La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que se respete la separación de poderes y se garantice la autonomía de esta instancia judicial, tal como lo establece la Constitución. La JEP manifestó su preocupación por las declaraciones del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien mencionó, en entrevista con este diario, la posibilidad de un cierre de esta jurisdicción, lo cual afectaría gravemente el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado y las extintas Farc, según apuntó el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP.
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El magistrado recordó el rol central central de la Jurisdicción como garante del componente judicial de los acuerdos de paz, que busca asegurar que los excombatientes y miembros de la Fuerza Pública sometidos a este proceso puedan cumplir sus obligaciones con la justicia y las víctimas. Un cierre anticipado de la JEP, advierten, pondría en riesgo la estabilidad jurídica y los derechos de las víctimas, además de comprometer la reconciliación y la paz en el país.
“La JEP expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la JEP. Cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, a las víctimas, y a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, precisó Vidal durante una rueda de prensa.
"Al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado",… pic.twitter.com/HCboNHu1j7
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 26, 2024
“El Gobierno en particular se comprometió, respecto de la JEP, y leo literalmente: ‘el compromiso del Estado colombiano es, primero, a salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; segundo, a asignar el presupuesto necesario para su implementación; y tercero, prevenir cualquier interferencia con sus funciones’”, agregó Vidal sobre los compromisos firmados por el Gobierno con la Corte Penal Internacional sobre el funcionamiento de la Jurisdicción.
Otro punto de preocupación expresado por la Jurisdicción es la falta de cumplimiento del Gobierno en la asignación de presupuesto para su funcionamiento y el componente restaurativo del Acuerdo de Paz. La no reasignación de los recursos del Fondo Colombia en Paz podría afectar la implementación de las sanciones y el cumplimiento de las sentencias impuestas, afectando gravemente a las víctimas y comunidades. De acuerdo con el magistrado Roberto Vidal, la JEP presenta una desfinanciación de cerca de $450.000 millones para los proyectos restaurativos.
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“El año pasado convinimos que estarían destinados a la JEP $450.000 millones que estuvieron alojados en el Fondo Colombia en Paz. Las noticias que tuvimos en el último mes que contravenía el desarrollo largo de este proceso, fue que tales recursos fueron destinados dentro de la Unidad de Víctimas a otras funciones entre las muchas que esta unidad tiene” remarcó Vidal.
Finalmente, la JEP advierte sobre las posibles implicaciones que podría tener la Corte Penal Internacional (CPI) ante cualquier decisión que busque cerrar prematuramente esta jurisdicción, limitar sus funciones o recortar los recursos necesarios para su operación. La CPI podría interpretar estas acciones como un incumplimiento de las obligaciones del Estado de juzgar crímenes internacionales. Además, es importante recordar que debido al trabajo de la Jurisdicción, la CPI levantó el examen preliminar sobre Colombia en cuanto a la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Cualquier intento del Gobierno que busque reemplazar las funciones judiciales actuales afectando la JEP, ya sea desacreditándola o desmantelándola, conlleva graves riesgos, señala el magistrado Vidal, quien reitera que la JEP hace llamado firme a respetar la separación de poderes, fundamento clave del Estado de derecho, y a garantizar su autonomía como institución.
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