “Tú pierdes... deja eso así”

Antes de entrar en materia, permítame preguntarle sobre un debate reciente para aprovechar su experiencia de magistrada de alta corte: al margen del resultado obtenido, la publicación de lo sucedido en el consejo de ministros que tanta polémica causó esta semana, ¿viola la reserva legal que cubre ese tipo de reuniones, como lo sostienen algunos?

En un país pluralista, las actuaciones de las autoridades son públicas. Esa es la regla constitucional. Precisamente, el artículo primero dice: “Colombia es un Estado Social de Derecho… democrático, participativo y pluralista”. La reserva debe estar prevista en la ley y mostrarse proporcionada a los fines perseguidos en los propósitos constitucionales. Estos se relacionan con el más alto control a la gestión de los servidores públicos que se les ha confiado a los ciudadanos quienes, para ejercerlo, requieren pleno conocimiento de los procesos estatales, trámites y resultados. Transcurridos más de 30 años de vigencia de la Carta Política, lo extraño es que solo contemos con la experiencia por la que usted pregunta.

Que recuerde, esta es, en efecto, la primera vez que se transmite un consejo de ministros. O ¿usted tiene memoria de algún caso similar?

No. No recuerdo ninguna experiencia en que los ciudadanos hayan podido conocer las deliberaciones de sus autoridades lo cual es extraño, como señalé, por la Constitución que nos rige.

Pero según algunos abogados, la transmisión en directo de lo que acontecía en el consejo de ministros, viola el artículo 9 de una ley establecida hace un siglo: la 63 de 1923 (“Las sesiones del consejo de ministros son reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado un asunto…”). En su criterio, ¿esa ley está vigente?

Esa norma debe ‘inaplicarse’ por ser contraria a la Carta Política. De acuerdo con lo dicho, la Constitución propende por lograr una amplia participación ciudadana en los asuntos públicos mediante un control dinámico sobre los mismos. Toda interpretación contraria al más alto nivel de divulgación de lo público, quebranta la esencia del Estado que nos rige.

No obstante, si esa ley no se ha derogado formalmente, ¿su aplicación sería obligatoria o prima el espíritu constitucional?

Prima el espíritu constitucional tal como lo ordena la Carta en su artículo 4: “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Entonces, ¿también deberían ser públicas las deliberaciones en las salas de tribunales y cortes sobre temas que no violen reservas establecidas en una ley? ¿Por qué, hoy, se mantienen en estricto secreto?

Las sesiones de las salas de los tribunales y de las cortes son públicas. Para que no quede duda al respecto, el constituyente tuvo la precaución de destinar un artículo, en el que, de manera conclusiva, se señala que la administración de justicia es función pública y que sus actuaciones también son públicas. Si bien se otorga al legislador la facultad de determinar los casos excepcionales en los que rige la reserva, esos casos, por su carácter extraordinario, deberán justificarse plenamente. Sin embargo, en la práctica, lo que ocurre en las diferentes salas de la justicia se mantiene fuera del escrutinio de la gente, de los medios y de los periodistas. Lo afirmo por experiencia en el oficio periodístico: no nos permiten acceder a esos contenidos.

La participación ciudadana es uno de los temas constitucionales que está pendiente de desarrollar. Lo habitual, como usted señala, es que las deliberaciones tengan un carácter reservado pero no debería ser así. Se requiere que las más altas cortes asuman los mandatos constitucionales sin temor al escrutinio público y que, con su ejemplo, se avance en la publicidad y control ciudadano de sus funciones; lo mismo debe suceder en todos los cuerpos colegiados de jueces.

Usted, personalmente, ha sostenido un largo debate jurídico para lograr que le entreguen un acta en donde conste lo sucedido en una sala a la que asistía como magistrada del Consejo de Estado. Y todavía no lo consigue. Primera pregunta: ¿las actas sí reflejan fielmente lo que sucede en el desarrollo de esas sesiones? Segunda: ¿por qué los jueces prefieren el secretismo a la publicidad de sus debates?

