El DAS espió en Europa

Fue una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia. Así de vehemente se expresó el presidente (e) del alto tribunal, magistrado Jaime Arrubla, quien siguió en detalle los pormenores de la audiencia pública en la que la Fiscalía destapó sus cartas sobre el bochornoso espionaje de funcionarios del DAS. La investigación documentó reuniones en la Casa de Nariño que se relacionan con las pesquisas ilegales del organismo de inteligencia. Ahora, los ‘chuzados’ piden que se investigue cómo funcionarios del alto Gobierno terminaron metidos o secundaron lo que la Fiscalía denominó “una empresa criminal”.

Páginas enteras serían necesarias para recordar toda suerte de arbitrariedades que desde hace 14 meses han venido revelando los medios y la justicia. Pero llama la atención la medida de aseguramiento que el pasado 6 de abril le impuso un fiscal delegado ante la Corte Suprema al ex secretario general del DAS Gian Carlo Auque de Silvestre; Eduardo Aya Castro y Germán Villalba Chávez. El primero fue la mano derecha de Jorge Noguera durante su oscuro paso por el DAS; el segundo fue quien siguió a la premio Nobel de Paz Shirin Ebadi. Sobre Villalba, la referencia de la Fiscalía es aún más interesante.

Con 46 años, el ex subdirector de fuentes humanas trabajó en llave con Jaime Fernando Ovalle, entonces jefe del grupo G-3, encargado de rastrear hasta en las canecas de la basura toda la información de defensores de Derechos Humanos. Villalba actuó como oficial de enlace ante la Dirección Antidrogas de Italia y desde allí monitoreó correos electrónicos reenviados de miembros del Colectivo de Abogados José Alvear, en donde se evidenciaban interceptaciones ilegales. Desde Europa, este ex funcionario manejó listas de “blancos” del DAS y, con apariencia de indagar presuntos nexos de estas ONG con las guerrillas, hizo verificaciones ilícitas en territorio europeo.

“La tarea desempeñada por estas ONG, víctimas de tan censurables comportamientos, no podía ser objeto de seguimientos, verificaciones, interceptaciones de correos ni en Colombia ni en el exterior, pues no se trataba de investigar delitos ni temas de seguridad nacional y su fijación como ‘blancos’ del G-3 afectó sus derechos fundamentales y extendió el concierto para delinquir al continente europeo”, advierte la providencia conocida por El Espectador. Una fuente de la cúpula de la Fiscalía definió a Villalba así: “Era el canciller del DAS”. Dicho de otro modo, en palabras del magistrado Jaime Arrubla, “la empresa criminal” trascendió las fronteras colombianas.

En su última declaración en la Fiscalía antes de fallecer, Jaime Fernando Ovalle, el jefe de los ‘chuzadores’, reconoció que se recolectó información privilegiada para “asesorar al alto Gobierno”. Con base en datos de esta naturaleza, el candidato presidencial Gustavo Petro aseveró que estas acciones tienen “orden del despacho del Presidente de la República” y que recurrirá a instancias judiciales. A lo que se sumará la queja disciplinaria del magistrado César Julio Valencia Copete contra César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Palacio, que en un comunicado tildó al jurista de mentiroso. “Observo atónito que en vez de refutar los graves cargos de la Fiscalía (sobre las ‘chuzadas’), ha decidido insultarme”, dijo Valencia.

Además, la detención de los ex directores de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos, pone en una situación apremiante a la ex directora María del Pilar Hurtado. A ella le fueron reportados varios de esos seguimientos a la Corte, que públicamente negó, y esta semana es probable que se formalicen decisiones en su contra. El Gobierno expresó que “no hay ningún funcionario de la Casa de Nariño que haya dado instrucción alguna que viole la Ley”. Las pesquisas de la Fiscalía traducen lo contrario. Para la justicia, cada vez resulta más evidente la cadena de atropellos del DAS. Hasta en el Viejo Continente se enquistó el espionaje. El organismo, más que recaudar información estratégica, parecía la cueva de Rolando.

