El desafío de la seguridad urbana

A la creciente preocupación de los alcaldes de las principales capitales por el deterioro de la seguridad urbana en el país se sumó ayer un nuevo dolor de cabeza ante la respuesta que el presidente Álvaro Uribe les dio a sus demandas sobre mayor ayuda para superar la problemática: “No estamos en condiciones fiscales de atender los requerimientos de la Fuerza Pública de todas las ciudades”.

Las palabras del Jefe de Estado dejaron boquiabiertos a los burgomaestres, quienes se dieron cita ayer en Bogotá para buscar salidas a un problema del que apenas se hablaba a principios de año y que hoy es reconocido en el centro y en la periferia como uno de los mayores desafíos de la política de seguridad democrática. Así como al presidente se le reconocen avances en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares, dichos resultados coinciden con un incremento de delitos urbanos como el fleteo, hurto callejero y homicidio.

A partir de ayer la preocupación es doble, pues los alcaldes no sólo deben seguir luchando contra dichos males, sino que están notificados de que la nación no puede concurrir económicamente con los costos de esa misión. A juicio del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, la solución es destinar parte de los recursos del impuesto al patrimonio para fortalecer la seguridad urbana. Semejante propuesta no les gusta mucho a los empresarios, quienes precisamente buscan la eliminación de dicho gravamen, que el Gobierno ya ha buscado establecer de manera permanente.

Para este año Colombia tiene presupuestado un gasto de $29,9 billones en el sector defensa, de los cuales $17,5 billones son para funcionamiento. A las Fuerzas Militares les corresponden $10 billones y $5,5 billones a la Policía. En los últimos seis años  el país modernizó parte de su equipamiento y, especialmente, incrementó su pie de fuerza. Pasó de 214.000 militares que tenía en 2003 a 269.000 este año. En el mismo lapso la Policía Nacional pasó de 112.000 uniformados a 145.000 (ver gráficas).

Los expertos dicen que tal incremento  de efectivos es insuficiente. De un lado, porque no alcanza para que Colombia cumpla con los estándares internacionales de cobertura de la Fuerza Pública (que tiene que ver tanto con la extensión del país como con su número de habitantes) y, de otro, porque la violencia urbana no se combate de la misma forma que los ataques de una guerrilla rural. De hecho, hace seis meses el Gobierno envió un grupo elite de 500 hombres para reforzar la seguridad en Medellín y la situación parece no haber mejorado.

 Hacen falta también políticas de convivencia ciudadana  e incluso dar adecuada respuesta a la problemática social de las capitales.

Mientras eso ocurre los alcaldes deberán arreglárselas para conseguir los recursos para sus políticas de seguridad. Y el Presidente les insistirá en promocionar la “cooperación comunitaria”, un tema que aún genera resistencias por cuanto algunos consideran que los actores de la violencia en las ciudades pueden ser los mismos del conflicto armado, aunque con otras máscaras.

A la creciente preocupación de los alcaldes de las principales capitales por el deterioro de la seguridad urbana en el país se sumó ayer un nuevo dolor de cabeza ante la respuesta que el presidente Álvaro Uribe les dio a sus demandas sobre mayor ayuda para superar la problemática: “No estamos en condiciones fiscales de atender los requerimientos de la Fuerza Pública de todas las ciudades”.

Las palabras del Jefe de Estado dejaron boquiabiertos a los burgomaestres, quienes se dieron cita ayer en Bogotá para buscar salidas a un problema del que apenas se hablaba a principios de año y que hoy es reconocido en el centro y en la periferia como uno de los mayores desafíos de la política de seguridad democrática. Así como al presidente se le reconocen avances en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares, dichos resultados coinciden con un incremento de delitos urbanos como el fleteo, hurto callejero y homicidio.

A partir de ayer la preocupación es doble, pues los alcaldes no sólo deben seguir luchando contra dichos males, sino que están notificados de que la nación no puede concurrir económicamente con los costos de esa misión. A juicio del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, la solución es destinar parte de los recursos del impuesto al patrimonio para fortalecer la seguridad urbana. Semejante propuesta no les gusta mucho a los empresarios, quienes precisamente buscan la eliminación de dicho gravamen, que el Gobierno ya ha buscado establecer de manera permanente.

Para este año Colombia tiene presupuestado un gasto de $29,9 billones en el sector defensa, de los cuales $17,5 billones son para funcionamiento. A las Fuerzas Militares les corresponden $10 billones y $5,5 billones a la Policía. En los últimos seis años  el país modernizó parte de su equipamiento y, especialmente, incrementó su pie de fuerza. Pasó de 214.000 militares que tenía en 2003 a 269.000 este año. En el mismo lapso la Policía Nacional pasó de 112.000 uniformados a 145.000 (ver gráficas).

Los expertos dicen que tal incremento  de efectivos es insuficiente. De un lado, porque no alcanza para que Colombia cumpla con los estándares internacionales de cobertura de la Fuerza Pública (que tiene que ver tanto con la extensión del país como con su número de habitantes) y, de otro, porque la violencia urbana no se combate de la misma forma que los ataques de una guerrilla rural. De hecho, hace seis meses el Gobierno envió un grupo elite de 500 hombres para reforzar la seguridad en Medellín y la situación parece no haber mejorado.

 Hacen falta también políticas de convivencia ciudadana  e incluso dar adecuada respuesta a la problemática social de las capitales.

Mientras eso ocurre los alcaldes deberán arreglárselas para conseguir los recursos para sus políticas de seguridad. Y el Presidente les insistirá en promocionar la “cooperación comunitaria”, un tema que aún genera resistencias por cuanto algunos consideran que los actores de la violencia en las ciudades pueden ser los mismos del conflicto armado, aunque con otras máscaras.