El costo humanitario de la paz total y la movilización en Buenaventura

Fueron tres días de movilizaciones en las que comunidades de Buenaventura protestaron pacíficamente en El Gallinero, la entrada al Bajo Calima, debido al confinamiento y desplazamiento forzado al que han sido sometidos por grupos armados como disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Con el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con el Clan (grupo sucesor del paramilitarismo), la población denunció que el Gobierno echó por la borda, no solamente sus esperanzas de retornar a sus territorios, sino al proyecto de paz total que promete proteger su derecho a la vida. “Estamos más afectados ahora que nunca y nos están haciendo recordar los peores momentos de la guerra”, señaló Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y de Reconciliación (Pares).

Fueron tres días de movilizaciones en las que comunidades de Buenaventura protestaron pacíficamente en El Gallinero, la entrada al Bajo Calima, debido al confinamiento y desplazamiento forzado al que han sido sometidos por grupos armados como disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Con el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con el Clan (grupo sucesor del paramilitarismo), la población denunció que el Gobierno echó por la borda, no solamente sus esperanzas de retornar a sus territorios, sino al proyecto de paz total que promete proteger su derecho a la vida. “Estamos más afectados ahora que nunca y nos están haciendo recordar los peores momentos de la guerra”, señaló Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y de Reconciliación (Pares).

La protesta, convocada por consejos comunitarios de las nueve cuencas hidrográficas de Buenaventura, junto con autoridades étnicas, territoriales y comunidades indígenas, no es nueva. Desde el 4 de marzo, una misión humanitaria de la Defensoría del pueblo había alertado sobre las confrontaciones que ocasionaron que los pobladores de las veredas inmersas en el conflicto se vieran obligadas a desplazarse desde esa zona rural del puerto de Buenaventura. Asimismo, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) había denunciado, una semana antes, que la comunidad del Río Yurumanguí se encuentra confinada y sin abastecimiento de alimentos.

Se levantan los bloqueos, ¿pero la guerra?

El propósito de la comunidad es exigirle al Gobierno Nacional acciones que garanticen la vida digna en sus territorios y a los grupos armados ilegales que cesen las violencias en contra de la población civil. Asimismo, el PCN, hizo un llamado a los actores armados, para que se garantice y respete el Derecho Internacional Humanitario, no involucrando a la población civil y las comunidades dentro de las acciones bélicas de control territorial en el marco del conflicto armado. Fue por esto que no levantaron los bloqueos a Buenaventura hasta que la viceministra de Interior, Lilia Solano, viajó hasta el territorio para llegar a un acuerdo con los voceros de la manifestación.

“Después de un diálogo y una conversa respetuosa nos ha llevado entonces a acuerdos fundamentales. Las entidades comprometidas están aquí en su conjunto con la comunidad internacional. Uno de los puntos clave es que se han logrado concertar puntos clave para el desarrollo de la vida de esta población y garantizar el derecho a la movilidad que tanto piden en conjunto a los ciudadanos”, dijo la viceministra Solano. Sobre esto, el gremio de transportadores que circulan por El Gallinero, ya habían negociado cercos humanitarios para poder pasar con sus camiones por el sector. Este viernes, por ejemplo, entre las 10 y las 12 de la mañana, el paso no tuvo ningún bloqueo por acuerdos con la comunidad.

La funcionaria también agregó, a través de su cuenta de Twitter que “solicitaremos al Ministerio de Defensa y a la Policía, en coordinación con la Alcaldía de Buenaventura, revisar las medidas especiales de seguridad y protección para las comunidades del área”. Ahora pues, los consejos comunitarios de Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Mayorquin, Yurumanguí y Naya; que conforman, en su mayoría, el Palenque el Congal del PCN y comprenden el 95% de la extensión territorial de Buenaventura, levantaron el plantón con el que se sigue evidenciando, según Pares, que es una zona donde la guerra no ha dado tregua.

A la situación de seguridad que vive la comunidad de Yurumanguí, se sumaron las especulaciones en el alza de los precios que se ha estado presentando en productos como el plátano, queso, huevos, carnes, lácteos, granos y otros víveres, sumado al acaparamiento de alimentos y medicamentos. Por esto, el PCN, le solicitó a la Fiscalía que abra una investigación debido al aumento desproporcionado en el precio de alimentos, que está afectando a comunidades negras de Buenaventura y el resto del país; y respecto de las personas, productores, fabricantes y/o distribuidores que estén realizando el acaparamiento e infiriendo de manera directa o indirecta en el aumento desmedido de los precios.

