El crudo informe de HRW sobre crímenes de líderes sociales
Un nuevo informe de Human Rights Watch expone la indefensión en la que se encuentran las comunidades y los líderes sociales por la inoperancia de los organismos del Estado frente a los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país.
Desde 2016 y hasta diciembre de 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) reportó 421 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia: es la más alta en la región, sin tener en cuenta el violento inicio de este 2021. El informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, que publica este miércoles la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), expone una cruda radiografía de la vulnerabilidad de los líderes sociales y de sus comunidades, sobre todo en zonas apartadas, y reclama que el gobierno de Iván Duque actúe interinstitucionalmente para poner fin a este ciclo de violencia.
Las cifras duelen. De 421 asesinatos (teniendo en cuenta que la pandemia generó demoras para verificar casos de 2020), 130 corresponden a líderes comunales, 67 a líderes comunitarios, 69 a líderes indígenas, 33 a líderes campesinos, 18 a líderes afrocolombianos, sumados a 12 casos de sindicalistas y 10 de defensores de víctimas, entre otros. El impacto sobre comunidades indígenas es “desproporcionadamente alto”, y entre el 10 y 15 % de las víctimas eran mujeres. Y los crímenes ocurrieron principalmente en zonas donde hay grupos armados (98 %), en municipios con economías ilegales (97 %) como actividades de tráfico de drogas o en municipios con niveles de pobreza superiores al promedio nacional (100 %).
A esto se suma que el 52 % de los crímenes ocurrieron en zonas donde el Gobierno anunció Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron creados en el Acuerdo de Paz para zonas afectadas históricamente por el conflicto, la pobreza, la ausencia del Estado y la presencia de economías ilegales. La violencia ha dejado a líderes asesinados en 28 de los 32 departamentos del país y en cerca del 20 % de los municipios. HRW entrevistó a 130 personas de esos departamentos, como jueces, fiscales, trabajadores humanitarios y de la Fuerza Pública; e hizo énfasis en las seis zonas más afectadas: el norte del Cauca, Catatumbo, el Pacífico sur, el Bajo Cauca, el Bajo y Alto Caguán y el piedemonte de Arauca.
¿Qué encontró? Que “las autoridades no ejercen control efectivo sobre varias zonas anteriormente controladas por las Farc, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El Gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, así como a servicios públicos. Las investigaciones de HRW indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del Gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos”, señala su informe, conocido por El Espectador.
Con fallas que limitan los esfuerzos para contrarrestar a los grupos armados, la falta de implementación del Acuerdo de Paz se evidencia. Por ello HRW citó al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado de verificar los avances de la implementación—, que en 2020 concluyó que solo se cumplieron 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019. En este panorama, las organizaciones sociales toman la palabra, se involucran con las comunidades, realizan tareas de protección que les corresponderían a las autoridades y, con ello, aumenta su visibilidad y su riesgo: “Los grupos armados a menudo oprimen a defensores de derechos humanos e intentan utilizarlos, bajo coacción, para imponer sus propias ‘reglas’ en las comunidades”.
“El apoyo de defensores de derechos humanos a algunas iniciativas establecidas en el Acuerdo de Paz también los ha puesto en riesgo. Defensores de derechos humanos han sido asesinados porque apoyaron proyectos para sustituir los cultivos ilícitos con cultivos de alimentos o porque participaron en tales proyectos. La implementación de los planes gubernamentales que buscan darle asistencia económica y técnica a los campesinos para la sustitución de cultivos a menudo ha sido lenta, y estos planes enfrentan una férrea oposición por parte de los grupos armados, que emplean violencia y amenazas para obligar a las comunidades a seguir cultivando coca”, dice el informe.
HRW afirma que es hora de que el Estado se ocupe de las causas del problema haciendo esfuerzos para frenar grupos armados y delincuencia organizada, activando investigaciones judiciales y eficaces, presentándose en regiones apartadas y tomando acciones ante la rentabilidad del tráfico ilegal de drogas. “Es fundamental que el Gobierno adopte medidas significativas para terminar con este ciclo de violencia que lleva décadas, incluso considerando enfoques alternativos a la política de drogas que reduzcan la rentabilidad del narcotráfico”, señaló el organismo internacional que expuso falencias más específicas en esta tarea.
