El clan político Aguilar, de nuevo ante la Corte Suprema de justicia

En la noche del 27 de julio y la madrugada de ayer, mientras varios atletas colombianos hacían su presentación en los Olímpicos de Tokio, la Corte Suprema anunció la captura de una ficha clave de la política santandereana: el senador de Cambio Radical Richard Aguilar. No se trata de un congresista de poco peso, pues Aguilar, quien fue gobernador de Santander, es hermano de la actual cabeza del departamento, Mauricio Aguilar, quien señaló en las últimas horas que “lamenta la situación y que confía en la justicia colombiana”. Además, los hermanos son los sucesores del poder político de su familia, la cual lidera un viejo conocido de los estrados judiciales y que ya fue condenado.

Lea aquí: Detalles de la investigación contra Richard Aguilar

Se trata del coronel (r) de la Policía Hugo Aguilar, quien también fue gobernador de Santander, pero que es más recordado porque ha asegurado ser quien le puso fin a la carrera criminal del narco más conocido de la historia. El 2 de diciembre de 1993, Aguilar era comandante operativo del Bloque de Búsqueda contra el cartel de Medellín y ha dicho ser quien disparó contra Pablo Escobar en un tejado de una casa de la capital antioqueña. Ahora que su hijo se encuentra en el búnker de la Fiscalía mientras avanza su proceso judicial, la familia Aguilar vuelve a quedar en medio de señalamientos de hechos irregulares, de nuevo, por sus andanzas en la Gobernación de Santander.

Richard Aguilar fue conducido a los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá, desde donde también anunció que renuncia a su curul como senador. Este nuevo problema judicial que afronta la familia Aguilar está a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, corporación que señala que mientras Aguilar hijo fue gobernador, al parecer, hizo parte de una serie de irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015. “(Aguilar) Abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado, para sí y para otros, de dineros públicos”, dice el auto que abrió la investigación, a cargo del magistrado César Reyes.

Como contó este diario, la investigación da cuenta de que Aguilar habría cometido varios delitos para favorecer su bolsillo y beneficiar a familiares. Lo que la Sala de Instrucción pretende demostrar es que, supuestamente, como gobernador entregó a dedo seis millonarios contratos en el departamento. Entre ellos el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López de Bucaramanga con su interventoría, las obras de mejoramiento de las vías que de San Gil conducen a Charalá, el corredor vial agroforestal y energético, así como labores para mejorar la vía que de Bucaramanga conduce a Floridablanca. Para demostrar estos hechos el alto tribunal recogió testimonios de exfuncionarios de su Gobernación que están siendo procesados por la Fiscalía.

Le puede interesar: Senador Richard Aguilar, a indagatoria por posible corrupción cuando fue gobernador

Por ejemplo, Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo, dos personas que fueron del círculo cercano de Aguilar y que participaron en sus correrías políticas por Santander. Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía luego de que Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con el contrato del estadio de Bucaramanga en marzo de 2015, confesara al ente investigador la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación de Aguilar. Los esposos fueron capturados en octubre de 2018 y empezaron a hablar, aunque inicialmente no admitieron negociaciones de plata debajo de la mesa. Al parecer, para beneficiar a Aguilar.

A través de su cuenta de Twitter, Aguilar adjuntó la carta con la que notificó de su renuncia al presidente del Senado y agregó que: “Quiero informarles que tomé la decisión de renunciar al Senado de la República, toda vez que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad con mis funciones. Me concentraré en mi defensa siempre confiando en el correcto actuar de las instituciones”. Su paso al costado fue tomado como una maniobra similar a la que realizaron en el pasado los exsenadores Álvaro Uribe y Eduardo Pulgar para que la Corte Suprema perdiera competencia sobre el expediente y este terminara en la Fiscalía.

Una alta fuente de la Fiscalía señaló, en ese sentido, que una investigación contra un alto funcionario del exgobernador Didier Tavera, ficha política del clan Aguilar, lleva años quieta. El proceso también tiene que ver con las obras del estadio Alfonso López. La misma fuente indicó que esa investigación salpica a un familiar de un funcionario de la Fiscalía. Y también en un despacho del ente investigador está el proceso contra el coronel Hugo Aguilar por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y no solo contra él. También contra su exesposa, Mónica María Barrera; la madre de esta, Socorro Carreño, y una persona más del entorno familiar.

