El efecto de los grupos armados en las dinámicas político electorales

Cada cuatro años en el marco de las elecciones regionales y locales se reedita la discusión sobre el riesgo que los grupos armados ilegales producen sobre el ejercicio electoral y en ese sentido, en el marco del proyecto “Paz Total y gobernanza territorial de la seguridad” auspiciado por FESCOL hemos tratado de analizar ¿de qué manera los grupos armados intervienen en los procesos político-electorales y que efectos producen esas intervenciones?

Partiendo de algunos trabajos de investigación que han abordado las interacciones político-electorales de distintos actores armados como los de Medina (1990), Medina y Téllez (1994), Romero (2007), Grajales (2017), Misión de Observación Electoral (2023, 2018, 2015, 2014), López (2010), Duncan (2015) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022a, 2022b) he tratado de hacer una breve caracterización que describa y analice parcialmente los puntos ciegos o aspectos no abordados a profundidad por la literatura producida en Colombia relacionada con el tema.

(Le podría interesar: Defensoría alerta graves amenazas contra ex-FARC que aspiran a elecciones de octubre)

En este sentido, este trabajo se compone de tres partes, la primera a modo de antecedentes históricos aborda los casos de las FARC-EP, el ELN y las AUC y sus modelos de intervención político-electoral. En la segunda, se caracteriza el contexto actual y por último se unas conclusiones preliminares.

1. Algunos antecedentes históricos

Hasta la segunda década de este siglo, los actores armados protagónicos de nuestro conflicto armado eran las organizaciones guerrilleras FARC-EP[1] y el ELN, ambas nacidas durante la guerra fría y ambas con un carácter político-militar. De ahí la gran cantidad de documentos y publicaciones políticas disponibles en el sitio web del ELN y en el de las antiguas FARC-EP[2], además de los recursos que invierten en la formación política de sus combatientes y mandos y las actividades político-organizativas que desarrollan en las comunidades que habitan los territorios bajo su control.

Cabe destacar que las organizaciones insurgentes colombianas, o al menos las que han logrado mayores desarrollos político-militares desde la década de los ochenta del siglo anterior han creado o influido en movimientos y partidos políticos legales, intentando que funcionen como las Organizaciones Políticas de los Obreros, planteadas por V.I. Lenin en su libro ¿Qué hacer?, en el que se pregunta:

¿Cómo conciliar esta contradicción entre la necesidad de una organización amplia y de una clandestinidad rigurosa? ¿Cómo conseguir que las organizaciones gremiales sean lo menos clandestinas posible? En general, no puede haber más que dos caminos: o bien la legalización de las asociaciones gremiales (que en algunos países ha precedido a la legalización de las organizaciones socialistas y políticas), o bien el mantenimiento de la organización secreta, pero tan “libre”, tan poco reglamentaria, que la clandestinidad quede reducida casi a cero para la masa de afiliados” (Lenin, 1980: 17).

Estos movimientos políticos legales (Organización Política de Masas), en la práctica son una bisagra entre la organización ilegal o “vanguardia armada” y las bases sociales o “masas”. “Aquellos individuos de las bases que se destaquen por su activismo y compromiso con la causa pasan a la vanguardia (organización armada), los que no, siguen en la organización legal”. (Trejos, Martínez y Badillo (2018). Tal y como se expresa en el siguiente testimonio:

“Yo quiero aclarar que, efectivamente, algunos miembros de la cúpula de “A Luchar” fuimos parte de la estructura organizativa del ELN. Yo milité por varios años, pero eso no significa que todos los que estuvieron en “A Luchar” fueran del ELN (…) Nosotros de todas maneras aceptamos que el ELN designará sus personas de mayor confianza, tal vez para que nos dieran línea, con el propósito de cumplir la irresponsable utopía de hacer política pública con el lenguaje del ELN, con las propuestas del ELN”. (Corporación Observatorio para la Paz, 2001: 202-207).

(Le podría interesar: ONU verificaría cese al fuego con disidencia, ¿qué se puede aprender de proceso con ELN?)