Por ejemplo, HRW cuestionó que la Unidad Nacional de Protección solo ofrezca esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas debidamente interpuestas, cuando muchos de los líderes asesinados no pudieron tramitar la denuncia. De otro lado, advirtió que la respuesta nacional a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha sido casi nula y que, si bien se han creado nuevos mecanismos, estos o no funcionan o presentan graves falencias: “Hay una implementación lenta de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo. El gobierno del presidente Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo encargado de diseñar políticas para prevenir los asesinatos. Su trabajo hasta la fecha ha sido poco significativo y no ha dado resultados concretos”.
“El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO), encabezado por el Ministerio del Interior, tiene un mandato poco claro y ha tenido escaso impacto en los territorios. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación no ha implementado un plan anunciado en 2019 para proteger a los civiles que participan en planes para sustituir los cultivos de coca, incluidos defensores de derechos humanos. No ha habido avances decisivos en la implementación de un plan de 2019 del Ministerio del Interior para proteger a líderes de las Juntas de Acción Comunal”, agregó HRW.
El reporte de la ONG señala que si bien la justicia ha actuado para esclarecer estos crímenes, los procesos penales tienen deficiencias, pues hay pocos jueces y fiscales para las zonas más afectadas por los asesinatos, no se ha puesto en marcha el “cuerpo especial” de jueces que anunció el presidente Duque en mayo de 2019 y dijo que los organismos creados por el Acuerdo de Paz para ocuparse de estos crímenes -en particular, la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía- “tienen capacidades limitadas y personal insuficiente, y en algunos casos han sufrido recortes presupuestarios”. De los 421 casos, la Fiscalía reportó en enero pasado a HRW la identificación de 57 de los presuntos determinadores del crimen.
El informe apunta que las autoridades no han podido esclarecer en muchos casos a los responsables, aunque resaltó que, en procesos por 257 crímenes, la Fiscalía considera que los grupos armados fueron responsables de la mayoría de los casos (174). Se trata de las disidencias de las Farc en 62 casos, grupos de delincuencia común organizada en 35, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en 24, el Eln en 23, el Epl en 12, los Caparros en 6, otros grupos delictivos organizados como responsables de 11 casos más y uno atribuido al grupo Contadores (que son también disidencias de las Farc), en Nariño.
“Las autoridades consideran que integrantes de la Fuerza Pública fueron responsables de otros 10 casos (incluidos seis en investigación en la justicia penal militar), y que la evidencia en otros 78 casos sugiere que los responsables fueron personas que no tenían vínculos con los grupos armados o que actuaron por “interés propio”.La ONG analizó 34 condenas dictadas y encontró que en 19 de ellas el juez no indicó los móviles del crimen, en 25 no reportó si el acusado era parte de un grupo armado y en 27 no se incluyó por el operador judicial un análisis de contexto más amplio en el cual se cometió el homicidio.
El documento señala que no ha habido justicia en tres casos de violencia sexual contra defensoras de derechos humanos reportados desde 2016. Y expone que a corte del 31 de diciembre de 2020, la Fiscalía ha recibido 3.731 denuncias de amenazas contra defensores de derechos humanos, mientras que la Defensoría reportó entre enero de 2016 y junio de 2020, un total de 2.829 casos de amenazas. Se suma que la Procuraduría, hasta marzo de 2020, había iniciado 17 investigaciones sobre asesinatos de defensores y otros activistas, en las cuales los implicados o habían tenido un rol activo en el crimen o por falta de cumplir sus deberes legales, casos que siguen en etapas preliminares.