Paz total sí, pero con las comunidades rurales

La situación ya era preocupante para la comunidad de Buenaventura. Según la Defensoría del Pueblo, un total de 829 personas llegaron a inicios de marzo a las veredas San Antonio y Barranco en la cuenca del Río Yurumanguí. Hasta que el domingo 11, el presidente Gustavo Petro anunció que suspendía el cese al fuego que había ordenado desde diciembre pasado con varias organizaciones ilegales, entre ellas el Clan del Golfo. En consecuencia, se reactivaron todas las operaciones militares contra esta estructura ilegal y esto, provocó también la reanudación de enfrentamientos. Según Juan Manuel Torres, con tal anuncio del presidente, “las posibilidades de diálogo y una negociación se fueron al traste y eso también aceleró un poco la protesta”.

Geográficamente, este territorio es parte de la cordillera occidental, une la zona Andina con el Pacífico colombiano por lo que, dice el PCN, es un corredor para que grupos armados ilegales desarrollen actividades productivas y se disputen rutas y territorios afectando a la población. Así pues, la presencia y el control territorial de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencia de las Farc, la Segunda Marquetalia, y el Eln, grupos armados ilegales que operan en la zona, han estado restringiendo la movilidad dentro del territorio, sin permitir el ingreso de víveres y medicamentos, afirmó el PCN en comunicado del 25 de febrero.

Luego, con las medidas del cese bilateral desde diciembre de 2022, “lo único que hicieron fue agravar la situación”, explica Torres, “debido a los patrullajes que vienen haciendo las disidencias, por los movimientos que hicieron pensando que el Ejército no los iba a atacar; y terminaron fue enfrentándose entre ellas, poniendo en riesgo y en el medio a las comunidades”. Aunque es algo generalizado, dice el investigador Torres, hay dos cuencas en específico que desde hace más de un año vienen pasando por situaciones muy críticas: Yurumangí y Bajo Calima.

“Ellas salieron a reclamar la atención que requiere la zona rural, porque en Buenaventura se ha vendido la idea de paz total, pero ha sido muy centrada en lo urbano”, dice Torres que la movilización no es en contra del Gobierno ni del proyecto de paz total, que la comunidad reconoce que hay una voluntad de paz y que se han dado pases importantes, pero exigen una atención integral también a la zona rural. Por eso se tomaron El Gallinero, el sector de entrada al Bajo Calima (Valle del Cauca), con el cierre de esa vía era imposible el paso a la ciudad y a las otras zonas portuarias de Buenaventura.

La protesta, inicialmente, no estuvo planeada para durar los casi tres días que ajustó. El martes hubo una primera acción de habitantes de Yurumangí: se reunieron para grabar un video anunciando la movilización, y de ahí el resto de comunidades, pertenecientes a las nueve cuencas se acogieron. Para el coordinador de Pares en la región, la movilización tomó fuerza porque “fue tan contundente y grande, además la situación misma que la causó. Es que cuando los golpes de realidad son muy tozudos, cuando tú te das cuenta que, en realidad, la situación está para eso, pues va a tomar fuerza eso fue lo que pasó”, dijo Torres.

La incertidumbre también era una causa de la movilización, según Pares, y el anuncio del cese al fuego y su suspensión ha tenido un costo humanitario para la población rural de Buenaventura. Después de la captura de Otoniel, en octubre de 2021, “se da una arremetida al bajo San Juan que llegó hasta el Bajo Calima, una zona que queda a 40 minutos de Buenaventura en carro”, explica el investigador que esto detonó combates en medio de la población, por lo que el cese al fuego tendría tres dimensiones.

La primera de esas dimensiones, dice Torres, es que cambió la dinámica del conflicto armado cuando los grupos armados hicieron unas labores estratégicas de avanzada y de poder estar más de frente de los caseríos en medio de la población. La segunda, es que el Gobierno creó una expectativa y esperanza en la paz a la población y de que se iba a avanzar en procesos de alivios humanitarios. Sobre esto, la caída del cese con el Clan del Golfo representaría, para el coordinador, un sentido de desesperanza. Y lo tercero es que, según la fundación, “se ha concentrado en la zona urbana el proyecto de paz total, mientras que, las zonas rurales las están dejando para después”.

En la cabecera de Buenaventura operan las bandas: Los Shotas y los Espartanos. Entre los dos mantienen una suerte de tregua, pero en el que perdura una disputa por las rentas criminales del contrabando, el microtráfico y las extorsiones en una ciudad que, aunque cuenta con uno de los puertos más importantes del país, presenta un nivel de pobreza de alrededor del 80%. Su confrontación se manifiesta en zonas donde los asesinatos son recurrentes, así como el reclutamiento de jóvenes que no tienen garantías para su desarrollo. Ambos grupos se encuentran en diálogos con el Gobierno, lo que podría alivianar las vidas de más de 170.000 habitantes en la región portuaria.

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