Con este contexto, también se hace necesario revisar sus dinámicas de intervención político-electoral en el plano local, y en este sentido, es necesario tener en cuenta que las mismas fueron estimuladas entre otras causas por la descentralización, ya que de un momento a otro las administraciones locales se convirtieron en fuentes de legitimidad política, impunidad y acceso a finanzas para los grupos armados:

“El proceso descentralizador […] fortalecido por los cambios constitucionales del 91, abrió nuevos espacios políticos a nivel local, al tiempo que el municipio y los departamentos ganaron más autonomía y robustecieron sus presupuestos. Sin embargo, esta ampliación de autonomía local se continúa realizando en el marco de una gran debilidad institucional, sobre todo en lo relacionado con la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes en las localidades”. (Rangel, 1998: 39).

Se debe tener en cuenta que la intervención político-electoral de los actores armados no es homogénea ni sigue un único libreto, sino que depende de varios factores tales como la capacidad de control del territorio, la aceptación o legitimidad (o no) del grupo armado en las comunidades y sus relaciones con las elites locales que pueden ser de conflicto o cooperación (activa o pasiva).

En este sentido, se identifican tres grandes patrones de intervención de grupos armados en las dinámicas político-electorales, el primero es el tutelaje de las elecciones, estableciendo filtros sobre los eventuales candidatos o ejerciendo “veedurías armadas” sobre la gestión de los mandatarios locales. Como el caso de las antiguas FARC-EP durante las elecciones locales de 1997 en el municipio Cartagena del Chaira (Caquetá):

“Era un poco sentar de entrada un precedente y es que en las áreas controladas por nosotros el bipartidismo no va a tener fuerza. Convocamos a la gente primero al abstencionismo y luego a realizar cabildos abiertos, asambleas populares y a escoger entre todo el pueblo un candidato que reúna las condiciones y que satisfaga el interés de todo el pueblo […], desde allí comienza a generarse una nueva forma de gobernar, candidatos que indudablemente van a contar con el apoyo nuestro, al menos con la observación de los acuerdos a los que la comunidad llega. Por eso tienen que hacer un programa, y preguntarse cómo lo van a desarrollar, porque no es que vayamos a llamar a cuentas a los alcaldes, pero si les pediremos que nos informen cuál es su plan de gobierno y qué es lo que han cumplido. Nosotros concebimos ese nuevo poder esa partir de la organización del pueblo mismo, sin distingo de ninguna naturaleza, de color político, de sexo, de religión. Unificado no en torno a una persona, sino a un programa de gobierno que identifique, o que al menos apunte, a la solución de los problemas más sentidos de la gran mayoría del pueblo en el nivel municipal o de corregimiento” (Ferro y Uribe, 2002:140).

Otro ejemplo de esta forma de intervención es el clientelismo armado. Al respecto, Peñate (1999) desarrolló un trabajo de análisis sobre el clientelismo armado implementado por el Frente Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, poniendo en evidencia la forma en que este frente guerrillero descubrió que para construir una base social leal y ganar legitimidad no era suficiente el discurso político ideológico, sino que además era necesario presionar violentamente a las administraciones con el fin de gestionar con los mandatarios locales la satisfacción de las necesidades de las poblaciones que habitaban los territorios bajo su control. (Trejos y Guzmán, 2018).

El segundo patrón, es la captura de la elección y la administración local, por medio del “veto o eliminación” de unos candidatos y el “aval” de otros candidatos que pueden ser cercanos a la organización ilegal y que se benefician del proselitismo armado o los recursos de la organización ilegal o con candidatos de partidos o casas políticas tradicionales con los que se han logrado pactos previos.

Un ejemplo de este tipo de estrategia está contenido en el documento del ELN denominado “Poder Popular” (1997), que en uno de sus apartes plantea: “copar y penetrar las entidades administrativas y de gobierno regional y municipal para condicionarlo y bloquearlo” (Rangel, 1999: 38). Al respecto, Soto afirma:

“Sin embargo, la búsqueda del poder político local no ha sido muy difundida a pesar de que es allí hacia donde ha evolucionado la estrategia del ELN. Ésta consiste en ubicar simpatizantes o militantes en cargos públicos de zonas bajo su influencia. Ubicarse encargos públicos ha permitido el control sobre los presupuestos locales, llegando hasta la destinación libre del dinero derivado principalmente de la explotación de recursos naturales. De esta forma favorece su base, se consolida un respaldo social primario y se garantiza una fuente constante de recursos” (Soto, 2001: 5).