En este contexto, HRW solicitó al presidente Duque iniciar un proceso con participación activa de la sociedad para reforzar los mecanismos de protección de líderes, así como definir qué hacer con el Plan de Acción Oportuna e intensificar esfuerzos en zonas remotas y abordar en ellas “las causas subyacentes de la violencia, incluso implementando los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), orientados a aumentar la presencia de instituciones estatales en municipios remotos de Colombia”.
Igualmente, se recomendó trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo para responder más rápido a las alertas tempranas, aumentar el presupuesto de la UNP, trabajar con la comunidad para diseñar esquemas de protección adecuados para zonas rurales y con enfoque diferencial e incluso transferir el programa de protección colectiva de la UNP al Ministerio del Interior. Entre otros, el informe propone financiar debidamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, crear el ya anunciado cuerpo especial de jueces encargado de juzgar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y aumentar el rango del Cuerpo Élite.
Los casos regionales
HRW detalló la situación del norte del Cauca, el Catatumbo, el Pacífico sur, el Bajo Cauca, el Bajo y Alto Caguán y el piedemonte de Arauca, por ser las subregiones que registran las cifras más altas de crímenes, recogiendo cerca del 30 % de los casos perpetrados en todo el país entre 2016 y 2020. Sobre el norte del Cauca, en donde se reportaron 41 crímenes, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta diciembre de 2020 (96, según la Defensoría), HRW expuso cómo la presencia del Eln y de las disidencias de las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, y de la Segunda Marquetalia (creada por Iván Márquez al abandonar el proceso de paz), son los responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y amenazas.
El incremento de tropas desde 2019 (3.850 efectivos) no ha significado una mejora, sostiene la ONG. “Los grupos armados siguen controlando zonas en su mayoría rurales y cometen abusos atroces”, dice el informe. Buena parte de las víctimas fueron líderes indígenas, así como líderes campesinos que apoyan la sustitución de cultivos de uso ilícito, líderes afrocolombianos que se han opuesto a la minería ilegal. La Fiscalía le reportó a HRW, 276 investigaciones de amenazas desde 2016, aunque fiscales que hablaron de forma anónima con la organización reportaron la recepción de hasta 25 amenazas contra defensores por semana. Y advirtieron una posible connivencia de la Fuerza Pública con actores ilegales.
“Por los retenes de la Policía y los puestos de control del Ejército pasan las retroexcavadoras y los insumos para la minería ilegal, y a pesar de las denuncias no se realizan los operativos de control”, señaló un líder afrocolombiano a HRW. En el Catatumbo (región compuesta por 11 municipios de Norte de Santander), HRW expuso la presencia del Eln, el Epl y la disidencia del frente 33 de las Farc, que se disputan el territorio, y en donde desde 2018 se ha desplegado fuerza militar que suma 5.600 efectivos. Allí se reportaron los homicidios de 24 defensores de derechos humanos desde 2016, incluidos 17 autoridades de las juntas de acción comunal, según la Oficina del Alto Comisionado, y 29 de la Defensoría.
Las víctimas eran civiles ajenos al conflicto o personas señaladas de tener vínculos con grupos ilegales, sin que ello se comprobara, y se detectó que los asesinatos se usaron como método de coacción para ejercer control. La región del Pacífico sur que reseña HRW se refiere a Tumaco, Francisco Pizarro y Nariño, en donde convergen cuatro disidencias de las Farc: el frente Óliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico y, más recientemente, el bloque Occidental Alfonso Cano y el frente 301, así como el grupo autodenominado Contadores. Todos operan en uno de los departamentos las mayores superficies de cultivos de coca en Colombia.
Con la población civil sujeta al vaivén de su actividad criminal, alianzas y rupturas, la Fuerza Pública anunció 9.000 efectivos más. No obstante, en Tumaco se reportaron 175 homicidios de civiles entre enero y noviembre de 2020. “Si bien la Oficina del Acnudh y la Defensoría no han reportado asesinatos de defensores de derechos humanos en Francisco Pizarro, se produjeron numerosos hechos de este tipo en Tumaco. Según la Oficina, Tumaco es el municipio con la mayor cantidad de defensores de derechos humanos asesinados desde 2016, con 15 casos. La Defensoría ubica a Tumaco en tercer lugar desde 2016, con 20 casos”, agrega el reporte, que da cuenta de 61 pesquisas que inició la Fiscalía por amenazas a defensores.