El proceso está suspendido desde octubre de 2020, cuando un juez, tras una petición del propio oficial retirado, decidió enviar el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual no ha tomado una decisión de fondo. El escándalo surgió porque el coronel (r) le había dicho a la justicia que no tenía dinero para pagar la multa de más de $6.000 millones que le impusieron cuando fue sentenciado por parapolítica a nueve años de prisión, en agosto de 2013. Sin embargo, una foto de él manejando un lujoso vehículo Porsche años más tarde prendió las alarmas en la Fiscalía.

El ente investigativo señaló entonces que un “equipo de peritos judiciales, tributarios y financieros analizó un crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo” y concluyó que el político pudo haber realizado “presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas”. Esas movidas tenían un fin específico, según la Fiscalía: “legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas”.

Por este proceso, también fue la Corte Suprema la que ordenó su captura. En ese momento, junio de 2011, el alto tribunal lo señaló de haber recibido respaldo de los paramilitares para llegar a la Gobernación, entre 2004 y 2007. En 2013, la Corte lo condenó a nueve años de prisión y concluyó que se había valido de la violencia y coerción paramilitar para hacerse elegir. Testigos exparamilitares reconocieron haberlo visto en reuniones con comandantes como Julián Bolivar. Hasta el propio Salvatore Mancuso aceptó que Aguilar, así como su partido, Convergencia Ciudadana, se habían beneficiado del accionar del Bloque Central Bolívar en Santander.

Mientras el caso avanza en la Corte, la defensa de Aguilar, encabezada por el abogado Iván Cancino, señaló que el caso puede terminar en la Fiscalía, luego de que su cliente renunciara al Senado. Sin embargo, indicó que su salida del Legislativo se debe más a que debe estar totalmente concentrado en defenderse. Por lo pronto, continuó Cancino, se interpodrá un recurso para tumbar la medida de aseguramiento que ordenó el magistrado Reyes, de la Sala de Instrucción. Y serán los mismos magistrados los que determinen si perdieron o no la competencia para continuar con el proceso. Solo entonces se sabrá si el caso sigue en el despacho de Reyes o pasa a manos de un fiscal.

En la noche del 27 de julio y la madrugada de ayer, mientras varios atletas colombianos hacían su presentación en los Olímpicos de Tokio, la Corte Suprema anunció la captura de una ficha clave de la política santandereana: el senador de Cambio Radical Richard Aguilar. No se trata de un congresista de poco peso, pues Aguilar, quien fue gobernador de Santander, es hermano de la actual cabeza del departamento, Mauricio Aguilar, quien señaló en las últimas horas que “lamenta la situación y que confía en la justicia colombiana”. Además, los hermanos son los sucesores del poder político de su familia, la cual lidera un viejo conocido de los estrados judiciales y que ya fue condenado.

Lea aquí: Detalles de la investigación contra Richard Aguilar

Se trata del coronel (r) de la Policía Hugo Aguilar, quien también fue gobernador de Santander, pero que es más recordado porque ha asegurado ser quien le puso fin a la carrera criminal del narco más conocido de la historia. El 2 de diciembre de 1993, Aguilar era comandante operativo del Bloque de Búsqueda contra el cartel de Medellín y ha dicho ser quien disparó contra Pablo Escobar en un tejado de una casa de la capital antioqueña. Ahora que su hijo se encuentra en el búnker de la Fiscalía mientras avanza su proceso judicial, la familia Aguilar vuelve a quedar en medio de señalamientos de hechos irregulares, de nuevo, por sus andanzas en la Gobernación de Santander.

Richard Aguilar fue conducido a los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá, desde donde también anunció que renuncia a su curul como senador. Este nuevo problema judicial que afronta la familia Aguilar está a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, corporación que señala que mientras Aguilar hijo fue gobernador, al parecer, hizo parte de una serie de irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015. “(Aguilar) Abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado, para sí y para otros, de dineros públicos”, dice el auto que abrió la investigación, a cargo del magistrado César Reyes.

Como contó este diario, la investigación da cuenta de que Aguilar habría cometido varios delitos para favorecer su bolsillo y beneficiar a familiares. Lo que la Sala de Instrucción pretende demostrar es que, supuestamente, como gobernador entregó a dedo seis millonarios contratos en el departamento. Entre ellos el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López de Bucaramanga con su interventoría, las obras de mejoramiento de las vías que de San Gil conducen a Charalá, el corredor vial agroforestal y energético, así como labores para mejorar la vía que de Bucaramanga conduce a Floridablanca. Para demostrar estos hechos el alto tribunal recogió testimonios de exfuncionarios de su Gobernación que están siendo procesados por la Fiscalía.