A su primera pregunta: las actas no reflejan, necesariamente, lo que acontece en las deliberaciones. Se argumenta que esas actas resumen lo sucedido pero no siempre es así. Si me permite, me refiero a mi caso: me vi obligada a exigir transcripciones textuales de las grabaciones de lo que pasó en la sala plena del Consejo de Estado del 12 de junio de 2013, a la que yo asistí como magistrada de esa corporación, porque ese resumen no mostraba lo que realmente ocurrió en esa fecha. Con este ejemplo, usted puede intuir que, en general, las actas reflejan mucho menos de lo que ocurre en las deliberaciones de los cuerpos colegiados de la justicia. Incluso pueden no elaborarse, sin ninguna consecuencia. A su segunda pregunta sobre el que denomina “el secretismo” de la justicia, la respuesta es que el mandato constitucional de participación y control ciudadano no se ha abordado, por parte de los jueces, con verdadero interés y responsabilidad. Por lo demás, se ha considerado que el control no debe realizarse sobre las deliberaciones sino sobre las decisiones y que basta con la publicidad de estas.

Entremos en la materia central de esta charla: usted pertenece a varias asociaciones nacionales e internacionales de juezas y exjuezas del continente ¿Cuáles son las razones que adujeron sus organizaciones para solicitarle una audiencia especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

En la Asociación Colombiana de Mujeres Juezas, integrante de la Federación Regional y filial de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), insistimos en que se respete el derecho de las asociadas y no asociadas a desarrollar sus cargos y funciones libres de violencia y discriminación. Es mucho lo que falta para que esto se cumpla. No solo se trata del acceso a los cargos judiciales de decisión en condiciones de igualdad frente a sus colegas hombres; también, del respeto que se les debe a las juezas en todos los niveles de la profesión en cuanto a su independencia y al ejercicio de las libertades inescindibles a la dignidad humana, de las que somos titulares. Sobre estos temas hablaremos con la CIDH.

¿Cuándo será la audiencia con ese organismo y cuáles asuntos, en concreto, se expondrán?

La audiencia está programada para el próximo 5 de marzo. Aunque el aspecto de la independencia judicial y el ingreso en condiciones de igualdad, estará presente, el tema central es la violencia a la que están sometidas las juezas; se enfatizará en la violencia interna, de gran importancia, porque de esta no se habla debido a que a las víctimas se les impone la carga de responder por la imagen institucional. Hablaremos también de la ausencia de mecanismos eficaces e imparciales para contrarrestar los vejámenes, dado que el compromiso de prevenir, sancionar y erradicar la violencia interna y externa en contra de las mujeres juezas - que fue adquirido por los países de la región en la Convención Belem do Para -, no se cumple.

¿Cómo así que las víctimas juezas tienen la carga de responder por la imagen institucional del sector judicial? ¿Se les exige no denunciar casos de violencia y si lo hacen, las acusan de dañar la imagen de la justicia?

Sí, así es. No existe una exigencia expresa ni escrita pero son permanentes los mensajes subliminales en este sentido: si una víctima denuncia actos de violencia o reclama porque padece discriminación interna, fácilmente pasa a ser calificada como desleal y enemiga de la institución.

Entonces, ¿es cierto que la mayoría de las juezas y magistradas discriminadas en su ambiente profesional prefieren callarse y resignarse a su condición de víctimas, por temor a las consecuencias?

Es cierto. La reacción habitual es negar que se presenta la discriminación. Se requiere que suceda algo muy fuerte para que lo adviertan. Los mensajes sutiles se toleran ampliamente. Sucede a menudo que no te conceden el uso de la palabra; y si se llega a reclamar, no tienen problema en responder, por ejemplo: “disculpe, doctora, no había notado su solicitud”. También ocurre que tu intervención se deje para el final. No es raro, tampoco, que exposiciones de las mujeres se atribuyan a los varones, o que las ideas de ellas, no sean atendidas. Ahora, si te atreves a denunciar lo ocurrido, como lo he dicho, además de la represalia, viene la disuasión y la exclusión con frases como esta: “no exageres, no ha pasado nada, tú serás la que pierde, deja eso así”.