Sobre el Bajo Cauca (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en Antioquia), HRW detalló la confluencia de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo), una de sus disidencias llamada los Caparros, integrantes del Eln y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. En la zona, con importante producción de coca y minas de oro ilegales, se han reportado 15 asesinados de defensores entre 2016 y 2020 (34 de la Defensoría), amenazas y desplazamiento forzado. Las víctimas eran integrantes de juntas de acción comunal, personas que se negaron a “recibir órdenes”, a ser extorsionadas o defensores ligados a los planes de sustitución de cultivos, siendo ese ítem el que más relaciona amenazas recibidas por fiscales locales.
Sobre el Bajo y Alto Caguán, en Caquetá, HRW señaló que el vacío dejado por la desmovilización de la guerrilla fue llenado por las disidencias de los frentes Séptimo, 40 y 62. Y que han llegado integrantes de la Segunda Marquetalia a algunas zonas al oeste de San Vicente del Caguán, en límites con el Meta. Allí se reportaron 11 crímenes de defensores, según la Oficina (14 indicó la Defensoría). Las víctimas eran en su mayoría integrantes de juntas de acción comunal que hacen tareas asociadas con funcionarios de gobiernos locales ante la falta de presencia estatal, hecho que los expone también a amenazas (hay 212 investigaciones en curso).
Y sobre el piedemonte de Arauca (Saravena, Fortul y Tame), HRW indicó que allí se encuentran el Eln y la disidencia del frente Décimo de las Farc, que son responsables de asesinatos, secuestros, violencia sexual, reclutamiento de menores y trabajo forzado. Allí se documentaron 10 crímenes de defensores, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 12 de la Defensoría, y la Fiscalía reportó que hay 53 investigaciones abiertas por amenazas contra líderes desde 2016.
Más recomendaciones
De otro lado, la ONG recomendó a la Fiscalía que impulse investigaciones para encontrar quiénes dieron las órdenes o aprobaron los crímenes de defensores de derechos humanos, incluso si es necesario realizar preacuerdos con los autores materiales. Y, por eso, pidió aprobar lineamientos sobre cómo deberían realizarse dichos acuerdos. Además, solicitó aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en las regiones. Al Consejo Superior de la Judicatura le solicitó establecer un cuerpo especial de jueces para encarar estos casos y aumentar su presencia en donde sean necesarios.
HRW considera necesario además establecer la categoría de “defensor de derechos humanos” en el sistema de información estadística de la Rama Judicial para que la información relacionada con dichos casos sea de dominio público y se encuentre desglosada por origen étnico, género, raza, edad y otros factores demográficos. Entre tanto, se solicitó a la Defensoría fortalecer el trabajo del sistema de alertas tempranas y a la Procuraduría adelantar las investigaciones disciplinarias necesarias.
Además, el organismo internacional cree necesario trabajar de manera conjunta entre organismos de control y entidades territoriales para abordar los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características que puedan afectar sus riesgos. Y recomendó a los gobiernos donantes, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, “condicionar la asistencia en materia de seguridad a la adopción de reformas que aseguren que estos mecanismos se implementen de manera significativa, tengan un impacto sustancial en el terreno y atiendan las necesidades específicas de los defensores de derechos humanos en riesgo”.
“Condicionar la asistencia en materia de seguridad a Colombia a que existan mejoras verificables y concretas relacionadas con los derechos humanos en el país, en especial en lo que respecta a los asesinatos de defensores de derechos humanos. (Y) llevar a cabo una evaluación de las políticas y programas estadounidenses sobre drogas y seguridad en Colombia para cerciorarse de que ayuden a resolver las causas subyacentes de los asesinatos de defensores de derechos humanos”.
