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La condena de la semana pasada contra dos exfuncionarios del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que formaron parte de una red de corrupción en esa entidad, volvió a poner sobre la mesa un espinoso tema: los posibles vínculos de los exsenadores Musa Besaile y Miguel Ñoño Elías con las irregularidades que se presentaron en esa institución que, han dicho ellos mismos, les fue entregada por el gobierno Santos como cuota burocrática. Los excongresistas se habrían quedado con un porcentaje de un contrato por $16.000 millones, de 2017, relacionado con viviendas de interés social.
(En contexto: Dos exfuncionarios de Fonade se declararon culpables de direccionar contratos a empresas)
El Espectador conoció el fallo completo contra los exfuncionarios de la oficina jurídica de Fonade —Antonio Sánchez Lozano y Jorge Córdoba Quintero, quienes firmaron un preacuerdo con la Fiscalía—, en el que se dan detalles de cómo operaba esta red, la cual direccionó al consorcio Interviviendas el contrato de interventoría para el diseño y la construcción de proyectos de la fase II del programa “Vivienda Gratuita”, que lideró el gobierno Santos. Este plan contemplaba la construcción de 4.678 hogares en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. Por estos hechos ya han sido procesadas 11 personas.
De esta organización, se lee en el fallo, habría sido parte un acaudalado empresario que se movía entre Barranquilla, Montería, Sahagún y Bogotá. Se trata de Richard Náder Ordosgoitia, quien utilizó el poder político y la influencia del exsenador Besaile para incidir ilegalmente en la convocatoria privada por medio de la cual se adjudicó irregularmente el contrato de mayo de 2017. En estas vueltas también participó Ronald Ruiz de León, otro empresario cercano a Nader que se acercó a los funcionarios de Fonade para torcer el trámite del millonario convenio estatal a favor del consorcio Interviviendas.
En el documento está plasmado que, según la Fiscalía, este tipo de prácticas irregulares se lograron gracias al sistema de contratación opaco y “arbitrario” del Fonade para seleccionar las empresas que participaban en los procesos de convocatoria privada. Además, el ente investigador indicó que Fonade, unilateralmente, determinaba a quién invitar sin criterios objetivos. En el caso en particular, dijo la Fiscalía, antes de direccionar el contrato, hubo un acuerdo entre los senadores cordobeses Ñoño Elías y Musa Besaile en el que se pactó que el contrato de interventoría lo establecería Besaile.
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Elías tenía como ficha en Fonade al asesor de gerencia Jorge Iván Henao, quien aceptó cargos en este caso en agosto de 2018. Mientras que Besaile designó a Nader Ordosgoitia para asegurarse de que el contrato de 2017 terminara en manos del contratista que les iba a dar una tajada. Además, tenía la ventaja de que, desde la entidad, se le entregaron los detalles de la futura contratación. Los dos empresarios se encargaron de buscar a un contratista que aceptara pagar el 25 % del valor del contrato al senador Musa Besaile, se lee en el fallo, cuya base fue la acusación de la Fiscalía contra los exfuncionarios de Fonade.
En abril de 2017, el Comité Evaluador de Fonade presentó un informe de evaluación de propuestas y todas fueron declaradas fallidas. Nader Ordosgoitia y la gente de Intervivienda “exterioriza[ro]n su inconformidad” con los funcionarios de la entidad por el concepto negativo y, además, aseguraron que la persona que realizó el informe podría hasta perder su empleo por no haberlos seleccionado como contratistas. Sin embargo, a través de la ficha del Ñoño Elías en Fonade, Jorge Iván Henao, “se aportaron documentos en la propuesta que no estaban inicialmente, para indicar que no [fueron] tenidos en cuenta”.
Luego de una serie de pagos a miembros de esta red de corrupción entre marzo y julio de 2017, el 30 de enero de 2018, asegura la Fiscalía, hubo una reunión en Medellín con el propósito de cumplir con los compromisos que adquirió el contratista ante los intermediarios que lograron su adjudicación. Además, se pactó girar dos cheques del consorcio a Nader Ordosgoitia, cuyo destinatario final sería el senador Besaile. Sin embargo, los cheques se giraron sin fondos, según el ente investigador.
Para esa época, Besaile ya estaba preso en una guarnición militar. Se había entregado en octubre de 2017 tras aceptar haber pagado $2.000 millones al cartel de la toga para frenar su captura a raíz de una indagación por parapolítica en su contra abierta desde 2007. Él asegura que fue una extorsión. En enero de 2018 se conoció una declaración del barón político cordobés ante la Corte Suprema: habló de cómo, en los dos períodos de Juan Manuel Santos, le fueron entregadas como cuota burocrática tres entidades gubernamentales. Durante el primer cuatrienio, el Incoder y el ICA; y en el segundo, cuando fue uno de los senadores más votados del país junto a Elías, Fonade.
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Los miembros del consorcio Interviviendas, que se habrían prestado para darles una parte del dinero del contrato a los senadores, son Amaury García de la Espriella y Juan Felipe Morales Tabares, quienes aceptaron cargos y están a punto de ser condenados. Esa misma vía la tomaron los empresarios Nader Ordosgoitia y Ruiz de León, quien ya fue condenado y devolvió $33 millones que eran de la entidad. Una fuente cercana al caso señaló que ninguno de los procesados, en sus declaraciones ante la Fiscalía, “tocaron” a los senadores ni a un alto directivo de Fonade que también, aparentemente, era ficha de los congresistas del Partido de la U.
En mayo pasado, la Sala de Apelación de la JEP confirmó el ingreso de Besaile a esa jurisdicción especial. En enero de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc también lo aceptó. En ese momento se comprometió a revelar las irregularidades que se presentaron en Fonade, no obstante, su llegada a la JEP solo será por las investigaciones del cartel de la toga y parapolítica. El pasado 12 de junio, el excongresista estuvo declarando ante la magistrada Cristina Lombana, quien indaga sobre el desfalco que sufrió Fonade.
Dos días antes, Elías también hizo lo propio ante la misma funcionaria de la Corte Suprema. El exsenador Elías, oriundo de Sahagún (Córdoba), como Besaile, se encuentra preso en La Picota cumpliendo una condena de seis años y ocho meses por su participación en el esquema de corrupción de Odebrecht. La Sala Penal de la Corte lo halló culpable de cohecho y tráfico de influencias por los sobornos que recibió relacionados con el megaproyecto vial de la Ruta del Sol II, adjudicado a Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores (el grupo Solarte).
El Espectador se contactó con los abogados tanto de Besaile como de Elías. La defensora del primero, Tania Parra, dijo que por ahora no se va a referir a este tema. Luis Carlos Torregrosa, el abogado de Elías, leyó los mensajes que se le enviaron, pero no respondió.