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Imagínese conocer a una persona, que ella gane su confianza, al punto de considerarla parte de su familia, y que termine siendo un policía de inteligencia que se infiltró en su vida solo para llevarlo a la hora y al lugar preciso donde usted quede en la posición de un terrorista. Esa es la historia de seis egresados de la Universidad Pedagógica, quienes acaban de ser declarados inocentes por el Juzgado Primero del Circuito de Bucaramanga. En 2012, fueron capturados en Lebrija (Santander) y vinculados a un proceso penal, pues en una aparente coartada fueron sorprendidos con 136 papa bombas que, según la Fiscalía, encenderían la ciudad.
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Si es cierta la hipótesis que durante casi 10 años quiso probar la Fiscalía, El Espectador hubiese contactado a un militante de las Juventudes M-19, conocido con el alias de Caco. Sin embargo, se trata del profesor y cuentero Carlo Camilo Galvis, quien en septiembre de 2012 aceptó un paseo a la finca Villa Hermosa. Esa decisión le costó tres años de cárcel y una batalla por limpiar su nombre, incluso mencionado por el exdirector de la Policía, el general (r) José León. “Estoy contento porque no somos lo que los medios mostraron. No es lo mismo que tú digas ‘soy inocente’, a que lo diga la justicia. Una tortura de 10 años”, dijo.
Hace una década, Colombia vivió una de las más grandes movilizaciones estudiantiles contra las reformas planeadas para la educación superior, que suponían mayor privatización y endeudamiento. En ese contexto, Érika Aguirre y Xiomara Torres conocieron a Cuper Diomedes Díaz, un estudiante de psicopedagogía que, si bien les llevaba cinco años, aseguraba tener una vida como cualquier universitario. Aparentaba preocuparse por su rendimiento, ofrecía rondas de empanadas entre clases y hasta salía a marchar. “Lo consideraba casi como un hermano. Para Érika y para mí era una persona más de la familia”, señaló Xiomara Torres.
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En 2012, Cuper Díaz salió para Lebrija e invitó a su grupo de amigos. Allí llegaron el profesor Galvis y las entonces estudiantes Aguirre y Torres, así como Jaime Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega y Cristian David Leyva. No había pasado siquiera un día cuando, en la madrugada del 26 de septiembrede ese año, decenas de policías llegaron a la finca de recreo y los capturaron a todos. De inmediato fueron imputados por fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos y señalados como parte de células guerrilleras. Luego comprenderían que en el lugar había material bélico suficiente para armar un desastre en la capital santandereana.
En audiencias preliminares, la Fiscalía señaló que una “fuente no formal” avisó que los estudiantes preparaban un enfrentamiento en la Universidad Industrial de Santander. Fueron enviados a la cárcel y señalados como un peligro para la sociedad. Allí descubrieron que esa fuente anónima era nada más y nada menos que Cuper Díaz. Desde entonces tambaleó el trabajo de la Fiscalía, la cual tuvo que reconstruir su imputación. Para junio de 2017, todos los estudiantes habían salido libres por vencimiento de términos, algunos de ellos prestando su servicio en la cárcel como profesores, haciéndole honor a su alma máter.
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Los últimos testimonios fueron escuchados en 2020 y, entonces, el juez se preparó para decidir. Lo primero que advirtió fue que las papa bombas definitivamente estallaban, pero encontró un desorden monumental en las declaraciones de los testigos de la Fiscalía, en relación con los demás materiales. Los investigadores jamás se pusieron de acuerdo en el número de “piedras con pólvora” y “elementos cilíndricos” que estaban en la finca, que convenientemente se encontraba llena de imágenes del M-19. También declaró Cuper Díaz, señalando quiénes tenían talento para “cocinar” las papa bombas.
Luego de ello, el juez respondió a la Fiscalía que no hizo mayor esfuerzo por comprobar su hipótesis. No determinó cuál fue la supuesta distribución de funciones ni tampoco cómo es que los estudiantes conservarían los explosivos. Regañó al ente investigador por basar su caso en el testimonio del agente de inteligencia, quien, aparte, no solicitó orden a la Fiscalía o autorización de un juez de garantías para acechar en secreto a los estudiantes. “Los informes emitidos por los agentes de inteligencia no tienen ningún valor probatorio dentro de los procesos judiciales”, concluyó el juez, pero no ordenó investigar a Díaz por el supuesto montaje.
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La Fiscalía apeló y buscará que el Tribunal de Bucaramanga condene a quienes considera miembros de las Juventudes M-19, que ya bordean los 30 años. El profesor Galvis sigue en lo suyo y espera ser reparado en lo simbólico y económico. Xiomara Torres logró una beca en el exterior para estudiar una maestría, tras graduarse, por fin, el año pasado en la Pedagógica. Érika Aguirre se inspiró en su caso para integrar la campaña Objetivo Libertad, que recopila y denuncia públicamente casos de falsos positivos judiciales a escala nacional. Cuper Diomedes Díaz es un misterio y, con más años encima, no le debe quedar tan fácil infiltrarse en una universidad.