La discriminación de género, debe provenir, principalmente, de los magistrados hombres, pese a la presunta alta formación de esos profesionales. En esa relación desigual, ¿puede afirmarse que a las juezas y magistradas de los países latinoamericanos y del Caribe les resulta imposible ejercer, a plenitud, sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión, opinión o información durante las deliberaciones en los tribunales en que participan?

La discriminación es propia de la cultura patriarcal que se sostiene en el derecho como una de sus estructuras más fuertes. Rita Zegato, antropóloga feminista que ha estudiado el tema en profundidad, en particular en la región latinoamericana y del Caribe incluida Colombia, sostiene que el ADN del poder es patriarcal. Es tan fuerte y está tan arraigada la masculinidad tóxica, que esta se normaliza permanentemente tanto en hombres como en mujeres.

Disculpe pero quisiera una respuesta directa: las juezas y magistradas latinoamericanas pueden o no ejercer su derecho a la libertad de opinión, pensamiento y expresión?

Claramente, no. Para las juezas, esa es de las libertades más difíciles de conseguir. En la cultura patriarcal, mantener a las mujeres en silencio, es la norma, es un mandato. Y romperla, es un reto difícil aunque no imposible de lograr. Lo mismo pasa con la independencia: a pesar de que es connatural al cargo, no se considera que pueda ser ejercida por las juezas porque de ellas se espera que acompañen, siempre, los planteamientos de sus pares varones.

Y, ¿no que piensen por sí mismas o que tengan opiniones divergentes?

Exacto.

¿Qué sucede cuando las juezas y magistradas tienen que ejercer su función de falladoras?

Lo usual es que existan mensajes de inferioridad y sumisión aparentemente inofensivos, - y por lo mismo difíciles de detectar y combatir -. El amedrantamiento y la intimidación se presentan con frecuencia. Por eso logran afectar la salud física y mental de juezas y magistradas, quienes, en todo caso, responden por sus compromisos, con ayuda profesional en muchos casos. Algunas renuncian y hay quienes han tenido que abandonar sus países. También conocemos a compañeras que se rinden a las advertencias y optan por disimular las agresiones, o terminan del lado de sus agresores.

Cuente, por favor, un caso de una jueza o magistrada que se haya visto sometida a esa presión.

Conocí a una juez a quien sus compañeros quisieron imponerle la decisión que ella debía tomar en una tutela. Como no aceptó, le dificultaron tanto su vida y su trabajo, que se vio forzada a renunciar y a salir del país por amenazas.

Imponerle el sentido de un fallo es un acto de corrupción…

Sí. De eso se trataba.

Me sorprende mucho la situación que usted denuncia por presentarse en los escenarios de la justicia: parece un contrasentido. Los procesos de selección y nombramiento en la carrera judicial, ¿también vulneran el derecho a la igualdad de las mujeres frente a los aspirantes hombres?

En los cargos de carrera la discriminación es menor porque las mujeres logran buenos puntajes, en exámenes y concursos, que les permiten acceder a ellos. Pero en cargos que no son de carrera, en el ingreso a las altas cortes, la discriminación es evidente. Basta mirar cuántas mujeres logran acceder a las cortes de la región como también a las de Colombia, en donde la igualdad es más difícil de lograr. Esta tendencia se ve también en la selección para los cargos en provisionalidad en los que, con mucha frecuencia, no se respetan los derechos de los funcionarios de carrera.

Hoy solo hay 5 mujeres de un total de 23 miembros en la Corte Suprema e históricamente hablando, desde 1991, solo el 15% han sido magistradas en esa corporación: 18 de un total de 119 titulares; en el Consejo de Estado, desde 1991, de 128 posesionados, únicamente 31 han sido mujeres (informe de la Corp. Excelencia en la Justicia) ¿Es cierto que el machismo es tan predominante en las altas cortes que, incluso, unas magistradas terminan incidiendo para que no se elija a otras mujeres?

