El escrito de acusación que enreda a Armando Benedetti

Días antes de que el presidente Gustavo Petro anunciara que el exsenador Armando Benedetti será el próximo embajador en Caracas, de cara a la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, en los juzgados de Bogotá resonaba su nombre. Seis personas fueron llamadas a juicio por la entrega a dedo de un millonario contrato público en el que, al parecer, terció Benedetti, quien se ha declarado inocente. El Espectador conoció los detalles de ese expediente en la Fiscalía, que menciona con nombre propio al embajador designado, aunque la investigación en su contra se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, que ya lo citó a indagatoria en julio pasado.

El caso está relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según denuncias que datan desde 2017, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Benedetti y los también exsenadores del Partido de La U Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías. Los dos últimos han aceptado su rol en el entramado de corrupción. Pero Benedetti siempre ha dicho que se trata de una persecución de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva varios procesos en su contra. Ahora bien, el nombre del exsenador también aparece mencionado en el expediente que conduce la Fiscalía en contra de otros funcionarios.

(En contexto: A indagatoria senador Armando Benedetti por irregularidades con Fonade)

Aunque son dos entidades las encargadas de la investigación, la génesis de esta es la misma: las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y ya está colaborando con la Fiscalía. Al parecer, Henao movió sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara. El escrito de acusación en su contra dice que su misión comenzó tras “reunirse en 2016, en el Congreso, con el senador Armando Benedetti, reunión en la cual, por solicitud del senador, se convino buscar un contrato en Fonade, ajustado al objeto de la empresa Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa”.

Por estos hechos, Henao fue llamado a juicio junto a cinco personas más, entre las que hay una exasesora de la UTL de Benedetti, Elsy Mireya Pinzón. La Fiscalía sostiene en el escrito de acusación que Pinzón ingresó en repetidas ocasiones a las instalaciones de Fonade “únicamente con el fin de gestionar la adjudicación del contrato”, ya que las inusitadas visitas se dieron “de forma posterior y exclusivamente con ocasión de la reunión sostenida entre Jorge Iván Henao y su jefe, el senador Armando Benedetti”. A varias de esas reuniones, supuestamente, la mujer asistió en compañía de un lobbista de la empresa Certicámara, Juan Carlos Santofimio Vengoechea.

(Lea también: Caso Fonade se mueve en la Corte Suprema y enreda a Armando Benedetti)

Según la Fiscalía, esas visitas tenían un fin: “Presentar los servicios que prestaba la sociedad Certicámara con el fin de que resultara beneficiaria en un proceso de contratación de Fonade que se ajustara al objeto contractual de la empresa”. Tras alguna de esas reuniones, dice el escrito de acusación, Jorge Iván Henao le entregó un folleto de la empresa a otro funcionario de Fonade, el gerente del área administrativa, Héctor Amar, para que supuestamente buscara un contrato. Las gestiones, al parecer, terminaron en que en 2017 se abrió un proceso contractual de convocatoria privada a la que se invitó únicamente a tres empresas, entre ellas Certicámara.

El contrato era por un monto de $1.065 millones y tenía como objeto “el servicio de bodegaje, custodia, préstamo y actualización del inventario”. Es decir, manejar el archivo y bodegas de Fonade. La Fiscalía reprochó esta modalidad de contratación, “pues consiste en invitar a un mínimo de tres empresas a participar en el proceso de selección, limitando la libre concurrencia, bajo el argumento de que se trataba de un objeto que implicaba gestión tecnológica, cuando era un contrato de Fonade para la adquisición de servicios inherentes a su funcionamiento, el cual debía realizarse mediante convocatoria abierta”.

(Le recomendamos leer: El caso en Fonade que enreda a los exsenadores Musa Besaile y el “Ñoño” Elías)

Además, se detectaron posibles irregularidades en el proceso mismo. El funcionario que evaluó las propuestas que llegaron a Fonade firmó un documento típico en la contratación pública pidiendo aclaraciones a los oferentes. Pero solo le solicitó documentación adicional a Certicámara, aunque a las otras dos sociedades que competían les faltaba una póliza. Días después, el mismo funcionario firmó otro informe en el que concluía que el único oferente que cumplía los requisitos era Certicámara, “teniendo pleno conocimiento que en el momento oportuno no se solicitaron documentos adicionales”, a las demás empresas, según la Fiscalía.

