El caso Sampués: la demanda más costosa contra la nación

Esta historia comienza con Salvador Arana, el exgobernador de Sucre condenado por aliarse con paramilitares para el asesinato del alcalde Eudaldo Díaz, de El Roble. En 2002, firmó un decreto para suprimir la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sucre, con sede en el municipio de Sampués. Un año después, a través de una resolución, delegó las funciones de esa dependencia a un “grupo de trabajo”. Años después, esa decisión terminó en la actual demanda más costosa que enfrenta el Estado, una acción de grupo que pretende demostrar que la Secretaría que eliminó Arana nunca volvió a operar. Los demandantes reclaman $32,4 billones, una cifra que representa el 9 % del presupuesto de la nación para 2022.

Esta historia comienza con Salvador Arana, el exgobernador de Sucre condenado por aliarse con paramilitares para el asesinato del alcalde Eudaldo Díaz, de El Roble. En 2002, firmó un decreto para suprimir la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sucre, con sede en el municipio de Sampués. Un año después, a través de una resolución, delegó las funciones de esa dependencia a un “grupo de trabajo”. Años después, esa decisión terminó en la actual demanda más costosa que enfrenta el Estado, una acción de grupo que pretende demostrar que la Secretaría que eliminó Arana nunca volvió a operar. Los demandantes reclaman $32,4 billones, una cifra que representa el 9 % del presupuesto de la nación para 2022.

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El recurso está hoy en revisión en el Consejo de Estado, a donde llegó la demanda luego de que los ciudadanos perdieran en primera instancia. Los 28 peticionarios insisten en que la Secretaría en Sampués, que hoy trabaja común y corriente, no tiene ningún piso jurídico, pues Arana la eliminó en 2002 y nunca se realizó el procedimiento legal para revivirla. Además, la acción de grupo asegura que de existir esa dependencia, se está atribuyendo funciones que no le corresponden. Nada más y nada menos que la administración de los trámites de movilidad de todo el departamento, entre ellos los comparendos que ha puesto la Policía desde hace alrededor de 20 años.

El expediente se encuentra al despacho para fallo de segunda instancia, desde 2019. Los demandantes buscan que la justicia declare administrativamente responsables a la Procuraduría, Controlaría, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Defensa, Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, y el departamento de Sucre. Según la acción, esas entidades habrían omitido sus funciones al permitir que la Secretaría actuara como una instancia con todos los dientes, aunque Arana dejó claro en 2003, un año después de eliminar la Secretaría, que se trataba de un “grupo de trabajo” de cinco funcionarios, pero encargados de “lo relacionado con el sector de transporte automotor”.

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En primera instancia, el Tribunal consideró que los actos que permitieron la supresión de la Secretaría y la creación del “grupo de trabajo” fueron legales. Explicó que esa institución sí representa una “asunción de funciones, con miras a desarrollar y controlar asuntos de tránsito y transporte, sin desestimarse en su naturaleza el carácter de organismo de tránsito del departamento de Sucre”. Agregó que los accionantes atacaron la presunta falta de competencia de la institución y no aportaron pruebas de los daños causados. La Agencia Nacional de Defensa del Estado (Andje) adhiere a que carecerían de pruebas y que abusarían del derecho al tasar, sin fundamento, esa cifra billonaria.

“La Agencia llamó la atención respecto a la estimación irracional e infundada de los perjuicios que se pretenden, toda vez que la tasación de los mismos realizada por los demandantes es infundada por cuanto las cifras, promedios, número de vehículos y de trámites realizados presuntamente por el grupo de trabajo encargado del sector de tránsito y transporte, se establecieron sin sustento alguno. Tampoco se expone información y/o documentos que permitan acreditar el procedimiento que se siguió para estimar la cuantía de los perjuicios alegados”, le dijo la entidad a El Espectador.