Sí, lastimosamente es cierto. Uno esperaría que las juezas y magistradas apoyen a otras mujeres pero tal conducta no es la que predomina.

Muchas trabajadoras colombianas se ven asediadas sexualmente ¿Los acosos de este tipo, también afecta a las togadas de tribunales y cortes?

Se conocen casos y se sabe que suceden pero, de nuevo, el silencio alrededor de ellos es total. Recuerdo que se hizo una investigación en la Corte Constitucional sobre acoso sexual que la misma corporación propició, con resultados preocupantes. Producto de esa investigación se elaboró un protocolo. Sería importante que la corte diera a conocer los resultados. Sin embargo, este tipo de protocolos se elaboran con los mismos obstáculos de los procesos penales lo cual favorece a los agresores y revictimiza a las interesadas en su aplicación.

A propósito, las juezas, ¿cuentan con otros mecanismos de denuncia, apoyo, prevención, sanción y erradicación de las violencias o son inexistentes?

Se han elaborado instrumentos de naturaleza administrativa sin resultados importantes. Se argumenta que las víctimas no denuncian y que, cuando lo hacen, no logran probar los hechos que sustentan sus afirmaciones. Y es así, porque, insisto, la denuncia implica un riesgo alto de revictimización; y el fracaso en la demostración de lo ocurrido, tiene que ver con la dificultad que implica desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a los agresores, en aislamiento y sin apoyo, ante una institucionalidad preocupada por mantener su buena imagen a toda costa.

“La solidaridad judicial ampara al victimario, no a la víctima”

En la solicitud que las juezas del continente le hicieron a la CIDH para que les concediera una audiencia especial, se afirma que aportarán evidencias de “las permanentes vulneraciones al derecho a ejercer el cargo libre de violencia y discriminación…” ¿Con cuánta frecuencia las magistradas son víctimas de estigmatización en razón de su género?

Es más frecuente de lo que se cree, aunque es un tema que no se reconoce ni se aborda. Para una juez o magistrada reconocerse como víctima, implica una decisión de difícil aceptación y asimilación. Es una gran paradoja: al tiempo que ellas restablecen los derechos de las usuarias de la administración de justicia y sancionan a los responsables, padecen iguales o peores vejámenes, y se ven forzadas a soportarlos en silencio y sin apoyo.

¿Por qué?

Porque no hay instrumentos apropiados para lograr el restablecimiento de sus derechos o para prevenir y sancionar las violencias. A la víctima se le pide desvirtuar la presunción de inocencia del agresor lo que, de por sí, ya es una carga difícil. Además, tiene que cargar con su revictimización, por la solidaridad de cuerpo a favor del victimario a quien identifican con la institucionalidad que lo ampara a él, no a ella.

“Las juezas y magistradas (víctimas) no cuentan con ningún mecanismo de apoyo”

Su ya larga disputa en diversos tribunales y procesos por lograr justicia para usted, víctima de discriminación, aislada por sus colegas, burlada en sus alegatos etc., ¿cómo va?

Mido el éxito por la experiencia que he obtenido, en la que incluyo las decisiones que han sido adversas. Inicié un proceso de reparación directa, dado que es la rama judicial del poder público la obligada a garantizarnos a las juezas y magistradas nuestro derecho a ejercer el cargo con plena autonomía e independencia. La prevención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación a las mujeres es una responsabilidad constitucional y convencional del Estado. Con mi proceso se demuestra que son muy pocos los avances institucionales y mucho los esfuerzos individuales. Para restablecer los derechos de las mujeres víctimas usuarias de la administración de justicia, se cuenta en Colombia y en la región con sentencias importantes, aunque muy pocas para la magnitud del problema; para proteger a las juezas y magistradas que las luchan internamente, no se cuenta con ningún mecanismo de apoyo.

Antes de entrar en materia, permítame preguntarle sobre un debate reciente para aprovechar su experiencia de magistrada de alta corte: al margen del resultado obtenido, la publicación de lo sucedido en el consejo de ministros que tanta polémica causó esta semana, ¿viola la reserva legal que cubre ese tipo de reuniones, como lo sostienen algunos?

En un país pluralista, las actuaciones de las autoridades son públicas. Esa es la regla constitucional. Precisamente, el artículo primero dice: “Colombia es un Estado Social de Derecho… democrático, participativo y pluralista”. La reserva debe estar prevista en la ley y mostrarse proporcionada a los fines perseguidos en los propósitos constitucionales. Estos se relacionan con el más alto control a la gestión de los servidores públicos que se les ha confiado a los ciudadanos quienes, para ejercerlo, requieren pleno conocimiento de los procesos estatales, trámites y resultados. Transcurridos más de 30 años de vigencia de la Carta Política, lo extraño es que solo contemos con la experiencia por la que usted pregunta.

Que recuerde, esta es, en efecto, la primera vez que se transmite un consejo de ministros. O ¿usted tiene memoria de algún caso similar?

No. No recuerdo ninguna experiencia en que los ciudadanos hayan podido conocer las deliberaciones de sus autoridades lo cual es extraño, como señalé, por la Constitución que nos rige.

Pero según algunos abogados, la transmisión en directo de lo que acontecía en el consejo de ministros, viola el artículo 9 de una ley establecida hace un siglo: la 63 de 1923 (“Las sesiones del consejo de ministros son reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado un asunto…”). En su criterio, ¿esa ley está vigente?

Esa norma debe ‘inaplicarse’ por ser contraria a la Carta Política. De acuerdo con lo dicho, la Constitución propende por lograr una amplia participación ciudadana en los asuntos públicos mediante un control dinámico sobre los mismos. Toda interpretación contraria al más alto nivel de divulgación de lo público, quebranta la esencia del Estado que nos rige.

No obstante, si esa ley no se ha derogado formalmente, ¿su aplicación sería obligatoria o prima el espíritu constitucional?

Prima el espíritu constitucional tal como lo ordena la Carta en su artículo 4: “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Entonces, ¿también deberían ser públicas las deliberaciones en las salas de tribunales y cortes sobre temas que no violen reservas establecidas en una ley? ¿Por qué, hoy, se mantienen en estricto secreto?

Las sesiones de las salas de los tribunales y de las cortes son públicas. Para que no quede duda al respecto, el constituyente tuvo la precaución de destinar un artículo, en el que, de manera conclusiva, se señala que la administración de justicia es función pública y que sus actuaciones también son públicas. Si bien se otorga al legislador la facultad de determinar los casos excepcionales en los que rige la reserva, esos casos, por su carácter extraordinario, deberán justificarse plenamente. Sin embargo, en la práctica, lo que ocurre en las diferentes salas de la justicia se mantiene fuera del escrutinio de la gente, de los medios y de los periodistas. Lo afirmo por experiencia en el oficio periodístico: no nos permiten acceder a esos contenidos.

La participación ciudadana es uno de los temas constitucionales que está pendiente de desarrollar. Lo habitual, como usted señala, es que las deliberaciones tengan un carácter reservado pero no debería ser así. Se requiere que las más altas cortes asuman los mandatos constitucionales sin temor al escrutinio público y que, con su ejemplo, se avance en la publicidad y control ciudadano de sus funciones; lo mismo debe suceder en todos los cuerpos colegiados de jueces.

Usted, personalmente, ha sostenido un largo debate jurídico para lograr que le entreguen un acta en donde conste lo sucedido en una sala a la que asistía como magistrada del Consejo de Estado. Y todavía no lo consigue. Primera pregunta: ¿las actas sí reflejan fielmente lo que sucede en el desarrollo de esas sesiones? Segunda: ¿por qué los jueces prefieren el secretismo a la publicidad de sus debates?