*Le recomendamos:
*Condenan a asesino de líder social de Tarazá, Nolberto Alonso Gutiérrez
*El Estado le pide a la Corte IDH que el caso UP se limite a 219 víctimas
Desde 2016 y hasta diciembre de 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) reportó 421 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia: es la más alta en la región, sin tener en cuenta el violento inicio de este 2021. El informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, que publica este miércoles la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), expone una cruda radiografía de la vulnerabilidad de los líderes sociales y de sus comunidades, sobre todo en zonas apartadas, y reclama que el gobierno de Iván Duque actúe interinstitucionalmente para poner fin a este ciclo de violencia.
Las cifras duelen. De 421 asesinatos (teniendo en cuenta que la pandemia generó demoras para verificar casos de 2020), 130 corresponden a líderes comunales, 67 a líderes comunitarios, 69 a líderes indígenas, 33 a líderes campesinos, 18 a líderes afrocolombianos, sumados a 12 casos de sindicalistas y 10 de defensores de víctimas, entre otros. El impacto sobre comunidades indígenas es “desproporcionadamente alto”, y entre el 10 y 15 % de las víctimas eran mujeres. Y los crímenes ocurrieron principalmente en zonas donde hay grupos armados (98 %), en municipios con economías ilegales (97 %) como actividades de tráfico de drogas o en municipios con niveles de pobreza superiores al promedio nacional (100 %).
A esto se suma que el 52 % de los crímenes ocurrieron en zonas donde el Gobierno anunció Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron creados en el Acuerdo de Paz para zonas afectadas históricamente por el conflicto, la pobreza, la ausencia del Estado y la presencia de economías ilegales. La violencia ha dejado a líderes asesinados en 28 de los 32 departamentos del país y en cerca del 20 % de los municipios. HRW entrevistó a 130 personas de esos departamentos, como jueces, fiscales, trabajadores humanitarios y de la Fuerza Pública; e hizo énfasis en las seis zonas más afectadas: el norte del Cauca, Catatumbo, el Pacífico sur, el Bajo Cauca, el Bajo y Alto Caguán y el piedemonte de Arauca.
¿Qué encontró? Que “las autoridades no ejercen control efectivo sobre varias zonas anteriormente controladas por las Farc, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El Gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, así como a servicios públicos. Las investigaciones de HRW indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del Gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos”, señala su informe, conocido por El Espectador.
Con fallas que limitan los esfuerzos para contrarrestar a los grupos armados, la falta de implementación del Acuerdo de Paz se evidencia. Por ello HRW citó al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado de verificar los avances de la implementación—, que en 2020 concluyó que solo se cumplieron 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019. En este panorama, las organizaciones sociales toman la palabra, se involucran con las comunidades, realizan tareas de protección que les corresponderían a las autoridades y, con ello, aumenta su visibilidad y su riesgo: “Los grupos armados a menudo oprimen a defensores de derechos humanos e intentan utilizarlos, bajo coacción, para imponer sus propias ‘reglas’ en las comunidades”.
“El apoyo de defensores de derechos humanos a algunas iniciativas establecidas en el Acuerdo de Paz también los ha puesto en riesgo. Defensores de derechos humanos han sido asesinados porque apoyaron proyectos para sustituir los cultivos ilícitos con cultivos de alimentos o porque participaron en tales proyectos. La implementación de los planes gubernamentales que buscan darle asistencia económica y técnica a los campesinos para la sustitución de cultivos a menudo ha sido lenta, y estos planes enfrentan una férrea oposición por parte de los grupos armados, que emplean violencia y amenazas para obligar a las comunidades a seguir cultivando coca”, dice el informe.
HRW afirma que es hora de que el Estado se ocupe de las causas del problema haciendo esfuerzos para frenar grupos armados y delincuencia organizada, activando investigaciones judiciales y eficaces, presentándose en regiones apartadas y tomando acciones ante la rentabilidad del tráfico ilegal de drogas. “Es fundamental que el Gobierno adopte medidas significativas para terminar con este ciclo de violencia que lleva décadas, incluso considerando enfoques alternativos a la política de drogas que reduzcan la rentabilidad del narcotráfico”, señaló el organismo internacional que expuso falencias más específicas en esta tarea.
