El debate sobre baldíos que ronda de nuevo a Álvaro Uribe
El medio de comunicación Vorágine reveló que Lina Moreno, esposa del expresidente, presentó una demanda para legalizar un lote en San Carlos, Antioquia. En 2017, la Contraloría había pedido investigar presunta acumulación de baldíos en la finca El Ubérrimo.
Una publicación del medio de comunicación Vorágine del pasado 3 de septiembre reveló que Lina Moreno de Uribe, esposa de Álvaro Uribe Vélez, ha buscado legalizar un lote de ocho hectáreas llamado “Laguito 2” en San Carlos (Antioquia) que sería un terreno baldío del Estado. Lo hizo a través de una demanda que presentó ante un juzgado de ese municipio el 19 de marzo de 2019 a través de Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S que administra la hacienda en la que el expresidente se encuentra hoy detenido en un proceso por presunto fraude procesal y soborno.
Vorágine señaló que ese lote ha sido usufructuado por Moreno de Uribe desde El Ubérrimo hace al menos siete años y que la demanda buscaba reclamar la propiedad de la tierra mediante una figura legal que permite a un ciudadano hacerse a un bien cuando puede demostrar posesión ininterrumpida. Aunque la demanda fue admitida, la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté advirtió a la judicatura que alrededor del predio hay una “falsa tradición” que no ha sido saneada y que, además, se trata de un baldío.
La publicación señala que por esa razón el juez terminó el proceso el 16 de diciembre de 2019 ante el hecho que se trata de un bien baldío que debe ser administrado por la Agencia Nacional de Tierras. En respuesta a Vorágine, el expresidente Álvaro Uribe dijo que ese lote fue comprado de buena fe a la familia Salcedo que, a su vez, le habían comprado a Pedro Sierra del Castillo. Además, dijo se buscó a un abogado para sanear la situación y legalizar las tierras y dijo que se enviará a la Oficina de Registros Públicos una escritura de 1960 que existe y en la que consta una falsa tradición de la propiedad.
(Le puede interesar: El poder detrás de la acumulación de predios)
En un comunicado de prensa, el abogado Javier Mendoza Lara señaló que al predio “El Laguito 2″ se “le ha dado un tratamiento público de propiedad privada por más de 60 años” y que los certificados especiales de últimos titulares de dominio que profieren las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos permitirían probar que no se trata de un bien baldío. “Es importante resaltar que, el predio inicia su tradición con una escritura del año 1960 registrada en el folio de matrícula (...) Por lo anterior, iniciaremos una actuación administrativa ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, tendiente a demostrar que el predio es de naturaleza privada y no un bien baldío de la Nación”.
“Una vez se tenga el certificado de titulares de dominio corregido por esta oficina de registro, iniciaremos el saneamiento del predio “El Laguito 2″ por la vía judicial, toda vez que la sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S ha mantenido una posesión de buena fe, quieta, pacífica e ininterrumpida del predio, lo cual acredita los requisitos para que se declare su propiedad”, agregó el abogado en el comunicado.
Esta no es la primera vez que el nombre de la familia Uribe Moreno aparece en el debate público sobre terrenos baldíos. En 2017, la Contraloría General de la República le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que iniciara acciones y anulara procesos de ventas de predios baldíos que involucraban 322 predios. Entre ellos figuraban 11 ubicados en la hacienda El Ubérrimo, ubicada entre los de municipios de Montería y San Carlos, Córdoba. Según la denuncia de la Contraloría en ese momento, la Sociedad Agropecuaria El Uberrimo habría sobrepasado los límites en 103 hectáreas.
En ese momento, el expresidente Álvaro Uribe respondió al contralor de esta manera: “En mi grupo familiar tenemos una explotación agropecuaria de aproximadamente 1.500 hectáreas. El contralor me denunció por una acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico, están en nueve adquisiciones. Todas fueron adjudicadas ajenas a mi familia o a mi persona. Las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal por cuanto fueron adquiridas antes de 1994″.
