El caso del Paro Nacional que podría terminar en Justicia Penal Militar

Jaime Alonso Fandiño, de 32 años, fue una de las más de 20 personas que murió durante las manifestaciones del Paro Nacional en 2021. El 21 de junio de ese año, un gas lacrimógeno impactó su pecho en medio de una protesta al sur de Bogotá y perdió la vida casi de inmediato. Según la investigación de la Fiscalía, quien habría disparado fue el exagente del Esmad, Néstor Samuel Pacheco, quien ya fue imputado y hoy estaba todo listo para llamarlo a juicio por el delito de homicidio. En su contra hay cerca de 20 testigos y más de 30 pruebas documentales para acusarlo, pero la diligencia quedó en veremos por una petición de última hora de la Justicia Penal Militar, que pidió ser ella la encargada de llevar el caso, pese a que la propia Corte Constitucional ya le había dicho que no.

Jaime Alonso Fandiño, de 32 años, fue una de las más de 20 personas que murió durante las manifestaciones del Paro Nacional en 2021. El 21 de junio de ese año, un gas lacrimógeno impactó su pecho en medio de una protesta al sur de Bogotá y perdió la vida casi de inmediato. Según la investigación de la Fiscalía, quien habría disparado fue el exagente del Esmad, Néstor Samuel Pacheco, quien ya fue imputado y hoy estaba todo listo para llamarlo a juicio por el delito de homicidio. En su contra hay cerca de 20 testigos y más de 30 pruebas documentales para acusarlo, pero la diligencia quedó en veremos por una petición de última hora de la Justicia Penal Militar, que pidió ser ella la encargada de llevar el caso, pese a que la propia Corte Constitucional ya le había dicho que no.

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El relato que reconstruyó el ente investigador da cuenta que el día de los hechos se presentaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, en el sector de Yomasa, localidad de Usme, en Bogotá. En medio de esos disturbios, según la Fiscalía, y mientras Jaime Alonso Fandiño corría buscando refugio, junto a dos personas más, fue alcanzado por un gas lacrimógeno que, al parecer, fue disparado directamente a su cuerpo (algo prohibido para esta clase de armas). La víctima fue atendida por una brigada de salud y luego trasladada al centro médico de Santa Librada. Pero llegó sin signos vitales.

La investigación apuntó desde un principio a que el entonces agente Pacheco era el presunto responsable del disparo. Por esa razón, el 23 de febrero de 2022, es decir, ocho meses después de ocurridos los hechos, fue imputado formalmente, y meses después, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra. Entre las pruebas que reposan en el expediente se encuentra el informe forense de Medicina Legal que da cuenta que la víctima falleció producto de un trauma contundente cerrado de tórax, producido por un golpe con un objeto contundente. Las otras pruebas apuntan a que se trató de un disparo con un fusil lanza gas de 40 mm, que tenía asignado el exagente Pacheco.

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En el expediente también reposan videos de cámaras de seguridad del sector, las cuales retratan a detalle cómo fueron los disturbios y testimonios de varias personas y testimonios de otros manifestantes que estaban en el Yomasa. Uno de ellos es el relato de una persona que estaba corriendo al lado de Jaime Alonso Fandiño, pero por su seguridad reservamos el nombre. En su declaración, el testigo explicó que, luego del disparo, Jaime Alonso Fandiño “avanzó como unos 20 metros y cae, yo llegué ahí y todos empezaron a gritar que un médico, pero el Esmad nuevamente empezó a tirar gases lacrimógenos y todos los que estábamos alrededor nos cubrimos y alzamos las manos para que no siguieran tirando gases”.

Con estas pruebas, la Fiscalía ya tenía todo listo para acusarlo formalmente este jueves y llevarlo a juicio, después de tres aplazamientos por parte de la defensa del exuniformado que ya había pedido que el caso fuera del resorte de la Justicia Penal Militar. Solo a última hora esa jurisdicción volvió a reclamar su competencia, dejando de brazos cruzados, de nuevo, a la familia de Fandiño y a la Fiscalía que esperaban por fin avanzar en el caso. No solo por los aplazamientos del abogado de Pacheco, sino porque ya la Corte Constitucional había dicho que este expediente no tiene nada que ver con las presuntas irregularidades durante el servicio del exagente, sino de una violación de derechos humanos.

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La determinación del alto tribunal se conoció en noviembre de 2022 cuando la defensa buscó frenar la imputación de cargos que la Fiscalía tenía lista en contra del exEsmad. La Corte, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, rechazó la petición y dejó muy claro que Pacheco debía ser procesado por homicidio. Pese a ese antecedente del alto tribunal, la Justicia Penal Militar volvió a pedir lo mismo que hace un año y congeló el avance del proceso. El abogado de la familia de Fandiño, Óscar Ramírez, se mostró preocupado por la dilación del proceso, pues ya hasta la Corte Constitucional le había dicho a los jueces quién era el llamado conocer del caso.

El Espectador consultó la versión de Justicia Penal Militar, pero no obtuvo respuesta. Esta no es la primera vez que esta justicia intenta reclamar un caso de homicidio de un joven asesinado presuntamente por el Esmad. Lo hizo con Dilan Cruz y con Santiago Murillo. En ambos casos, la Corte Constitucional le negó la competencia. Por el primero de los casos, el capitán Manuel Cubillos se encuentra en juicio en la justicia ordinaria, al igual que el mayor Jorge Mario Molano. Ahora, el turno es para el expediente de Jaime Alonso Fandiño. Ahora, será otro juez el que defina quién debe procesar a Néstor Samuel Pacheco, si la justicia ordinaria, por el homicidio de Jaime Alonso Fandiño, o la penal militar, como otro caso más de un acto irregular durante su servicio como agente del Esmad.

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Durante el Paro Nacional de 2021, que, además de sentar un precedente en las movilizaciones sociales, dejó también graves cifras de violencia por parte de la fuerza pública y civiles. Según las cifras, 29 personas fueron asesinadas, de las cuales 25 fueron civiles, entre ellos un menor de edad; tres agentes de la Policía y un agente del CTI. Por estos hechos, según un reporte de la Fiscalía, conocido por este diario, siete personas que se encuentran investigadas están en etapa de juicio, se realizaron 19 imputaciones y se presentaron 18 escritos de acusación.

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