En el caso del Bloque Norte de las AUC su estrategia se basó en conseguir el apoyo de toda la Fuerza Pública y las instituciones estatales (especialmente las de seguridad y justicia), construir acuerdos con políticos locales, promover candidatos propios en entidades públicas y con el fin de construir bases sociales hacer inversiones económicas puntuales. En este sentido, en septiembre de 2000, se realizó una reunión en Chivolo (Magdalena), a la que asistieron 13 candidatos a las alcaldías de igual número de municipios del departamento de Magdalena y 395 personas dentro de las cuales había aspirantes a Consejos municipales y a la Asamblea departamental, ahí se suscribió el suscribió el “Pacto de Chivolo”. En julio de 2001, las AUC firmaron junto a 11 congresistas activos y varios funcionarios públicos de la costa caribe, un ‘pacto político’, conocido como el “Acuerdo de Ralito” (Córdoba). En septiembre de 2001, en el municipio de Pivijay (Magdalena), se celebró un encuentro, al que asistieron ahora como funcionarios públicos, los asistentes al “pacto de Chivolo”, también participaron aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado. La reunión tuvo como objetivos impulsar la imagen y propuestas del Movimiento “Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida”. (Trejos y Guzmán, 2018).

El tercer y último patrón utilizado especialmente por grupos insurgentes consistió en el saboteo de las elecciones por medio del ataque a los dispositivos electorales, la promoción de la abstención o la prohibición de votar en ciertos territorios de expansión o en disputa con otros grupos armados o con el Estado.

(Le podría interesar: Los municipios con riesgo electoral tras ruptura de cese al fuego con disidencias)

Como puede apreciarse en esta primera parte del documento, la intervención de actores armados (sin incluir las organizaciones de narcotraficantes) en las dinámicas electorales no es algo inédito en la historia reciente del país o una situación que solo este sucediendo durante este gobierno, sino que tiene varios antecedentes y estrategias que varían según el grupo armado, sus capacidades y el territorio.

2. El momento actual.

Partiendo de la premisa de que el conflicto armado se encuentra en una fase de transición y que esa transición ha estado marcada por tres hechos particulares: 1- La desmovilización de las ultimas estructuras de las AUC en el año 2006 dando origen a las “Bacrim”. 2- En el año 2004 la implementación por parte del ELN de su estrategia de Resistencia Armada, poniendo de esta forma fin al objetivo de toma del poder nacional. 3- La desmovilización de las FARC-EP en 2016 que dio paso a las disidencias. (Trejos y Badillo, 2023).

Características del proceso de la transición reciente del contexto de violencia armada en Colombia.

[1] Después de un proceso de negociación de fin de su conflicto armado durante la administración de Juan Manuel Santos, en el año 2016 suscribieron el Acuerdo del Teatro Colón e iniciaron su reintegración a la vida civil y política por medio del partido “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” hoy “Comunes”.

[2] Es importante destacar que en 1961 el Partido Comunista Colombiano realiza su IX Congreso, destacándose la aprobación de la tesis de “la combinación de todas las formas de lucha”. La resolución política del Congreso, citada en Pizarro (1991), expresaba: “La revolución puede avanzar un trecho por la vía pacífica. Pero si las clases dominantes obligan a ello, por medio de la violencia y la persecución sistemática contra el pueblo, éste puede verse obligado a tomar la vía de la lucha armada, como forma principal, aunque no única en otro periodo. La vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha” (p. 182).

Fuente: Trejos y Badillo (2023).

Estos cambios en las dinámicas de la guerra, también se traducen en cambios en las interacciones político-electorales de los grupos armados y además de las señaladas en la primera parte.

