El contrato del Metro de Bogotá podría cambiar y la Procuraduría advierte “riesgos”
A punto de que el consorcio chino APCA entregue a la Alcaldía y al Gobierno los estudios de ingeniería de detalle de la primera línea del Metro, la Procuraduría advierte que posibles modificaciones traerían “detrimento patrimonial” y afectaciones a la movilidad de los capitalinos.
La primera semana de febrero, el consorcio chino APCA responderá ante la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional si es viable llevar a cabo una modificación trascendental al proyecto del Metro de Bogotá: realizar un tramo subterráneo a la primera línea e, incluso, extenderla de la calle 72 hasta la calle 100. Ante las posibles modificaciones, que no están en el contrato inicial, la Procuraduría encendió alertas.
En contexto: Metro de Bogotá no solo sería subterráneo, sino que llegaría a la calle 100
La primera línea del Metro de Bogotá conectará el suroccidente con el oriente de Bogotá. Se suponía que en definitiva sería elevado, hasta que el presidente Gustavo Petro le solicitó al consorcio APCA verificar si un tramo puede ser subterráneo, ante lo cual se filtró que sí, y que tal modificación extendería en años el inicio de la operación. La Procuraduría aseguró que los riesgos están en el incremento de precios en diseños y construcción, así como en la volatilidad del dólar.
Además, según el órgano de control, los riesgos se verían representados en la “incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público”.
Le puede interesar: ¿En qué van las obras de la primera línea del Metro de Bogotá?
Según el concejal Óscar Ramírez (Centro Democrático), los cambios podrían implicar sobrecostos por hasta $9 billones y un aplazamiento en la entrega de la obra de dos años, que ya no sería en 2028, sino después de 2030. Por tanto, la Procuraduría solicitó, ante supuestos “riesgos en la gestión contractual”, revisar los informes en los que se planteará una modificación en el objeto del contrato de concesión.
El concejal Ramirez ve un problema adicional: “Las empresas China Harbour Engineering y Xi’An Metro, encargadas de este proyecto, tienen experiencia internacional en líneas elevadas de metro, no en líneas subterráneas. En caso de aprobarse la modificación, es seguro que no tendremos metro en 2028. ¿Están dispuestos los bogotanos a soportar una década más sin metro, con crisis de Transmilenio y con trancones?”, señaló a El Espectador.
Lea también: Modificar el contrato del metro elevado de Bogotá, sin una salida legal
Por su parte, la concejal María Fernanda Rojas señaló en entrevista que “lo que buscaba el presidente Petro era tener un proyecto sin ese impacto urbanístico del metro elevado en la avenida Caracas, lo cual tendría una ventaja: no habría obras sobre ese corredor, pues al ser subterráneo se necesitaría una tuneladora, evitando el impacto negativo de cierre de vías, que se requiere para construir el viaducto del metro elevado”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La primera semana de febrero, el consorcio chino APCA responderá ante la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional si es viable llevar a cabo una modificación trascendental al proyecto del Metro de Bogotá: realizar un tramo subterráneo a la primera línea e, incluso, extenderla de la calle 72 hasta la calle 100. Ante las posibles modificaciones, que no están en el contrato inicial, la Procuraduría encendió alertas.
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La primera línea del Metro de Bogotá conectará el suroccidente con el oriente de Bogotá. Se suponía que en definitiva sería elevado, hasta que el presidente Gustavo Petro le solicitó al consorcio APCA verificar si un tramo puede ser subterráneo, ante lo cual se filtró que sí, y que tal modificación extendería en años el inicio de la operación. La Procuraduría aseguró que los riesgos están en el incremento de precios en diseños y construcción, así como en la volatilidad del dólar.
Además, según el órgano de control, los riesgos se verían representados en la “incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público”.
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Según el concejal Óscar Ramírez (Centro Democrático), los cambios podrían implicar sobrecostos por hasta $9 billones y un aplazamiento en la entrega de la obra de dos años, que ya no sería en 2028, sino después de 2030. Por tanto, la Procuraduría solicitó, ante supuestos “riesgos en la gestión contractual”, revisar los informes en los que se planteará una modificación en el objeto del contrato de concesión.
El concejal Ramirez ve un problema adicional: “Las empresas China Harbour Engineering y Xi’An Metro, encargadas de este proyecto, tienen experiencia internacional en líneas elevadas de metro, no en líneas subterráneas. En caso de aprobarse la modificación, es seguro que no tendremos metro en 2028. ¿Están dispuestos los bogotanos a soportar una década más sin metro, con crisis de Transmilenio y con trancones?”, señaló a El Espectador.
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Por su parte, la concejal María Fernanda Rojas señaló en entrevista que “lo que buscaba el presidente Petro era tener un proyecto sin ese impacto urbanístico del metro elevado en la avenida Caracas, lo cual tendría una ventaja: no habría obras sobre ese corredor, pues al ser subterráneo se necesitaría una tuneladora, evitando el impacto negativo de cierre de vías, que se requiere para construir el viaducto del metro elevado”.
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