¿El defensor del pueblo apoya asistencia militar en protestas? Hay preocupación en la entidad

Funcionarios del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo le enviaron una carta a su jefe, el defensor Carlos Camargo, en la que aseguran estar preocupados por una decisión suya. Una reciente normativa interna de la entidad estaría ordenándole a los funcionarios en región que se articulen con las autoridades en caso de que haya intervención militar en las protestas del paro nacional. Esto, para los funcionarios que hay en región, pone en riesgo su trabajo, porque rompe con la neutralidad del Ministerio Público y mina la credibilidad que ha construido la Defensoría con las comunidades.

(Lea también: ¿Quién da las órdenes a militares y policías en el Paro Nacional?)

Un funcionario de la Defensoría que participó de la elaboración de la carta le explicó el descontento a El Espectador: “El hecho puntual es una resolución que sacó el defensor: llama la atención el hecho de que, en el marco de lo que se llama ‘asistencia militar’, en lugar de marcar distancia como Defensoría, da la orden a sus funcionarios de que tenemos que articularnos con esa intervención”. Para los funcionarios, según dijeron en la carta, esta orden “desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado”.

La norma reprochada es la directiva 076 del 6 de mayo de 2021. En ella, el defensor Carlos Camargo les ordenó a sus funcionarios instruir e instar a los alcaldes, gobernadores y mandatarios regionales: “Garantizar en desarrollo de la asistencia militar y en el marco de la convivencia, la aplicación irrestricta de normas y protocolos, en el marco de la función, la actividad y los procedimientos de policía”. Los funcionarios leen esto como una orden de colaborar en caso que las fuerzas militares intervengan en las manifestaciones.

(Lea también: Los “peros” a la militarización de Duque)

“Este punto en especial, desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado, las constantes vulneraciones al principio de distinción que en el marco del DIH se han documentado por parte del SAT de mano de las comunidades y tiene la Defensoría del Pueblo la obligación de evitar que se aplique tratamiento militar a los procesos sociales de protesta y de reivindicación de derechos”, le escribieron los funcionarios del sistema de alertas tempranas a Camargo.

Y remataron: “Recuerde que el deber misional de la entidad son las comunidades y organizaciones sociales, quienes son nuestras principales aliadas en los territorios, son ellas las que nos permiten el ejercicio de nuestras funciones, son las que nos brindan información de primera mano para advertir las situaciones de riesgo que se vive en los territorios; lograr esta relación, para nosotros no ha sido nada fácil, ha requerido de muchos años de trabajo, de establecimiento de confianzas, que hoy se encuentran amenazadas por varias situaciones que se han presentado durante su administración, entre ellas, la que hoy le colocamos de presente y que contradice la naturaleza de la Defensoría del Pueblo”.

Según un funcionario consultado por El Espectador, esta nueva decisión reprochable del defensor Camargo, no es un hecho aislado, sino que “viene de una cadena de hechos que comenzaron con los cuestionamientos a su idoneidad para ejercer el cargo”. Para los analistas que están en territorio, decisiones así pueden poner en riesgo su labor porque las comunidades dejan de ver a la Defensoría como el ente neutral que siempre ha sido y comienzan a sentir que está más del lado de un bando. En este caso, de la Fuerza Pública.

Esta es la resolución cuestionada:

Funcionarios del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo le enviaron una carta a su jefe, el defensor Carlos Camargo, en la que aseguran estar preocupados por una decisión suya. Una reciente normativa interna de la entidad estaría ordenándole a los funcionarios en región que se articulen con las autoridades en caso de que haya intervención militar en las protestas del paro nacional. Esto, para los funcionarios que hay en región, pone en riesgo su trabajo, porque rompe con la neutralidad del Ministerio Público y mina la credibilidad que ha construido la Defensoría con las comunidades.

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Un funcionario de la Defensoría que participó de la elaboración de la carta le explicó el descontento a El Espectador: “El hecho puntual es una resolución que sacó el defensor: llama la atención el hecho de que, en el marco de lo que se llama ‘asistencia militar’, en lugar de marcar distancia como Defensoría, da la orden a sus funcionarios de que tenemos que articularnos con esa intervención”. Para los funcionarios, según dijeron en la carta, esta orden “desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado”.

La norma reprochada es la directiva 076 del 6 de mayo de 2021. En ella, el defensor Carlos Camargo les ordenó a sus funcionarios instruir e instar a los alcaldes, gobernadores y mandatarios regionales: “Garantizar en desarrollo de la asistencia militar y en el marco de la convivencia, la aplicación irrestricta de normas y protocolos, en el marco de la función, la actividad y los procedimientos de policía”. Los funcionarios leen esto como una orden de colaborar en caso que las fuerzas militares intervengan en las manifestaciones.

(Lea también: Los “peros” a la militarización de Duque)

“Este punto en especial, desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado, las constantes vulneraciones al principio de distinción que en el marco del DIH se han documentado por parte del SAT de mano de las comunidades y tiene la Defensoría del Pueblo la obligación de evitar que se aplique tratamiento militar a los procesos sociales de protesta y de reivindicación de derechos”, le escribieron los funcionarios del sistema de alertas tempranas a Camargo.

Y remataron: “Recuerde que el deber misional de la entidad son las comunidades y organizaciones sociales, quienes son nuestras principales aliadas en los territorios, son ellas las que nos permiten el ejercicio de nuestras funciones, son las que nos brindan información de primera mano para advertir las situaciones de riesgo que se vive en los territorios; lograr esta relación, para nosotros no ha sido nada fácil, ha requerido de muchos años de trabajo, de establecimiento de confianzas, que hoy se encuentran amenazadas por varias situaciones que se han presentado durante su administración, entre ellas, la que hoy le colocamos de presente y que contradice la naturaleza de la Defensoría del Pueblo”.

Según un funcionario consultado por El Espectador, esta nueva decisión reprochable del defensor Camargo, no es un hecho aislado, sino que “viene de una cadena de hechos que comenzaron con los cuestionamientos a su idoneidad para ejercer el cargo”. Para los analistas que están en territorio, decisiones así pueden poner en riesgo su labor porque las comunidades dejan de ver a la Defensoría como el ente neutral que siempre ha sido y comienzan a sentir que está más del lado de un bando. En este caso, de la Fuerza Pública.

Esta es la resolución cuestionada: