El Código de Policía, en detalle

Según dijo el presidente Juan Manuel Santos, el proyecto de actualización del Código de Policía —radicado ayer en el Congreso por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el director nacional de la Policía, general José Roberto Riaño, y el consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda— busca regular las relaciones de la ciudadanía con las autoridades y las alcaldías.

La idea es proporcionarle a la fuerza instrumentos para poder intervenir en muchas situaciones que el Código actual no tiene en cuenta. “El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, pero el Código no se ha actualizado”, explicó el primer mandatario.

“Más de año y medio le hemos dedicado el proyecto. Vamos a contar con un gran instrumento, no sólo para contribuir a la seguridad y la convivencia de los colombianos, sino para que la Policía cuente con instrumentos de los que hoy carece para cumplir con su deber”, precisó por su parte Francisco José Lloreda y señaló que durante 18 meses se trabajó en la iniciativa, buscando que lo establecido en ella estuviera acorde a los actuales problemas que aquejan a la gente.

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, a la hora de entrar a analizar punto por punto se contemplan medidas que seguramente darán mucho de qué hablar, unas de ellas porque podrían ser consideradas represivas y otras tan abstractas que hacen impensable su aplicación.

Algunos ejemplos: estacionar a menos de tres metros de un hidrante implica una infracción; las ventas ambulantes serán sancionadas; deambular bajo “grave alteración del estado de conciencia” implica multa; se prohíbe vender en los vehículos de transporte público y sus conductores no podrán poner música a alto volumen; los cineclubes o cines de barrio deben registrar las películas que van a presentar ante el Ministerio de Cultura, por lo menos con un mes de anticipación, y la Policía quedará autorizada a entrar a una residencia cuando la música esté a muy alto volumen y sus moradores no hayan aceptado las recomendaciones del caso.

El proyecto incluye también un tema polémico que se ha convertido en pan de cada día: el llamado matoneo en las escuelas o bullying. En este sentido, propone que por el acoso, las amenazas y las agresiones entre estudiantes, dentro y fuera de los colegios, las familias reciban multas que podrían alcanzar los $8 millones. Una medida que ya provoca opiniones diferentes, pues hay quienes creen que el asunto, más que dinero, requiere atención a los niños agredidos y agresores. La psiquiatra Delia Hernández, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, declaró enfática que esta no puede ser la salida al matoneo.

“Los colegios deben implementar estrategias para identificar a los actores de este maltrato; que los niños tengan comités conformados por estudiantes, padres y profesores a los que puedan acudir para denunciar sin miedo. Los niños que practican bullying también están emocionalmente afectados; esto no se va a resolver con una multa de $8 millones. Quizá sean hijos de papás agresivos que terminen golpeándolos y sacándolos de los colegios”, dice la especialista.

También serían multados los estudiantes que atenten contra las instalaciones y los elementos de dotación de los colegios públicos y privados, incluidos los bienes de los mismos estudiantes y profesores.

Lo cierto es que el proyecto radicado es ya el vigésimo intento en los últimos años por sacar adelante un nuevo Código de Policía. El actual data de 1970. Hace cerca de dos años, el mismo gobierno Santos —a través de los entonces ministros Rodrigo Rivera, de Defensa, y Germán Vargas Lleras, del Interior y Justicia— presentó ante el Legislativo una iniciativa que nunca prosperó. ¿Qué pasara esta vez? El Congreso tiene la palabra.

Según dijo el presidente Juan Manuel Santos, el proyecto de actualización del Código de Policía —radicado ayer en el Congreso por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el director nacional de la Policía, general José Roberto Riaño, y el consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda— busca regular las relaciones de la ciudadanía con las autoridades y las alcaldías.

La idea es proporcionarle a la fuerza instrumentos para poder intervenir en muchas situaciones que el Código actual no tiene en cuenta. “El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, pero el Código no se ha actualizado”, explicó el primer mandatario.

“Más de año y medio le hemos dedicado el proyecto. Vamos a contar con un gran instrumento, no sólo para contribuir a la seguridad y la convivencia de los colombianos, sino para que la Policía cuente con instrumentos de los que hoy carece para cumplir con su deber”, precisó por su parte Francisco José Lloreda y señaló que durante 18 meses se trabajó en la iniciativa, buscando que lo establecido en ella estuviera acorde a los actuales problemas que aquejan a la gente.

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, a la hora de entrar a analizar punto por punto se contemplan medidas que seguramente darán mucho de qué hablar, unas de ellas porque podrían ser consideradas represivas y otras tan abstractas que hacen impensable su aplicación.

Algunos ejemplos: estacionar a menos de tres metros de un hidrante implica una infracción; las ventas ambulantes serán sancionadas; deambular bajo “grave alteración del estado de conciencia” implica multa; se prohíbe vender en los vehículos de transporte público y sus conductores no podrán poner música a alto volumen; los cineclubes o cines de barrio deben registrar las películas que van a presentar ante el Ministerio de Cultura, por lo menos con un mes de anticipación, y la Policía quedará autorizada a entrar a una residencia cuando la música esté a muy alto volumen y sus moradores no hayan aceptado las recomendaciones del caso.

El proyecto incluye también un tema polémico que se ha convertido en pan de cada día: el llamado matoneo en las escuelas o bullying. En este sentido, propone que por el acoso, las amenazas y las agresiones entre estudiantes, dentro y fuera de los colegios, las familias reciban multas que podrían alcanzar los $8 millones. Una medida que ya provoca opiniones diferentes, pues hay quienes creen que el asunto, más que dinero, requiere atención a los niños agredidos y agresores. La psiquiatra Delia Hernández, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, declaró enfática que esta no puede ser la salida al matoneo.

“Los colegios deben implementar estrategias para identificar a los actores de este maltrato; que los niños tengan comités conformados por estudiantes, padres y profesores a los que puedan acudir para denunciar sin miedo. Los niños que practican bullying también están emocionalmente afectados; esto no se va a resolver con una multa de $8 millones. Quizá sean hijos de papás agresivos que terminen golpeándolos y sacándolos de los colegios”, dice la especialista.

También serían multados los estudiantes que atenten contra las instalaciones y los elementos de dotación de los colegios públicos y privados, incluidos los bienes de los mismos estudiantes y profesores.

Lo cierto es que el proyecto radicado es ya el vigésimo intento en los últimos años por sacar adelante un nuevo Código de Policía. El actual data de 1970. Hace cerca de dos años, el mismo gobierno Santos —a través de los entonces ministros Rodrigo Rivera, de Defensa, y Germán Vargas Lleras, del Interior y Justicia— presentó ante el Legislativo una iniciativa que nunca prosperó. ¿Qué pasara esta vez? El Congreso tiene la palabra.