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La abogada Ana Karina Pacheco, la cabeza de la acción popular, se jugó sus cartas en la apelación. Explicó que el “grupo de trabajo” es fruto de un par de actos administrativos, pero aun así no cumple con los requisitos para funcionar como organismo de tránsito. Además, dice, esa entidad no habría solicitado asesoría al extinto Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, y a pesar de cambiar de naturaleza, mantuvo los mismos códigos para acceder al RUNT y al sistema integrado de información sobre multas por infracciones. Aparte, tiene el mismo correo y fue ubicado en Sampués con el objetivo, según los demandantes, de hacer creer que se trata de un ente municipal, cuando en realidad tiene funciones departamentales.

¿Y por qué las presuntas irregularidades podrían repararse con $32 billones? Así lo explicó Pacheco: “Establecí un estimativo del valor de los perjuicios. Cuando se presentan ese tipo de acciones, donde los afectados son miles de personas, uno establece un valor que cubra a todos esos demandantes. En una acción de grupo pasa algo: no solamente se benefician del fallo los que presentaron la demanda, sino todo aquel que cumpla con las condiciones uniformes del grupo y se haya visto afectado”. El más mínimo trámite de tránsito en Sucre, demandan, es inválido. Incluidos, desde 2002, más de 300.000 comparendos de la Policía de Tránsito.

El as bajo la manga

Pacheco allegó al Consejo de Estado un reporte firmado en 2016 por el exgobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez, quien estuvo a cargo entre ese año y 2019. Se trata del resultado de una investigación que develaría “presuntas irregularidades que pueden generar presunto hallazgo fiscal o detrimento de las finanzas departamentales, con trascendencia disciplinaria y penal para los funcionarios inmersos en ellas”. La entonces procuradora regional Margarita Sarmiento se quedó con la papa caliente. La administración que recién entraba reportó una “extraña mutación o simbiosis detectada en la actual estructura orgánica del Tránsito Departamental de Sucre”.

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La Gobernación de Martínez señaló que la dirección departamental de tránsito aprobada por el Ministerio de Transporte en 1992, es totalmente distinta a la que opera hoy. “Se estarían usurpando siglas o distintivos oficiales de un ente desaparecido o desmontado, de otras latitudes y requisitos para seguir recogiendo su nombre y razón, así como recaudos por concepto de tránsito. Pero lo peor de todo es que, al crearse este grupo de trabajo (…) no se le diseñó a cada uno de los empleados de ese reducido grupo (cinco personas) descripción de funciones de tal manera que permitieran identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quienes serían sus titulares”, se lee.

A partir de la resolución de Arana, se informa, el “grupo de trabajo” se habría convertido en la “guarida clientelista” de una clase política, lo que habría terminado en irregularidades. Por ejemplo, entre 2004 y 2015 habrían dejado caducar 3.203 comparendos, por más de $11.000 millones. Entre 2006 y 2010, no se habría recogido en cobros coactivos, multas y sanciones casi $32.400 millones. Además, la Procuraduría fue alertada por 14 trámites sospechosos en Sampués: factura de venta falsa, matrículas falsas, formularios sin huellas y hasta la inscripción de un par de motos de alto cilindraje con certificado de importación falso. Había una Suzuki cotizada en más de $20 millones.

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Las variantes del caso Sampués

En 2017, la Andje presentó una queja disciplinaria contra la abogada Pacheco. La defensora dice que aún no hay resolución en primera instancia y agrega que presentar una demanda, sin importar el valor, no es una falta. La Andje considera que, en lugar de una acción de grupo, podría haber formulado una nulidad contra los actos administrativos del condenado Arana. La decisión del exgobernador, aparte, le costó a la Rama Judicial la resolución de tutelas y demandas de reparación, de empleados que perdieron su puesto tras el revolcón a los cargos del departamento. Ahora el Consejo de Estado decidirá si la Secretaría de Sampués es legal y si la nación entrega a los sucreños mucho más de lo que multinacionales mineras extranjeras reclaman en dólares.

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