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Por ejemplo, Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura entre 2012 y 2015, y su esposo, Lenin Darío Pardo, dos personas que fueron del círculo cercano de Aguilar y que participaron en sus correrías políticas por Santander. Ambos resultaron salpicados en las investigaciones de la Fiscalía luego de que Octavio Reyes, el ingeniero que se quedó con el contrato del estadio de Bucaramanga en marzo de 2015, confesara al ente investigador la existencia de un sofisticado sistema de corrupción en la gobernación de Aguilar. Los esposos fueron capturados en octubre de 2018 y empezaron a hablar, aunque inicialmente no admitieron negociaciones de plata debajo de la mesa. Al parecer, para beneficiar a Aguilar.

A través de su cuenta de Twitter, Aguilar adjuntó la carta con la que notificó de su renuncia al presidente del Senado y agregó que: “Quiero informarles que tomé la decisión de renunciar al Senado de la República, toda vez que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad con mis funciones. Me concentraré en mi defensa siempre confiando en el correcto actuar de las instituciones”. Su paso al costado fue tomado como una maniobra similar a la que realizaron en el pasado los exsenadores Álvaro Uribe y Eduardo Pulgar para que la Corte Suprema perdiera competencia sobre el expediente y este terminara en la Fiscalía.

Una alta fuente de la Fiscalía señaló, en ese sentido, que una investigación contra un alto funcionario del exgobernador Didier Tavera, ficha política del clan Aguilar, lleva años quieta. El proceso también tiene que ver con las obras del estadio Alfonso López. La misma fuente indicó que esa investigación salpica a un familiar de un funcionario de la Fiscalía. Y también en un despacho del ente investigador está el proceso contra el coronel Hugo Aguilar por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y no solo contra él. También contra su exesposa, Mónica María Barrera; la madre de esta, Socorro Carreño, y una persona más del entorno familiar.

El proceso está suspendido desde octubre de 2020, cuando un juez, tras una petición del propio oficial retirado, decidió enviar el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual no ha tomado una decisión de fondo. El escándalo surgió porque el coronel (r) le había dicho a la justicia que no tenía dinero para pagar la multa de más de $6.000 millones que le impusieron cuando fue sentenciado por parapolítica a nueve años de prisión, en agosto de 2013. Sin embargo, una foto de él manejando un lujoso vehículo Porsche años más tarde prendió las alarmas en la Fiscalía.

El ente investigativo señaló entonces que un “equipo de peritos judiciales, tributarios y financieros analizó un crecimiento patrimonial inusitado y acelerado del exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo” y concluyó que el político pudo haber realizado “presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas”. Esas movidas tenían un fin específico, según la Fiscalía: “legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas”.

Por este proceso, también fue la Corte Suprema la que ordenó su captura. En ese momento, junio de 2011, el alto tribunal lo señaló de haber recibido respaldo de los paramilitares para llegar a la Gobernación, entre 2004 y 2007. En 2013, la Corte lo condenó a nueve años de prisión y concluyó que se había valido de la violencia y coerción paramilitar para hacerse elegir. Testigos exparamilitares reconocieron haberlo visto en reuniones con comandantes como Julián Bolivar. Hasta el propio Salvatore Mancuso aceptó que Aguilar, así como su partido, Convergencia Ciudadana, se habían beneficiado del accionar del Bloque Central Bolívar en Santander.

Mientras el caso avanza en la Corte, la defensa de Aguilar, encabezada por el abogado Iván Cancino, señaló que el caso puede terminar en la Fiscalía, luego de que su cliente renunciara al Senado. Sin embargo, indicó que su salida del Legislativo se debe más a que debe estar totalmente concentrado en defenderse. Por lo pronto, continuó Cancino, se interpodrá un recurso para tumbar la medida de aseguramiento que ordenó el magistrado Reyes, de la Sala de Instrucción. Y serán los mismos magistrados los que determinen si perdieron o no la competencia para continuar con el proceso. Solo entonces se sabrá si el caso sigue en el despacho de Reyes o pasa a manos de un fiscal.