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Roberto Prieto está pagando cinco años de prisión por haber recibido un soborno de $650 millones para favorecer a Yuma Concesionaria —cuyo socio mayoritario es la firma italiana Salini Impregilo—, la cual se quedó con el contrato del tramo 3 de la Ruta del Sol. Según estableció la Fiscalía, y así lo aceptó Prieto, Yuma Concesionaria le dio ese dinero a cambio de sus gestiones para que se adicionara la construcción de un puente en Plato (Magdalena). Gracias a un contrato ficticio, que se pagó a través de una empresa fantasma llamada Megaland, el dinero llegó a manos de Prieto. Dinero que, en mayo del año pasado, él devolvió al Estado colombiano como parte de su compromiso con la justicia.
La batalla penal que dio Prieto, ya concluida, contrasta con la lucha disciplinaria, que apenas comienza: la Procuraduría acaba de llamarlo a juicio disciplinario por un único cargo: el de “haber presuntamente falseado el contenido del informe de ingresos y gastos de junio 25 de 2014, por él firmado, correspondiente a la primera vuelta presidencial de la campaña de reelección del doctor Juan Manuel Santos Calderón, al haber consignado en él que no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares [...] pese a que dicha campaña presidencial fue presuntamente destinataria de una donación en especie realizada por la Sociedad Extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A.”.
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El documento de 54 páginas, conocido por El Espectador, señala que los aportes de Odebrecht a la campaña de reelección del expresidente Santos en 2014 se habrían materializado “en unos estudios de naturaleza electoral y de opinión, realizados en el primer semestre del año 2014, los cuales habrían tenido un valor de US$1 millón”. Para la Procuraduría, se trata de una falta gravísima, pues se habría tratado de “una conducta tipificada objetivamente en la ley como delito sancionable a título de dolo, por razón o con ocasión de las funciones”, en ese caso, al falsificar un documento privado en su calidad de gerente de una campaña presidencial que administró recursos del Estado.
El supuesto ingreso de Odebrecht a la campaña de Santos en 2014 es un asunto que desde el año pasado escudriña preliminarmente el Consejo Nacional Electoral, en donde el exmandatario ya rindió su versión de los hechos. Tanto Santos como su abogado, Alfonso Portela, han reiterado que a esa campaña no entraron aportes de empresas extranjeras —algo que prohíbe la ley colombiana— y que no existe ninguna prueba ni testimonio concreto que los incriminen en alguna falta disciplinaria o algún delito. “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”, le dijo el expresidente Santos al Consejo Nacional Electoral en la versión libre que rindió el 11 de diciembre del año pasado.
La razón por la que la Procuraduría abrió investigación contra Prieto es que, “en su condición de representante legal de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente y gerente de la campaña presidencial 2014-2018, ostentó la calidad de particular administrador de recursos públicos”, se lee en los pliegos formulados. “Con la financiación estatal previa que para la primera vuelta recibió la campaña de reelección presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón, materializada en el pago de un anticipo que tuvo lugar el 16 de abril de 2014 a través de la consignación de $6.884’900.471,00 en cuenta del Banco Bancolombia a nombre de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018”.
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La Procuraduría explica que Prieto era el representante oficial de esa campaña ante el Consejo Nacional Electoral y que, por ende, era el responsable de la “presentación de informes, cuentas y reposición de los gastos de la campaña”. Así las cosas, señala el organismo, Prieto “estaba obligado a llevar una lista en la que registrara las ‘contribuciones, donaciones y créditos, con la identificación, dirección y teléfono, de las personas naturales que realizaron la contribución o donación’ [según la ley 996 de 2005], con el fin de permitir la verificación del cumplimiento de las normas sobre la financiación de campañas”. Aun así, dice la Procuraduría, Prieto “no refirió la existencia” del posible aporte de Odebrecht.
Para el Ministerio Público, “existen elementos de juicio que permiten inferir” que la Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Colombia (cuya personería jurídica es extranjera), aportó US$1 millón a la campaña de reelección de Santos en 2014 a través de un contrato con la sociedad Paddington Ventures Limited para “unos estudios de opinión y de temas electorales […], cuyo objeto fue realizado por la empresa de Sancho BBDO, que para entonces se encargaba de la publicidad de la campaña del doctor Santos Calderón”. Los productos, arrojó la investigación, se contrataron entre marzo y mayo de 2014, “tiempo que se corresponde con el de la primera vuelta por la presidencia”.
Esos productos, además, “no fueron realizados de manera directa por la sociedad Paddington Ventures Limited, sino por la empresa Sancho BBDO […]; que los productos entregados contienen portadas con referencias directas a la campaña de reelección presidencial, que varios productos contienen recomendaciones directas para mejorar estrategias de comunicación y publicidad de la campaña del doctor Santos Calderón y que, en general, las encuestas y los escenarios electorales planteados lo fueron en torno al candidato Juan Manuel Santos”. Para la Procuraduría, estos elementos indican que sí hubo aportes de una empresa foránea a la campaña de Santos y que Prieto no lo registró, como legalmente debía.
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“El Despacho concluye en esta etapa procesal que el disciplinado presuntamente falseó el contenido del informe de ingresos y gastos de junio 25 de 2014, correspondiente a la primera vuelta presidencial de la campaña de reelección del doctor Juan Manuel Santos Calderón, al haber consignado en él que no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial, pese a que dicha campaña presidencial fue presuntamente destinataria de una donación en especie realizada por la Sociedad Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia”, reitera el documento del Ministerio Público conocido por este diario.