El “curioso” lío de tierras que involucra al congresista Óscar Villamizar

Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y sus dos hermanos, Íngrid y Danny, deberán devolverle a una familia campesina un predio despojado, según la justicia, de una manera “bien curiosa”. Así lo ordenó la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta, al anular los contratos y registros que llevaron a que, desde 2008, los hijos del condenado exsenador Alirio Villamizar se quedaran con un enorme predio ubicado en el municipio de Girón. No obstante, aunque ya hay una sentencia, quedan varias preguntas sin resolver en este caso que involucra el conflicto armado, una poderosa familia de Santander y hasta a la multinacional Exxon.

Los cabos sueltos de esta historia llevaron a que se compulsaran copias a la Fiscalía para que investigue lo ocurrido. Mientras tanto, los hermanos Villamizar deberán devolver el predio a Martha Capacho, una mujer a la que la guerra ya le arrebató su tierra y su esposo. Aunque el congresista uribista y sus hermanos intentaron una y otra vez defenderse diciendo que la mujer no era víctima del conflicto armado y que el negocio había sido transparente, la justicia les cuestionó que nunca hicieron la debida diligencia para adquirir un bien ubicado en un lugar que, por años, fue un enclave guerrillero y de los paramilitares.

A la casa de Martha Capacho, una campesina de Girón (Santander), llegaron hombres armados en octubre de 1997. Se identificaron como guerrilleros. “Agarraron las puertas a pata, preguntaron quién era mi esposo, nos dijeron que teníamos que desocupar la finca, que la vida de nosotros corría peligro, que estábamos mal informados por los vecinos por tener un radioteléfono en la finca. Que, según ellos, nosotros le dábamos [al Ejército] información de ellos. Inmediatamente dejamos la finca botada. En ese momento operaban las Farc, pero también estaban empezando a entrar los paramilitares”, le contó Capacho a la justicia.

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El esposo de Capacho, Óscar Duarte, había comprado nueve años antes, en 1988, la finca, llamada Puerto Rico, ubicada en la vereda Marta del municipio de Girón. El predio tiene casi 1,73 kilómetros cuadrados ―el parque Simón Bolívar, en Bogotá, tiene 1,13― y colinda con dos fuentes hídricas: por el norte el río Sucio y por el sur el río Sogamoso. Tras el ultimátum de la guerrilla, empacaron sus cosas y a la mañana siguiente se fueron a Bucaramanga en el camión que distribuía la leche. De camino a la ciudad, se encontraron con un retén de paramilitares que los hicieron bajar del vehículo, pero no les hicieron daño porque Capacho tenía ocho meses de embarazo.

Desde ese momento, el terreno quedó deshabitado. Años después del desplazamiento, aparecieron en el radar los hermanos Villamizar de una forma, en palabras del Tribunal de Cúcuta, “bien curiosa”. Luego de abandonar sus tierras, la familia se refugió en un hogar de confianza en Bucaramanga. Allí fueron contactados por Jairo Mantilla (ver precisión sobre la identidad al final), quien les propuso una permuta: intercambiar el predio por una casa hipotecada que el negociante tenía en la capital de Santander. “La casa estaba embargada, pero como el dicho: ‘del ahogado el sombrero’. Dije: ‘vendemos la casa, pagamos lo que deben al banco y nos quedamos con una parte”, explicó Capacho en el proceso.

El negocio al final se finiquitó el 17 de junio de 1999 con la firma de la escritura. Pero como propietario en los papeles no figuró Jairo Mantilla, quien estaba haciendo el negocio, sino su cuñada: Luisa Castellanos Rodríguez. El valor en el que se tasó la finca para hacer esta permuta, según las escrituras, fue $49 millones. No obstante, un peritaje del Instituto Agustín Codazzi le demostró al Tribunal de Cúcuta que para ese momento el predio podría rondar los $226 millones. Más de cuatro veces el valor. Ahí no acaban las peripecias. Tiempo después, Capacho advirtió que conocían a Castellanos desde antes de firmar el negocio.