En julio de 2017, este mismo funcionario, ahora llamado a juicio, recomendó a la dirección de Fonade aceptar la propuesta de Certicámara. Y así se hizo. Al finalizar la convocatoria, el ganador fue la empresa que, según declaraciones, había recomendado el exsenador Benedetti. En los más de seis meses que hubo entre la supuesta reunión inicial en el Congreso y la entrega del contrato a esta compañía, Elsy Mireya Pinzón y Juan Carlos Santofimio Vengoechea visitaron la sede de Fonade, para que los mantuvieran informados “del desarrollo de la etapa precontractual y de la adjudicación y firma del contrato”, asegura la Fiscalía.

(Le podría interesar: Armando Benedetti será el embajador de Colombia en Venezuela)

“El embajador Benedetti siempre se ha hecho presente ante la justicia y ahora sin duda lo hará. Ha sido exonerado del caso Odebrecht, un dictamen de la Fiscalía concluyó que no hay diferencias patrimoniales por justificar y la banca certificó que, en 25 años de usuario, los mecanismos de inteligencia bancaria no han encontrado ningún trazo equívoco o sospechoso de lavado de activos. En su momento, desistimos de una tutela que tenía como propósito que lo citaran. Ya lo hicieron y cuando fijen la fecha compareceremos”, le aseguró a este diario la defensa de Benedetti.

Los seis implicados irán a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía tiene entre sus pruebas interceptaciones telefónicas, correos, documentos que obtuvieron en inspecciones a Fonade, así como información financiera de todos los que fueron llamados a juicio. Por su parte, la magistrada Lombana ya tiene en su poder las listas de ingresos a Fonade, así como declaraciones del testigo Henao y otros personajes de este entramado, elementos que la llevaron a llamar al exsenador a indagatoria hace dos meses. Pero a la fecha, la diligencia no ha ocurrido y, en cambio, Benedetti ya está haciendo maletas para irse a Caracas.

Días antes de que el presidente Gustavo Petro anunciara que el exsenador Armando Benedetti será el próximo embajador en Caracas, de cara a la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, en los juzgados de Bogotá resonaba su nombre. Seis personas fueron llamadas a juicio por la entrega a dedo de un millonario contrato público en el que, al parecer, terció Benedetti, quien se ha declarado inocente. El Espectador conoció los detalles de ese expediente en la Fiscalía, que menciona con nombre propio al embajador designado, aunque la investigación en su contra se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, que ya lo citó a indagatoria en julio pasado.

El caso está relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según denuncias que datan desde 2017, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Benedetti y los también exsenadores del Partido de La U Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías. Los dos últimos han aceptado su rol en el entramado de corrupción. Pero Benedetti siempre ha dicho que se trata de una persecución de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva varios procesos en su contra. Ahora bien, el nombre del exsenador también aparece mencionado en el expediente que conduce la Fiscalía en contra de otros funcionarios.

(En contexto: A indagatoria senador Armando Benedetti por irregularidades con Fonade)

Aunque son dos entidades las encargadas de la investigación, la génesis de esta es la misma: las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y ya está colaborando con la Fiscalía. Al parecer, Henao movió sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara. El escrito de acusación en su contra dice que su misión comenzó tras “reunirse en 2016, en el Congreso, con el senador Armando Benedetti, reunión en la cual, por solicitud del senador, se convino buscar un contrato en Fonade, ajustado al objeto de la empresa Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa”.