Por ejemplo, HRW cuestionó que la Unidad Nacional de Protección solo ofrezca esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas debidamente interpuestas, cuando muchos de los líderes asesinados no pudieron tramitar la denuncia. De otro lado, advirtió que la respuesta nacional a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha sido casi nula y que, si bien se han creado nuevos mecanismos, estos o no funcionan o presentan graves falencias: “Hay una implementación lenta de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo. El gobierno del presidente Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo encargado de diseñar políticas para prevenir los asesinatos. Su trabajo hasta la fecha ha sido poco significativo y no ha dado resultados concretos”.
“El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO), encabezado por el Ministerio del Interior, tiene un mandato poco claro y ha tenido escaso impacto en los territorios. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación no ha implementado un plan anunciado en 2019 para proteger a los civiles que participan en planes para sustituir los cultivos de coca, incluidos defensores de derechos humanos. No ha habido avances decisivos en la implementación de un plan de 2019 del Ministerio del Interior para proteger a líderes de las Juntas de Acción Comunal”, agregó HRW.
El reporte de la ONG señala que si bien la justicia ha actuado para esclarecer estos crímenes, los procesos penales tienen deficiencias, pues hay pocos jueces y fiscales para las zonas más afectadas por los asesinatos, no se ha puesto en marcha el “cuerpo especial” de jueces que anunció el presidente Duque en mayo de 2019 y dijo que los organismos creados por el Acuerdo de Paz para ocuparse de estos crímenes -en particular, la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía- “tienen capacidades limitadas y personal insuficiente, y en algunos casos han sufrido recortes presupuestarios”. De los 421 casos, la Fiscalía reportó en enero pasado a HRW la identificación de 57 de los presuntos determinadores del crimen.
El informe apunta que las autoridades no han podido esclarecer en muchos casos a los responsables, aunque resaltó que, en procesos por 257 crímenes, la Fiscalía considera que los grupos armados fueron responsables de la mayoría de los casos (174). Se trata de las disidencias de las Farc en 62 casos, grupos de delincuencia común organizada en 35, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en 24, el Eln en 23, el Epl en 12, los Caparros en 6, otros grupos delictivos organizados como responsables de 11 casos más y uno atribuido al grupo Contadores (que son también disidencias de las Farc), en Nariño.
“Las autoridades consideran que integrantes de la Fuerza Pública fueron responsables de otros 10 casos (incluidos seis en investigación en la justicia penal militar), y que la evidencia en otros 78 casos sugiere que los responsables fueron personas que no tenían vínculos con los grupos armados o que actuaron por “interés propio”.La ONG analizó 34 condenas dictadas y encontró que en 19 de ellas el juez no indicó los móviles del crimen, en 25 no reportó si el acusado era parte de un grupo armado y en 27 no se incluyó por el operador judicial un análisis de contexto más amplio en el cual se cometió el homicidio.
El documento señala que no ha habido justicia en tres casos de violencia sexual contra defensoras de derechos humanos reportados desde 2016. Y expone que a corte del 31 de diciembre de 2020, la Fiscalía ha recibido 3.731 denuncias de amenazas contra defensores de derechos humanos, mientras que la Defensoría reportó entre enero de 2016 y junio de 2020, un total de 2.829 casos de amenazas. Se suma que la Procuraduría, hasta marzo de 2020, había iniciado 17 investigaciones sobre asesinatos de defensores y otros activistas, en las cuales los implicados o habían tenido un rol activo en el crimen o por falta de cumplir sus deberes legales, casos que siguen en etapas preliminares.