A su primera pregunta: las actas no reflejan, necesariamente, lo que acontece en las deliberaciones. Se argumenta que esas actas resumen lo sucedido pero no siempre es así. Si me permite, me refiero a mi caso: me vi obligada a exigir transcripciones textuales de las grabaciones de lo que pasó en la sala plena del Consejo de Estado del 12 de junio de 2013, a la que yo asistí como magistrada de esa corporación, porque ese resumen no mostraba lo que realmente ocurrió en esa fecha. Con este ejemplo, usted puede intuir que, en general, las actas reflejan mucho menos de lo que ocurre en las deliberaciones de los cuerpos colegiados de la justicia. Incluso pueden no elaborarse, sin ninguna consecuencia. A su segunda pregunta sobre el que denomina “el secretismo” de la justicia, la respuesta es que el mandato constitucional de participación y control ciudadano no se ha abordado, por parte de los jueces, con verdadero interés y responsabilidad. Por lo demás, se ha considerado que el control no debe realizarse sobre las deliberaciones sino sobre las decisiones y que basta con la publicidad de estas.

Entremos en la materia central de esta charla: usted pertenece a varias asociaciones nacionales e internacionales de juezas y exjuezas del continente ¿Cuáles son las razones que adujeron sus organizaciones para solicitarle una audiencia especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

En la Asociación Colombiana de Mujeres Juezas, integrante de la Federación Regional y filial de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), insistimos en que se respete el derecho de las asociadas y no asociadas a desarrollar sus cargos y funciones libres de violencia y discriminación. Es mucho lo que falta para que esto se cumpla. No solo se trata del acceso a los cargos judiciales de decisión en condiciones de igualdad frente a sus colegas hombres; también, del respeto que se les debe a las juezas en todos los niveles de la profesión en cuanto a su independencia y al ejercicio de las libertades inescindibles a la dignidad humana, de las que somos titulares. Sobre estos temas hablaremos con la CIDH.

¿Cuándo será la audiencia con ese organismo y cuáles asuntos, en concreto, se expondrán?

La audiencia está programada para el próximo 5 de marzo. Aunque el aspecto de la independencia judicial y el ingreso en condiciones de igualdad, estará presente, el tema central es la violencia a la que están sometidas las juezas; se enfatizará en la violencia interna, de gran importancia, porque de esta no se habla debido a que a las víctimas se les impone la carga de responder por la imagen institucional. Hablaremos también de la ausencia de mecanismos eficaces e imparciales para contrarrestar los vejámenes, dado que el compromiso de prevenir, sancionar y erradicar la violencia interna y externa en contra de las mujeres juezas - que fue adquirido por los países de la región en la Convención Belem do Para -, no se cumple.

¿Cómo así que las víctimas juezas tienen la carga de responder por la imagen institucional del sector judicial? ¿Se les exige no denunciar casos de violencia y si lo hacen, las acusan de dañar la imagen de la justicia?

Sí, así es. No existe una exigencia expresa ni escrita pero son permanentes los mensajes subliminales en este sentido: si una víctima denuncia actos de violencia o reclama porque padece discriminación interna, fácilmente pasa a ser calificada como desleal y enemiga de la institución.

Entonces, ¿es cierto que la mayoría de las juezas y magistradas discriminadas en su ambiente profesional prefieren callarse y resignarse a su condición de víctimas, por temor a las consecuencias?

Es cierto. La reacción habitual es negar que se presenta la discriminación. Se requiere que suceda algo muy fuerte para que lo adviertan. Los mensajes sutiles se toleran ampliamente. Sucede a menudo que no te conceden el uso de la palabra; y si se llega a reclamar, no tienen problema en responder, por ejemplo: “disculpe, doctora, no había notado su solicitud”. También ocurre que tu intervención se deje para el final. No es raro, tampoco, que exposiciones de las mujeres se atribuyan a los varones, o que las ideas de ellas, no sean atendidas. Ahora, si te atreves a denunciar lo ocurrido, como lo he dicho, además de la represalia, viene la disuasión y la exclusión con frases como esta: “no exageres, no ha pasado nada, tú serás la que pierde, deja eso así”.

