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Este 18 de abril se conmemoran 23 años del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, el reconocido abogado defensor de derechos humanos que fundó varias organizaciones y denunció, entre los años 70 y 90, crímenes de Estado en los que habrían participado miembros de la fuerza pública. El homicidio fue perpetrado por tres integrantes de la banda criminal La Terraza, la cual era dirigida por el jefe paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y contó con la participación de agentes del Estado, un pedazo de la historia cuyo esclarecimiento, a manos de la Fiscalía, va a paso muy lento. (Cuando Eduardo Umaña destapó los crímenes de inteligencia militar)
El expediente nunca ha tenido un avance significativo más allá de que, en 2016, una fiscal de Derechos Humanos declaró el homicidio como un crimen de lesa humanidad. En septiembre de 2020 la Fiscalía dictó una medida de aseguramiento a Don Berna luego de haberse negado a rendir indagatoria sobre el crimen. Esa fiscal, desde 2018, le pidió al fiscal de Justicia y Paz Albeiro Chavarro que el antiguo jefe de la Oficina de Envigado perdiera los beneficios que tiene como postulado en ese sistema de justicia transicional, por su negativa a aportar verdad sobre el crimen de Umaña tras haber reconocido su responsabilidad en él.
El Espectador conoció que en una reciente audiencia, del 17 de noviembre de 2020, el fiscal Chavarro, quien lleva el macroproceso del Bloque Metro —que comandó Don Berna— señaló que no conoce de esa solicitud de exclusión del exjefe paramilitar, quien fue extraditado en 2008 y hoy está preso en una cárcel de Miami pagando una pena de más de 30 años de prisión por narcotráfico. Chavarro incluso defendió que “no se ha estructurado ninguna causal de exclusión del postulado (Don Berna), por cuanto ha cumplido con los requerimientos establecidos en la Ley en el proceso de Justicia y Paz”. Lo único que ha dicho Don Berna es que Carlos Castaño fue quien dio la orden de matar a Umaña Mendoza.
El fiscal Chavarro hizo otra movida en ese proceso del Bloque Metro y Don Berna que fue criticada por los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. En 2014, ese estrado judicial señaló que el fiscal Chavarro actuó “dolosamente”, tras recusar a dos magistrados que habían excluido un año antes a siete miembros de ese grupo criminal que operó en Antioquia y que habían ordenado investigar a dirigentes políticos, militares, empresarios y al expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntas relaciones con grupos paramilitares durante los años 90 —algo que el expresidente niega rotundamente—. (Eduardo Umaña, 20 años de un crimen sin respuestas)
El fiscal Chavarro argumentó en ese momento que en su solicitud “la Sala emitió conceptos sobre el postulado que son juicios y opiniones anticipadas que a la postre afectan la legalización de cargos contra Murillo Bejarano”, quien es confeso narcotraficante del cartel del Medellín y exintegrante de la guerrilla del Epl también. Además, el nombre de Chavarro volvió a ser mencionado en el proceso que aún sigue en firme contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos que han dicho que él, su hermano Santiago y otros ganaderos fueron los promotores del Bloque Metro en el nordeste antioqueño en los años 90.
En febrero de 2018, la Corte Suprema le pidió a Fabio Espitia, coordinador de fiscales delegados ante ese alto tribunal, que investigara a Chavarro. El cargo de Espitia lo ocupa ahora Gabriel Jaimes, fiscal del caso Uribe a quien las víctimas del proceso han cuestionado por el manejo del trascendental expediente. Por eso fue que el pasado 21 de marzo, el senador Iván Cepeda le preguntó públicamente a Jaimes: “¿Por qué no se investiga al fiscal Chavarro, quien intentó negar la existencia del Bloque Metro de la hacienda Guacharacas y no quiso recibir la declaración de Juan Guillermo Monsalve [testigo contra Uribe y condenado por delitos relacionados con Los Rastrojos]?”.
El Espectador le preguntó a la oficina de comunicaciones de la Fiscalía en qué va la compulsa de copias de 2018, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Desde 2014, víctimas de Don Berna y sus estructuras criminales (el Bloque Metro, La Terraza y la Oficina de Envigado) han dicho que este no ha aportado información concreta sobre militares y policías que hicieron parte de graves violaciones de derechos humanos y que su supuesta colaboración en Justicia y Paz se ha limitado a aceptaciones de cargos vacías sin esclarecimiento de los hechos. Además, apuntan a que el propio Chavarro tampoco se ha preocupado por exigir información a Don Berna y que ha llegado hasta a defenderlo. (“Don Berna”, a responder por el crimen de Eduardo Umaña Mendoza)
El crimen de Umaña y los militares
Luego de más de dos décadas del asesinato de Umaña Mendoza, perpetrado en el barrio Nicolás de Federmán en Bogotá, uno de los pendientes de la Fiscalía sigue siendo determinar qué miembros de la fuerza pública participaron en el crimen. Incluso, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez dijo que, probablemente, la Brigada XX del Ejército —desactivada poco después de este asesinato por múltiples violaciones de derechos humanos— estuvo detrás del crimen. Asimismo, el ente investigador dijo que existen múltiples similitudes entre el homicidio de Umaña y los crímenes contra los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado (mayo 19 de 1997), y de Jaime Garzón (agosto 13 de 1999). Por ejemplo, la participación de miembros de La Terraza y de inteligencia militar.
Umaña Mendoza es recordado por lograr que miembros de inteligencia entregaran información a las autoridades sobre casos como el asesinato de Óscar William Calvo (líder del Epl), la desaparición de Nydia Érika Bautista (activista del M-19) y el secuestro de los líderes de ese mismo grupo guerrillero José Cuesta y Guillermo Marín. También fue representante de las víctimas en el caso del Palacio de Justicia, la desaparición de Omaira Montoya (en 1977), el asesinato de Carlos Pizarro (en 1990) y la ejecución extrajudicial de Hernando Pizarro Leongómez (en 1995).
