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Hace 25 años, unos sicarios asesinaron a Jesús María Valle en su oficina para silenciar sus denuncias sobre la connivencia de miembros del Ejército con grupos paramilitares, que produjeron, por ejemplo, las masacres de El Aro y La Granja, corregimientos de su natal Ituango (Antioquia). Así lo ha determinado la justicia, y seis personas han sido condenadas por este homicidio, uno de los primeros en una seguidilla de asesinatos de notables defensores de derechos humanos. En las mismas decisiones judiciales, e incluso internacionales, se ha ratificado que aún faltan nombres y, dos décadas y media después, aún no se llega hasta ellos.
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Sin embargo, ha habido algunos movimientos en el expediente, que por tantos años, permaneció quieto. Luego de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara a Colombia por el asesinato de Jesús María Valle, la búsqueda de justicia ha tomado dos rumbos. Por un lado, en 2017, fueron sentenciados los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio, ganaderos de Ituango que financiaron a los paramilitares de la región. Ambos se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2018. Y, por otro lado, está la indagación en contra del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, que permanece en la Fiscalía.
El caso en la JEP
Ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, los hermanos Angulo Osorio reconocieron su participación en el crimen, pero de manera muy vaga. Dijeron que, al ser financiadores del paramilitarismo, propiciaron que se cometiera el crimen. “Desgraciadamente, con los aportes logísticos y económicos que se hicieron a estas organizaciones sirvieron para, en parte, causar la muerte de Jesús María Valle”, le dijeron a los magistrados. A pesar de tener una condena y de que el Tribunal para la Paz les ha explicado que para acceder a beneficios lo que cuenten tiene que ser un avance de lo que ya ha esclarecido la justicia, poco han dicho al respecto.
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Por ejemplo, desde que los condenó, el Tribunal de Medellín pidió investigar a Álvaro Uribe, quien fue gobernador de Antioquia en la época del asesinato de Valle y de las masacres de Ituango. En la sentencia quedó claro que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Uribe, participó de la reunión con grupos paramilitares donde se planeó la masacre de La Granja. Los hermanos Angulo Osorio confirmaron esto ante la JEP e incluso dijeron que Moreno tenía un “altísimo” interés en silenciar a Valle para impedir que se conociera la alianza entre autodefensas y militares. Sin embargo, todo esto ya lo había contado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
En resumen, en las versiones que han dado en la JEP, los hermanos Angulo Osorio se han limitado a negar su responsabilidad directa en el asesinato de Jesús María Valle, han pedido las declaraciones de testigos que supuestamente se quieren retractar y han intentado sembrar dudas sobre las investigaciones que llevaron a su sentencia. En una audiencia, incluso, los familiares de Valle decidieron retirarse y no participar más de las declaraciones. Por todo esto, desde abril de 2022, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la JEP que no admita su sometimiento; pero Claudia Rocío Saldaña, magistrada que lleva el caso, aún está por tomar la decisión final.
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Hay otra posibilidad en la JEP para investigar el homicidio de Jesús María Valle: el macrocaso 08, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, sobre delitos cometidos por la fuerza pública u otros funcionarios en alianza con paramilitares. En la decisión con la que se abrió el caso, la magistrada Catalina Díaz relacionó este hecho como ilustrativo de dos patrones criminales que entrará a investigar: los crímenes que cometieron las autodefensas, bajo justificaciones contrainsurgentes; y los que cometieron para controlar el Estado. Más allá de estas menciones, el caso está aún en una fase incipiente y no se ha vinculado a nadie.
El proceso penal
Otra suerte han tenido las pesquisas que lleva la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe por estos hechos. Aún se trabaja en pruebas que se ordenaron hace dos años y medio. En 2017, cuando Uribe era senador, el Tribunal de Medellín pidió investigarlo por las masacres de Ituango y el asesinato de Jesús María Valle. En ese momento, la competencia para hacerlo la tenía la Corte Suprema de Justicia. El voluminoso expediente pasó por varios despachos, que no avanzaron mucho, antes de terminar en el del magistrado César Reyes, el mismo que investigaba al exmandatario por una supuesta manipulación de testigos, y fue el primero en tomar una decisión.
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En agosto de 2020, llamó a Álvaro Uribe a versión libre, citó a declaración a un puñado de testigos, pidió copias a la JEP, a la justicia administrativa y a la Fiscalía de lo que habían logrado establecer hasta entonces. No obstante, cuando Reyes tomó esta decisión el expresidente ya había renunciado al Senado, con lo cual perdió la facultad de seguir adelante con el proceso y tuvo que enviarlo al búnker. Allí, cayó en manos del fiscal Gabriel Jaimes. Y la primera tarea que se propuso fue practicar todas las pruebas que había ordenado la Corte.
En los dos años y medio que han pasado desde entonces, la Fiscalía ha avanzado en esa labor y se espera movimientos en el caso en el primer semestre de 2023. En este tiempo, por ejemplo, han hecho inspecciones a las instalaciones de la IV Brigada del Ejército en Medellín y han escuchado a varios testigos. No obstante, María Victoria Fallon, abogada de la ONG Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, que representa a los familiares de Valle, es escéptica de que se logre avanzar algo en este proceso en el mediano plazo.
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Así, 25 años después del asesinato de Valle, el escenario judicial es muy similar al que en 2009 llevó a la Corte IDH a declarar que en el homicidio de Jesús María Valle “subsiste una impunidad parcial, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades por los mismos”. A pesar de los retrasos, el caso fue declarado de lesa humanidad, así que no puede prescribir y los hermanos y sobrinos de Valle, siguen atendiendo todas las citas que les pone la justicia y exigiendo que no se olvide el asesinato de un hombre que les enseñó a muchos colombianos qué hace un defensor de derechos humanos.