La discriminación de género, debe provenir, principalmente, de los magistrados hombres, pese a la presunta alta formación de esos profesionales. En esa relación desigual, ¿puede afirmarse que a las juezas y magistradas de los países latinoamericanos y del Caribe les resulta imposible ejercer, a plenitud, sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión, opinión o información durante las deliberaciones en los tribunales en que participan?

La discriminación es propia de la cultura patriarcal que se sostiene en el derecho como una de sus estructuras más fuertes. Rita Zegato, antropóloga feminista que ha estudiado el tema en profundidad, en particular en la región latinoamericana y del Caribe incluida Colombia, sostiene que el ADN del poder es patriarcal. Es tan fuerte y está tan arraigada la masculinidad tóxica, que esta se normaliza permanentemente tanto en hombres como en mujeres.

Disculpe pero quisiera una respuesta directa: las juezas y magistradas latinoamericanas pueden o no ejercer su derecho a la libertad de opinión, pensamiento y expresión?

Claramente, no. Para las juezas, esa es de las libertades más difíciles de conseguir. En la cultura patriarcal, mantener a las mujeres en silencio, es la norma, es un mandato. Y romperla, es un reto difícil aunque no imposible de lograr. Lo mismo pasa con la independencia: a pesar de que es connatural al cargo, no se considera que pueda ser ejercida por las juezas porque de ellas se espera que acompañen, siempre, los planteamientos de sus pares varones.

Y, ¿no que piensen por sí mismas o que tengan opiniones divergentes?

Exacto.

¿Qué sucede cuando las juezas y magistradas tienen que ejercer su función de falladoras?

Lo usual es que existan mensajes de inferioridad y sumisión aparentemente inofensivos, - y por lo mismo difíciles de detectar y combatir -. El amedrantamiento y la intimidación se presentan con frecuencia. Por eso logran afectar la salud física y mental de juezas y magistradas, quienes, en todo caso, responden por sus compromisos, con ayuda profesional en muchos casos. Algunas renuncian y hay quienes han tenido que abandonar sus países. También conocemos a compañeras que se rinden a las advertencias y optan por disimular las agresiones, o terminan del lado de sus agresores.

Cuente, por favor, un caso de una jueza o magistrada que se haya visto sometida a esa presión.

Conocí a una juez a quien sus compañeros quisieron imponerle la decisión que ella debía tomar en una tutela. Como no aceptó, le dificultaron tanto su vida y su trabajo, que se vio forzada a renunciar y a salir del país por amenazas.

Imponerle el sentido de un fallo es un acto de corrupción…

Sí. De eso se trataba.

Me sorprende mucho la situación que usted denuncia por presentarse en los escenarios de la justicia: parece un contrasentido. Los procesos de selección y nombramiento en la carrera judicial, ¿también vulneran el derecho a la igualdad de las mujeres frente a los aspirantes hombres?

En los cargos de carrera la discriminación es menor porque las mujeres logran buenos puntajes, en exámenes y concursos, que les permiten acceder a ellos. Pero en cargos que no son de carrera, en el ingreso a las altas cortes, la discriminación es evidente. Basta mirar cuántas mujeres logran acceder a las cortes de la región como también a las de Colombia, en donde la igualdad es más difícil de lograr. Esta tendencia se ve también en la selección para los cargos en provisionalidad en los que, con mucha frecuencia, no se respetan los derechos de los funcionarios de carrera.

Hoy solo hay 5 mujeres de un total de 23 miembros en la Corte Suprema e históricamente hablando, desde 1991, solo el 15% han sido magistradas en esa corporación: 18 de un total de 119 titulares; en el Consejo de Estado, desde 1991, de 128 posesionados, únicamente 31 han sido mujeres (informe de la Corp. Excelencia en la Justicia) ¿Es cierto que el machismo es tan predominante en las altas cortes que, incluso, unas magistradas terminan incidiendo para que no se elija a otras mujeres?