En septiembre de 2020, cuando la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento a Don Berna por su presunta participación en el asesinato de Umaña, tuvo en cuenta una entrevista que dio en diciembre de 2012 un vocero de La Terraza al noticiero CM& en la que confesó que los crímenes de Garzón, Elsa Alvarado, Mario Calderón, Eduardo Umaña y el abogado Jesús María Valle (27 de febrero de 1998) fueron ejecutados por esa organización criminal. Las declaraciones rendidas por paramilitares en el marco de esas pesquisas que aseguraron que el estado mayor de las autodefensas se reunió el 16 de enero de 1997 para ordenar asesinar a los investigadores de derechos humanos que trataron de hacerles frente. (Con ese perdón, ¿qué hago?: víctima de ‘Don Berna’)
Según los paramilitares desmovilizados Francisco Villalba (asesinado en 2009), Pedro Álex Conde y José Alirio Arcila, la reunión del estado mayor de las Auc en que se determinaron crímenes como el de Umaña se realizó en la finca La 15 en Urabá y en ella participaron entre cuarenta y sesenta hombres, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Carlos Mauricio García Fernández (alias Doble Cero, asesinado en mayo de 2004 por los propios paramilitares) y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. El caso judicial, que también fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tampoco tiene avances. La familia Umaña sigue esperando conocer quiénes ordenaron la muerte del reconocido abogado.
*Nota de la editora: A raíz de una tutela interpuesta por el fiscal Albeiro Chavarro en contra de El Espectador, pretendiendo la protección ante una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, dignidad humana e intimidad, el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín ordenó a este medio de comunicación eliminar del título original “El caso Umaña y la solicitud contra “Don Berna” que se embolató en la Fiscalía”, la palabra “embolató”.
Igualmente ordenó como garantía de imparcialidad, ampliar el contenido de la publicación original en lo que tiene que ver con la versión del Fiscal Chavarro en relación con la requerimiento público hecho por el senador Iván Cepeda al actual coordinador de fiscales delegados ante ese alto tribunal, Gabriel Jaimes, referente a “¿Por qué no se investiga al fiscal Chavarro, quien intentó negar la existencia del Bloque Metro de la hacienda Guacharacas y no quiso recibir la declaración de Juan Guillermo Monsalve”, razón por la cual, El Espectador transcribe a continuación las razones expuestas a este medio de comunicación por parte del Fiscal Chavarro:
“Al respecto quiero manifestar, que fue el suscrito Fiscal quien buscó la entrevista o declaración del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, dentro de la génesis del Bloque Metro, a partir de la entrevista previa que rindió el exintegrante del bloque Metro y cacique Pipinta, Pablo Hernán Sierra, se requirió para ratificar lo dicho por el señor Pablo Hernán, pero fue el mismo MONSALVE PINEDA quien no quiso rendir entrevista, por lo siguiente:
- En sus primeros acercamientos con el despacho mencionó que no se había desmovilizado y había participado en dos secuestros como integrante de las Águilas Negras o Rastrojos, razón por lo cual no podía ser acogido por los beneficios de la ley 975 de 2005, por tener hechos después de la desmovilización de las autodefensas.
- Que posiblemente había algunos beneficios en artículo 413 de la ley 600 de 2000 por beneficios por colaboración (entrega de fosas).
- Que si deseaba rendir la entrevista con el fin de construir la génesis del bloque Metro lo podía hacer, pero nunca tomó dicha decisión, se citó en tres oportunidades según constancia a puño y letra por él firmada donde no quiso rendir la citada diligencia.
Finalmente, Juan Guillermo Monsalve envió un escrito se su puño y letra además de firmado, donde textualmente dice que no quería rendir la citada entrevista.
Al respecto, el Fiscal 2 de la Corte Suprema de Justicia a raíz de la compulsa de copias me citó a interrogatorio y el proceso se archivó, por encontrar inexistencia del hecho, una de las dos causales para archivar las investigaciones de acuerdo al Código de Procedimiento Penal
(…) 4.- Al contrario de lo que usted dice que mi interés fue “negar la existencia del bloque Metro”, es una frase o afirmación errónea y traída de los cabellos, le falto rigurosidad investigativa periodística, al contrario, si lo que hoy existe del Bloque Metro en la Dirección de Justicia Transicional y la Magistratura del Tribunal, Sala de Justicia y Paz, es gracias al trabajo como Fiscal 43 en su momento y luego 45, en compañía de la Policía Judicial CTI, que impulse debidamente dicho Dossier de la citada estructura, a través de versiones libres, inspecciones judiciales, artículos, revistas, entrevistas a víctimas, jornadas de víctimas, jornadas de desaparecidos, el esclarecimiento de casos puntuales (masacres), compulsas de copias y lo invitó a que se acerque como periodista a las instalaciones donde funciona el Despacho que documenta el Bloque Metro, además en los archivos de la Sala de Justicia y Paz, y se documente mejor y establezca exactamente porque la audiencia concentrada de formulación de cargos se detuvo o paro y no fue precisamente por intervención mía, haga una visita a los archivos de las dependencias citadas, para establecer el avance de la verdad respecto al proceso de documentación y fue la Sala de Justicia y Paz, la que se dificultó el avance del proceso por rigorismos jurídicos, no bastaron peticiones, recursos solicitudes, inclusive en una audiencia ante la citada magistrada María Consuelo Rincón, le dije " es importante que la verdad sobre el bloque Metro se conozca”, así están en los audios de las audiencias de legalización de cargos y audiencias concentradas que reposan en La Secretaría del tribunal, Sala de Justicia y Paz”.