En este contexto, HRW solicitó al presidente Duque iniciar un proceso con participación activa de la sociedad para reforzar los mecanismos de protección de líderes, así como definir qué hacer con el Plan de Acción Oportuna e intensificar esfuerzos en zonas remotas y abordar en ellas “las causas subyacentes de la violencia, incluso implementando los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), orientados a aumentar la presencia de instituciones estatales en municipios remotos de Colombia”.
Igualmente, se recomendó trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo para responder más rápido a las alertas tempranas, aumentar el presupuesto de la UNP, trabajar con la comunidad para diseñar esquemas de protección adecuados para zonas rurales y con enfoque diferencial e incluso transferir el programa de protección colectiva de la UNP al Ministerio del Interior. Entre otros, el informe propone financiar debidamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, crear el ya anunciado cuerpo especial de jueces encargado de juzgar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y aumentar el rango del Cuerpo Élite.
Los casos regionales
HRW detalló la situación del norte del Cauca, el Catatumbo, el Pacífico sur, el Bajo Cauca, el Bajo y Alto Caguán y el piedemonte de Arauca, por ser las subregiones que registran las cifras más altas de crímenes, recogiendo cerca del 30 % de los casos perpetrados en todo el país entre 2016 y 2020. Sobre el norte del Cauca, en donde se reportaron 41 crímenes, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta diciembre de 2020 (96, según la Defensoría), HRW expuso cómo la presencia del Eln y de las disidencias de las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, y de la Segunda Marquetalia (creada por Iván Márquez al abandonar el proceso de paz), son los responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y amenazas.
El incremento de tropas desde 2019 (3.850 efectivos) no ha significado una mejora, sostiene la ONG. “Los grupos armados siguen controlando zonas en su mayoría rurales y cometen abusos atroces”, dice el informe. Buena parte de las víctimas fueron líderes indígenas, así como líderes campesinos que apoyan la sustitución de cultivos de uso ilícito, líderes afrocolombianos que se han opuesto a la minería ilegal. La Fiscalía le reportó a HRW, 276 investigaciones de amenazas desde 2016, aunque fiscales que hablaron de forma anónima con la organización reportaron la recepción de hasta 25 amenazas contra defensores por semana. Y advirtieron una posible connivencia de la Fuerza Pública con actores ilegales.
“Por los retenes de la Policía y los puestos de control del Ejército pasan las retroexcavadoras y los insumos para la minería ilegal, y a pesar de las denuncias no se realizan los operativos de control”, señaló un líder afrocolombiano a HRW. En el Catatumbo (región compuesta por 11 municipios de Norte de Santander), HRW expuso la presencia del Eln, el Epl y la disidencia del frente 33 de las Farc, que se disputan el territorio, y en donde desde 2018 se ha desplegado fuerza militar que suma 5.600 efectivos. Allí se reportaron los homicidios de 24 defensores de derechos humanos desde 2016, incluidos 17 autoridades de las juntas de acción comunal, según la Oficina del Alto Comisionado, y 29 de la Defensoría.
Las víctimas eran civiles ajenos al conflicto o personas señaladas de tener vínculos con grupos ilegales, sin que ello se comprobara, y se detectó que los asesinatos se usaron como método de coacción para ejercer control. La región del Pacífico sur que reseña HRW se refiere a Tumaco, Francisco Pizarro y Nariño, en donde convergen cuatro disidencias de las Farc: el frente Óliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico y, más recientemente, el bloque Occidental Alfonso Cano y el frente 301, así como el grupo autodenominado Contadores. Todos operan en uno de los departamentos las mayores superficies de cultivos de coca en Colombia.
Con la población civil sujeta al vaivén de su actividad criminal, alianzas y rupturas, la Fuerza Pública anunció 9.000 efectivos más. No obstante, en Tumaco se reportaron 175 homicidios de civiles entre enero y noviembre de 2020. “Si bien la Oficina del Acnudh y la Defensoría no han reportado asesinatos de defensores de derechos humanos en Francisco Pizarro, se produjeron numerosos hechos de este tipo en Tumaco. Según la Oficina, Tumaco es el municipio con la mayor cantidad de defensores de derechos humanos asesinados desde 2016, con 15 casos. La Defensoría ubica a Tumaco en tercer lugar desde 2016, con 20 casos”, agrega el reporte, que da cuenta de 61 pesquisas que inició la Fiscalía por amenazas a defensores.
