El Gobierno ya emitió el decreto con el que oficializa una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro: la libertad de jóvenes de la Primera Línea capturados en protestas. Este lunes se firmó la norma que crea el mecanismo mediante el cual se revisarán los expedientes de algunos de estos jóvenes y otras personas privadas de la libertad que pasarían a ser gestores de paz. Este es el documento, que ya fue firmado por los cuatro altos funcionarios encargados de su implementación.
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En cuatro páginas, el decreto crea una comisión intersectorial que se encargará de todo el proceso: desde definir los criterios que se deben tener en cuenta para nombrar a alguien gestor de paz, hasta la recomendación de cada uno de los perfiles. También podrán recomendar que una persona en concreto continúe o sea excluido de esta labor. La comisión está conformada por los ministros de Interior, de Justicia, de Defensa y el director del Dapre. La palabra final, sin embargo, la tiene el presidente Gustavo Petro.
El decreto dice que el objeto de esta comisión es “la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″. Se trata del apartado de la Ley de Paz Total que le dio al presidente la facultad de nombrar como gestores de paz a ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales o humanitarias que estén privados de la libertad. En ese grupo, precisamente, entran los jóvenes de Primera Línea capturados tras el paro de 2021.
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La Ley de Orden Público lo define así: “Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia”.
Además de los tres ministros y el director del Dapre, se sumará al grupo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. El decreto establecer que su función será llevar la secretaría técnica. Es decir, todo lo administrativo, como convocar a sesiones, coordinar todas las actividades, levar las actas. Si bien todavía no se conoce cuándo será la primera sesión, la norma dice que los cinco integrantes deberán reunirse al menos una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cada que alguno de sus miembros lo solicite.
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Con la firma del ministro de Interior, Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna, y de Defensa, Iván Velásquez; así como con la del director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), entró oficialmente a regir esta norma.
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