En el contexto actual, es posible afirmar que en momentos electorales en territorios en los que un grupo armado tiene una presencia hegemónica, es posible que previamente al inició de las campañas electorales ya se haya realizado un filtro a ciertas candidaturas que promuevan ideas o acciones contrarias a los intereses del grupo al margen de ley. Pero, en caso de que un candidato logre superar los filtros que impone la organización ilegal o cuente con respaldo y visibilidad nacional. El grupo no utilizará violencia directa en contra de él, ya que los costos políticos y mediáticos serían muy altos porque se podría producir una reacción desde el nivel central o generar mayor veeduría no solo sobre el resultado de las elecciones sino sobre la trayectoria y antecedentes de los candidatos.

En este contexto, los grupos armados pueden recurrir a acciones de violencia no letal recurriendo a otras modalidades de violencia en contra de un candidato especifico. En este sentido, los grupos pueden:

1-Impedir que un candidato o su equipo puedan realizar actividades proselitistas o de publicidad electoral en los territorios urbanos y rurales que controlan.

2- Constreñir a los habitantes de los territorios que controlan con el fin de impedir que voten por un candidato especifico.

3- En los casos en los que el control del territorio es parcial o está siendo disputado pueden perturbar el certamen democrático, es decir, sabotear la elección en algunos puestos de votación en los que no logren controlar o capturar la votación.

3. Algunos efectos a modo de conclusiones

Algunos efectos de la intervención en las dinámicas político-electorales por parte de los grupos armados ilegales además de la captura, limitación y deformación de la democracia y los procesos electorales son:

1- La fractura del territorio y el desarrollo local, en la medida en que la presencia y control de los actores armados se concentra en las zonas rurales, lo que hace que las actividades proselitistas se concentren en las cabeceras municipales, excluyendo a las zonas rurales de la oferta de ideas y propuestas, así como de la planeación del territorio. En la práctica, los territorios rurales pierden la posibilidad de contar con representación política que defienda sus intereses.

2- Disminución de la participación política, pues por efectos de la violencia armada en las zonas en disputa, las elecciones se limitan a los espacios urbanos, marginando a los habitantes de las zonas rurales. Esto profundiza los ciclos de exclusión político-institucional del campesinado.

3- Debilitamiento de las administraciones locales, ya que en los casos en los que los actores armados han acumulado cierto poder, podrían incidir en la toma de decisiones con intereses particulares, alejados de la satisfacción de las necesidades colectivas, teniendo como objetivos la captura de rentas públicas, la búsqueda de impunidad judicial y la creación de su propia clientela burocrática. Es decir, las administraciones locales pasan a ser una extensión dinamizadora de los circuitos de ilegalidad y violencia.

*Profesor investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Este artículo hace parte del proyecto “Desempeño de la politica de Paz Total, para el mejoramiento de la seguridad territorial en el Caribe y el Pacífico Colombiano” aispiciado por la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Cada cuatro años en el marco de las elecciones regionales y locales se reedita la discusión sobre el riesgo que los grupos armados ilegales producen sobre el ejercicio electoral y en ese sentido, en el marco del proyecto “Paz Total y gobernanza territorial de la seguridad” auspiciado por FESCOL hemos tratado de analizar ¿de qué manera los grupos armados intervienen en los procesos político-electorales y que efectos producen esas intervenciones?

Partiendo de algunos trabajos de investigación que han abordado las interacciones político-electorales de distintos actores armados como los de Medina (1990), Medina y Téllez (1994), Romero (2007), Grajales (2017), Misión de Observación Electoral (2023, 2018, 2015, 2014), López (2010), Duncan (2015) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022a, 2022b) he tratado de hacer una breve caracterización que describa y analice parcialmente los puntos ciegos o aspectos no abordados a profundidad por la literatura producida en Colombia relacionada con el tema.

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En este sentido, este trabajo se compone de tres partes, la primera a modo de antecedentes históricos aborda los casos de las FARC-EP, el ELN y las AUC y sus modelos de intervención político-electoral. En la segunda, se caracteriza el contexto actual y por último se unas conclusiones preliminares.

1. Algunos antecedentes históricos

Hasta la segunda década de este siglo, los actores armados protagónicos de nuestro conflicto armado eran las organizaciones guerrilleras FARC-EP[1] y el ELN, ambas nacidas durante la guerra fría y ambas con un carácter político-militar. De ahí la gran cantidad de documentos y publicaciones políticas disponibles en el sitio web del ELN y en el de las antiguas FARC-EP[2], además de los recursos que invierten en la formación política de sus combatientes y mandos y las actividades político-organizativas que desarrollan en las comunidades que habitan los territorios bajo su control.

Cabe destacar que las organizaciones insurgentes colombianas, o al menos las que han logrado mayores desarrollos político-militares desde la década de los ochenta del siglo anterior han creado o influido en movimientos y partidos políticos legales, intentando que funcionen como las Organizaciones Políticas de los Obreros, planteadas por V.I. Lenin en su libro ¿Qué hacer?, en el que se pregunta:

¿Cómo conciliar esta contradicción entre la necesidad de una organización amplia y de una clandestinidad rigurosa? ¿Cómo conseguir que las organizaciones gremiales sean lo menos clandestinas posible? En general, no puede haber más que dos caminos: o bien la legalización de las asociaciones gremiales (que en algunos países ha precedido a la legalización de las organizaciones socialistas y políticas), o bien el mantenimiento de la organización secreta, pero tan “libre”, tan poco reglamentaria, que la clandestinidad quede reducida casi a cero para la masa de afiliados” (Lenin, 1980: 17).

Estos movimientos políticos legales (Organización Política de Masas), en la práctica son una bisagra entre la organización ilegal o “vanguardia armada” y las bases sociales o “masas”. “Aquellos individuos de las bases que se destaquen por su activismo y compromiso con la causa pasan a la vanguardia (organización armada), los que no, siguen en la organización legal”. (Trejos, Martínez y Badillo (2018). Tal y como se expresa en el siguiente testimonio:

“Yo quiero aclarar que, efectivamente, algunos miembros de la cúpula de “A Luchar” fuimos parte de la estructura organizativa del ELN. Yo milité por varios años, pero eso no significa que todos los que estuvieron en “A Luchar” fueran del ELN (…) Nosotros de todas maneras aceptamos que el ELN designará sus personas de mayor confianza, tal vez para que nos dieran línea, con el propósito de cumplir la irresponsable utopía de hacer política pública con el lenguaje del ELN, con las propuestas del ELN”. (Corporación Observatorio para la Paz, 2001: 202-207).

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Con este contexto, también se hace necesario revisar sus dinámicas de intervención político-electoral en el plano local, y en este sentido, es necesario tener en cuenta que las mismas fueron estimuladas entre otras causas por la descentralización, ya que de un momento a otro las administraciones locales se convirtieron en fuentes de legitimidad política, impunidad y acceso a finanzas para los grupos armados:

“El proceso descentralizador […] fortalecido por los cambios constitucionales del 91, abrió nuevos espacios políticos a nivel local, al tiempo que el municipio y los departamentos ganaron más autonomía y robustecieron sus presupuestos. Sin embargo, esta ampliación de autonomía local se continúa realizando en el marco de una gran debilidad institucional, sobre todo en lo relacionado con la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes en las localidades”. (Rangel, 1998: 39).

Se debe tener en cuenta que la intervención político-electoral de los actores armados no es homogénea ni sigue un único libreto, sino que depende de varios factores tales como la capacidad de control del territorio, la aceptación o legitimidad (o no) del grupo armado en las comunidades y sus relaciones con las elites locales que pueden ser de conflicto o cooperación (activa o pasiva).

En este sentido, se identifican tres grandes patrones de intervención de grupos armados en las dinámicas político-electorales, el primero es el tutelaje de las elecciones, estableciendo filtros sobre los eventuales candidatos o ejerciendo “veedurías armadas” sobre la gestión de los mandatarios locales. Como el caso de las antiguas FARC-EP durante las elecciones locales de 1997 en el municipio Cartagena del Chaira (Caquetá):