Sobre el Bajo Cauca (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, en Antioquia), HRW detalló la confluencia de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo), una de sus disidencias llamada los Caparros, integrantes del Eln y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. En la zona, con importante producción de coca y minas de oro ilegales, se han reportado 15 asesinados de defensores entre 2016 y 2020 (34 de la Defensoría), amenazas y desplazamiento forzado. Las víctimas eran integrantes de juntas de acción comunal, personas que se negaron a “recibir órdenes”, a ser extorsionadas o defensores ligados a los planes de sustitución de cultivos, siendo ese ítem el que más relaciona amenazas recibidas por fiscales locales.
Sobre el Bajo y Alto Caguán, en Caquetá, HRW señaló que el vacío dejado por la desmovilización de la guerrilla fue llenado por las disidencias de los frentes Séptimo, 40 y 62. Y que han llegado integrantes de la Segunda Marquetalia a algunas zonas al oeste de San Vicente del Caguán, en límites con el Meta. Allí se reportaron 11 crímenes de defensores, según la Oficina (14 indicó la Defensoría). Las víctimas eran en su mayoría integrantes de juntas de acción comunal que hacen tareas asociadas con funcionarios de gobiernos locales ante la falta de presencia estatal, hecho que los expone también a amenazas (hay 212 investigaciones en curso).
Y sobre el piedemonte de Arauca (Saravena, Fortul y Tame), HRW indicó que allí se encuentran el Eln y la disidencia del frente Décimo de las Farc, que son responsables de asesinatos, secuestros, violencia sexual, reclutamiento de menores y trabajo forzado. Allí se documentaron 10 crímenes de defensores, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 12 de la Defensoría, y la Fiscalía reportó que hay 53 investigaciones abiertas por amenazas contra líderes desde 2016.
Más recomendaciones
De otro lado, la ONG recomendó a la Fiscalía que impulse investigaciones para encontrar quiénes dieron las órdenes o aprobaron los crímenes de defensores de derechos humanos, incluso si es necesario realizar preacuerdos con los autores materiales. Y, por eso, pidió aprobar lineamientos sobre cómo deberían realizarse dichos acuerdos. Además, solicitó aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en las regiones. Al Consejo Superior de la Judicatura le solicitó establecer un cuerpo especial de jueces para encarar estos casos y aumentar su presencia en donde sean necesarios.
HRW considera necesario además establecer la categoría de “defensor de derechos humanos” en el sistema de información estadística de la Rama Judicial para que la información relacionada con dichos casos sea de dominio público y se encuentre desglosada por origen étnico, género, raza, edad y otros factores demográficos. Entre tanto, se solicitó a la Defensoría fortalecer el trabajo del sistema de alertas tempranas y a la Procuraduría adelantar las investigaciones disciplinarias necesarias.
Además, el organismo internacional cree necesario trabajar de manera conjunta entre organismos de control y entidades territoriales para abordar los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características que puedan afectar sus riesgos. Y recomendó a los gobiernos donantes, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, “condicionar la asistencia en materia de seguridad a la adopción de reformas que aseguren que estos mecanismos se implementen de manera significativa, tengan un impacto sustancial en el terreno y atiendan las necesidades específicas de los defensores de derechos humanos en riesgo”.
“Condicionar la asistencia en materia de seguridad a Colombia a que existan mejoras verificables y concretas relacionadas con los derechos humanos en el país, en especial en lo que respecta a los asesinatos de defensores de derechos humanos. (Y) llevar a cabo una evaluación de las políticas y programas estadounidenses sobre drogas y seguridad en Colombia para cerciorarse de que ayuden a resolver las causas subyacentes de los asesinatos de defensores de derechos humanos”.
*Le recomendamos: