El delicado debate judicial que puede anular el expediente Álvaro Uribe

Expresidente y jefe del Centro Democrático durante reunión en Bogotá con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A su izquierda, el penalista Jaime Granados.

Foto: Óscar Pérez

Se suponía que este 10 de julio iniciarían las audiencias preparatorias de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el expediente que tiene en contra por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La idea era que se empezaran a determinar las pruebas que serán incorporadas al juicio, pero, antes, había que resolver un tema que no es de menor importancia: la solicitud de nulidad del caso, que está solicitando el abogado Jaime Granados, defensor del líder natural del Centro Democrático.

Uribe Vélez fue acusado por la Fiscalía en mayo pasado, por presuntamente intentar salir favorecido en expedientes por supuesto apoyo al paramilitarismo, al utilizar terceros para obtener testimonios a su favor. El día que formalmente fue llamado a juicio penal, su abogado presentó una solicitud de nulidad ante el juzgado que lleva el caso, asegurando que hay un error procedimental. No obstante, la juez lo negó, explicando que el proceso está a punto de prescribir y que había que proceder con las audiencias preparatorias.

El abogado Granados no se quedó de brazos cruzados y presentó una queja oficial contra la jueza, argumentando que sí o sí debía sustentar su nulidad. Por ello, se utilizó la audiencia programada para hoy para escuchar los alegatos del defensor. En síntesis, lo que plantea Granados es que la modalidad en la que se le acusan los delitos a Uribe está mal. Esto porque desde el principio del proceso se lo vinculó con una presunta intención eventual y no con una intención directa, como acusó la Fiscalía.

De acuerdo con la nulidad, en 2020, cuando Uribe fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, la primera instancia que lo investigó en este caso, el alto tribunal alertó que las conductas se habrían presentado con intención eventual. Es decir, que el expresidente, aunque no quería cometer los delitos directamente, debía conocer que sus actuaciones constituían conductas que infringen el código penal.

Luego, cuando el expresidente renunció al Congreso, ese mismo año, y el proceso cayó en manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa, los fiscales que intentaron precluir el expediente en los últimos cuatro años lo hicieron bajo el entendido de que, de todas maneras, sería un proceso enmarcado en una supuesta intención eventual. De ahí que Granados reproche que, con el cambio de fiscal general este 2024, y una nueva visión institucional del caso, se haya acusado al exmandatario bajo la modalidad de intención directa.

“Resulta contradictorio. No se trata de una simple variación. Cambia el marco fáctico de la acusación y viola el principio lógico de la no contradicción. Los hechos jurídicamente relevantes deben ser claros e inequívocos y eso fue desconocido por la primera instancia. ¿La imputación cambia respecto al escenario procesal?”, explicó Granados durante su intervención.

La jueza, entonces, aceptó el recurso de nulidad interpuesto por el abogado de Uribe Vélez y ofició al Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva si el caso debe quedar en ceros o deba replantearse la acusación, por cuanto varió la modalidad de los delitos señalados al expresidente. En todo caso, la jueza dejó claro que el expediente está a punto de prescribir por vencimiento de términos y que espera respuesta de su superior jerárquico para proceder.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.