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Una supuesta red de corrupción en contratación estatal, al parecer dirigida desde el Congreso, es la razón de que el senador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez esté en la cárcel. En el mismo lugar y con un modus operandi similar al de la llamada red de marionetas del fallecido exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez, al parecer el senador uribista participó en el direccionamiento de contratos del Estado en varios departamentos del país, a cambio de que, a quienes se les entregaran, le dieran coimas por ellos.
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La investigación, que es adelantada por el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda Soto, fue abierta en junio de este año. El cso señala que, al parecer, Ciro Ramírez habría tenido una intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima, por las cuales habría recibido coimas.
Luego de meses de investigación, la Corte ordenó su captura y lo envió a la cárcel al concluir, al menos por el momento, que sí incurrió en irregularidades en por lo menos uno de esos 13 contratos. El documento, aparentemente con irregularidades, es el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’. En este caso está vinculada Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Ciro Ramírez, y el contratista Anderson González, quienes fueron imputados en octubre pasado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.
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Según la investigación de la Fiscalía, que se reveló en ese momento, en 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron un contrato interadministrativo, por 48.660 millones de pesos. En atención a lo pactado, Proyecta Quindío se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.
De acuerdo con los elementos de prueba, Rivera Bohórquez, en su rol de enlace del senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y Proyecta Quindío para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron.
*Nota de la editora: Partes de esta nota fueron modificadas a su publicación original, para dejar claro que el caso por el cual fue capturado el senador Ramírez no es el mismo de la red de marionetas del fallecido Mario Castaño, sino que es un caso similar.
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