Castellanos, cuñada de Mantilla, era la misma profesional de la Gobernación de Santander que el 21 de abril de 1998, en Bucaramanga, le recibió a Capacho y su familia la denuncia sobre el desplazamiento forzado que los había sacado de Puerto Rico. “Nosotros sí queríamos venderla”, reconoció en su declaración Martha Capacho sobre su voluntad de hacer el negocio, “porque nosotros no queríamos volver allá. Apareció un señor en la casa, Jairo Mantilla, ofreciéndonos que si la queríamos vender, pues que él tenía un posible comprador. No sé cómo se enteraría él de que nosotros teníamos una finca en venta”.

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En 2001, el esposo de Capacho fue asesinado en el corregimiento de San Rafael de Lebrija (Santander), al parecer, por grupos paramilitares. Fue esta sucesión de hechos violentos y “curiosos” que vivieron Martha y sus hijos los que llevaron al Tribunal a concluir: “La permuta [propuesta por Jairo Mantilla] fue el resultado de la injerencia de hechos propios del conflicto, porque no podían volver en razón de los sucesos que los victimizaron, que incluso resultaron luego agravados con el ulterior asesinato de Óscar Duarte”. Volviendo a la historia del predio, el 4 de octubre de 2002, la finca Puerto Rico cambió de dueña y, en lugar de ser Luisa Castellanos, ahora la propietario pasó a ser Nancy Mantilla, hermana de Jairo Mantilla.

Esta última mujer, a su vez, fue quien el 22 de febrero de 2008 les vendió la finca a los hermanos Villamizar Meneses. Según los testimonios que recopiló el Tribunal, sin embargo, la negociación la hizo directamente Jairo Mantilla con los hijos del exsenador Alirio Villamizar. “Era dable concluir razonablemente que todos estos, por el parentesco y la admitida cercanía de su relación, deberían ser sabedores del desplazamiento de Óscar Duarte”, advirtió la Sala de Restitución de Tierras. Los Villamizar, en su defensa, tomaron distancia de toda la situación de violencia que rodeaba a la región.

Óscar Villamizar y sus hermanos le explicaron al tribunal que no tenían relación con la situación de violencia de Girón en los años 90. Pero en los procesos de restitución de tierras se tiene que probar algo más: la buena fe exenta de culpa. Es decir, los compradores tienen que demostrar que agotaron todas las averiguaciones para asegurarse de que el predio no tuviera relación con un hecho violento o corrupto. Danny Villamizar, hermano del congresista, le explicó al tribunal: “Le preguntamos a él [Jairo Mantilla], se lo preguntamos a los vivientes, en cada una de las fincas que estuvimos, en ese sector y en otras zonas, si eran fincas con algún problema legal”. Y, aclara Villamizar, siempre les dijeron que no.

Además, los hermanos aportaron un informe reservado de inteligencia de la Quinta Brigada del Ejército en el que se lee: “En la vereda la Marta, municipio de Girón, en Santander, no se encontró registro sobre presencia de grupos al margen de la ley, que pudieran desestabilizar la seguridad ciudadana en la región para los años 2006 y 2007”. No obstante, el Tribunal desechó esa prueba por tres razones: era un documento reservado; porque se refería a la situación casi diez años después del desplazamiento de la familia Duarte Capacho; y porque fue expedido en 2009, un año después de que el predio pasó a ser de la familia Villamizar.

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Por otro lado, los Villamizar advirtieron durante el proceso de restitución que la pareja de Capacho, Óscar Duarte, usaba el predio Puerto Rico para desguazar carros hurtados. El Tribunal tampoco tuvo en cuenta ese argumento de defensa, pues, aunque el hombre fue condenado por el delito de encubrimiento, los hechos ni siquiera tuvieron lugar en la finca de Girón y ocurrieron tiempo después del desplazamiento. Asimismo, los hermanos pusieron en duda durante la investigación que Martha Capacho fuera víctima de desplazamiento, pues, dijeron, presentó la denuncia por desplazamiento años después de ocurrido y porque en la Unidad de Víctimas tampoco había registro de lo sucedido.

Pero estaban equivocados. El Tribunal logró evidenciar que la denuncia se había radicado tiempo después del desplazamiento y que, por ese mismo hecho, sí estaban registrados en la unidad. Durante el proceso de restitución de tierras quedó también en evidencia qué ocurrió con el predio cuando pasó a manos de los hermanos: montaron una plantación de caucho que, hasta la fecha, estaba dejando millonarios dividendos. Además de este negocio, en el proceso quedó también consignado que la otra compañía afectada es la multinacional Exxon Mobil. Por negocios a los que no se refiere la sentencia, tienen derecho a explorar el 18,8 % de la finca para buscar yacimientos de hidrocarburos.