Fue una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia. Así de vehemente se expresó el presidente (e) del alto tribunal, magistrado Jaime Arrubla, quien siguió en detalle los pormenores de la audiencia pública en la que la Fiscalía destapó sus cartas sobre el bochornoso espionaje de funcionarios del DAS. La investigación documentó reuniones en la Casa de Nariño que se relacionan con las pesquisas ilegales del organismo de inteligencia. Ahora, los ‘chuzados’ piden que se investigue cómo funcionarios del alto Gobierno terminaron metidos o secundaron lo que la Fiscalía denominó “una empresa criminal”.

Páginas enteras serían necesarias para recordar toda suerte de arbitrariedades que desde hace 14 meses han venido revelando los medios y la justicia. Pero llama la atención la medida de aseguramiento que el pasado 6 de abril le impuso un fiscal delegado ante la Corte Suprema al ex secretario general del DAS Gian Carlo Auque de Silvestre; Eduardo Aya Castro y Germán Villalba Chávez. El primero fue la mano derecha de Jorge Noguera durante su oscuro paso por el DAS; el segundo fue quien siguió a la premio Nobel de Paz Shirin Ebadi. Sobre Villalba, la referencia de la Fiscalía es aún más interesante.

Con 46 años, el ex subdirector de fuentes humanas trabajó en llave con Jaime Fernando Ovalle, entonces jefe del grupo G-3, encargado de rastrear hasta en las canecas de la basura toda la información de defensores de Derechos Humanos. Villalba actuó como oficial de enlace ante la Dirección Antidrogas de Italia y desde allí monitoreó correos electrónicos reenviados de miembros del Colectivo de Abogados José Alvear, en donde se evidenciaban interceptaciones ilegales. Desde Europa, este ex funcionario manejó listas de “blancos” del DAS y, con apariencia de indagar presuntos nexos de estas ONG con las guerrillas, hizo verificaciones ilícitas en territorio europeo.

“La tarea desempeñada por estas ONG, víctimas de tan censurables comportamientos, no podía ser objeto de seguimientos, verificaciones, interceptaciones de correos ni en Colombia ni en el exterior, pues no se trataba de investigar delitos ni temas de seguridad nacional y su fijación como ‘blancos’ del G-3 afectó sus derechos fundamentales y extendió el concierto para delinquir al continente europeo”, advierte la providencia conocida por El Espectador. Una fuente de la cúpula de la Fiscalía definió a Villalba así: “Era el canciller del DAS”. Dicho de otro modo, en palabras del magistrado Jaime Arrubla, “la empresa criminal” trascendió las fronteras colombianas.

En su última declaración en la Fiscalía antes de fallecer, Jaime Fernando Ovalle, el jefe de los ‘chuzadores’, reconoció que se recolectó información privilegiada para “asesorar al alto Gobierno”. Con base en datos de esta naturaleza, el candidato presidencial Gustavo Petro aseveró que estas acciones tienen “orden del despacho del Presidente de la República” y que recurrirá a instancias judiciales. A lo que se sumará la queja disciplinaria del magistrado César Julio Valencia Copete contra César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Palacio, que en un comunicado tildó al jurista de mentiroso. “Observo atónito que en vez de refutar los graves cargos de la Fiscalía (sobre las ‘chuzadas’), ha decidido insultarme”, dijo Valencia.

Además, la detención de los ex directores de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos, pone en una situación apremiante a la ex directora María del Pilar Hurtado. A ella le fueron reportados varios de esos seguimientos a la Corte, que públicamente negó, y esta semana es probable que se formalicen decisiones en su contra. El Gobierno expresó que “no hay ningún funcionario de la Casa de Nariño que haya dado instrucción alguna que viole la Ley”. Las pesquisas de la Fiscalía traducen lo contrario. Para la justicia, cada vez resulta más evidente la cadena de atropellos del DAS. Hasta en el Viejo Continente se enquistó el espionaje. El organismo, más que recaudar información estratégica, parecía la cueva de Rolando.