Nota de la editora: la noticia se actualizó con el comunicado de prensa del abogado Javier Mendoza Lara.
Una publicación del medio de comunicación Vorágine del pasado 3 de septiembre reveló que Lina Moreno de Uribe, esposa de Álvaro Uribe Vélez, ha buscado legalizar un lote de ocho hectáreas llamado “Laguito 2” en San Carlos (Antioquia) que sería un terreno baldío del Estado. Lo hizo a través de una demanda que presentó ante un juzgado de ese municipio el 19 de marzo de 2019 a través de Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S que administra la hacienda en la que el expresidente se encuentra hoy detenido en un proceso por presunto fraude procesal y soborno.
Vorágine señaló que ese lote ha sido usufructuado por Moreno de Uribe desde El Ubérrimo hace al menos siete años y que la demanda buscaba reclamar la propiedad de la tierra mediante una figura legal que permite a un ciudadano hacerse a un bien cuando puede demostrar posesión ininterrumpida. Aunque la demanda fue admitida, la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté advirtió a la judicatura que alrededor del predio hay una “falsa tradición” que no ha sido saneada y que, además, se trata de un baldío.
La publicación señala que por esa razón el juez terminó el proceso el 16 de diciembre de 2019 ante el hecho que se trata de un bien baldío que debe ser administrado por la Agencia Nacional de Tierras. En respuesta a Vorágine, el expresidente Álvaro Uribe dijo que ese lote fue comprado de buena fe a la familia Salcedo que, a su vez, le habían comprado a Pedro Sierra del Castillo. Además, dijo se buscó a un abogado para sanear la situación y legalizar las tierras y dijo que se enviará a la Oficina de Registros Públicos una escritura de 1960 que existe y en la que consta una falsa tradición de la propiedad.
(Le puede interesar: El poder detrás de la acumulación de predios)
En un comunicado de prensa, el abogado Javier Mendoza Lara señaló que al predio “El Laguito 2″ se “le ha dado un tratamiento público de propiedad privada por más de 60 años” y que los certificados especiales de últimos titulares de dominio que profieren las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos permitirían probar que no se trata de un bien baldío. “Es importante resaltar que, el predio inicia su tradición con una escritura del año 1960 registrada en el folio de matrícula (...) Por lo anterior, iniciaremos una actuación administrativa ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté, tendiente a demostrar que el predio es de naturaleza privada y no un bien baldío de la Nación”.
“Una vez se tenga el certificado de titulares de dominio corregido por esta oficina de registro, iniciaremos el saneamiento del predio “El Laguito 2″ por la vía judicial, toda vez que la sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S ha mantenido una posesión de buena fe, quieta, pacífica e ininterrumpida del predio, lo cual acredita los requisitos para que se declare su propiedad”, agregó el abogado en el comunicado.
Esta no es la primera vez que el nombre de la familia Uribe Moreno aparece en el debate público sobre terrenos baldíos. En 2017, la Contraloría General de la República le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que iniciara acciones y anulara procesos de ventas de predios baldíos que involucraban 322 predios. Entre ellos figuraban 11 ubicados en la hacienda El Ubérrimo, ubicada entre los de municipios de Montería y San Carlos, Córdoba. Según la denuncia de la Contraloría en ese momento, la Sociedad Agropecuaria El Uberrimo habría sobrepasado los límites en 103 hectáreas.
En ese momento, el expresidente Álvaro Uribe respondió al contralor de esta manera: “En mi grupo familiar tenemos una explotación agropecuaria de aproximadamente 1.500 hectáreas. El contralor me denunció por una acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico, están en nueve adquisiciones. Todas fueron adjudicadas ajenas a mi familia o a mi persona. Las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal por cuanto fueron adquiridas antes de 1994″.
Nota de la editora: la noticia se actualizó con el comunicado de prensa del abogado Javier Mendoza Lara.