Pese a los intereses de los empresarios, el Tribunal siguió adelante con la restitución. Hubo una férrea oposición de la Procuraduría, que manifestó que no se le debía creer a Capacho, pues su relato presentaba inconsistencias. “Lamentablemente, es claro que en Colombia hay gente que se inscribe como desplazada para obtener beneficios en salud o subsidios económicos que entrega el Estado”, escribió el procurador del caso, Juan David Gómez Rubio. Y remató preguntándose: “¿Cómo hablar de despojo (lo será por negocio privado) en la situación de los señores Duarte y Capacho en la venta de su predio, cuando es claro que el negocio se realizó de una manera libre voluntaria?”.

El Tribunal contestó en la sentencia: “Martha Capacho rememoró, una y otra vez, cuáles fueron los puntuales hechos generadores del abandono del predio, de los que habló siempre de manera fluida y espontánea, sin titubeos, reticencias o contradicciones trascendentes, lo que confiere a lo relatado suficiente aptitud demostrativa”. Aprovechó también para recordarle al procurador del caso que en estos procesos, que ya han surtido un trámite de verificación previo en la Unidad de Restitución de Tierras, se presume que la víctima está diciendo la verdad; y no desaprovechó la oportunidad para regañarlo por entregar su concepto tarde y fuera de horarios laborales.

En contraste, todas las pruebas estuvieron a favor de Capacho. En documentos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) se muestra que entre 1996 y 1999 en esa región se registró el desplazamiento de 368 personas, tras enfrentamientos entre el Eln, las Auc y las Farc. Una testigo, además, aseguró que en 1997 “la guerrilla era la que mandaba”. Otro testigo, vecino de Puerto Rico por veinte años, dijo: “Ese año que mataron a mi hermano Esteban fue muy terrible. Ese mismo año fue que salió doña Martha [Capacho], y que mataron al esposo de doña Elvia y a don Juan Julio. Luego a un muchacho en Las Delicias, y luego a cuatro muchachos más”.

Así las cosas, el Tribunal tuteló el derecho a la restitución de tierras de Martha Capacho. En menos de un mes, las entidades de registro de propiedad deberán adelantar los trámites para que ella y sus hijos aparezcan nuevamente como únicos propietarios de Puerto Rico. Asimismo, el proyecto de caucho de los hermanos Villamizar será entregado a la Unidad de Restitución de Tierras para que sea explotado a través de terceros y se destinen las ganancias a la reparación de víctimas de desplazamiento. Además, el SENA de Santander deberá ingresar a la familia, sin costo y si así lo quieren, en sus programas de formación técnica.

El Tribunal llegó a esta decisión, pues también constató que la subsistencia de los hermanos Villamizar no depende de este gigantesco predio. Íngrid Villamizar, por ejemplo, tiene otras cinco propiedades que le generan ingresos considerables; mientras que Danny y Óscar tienen, cada uno, tres inmuebles más. Esto, sin contar con los recursos que reciben por su trabajo, uno de ellos como congresista. Aunque a esta poderosa familia de Santander le quedan algunas cartas, como acudir a la Corte Suprema, su suerte está, en alguna medida, escrita en esta sentencia. Otra historia podrá contar la multinacional Exxon.

Aunque tiene derecho a iniciar las labores de exploración, a la fecha no lo hecho, con lo cual el Tribunal de Cúcuta le ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos “que si a futuro se llegase a causar algún tipo de intervención sobre el predio, se deberá contar con la expresa y previa autorización de los restituidos [Capacho y sus hijos]”. Además, la Sala de Restitución de Tierras ordenó a la Fiscalía investigar las maniobras de Jairo Mantilla y su familia para quedarse con el bien y luego venderlo a los Villamizar.

El Espectador se contactó con el congresista Óscar Villamizar, quien manifestó que prefería no pronunciarse hasta conocer la sentencia íntegramente.

Nota del editor: Luego de publicado este artículo, el señor Jairo Alfonso Mantilla Serrano solicitó aclarar que no es de él de quien habla la decisión judicial y, por lo tanto, en el artículo.

Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y sus dos hermanos, Íngrid y Danny, deberán devolverle a una familia campesina un predio despojado, según la justicia, de una manera “bien curiosa”. Así lo ordenó la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta, al anular los contratos y registros que llevaron a que, desde 2008, los hijos del condenado exsenador Alirio Villamizar se quedaran con un enorme predio ubicado en el municipio de Girón. No obstante, aunque ya hay una sentencia, quedan varias preguntas sin resolver en este caso que involucra el conflicto armado, una poderosa familia de Santander y hasta a la multinacional Exxon.

Los cabos sueltos de esta historia llevaron a que se compulsaran copias a la Fiscalía para que investigue lo ocurrido. Mientras tanto, los hermanos Villamizar deberán devolver el predio a Martha Capacho, una mujer a la que la guerra ya le arrebató su tierra y su esposo. Aunque el congresista uribista y sus hermanos intentaron una y otra vez defenderse diciendo que la mujer no era víctima del conflicto armado y que el negocio había sido transparente, la justicia les cuestionó que nunca hicieron la debida diligencia para adquirir un bien ubicado en un lugar que, por años, fue un enclave guerrillero y de los paramilitares.

A la casa de Martha Capacho, una campesina de Girón (Santander), llegaron hombres armados en octubre de 1997. Se identificaron como guerrilleros. “Agarraron las puertas a pata, preguntaron quién era mi esposo, nos dijeron que teníamos que desocupar la finca, que la vida de nosotros corría peligro, que estábamos mal informados por los vecinos por tener un radioteléfono en la finca. Que, según ellos, nosotros le dábamos [al Ejército] información de ellos. Inmediatamente dejamos la finca botada. En ese momento operaban las Farc, pero también estaban empezando a entrar los paramilitares”, le contó Capacho a la justicia.

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El esposo de Capacho, Óscar Duarte, había comprado nueve años antes, en 1988, la finca, llamada Puerto Rico, ubicada en la vereda Marta del municipio de Girón. El predio tiene casi 1,73 kilómetros cuadrados ―el parque Simón Bolívar, en Bogotá, tiene 1,13― y colinda con dos fuentes hídricas: por el norte el río Sucio y por el sur el río Sogamoso. Tras el ultimátum de la guerrilla, empacaron sus cosas y a la mañana siguiente se fueron a Bucaramanga en el camión que distribuía la leche. De camino a la ciudad, se encontraron con un retén de paramilitares que los hicieron bajar del vehículo, pero no les hicieron daño porque Capacho tenía ocho meses de embarazo.

Desde ese momento, el terreno quedó deshabitado. Años después del desplazamiento, aparecieron en el radar los hermanos Villamizar de una forma, en palabras del Tribunal de Cúcuta, “bien curiosa”. Luego de abandonar sus tierras, la familia se refugió en un hogar de confianza en Bucaramanga. Allí fueron contactados por Jairo Mantilla (ver precisión sobre la identidad al final), quien les propuso una permuta: intercambiar el predio por una casa hipotecada que el negociante tenía en la capital de Santander. “La casa estaba embargada, pero como el dicho: ‘del ahogado el sombrero’. Dije: ‘vendemos la casa, pagamos lo que deben al banco y nos quedamos con una parte”, explicó Capacho en el proceso.

El negocio al final se finiquitó el 17 de junio de 1999 con la firma de la escritura. Pero como propietario en los papeles no figuró Jairo Mantilla, quien estaba haciendo el negocio, sino su cuñada: Luisa Castellanos Rodríguez. El valor en el que se tasó la finca para hacer esta permuta, según las escrituras, fue $49 millones. No obstante, un peritaje del Instituto Agustín Codazzi le demostró al Tribunal de Cúcuta que para ese momento el predio podría rondar los $226 millones. Más de cuatro veces el valor. Ahí no acaban las peripecias. Tiempo después, Capacho advirtió que conocían a Castellanos desde antes de firmar el negocio.