Sí, lastimosamente es cierto. Uno esperaría que las juezas y magistradas apoyen a otras mujeres pero tal conducta no es la que predomina.

Muchas trabajadoras colombianas se ven asediadas sexualmente ¿Los acosos de este tipo, también afecta a las togadas de tribunales y cortes?

Se conocen casos y se sabe que suceden pero, de nuevo, el silencio alrededor de ellos es total. Recuerdo que se hizo una investigación en la Corte Constitucional sobre acoso sexual que la misma corporación propició, con resultados preocupantes. Producto de esa investigación se elaboró un protocolo. Sería importante que la corte diera a conocer los resultados. Sin embargo, este tipo de protocolos se elaboran con los mismos obstáculos de los procesos penales lo cual favorece a los agresores y revictimiza a las interesadas en su aplicación.

A propósito, las juezas, ¿cuentan con otros mecanismos de denuncia, apoyo, prevención, sanción y erradicación de las violencias o son inexistentes?

Se han elaborado instrumentos de naturaleza administrativa sin resultados importantes. Se argumenta que las víctimas no denuncian y que, cuando lo hacen, no logran probar los hechos que sustentan sus afirmaciones. Y es así, porque, insisto, la denuncia implica un riesgo alto de revictimización; y el fracaso en la demostración de lo ocurrido, tiene que ver con la dificultad que implica desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a los agresores, en aislamiento y sin apoyo, ante una institucionalidad preocupada por mantener su buena imagen a toda costa.

“La solidaridad judicial ampara al victimario, no a la víctima”

En la solicitud que las juezas del continente le hicieron a la CIDH para que les concediera una audiencia especial, se afirma que aportarán evidencias de “las permanentes vulneraciones al derecho a ejercer el cargo libre de violencia y discriminación…” ¿Con cuánta frecuencia las magistradas son víctimas de estigmatización en razón de su género?

Es más frecuente de lo que se cree, aunque es un tema que no se reconoce ni se aborda. Para una juez o magistrada reconocerse como víctima, implica una decisión de difícil aceptación y asimilación. Es una gran paradoja: al tiempo que ellas restablecen los derechos de las usuarias de la administración de justicia y sancionan a los responsables, padecen iguales o peores vejámenes, y se ven forzadas a soportarlos en silencio y sin apoyo.

¿Por qué?

Porque no hay instrumentos apropiados para lograr el restablecimiento de sus derechos o para prevenir y sancionar las violencias. A la víctima se le pide desvirtuar la presunción de inocencia del agresor lo que, de por sí, ya es una carga difícil. Además, tiene que cargar con su revictimización, por la solidaridad de cuerpo a favor del victimario a quien identifican con la institucionalidad que lo ampara a él, no a ella.

“Las juezas y magistradas (víctimas) no cuentan con ningún mecanismo de apoyo”

Su ya larga disputa en diversos tribunales y procesos por lograr justicia para usted, víctima de discriminación, aislada por sus colegas, burlada en sus alegatos etc., ¿cómo va?

Mido el éxito por la experiencia que he obtenido, en la que incluyo las decisiones que han sido adversas. Inicié un proceso de reparación directa, dado que es la rama judicial del poder público la obligada a garantizarnos a las juezas y magistradas nuestro derecho a ejercer el cargo con plena autonomía e independencia. La prevención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación a las mujeres es una responsabilidad constitucional y convencional del Estado. Con mi proceso se demuestra que son muy pocos los avances institucionales y mucho los esfuerzos individuales. Para restablecer los derechos de las mujeres víctimas usuarias de la administración de justicia, se cuenta en Colombia y en la región con sentencias importantes, aunque muy pocas para la magnitud del problema; para proteger a las juezas y magistradas que las luchan internamente, no se cuenta con ningún mecanismo de apoyo.