Por estos hechos, Henao fue llamado a juicio junto a cinco personas más, entre las que hay una exasesora de la UTL de Benedetti, Elsy Mireya Pinzón. La Fiscalía sostiene en el escrito de acusación que Pinzón ingresó en repetidas ocasiones a las instalaciones de Fonade “únicamente con el fin de gestionar la adjudicación del contrato”, ya que las inusitadas visitas se dieron “de forma posterior y exclusivamente con ocasión de la reunión sostenida entre Jorge Iván Henao y su jefe, el senador Armando Benedetti”. A varias de esas reuniones, supuestamente, la mujer asistió en compañía de un lobbista de la empresa Certicámara, Juan Carlos Santofimio Vengoechea.

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Según la Fiscalía, esas visitas tenían un fin: “Presentar los servicios que prestaba la sociedad Certicámara con el fin de que resultara beneficiaria en un proceso de contratación de Fonade que se ajustara al objeto contractual de la empresa”. Tras alguna de esas reuniones, dice el escrito de acusación, Jorge Iván Henao le entregó un folleto de la empresa a otro funcionario de Fonade, el gerente del área administrativa, Héctor Amar, para que supuestamente buscara un contrato. Las gestiones, al parecer, terminaron en que en 2017 se abrió un proceso contractual de convocatoria privada a la que se invitó únicamente a tres empresas, entre ellas Certicámara.

El contrato era por un monto de $1.065 millones y tenía como objeto “el servicio de bodegaje, custodia, préstamo y actualización del inventario”. Es decir, manejar el archivo y bodegas de Fonade. La Fiscalía reprochó esta modalidad de contratación, “pues consiste en invitar a un mínimo de tres empresas a participar en el proceso de selección, limitando la libre concurrencia, bajo el argumento de que se trataba de un objeto que implicaba gestión tecnológica, cuando era un contrato de Fonade para la adquisición de servicios inherentes a su funcionamiento, el cual debía realizarse mediante convocatoria abierta”.

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Además, se detectaron posibles irregularidades en el proceso mismo. El funcionario que evaluó las propuestas que llegaron a Fonade firmó un documento típico en la contratación pública pidiendo aclaraciones a los oferentes. Pero solo le solicitó documentación adicional a Certicámara, aunque a las otras dos sociedades que competían les faltaba una póliza. Días después, el mismo funcionario firmó otro informe en el que concluía que el único oferente que cumplía los requisitos era Certicámara, “teniendo pleno conocimiento que en el momento oportuno no se solicitaron documentos adicionales”, a las demás empresas, según la Fiscalía.

En julio de 2017, este mismo funcionario, ahora llamado a juicio, recomendó a la dirección de Fonade aceptar la propuesta de Certicámara. Y así se hizo. Al finalizar la convocatoria, el ganador fue la empresa que, según declaraciones, había recomendado el exsenador Benedetti. En los más de seis meses que hubo entre la supuesta reunión inicial en el Congreso y la entrega del contrato a esta compañía, Elsy Mireya Pinzón y Juan Carlos Santofimio Vengoechea visitaron la sede de Fonade, para que los mantuvieran informados “del desarrollo de la etapa precontractual y de la adjudicación y firma del contrato”, asegura la Fiscalía.

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“El embajador Benedetti siempre se ha hecho presente ante la justicia y ahora sin duda lo hará. Ha sido exonerado del caso Odebrecht, un dictamen de la Fiscalía concluyó que no hay diferencias patrimoniales por justificar y la banca certificó que, en 25 años de usuario, los mecanismos de inteligencia bancaria no han encontrado ningún trazo equívoco o sospechoso de lavado de activos. En su momento, desistimos de una tutela que tenía como propósito que lo citaran. Ya lo hicieron y cuando fijen la fecha compareceremos”, le aseguró a este diario la defensa de Benedetti.

Los seis implicados irán a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía tiene entre sus pruebas interceptaciones telefónicas, correos, documentos que obtuvieron en inspecciones a Fonade, así como información financiera de todos los que fueron llamados a juicio. Por su parte, la magistrada Lombana ya tiene en su poder las listas de ingresos a Fonade, así como declaraciones del testigo Henao y otros personajes de este entramado, elementos que la llevaron a llamar al exsenador a indagatoria hace dos meses. Pero a la fecha, la diligencia no ha ocurrido y, en cambio, Benedetti ya está haciendo maletas para irse a Caracas.