Castellanos, cuñada de Mantilla, era la misma profesional de la Gobernación de Santander que el 21 de abril de 1998, en Bucaramanga, le recibió a Capacho y su familia la denuncia sobre el desplazamiento forzado que los había sacado de Puerto Rico. “Nosotros sí queríamos venderla”, reconoció en su declaración Martha Capacho sobre su voluntad de hacer el negocio, “porque nosotros no queríamos volver allá. Apareció un señor en la casa, Jairo Mantilla, ofreciéndonos que si la queríamos vender, pues que él tenía un posible comprador. No sé cómo se enteraría él de que nosotros teníamos una finca en venta”.

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En 2001, el esposo de Capacho fue asesinado en el corregimiento de San Rafael de Lebrija (Santander), al parecer, por grupos paramilitares. Fue esta sucesión de hechos violentos y “curiosos” que vivieron Martha y sus hijos los que llevaron al Tribunal a concluir: “La permuta [propuesta por Jairo Mantilla] fue el resultado de la injerencia de hechos propios del conflicto, porque no podían volver en razón de los sucesos que los victimizaron, que incluso resultaron luego agravados con el ulterior asesinato de Óscar Duarte”. Volviendo a la historia del predio, el 4 de octubre de 2002, la finca Puerto Rico cambió de dueña y, en lugar de ser Luisa Castellanos, ahora la propietario pasó a ser Nancy Mantilla, hermana de Jairo Mantilla.

Esta última mujer, a su vez, fue quien el 22 de febrero de 2008 les vendió la finca a los hermanos Villamizar Meneses. Según los testimonios que recopiló el Tribunal, sin embargo, la negociación la hizo directamente Jairo Mantilla con los hijos del exsenador Alirio Villamizar. “Era dable concluir razonablemente que todos estos, por el parentesco y la admitida cercanía de su relación, deberían ser sabedores del desplazamiento de Óscar Duarte”, advirtió la Sala de Restitución de Tierras. Los Villamizar, en su defensa, tomaron distancia de toda la situación de violencia que rodeaba a la región.

Óscar Villamizar y sus hermanos le explicaron al tribunal que no tenían relación con la situación de violencia de Girón en los años 90. Pero en los procesos de restitución de tierras se tiene que probar algo más: la buena fe exenta de culpa. Es decir, los compradores tienen que demostrar que agotaron todas las averiguaciones para asegurarse de que el predio no tuviera relación con un hecho violento o corrupto. Danny Villamizar, hermano del congresista, le explicó al tribunal: “Le preguntamos a él [Jairo Mantilla], se lo preguntamos a los vivientes, en cada una de las fincas que estuvimos, en ese sector y en otras zonas, si eran fincas con algún problema legal”. Y, aclara Villamizar, siempre les dijeron que no.

Además, los hermanos aportaron un informe reservado de inteligencia de la Quinta Brigada del Ejército en el que se lee: “En la vereda la Marta, municipio de Girón, en Santander, no se encontró registro sobre presencia de grupos al margen de la ley, que pudieran desestabilizar la seguridad ciudadana en la región para los años 2006 y 2007”. No obstante, el Tribunal desechó esa prueba por tres razones: era un documento reservado; porque se refería a la situación casi diez años después del desplazamiento de la familia Duarte Capacho; y porque fue expedido en 2009, un año después de que el predio pasó a ser de la familia Villamizar.

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Por otro lado, los Villamizar advirtieron durante el proceso de restitución que la pareja de Capacho, Óscar Duarte, usaba el predio Puerto Rico para desguazar carros hurtados. El Tribunal tampoco tuvo en cuenta ese argumento de defensa, pues, aunque el hombre fue condenado por el delito de encubrimiento, los hechos ni siquiera tuvieron lugar en la finca de Girón y ocurrieron tiempo después del desplazamiento. Asimismo, los hermanos pusieron en duda durante la investigación que Martha Capacho fuera víctima de desplazamiento, pues, dijeron, presentó la denuncia por desplazamiento años después de ocurrido y porque en la Unidad de Víctimas tampoco había registro de lo sucedido.

Pero estaban equivocados. El Tribunal logró evidenciar que la denuncia se había radicado tiempo después del desplazamiento y que, por ese mismo hecho, sí estaban registrados en la unidad. Durante el proceso de restitución de tierras quedó también en evidencia qué ocurrió con el predio cuando pasó a manos de los hermanos: montaron una plantación de caucho que, hasta la fecha, estaba dejando millonarios dividendos. Además de este negocio, en el proceso quedó también consignado que la otra compañía afectada es la multinacional Exxon Mobil. Por negocios a los que no se refiere la sentencia, tienen derecho a explorar el 18,8 % de la finca para buscar yacimientos de hidrocarburos.

Pese a los intereses de los empresarios, el Tribunal siguió adelante con la restitución. Hubo una férrea oposición de la Procuraduría, que manifestó que no se le debía creer a Capacho, pues su relato presentaba inconsistencias. “Lamentablemente, es claro que en Colombia hay gente que se inscribe como desplazada para obtener beneficios en salud o subsidios económicos que entrega el Estado”, escribió el procurador del caso, Juan David Gómez Rubio. Y remató preguntándose: “¿Cómo hablar de despojo (lo será por negocio privado) en la situación de los señores Duarte y Capacho en la venta de su predio, cuando es claro que el negocio se realizó de una manera libre voluntaria?”.

El Tribunal contestó en la sentencia: “Martha Capacho rememoró, una y otra vez, cuáles fueron los puntuales hechos generadores del abandono del predio, de los que habló siempre de manera fluida y espontánea, sin titubeos, reticencias o contradicciones trascendentes, lo que confiere a lo relatado suficiente aptitud demostrativa”. Aprovechó también para recordarle al procurador del caso que en estos procesos, que ya han surtido un trámite de verificación previo en la Unidad de Restitución de Tierras, se presume que la víctima está diciendo la verdad; y no desaprovechó la oportunidad para regañarlo por entregar su concepto tarde y fuera de horarios laborales.

En contraste, todas las pruebas estuvieron a favor de Capacho. En documentos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) se muestra que entre 1996 y 1999 en esa región se registró el desplazamiento de 368 personas, tras enfrentamientos entre el Eln, las Auc y las Farc. Una testigo, además, aseguró que en 1997 “la guerrilla era la que mandaba”. Otro testigo, vecino de Puerto Rico por veinte años, dijo: “Ese año que mataron a mi hermano Esteban fue muy terrible. Ese mismo año fue que salió doña Martha [Capacho], y que mataron al esposo de doña Elvia y a don Juan Julio. Luego a un muchacho en Las Delicias, y luego a cuatro muchachos más”.

Así las cosas, el Tribunal tuteló el derecho a la restitución de tierras de Martha Capacho. En menos de un mes, las entidades de registro de propiedad deberán adelantar los trámites para que ella y sus hijos aparezcan nuevamente como únicos propietarios de Puerto Rico. Asimismo, el proyecto de caucho de los hermanos Villamizar será entregado a la Unidad de Restitución de Tierras para que sea explotado a través de terceros y se destinen las ganancias a la reparación de víctimas de desplazamiento. Además, el SENA de Santander deberá ingresar a la familia, sin costo y si así lo quieren, en sus programas de formación técnica.

El Tribunal llegó a esta decisión, pues también constató que la subsistencia de los hermanos Villamizar no depende de este gigantesco predio. Íngrid Villamizar, por ejemplo, tiene otras cinco propiedades que le generan ingresos considerables; mientras que Danny y Óscar tienen, cada uno, tres inmuebles más. Esto, sin contar con los recursos que reciben por su trabajo, uno de ellos como congresista. Aunque a esta poderosa familia de Santander le quedan algunas cartas, como acudir a la Corte Suprema, su suerte está, en alguna medida, escrita en esta sentencia. Otra historia podrá contar la multinacional Exxon.

Aunque tiene derecho a iniciar las labores de exploración, a la fecha no lo hecho, con lo cual el Tribunal de Cúcuta le ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos “que si a futuro se llegase a causar algún tipo de intervención sobre el predio, se deberá contar con la expresa y previa autorización de los restituidos [Capacho y sus hijos]”. Además, la Sala de Restitución de Tierras ordenó a la Fiscalía investigar las maniobras de Jairo Mantilla y su familia para quedarse con el bien y luego venderlo a los Villamizar.

El Espectador se contactó con el congresista Óscar Villamizar, quien manifestó que prefería no pronunciarse hasta conocer la sentencia íntegramente.

Nota del editor: Luego de publicado este artículo, el señor Jairo Alfonso Mantilla Serrano solicitó aclarar que no es de él de quien habla la decisión judicial y, por lo tanto, en el artículo.