“Era un poco sentar de entrada un precedente y es que en las áreas controladas por nosotros el bipartidismo no va a tener fuerza. Convocamos a la gente primero al abstencionismo y luego a realizar cabildos abiertos, asambleas populares y a escoger entre todo el pueblo un candidato que reúna las condiciones y que satisfaga el interés de todo el pueblo […], desde allí comienza a generarse una nueva forma de gobernar, candidatos que indudablemente van a contar con el apoyo nuestro, al menos con la observación de los acuerdos a los que la comunidad llega. Por eso tienen que hacer un programa, y preguntarse cómo lo van a desarrollar, porque no es que vayamos a llamar a cuentas a los alcaldes, pero si les pediremos que nos informen cuál es su plan de gobierno y qué es lo que han cumplido. Nosotros concebimos ese nuevo poder esa partir de la organización del pueblo mismo, sin distingo de ninguna naturaleza, de color político, de sexo, de religión. Unificado no en torno a una persona, sino a un programa de gobierno que identifique, o que al menos apunte, a la solución de los problemas más sentidos de la gran mayoría del pueblo en el nivel municipal o de corregimiento” (Ferro y Uribe, 2002:140).

Otro ejemplo de esta forma de intervención es el clientelismo armado. Al respecto, Peñate (1999) desarrolló un trabajo de análisis sobre el clientelismo armado implementado por el Frente Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, poniendo en evidencia la forma en que este frente guerrillero descubrió que para construir una base social leal y ganar legitimidad no era suficiente el discurso político ideológico, sino que además era necesario presionar violentamente a las administraciones con el fin de gestionar con los mandatarios locales la satisfacción de las necesidades de las poblaciones que habitaban los territorios bajo su control. (Trejos y Guzmán, 2018).

El segundo patrón, es la captura de la elección y la administración local, por medio del “veto o eliminación” de unos candidatos y el “aval” de otros candidatos que pueden ser cercanos a la organización ilegal y que se benefician del proselitismo armado o los recursos de la organización ilegal o con candidatos de partidos o casas políticas tradicionales con los que se han logrado pactos previos.

Un ejemplo de este tipo de estrategia está contenido en el documento del ELN denominado “Poder Popular” (1997), que en uno de sus apartes plantea: “copar y penetrar las entidades administrativas y de gobierno regional y municipal para condicionarlo y bloquearlo” (Rangel, 1999: 38). Al respecto, Soto afirma:

“Sin embargo, la búsqueda del poder político local no ha sido muy difundida a pesar de que es allí hacia donde ha evolucionado la estrategia del ELN. Ésta consiste en ubicar simpatizantes o militantes en cargos públicos de zonas bajo su influencia. Ubicarse encargos públicos ha permitido el control sobre los presupuestos locales, llegando hasta la destinación libre del dinero derivado principalmente de la explotación de recursos naturales. De esta forma favorece su base, se consolida un respaldo social primario y se garantiza una fuente constante de recursos” (Soto, 2001: 5).

En el caso del Bloque Norte de las AUC su estrategia se basó en conseguir el apoyo de toda la Fuerza Pública y las instituciones estatales (especialmente las de seguridad y justicia), construir acuerdos con políticos locales, promover candidatos propios en entidades públicas y con el fin de construir bases sociales hacer inversiones económicas puntuales. En este sentido, en septiembre de 2000, se realizó una reunión en Chivolo (Magdalena), a la que asistieron 13 candidatos a las alcaldías de igual número de municipios del departamento de Magdalena y 395 personas dentro de las cuales había aspirantes a Consejos municipales y a la Asamblea departamental, ahí se suscribió el suscribió el “Pacto de Chivolo”. En julio de 2001, las AUC firmaron junto a 11 congresistas activos y varios funcionarios públicos de la costa caribe, un ‘pacto político’, conocido como el “Acuerdo de Ralito” (Córdoba). En septiembre de 2001, en el municipio de Pivijay (Magdalena), se celebró un encuentro, al que asistieron ahora como funcionarios públicos, los asistentes al “pacto de Chivolo”, también participaron aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado. La reunión tuvo como objetivos impulsar la imagen y propuestas del Movimiento “Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida”. (Trejos y Guzmán, 2018).

El tercer y último patrón utilizado especialmente por grupos insurgentes consistió en el saboteo de las elecciones por medio del ataque a los dispositivos electorales, la promoción de la abstención o la prohibición de votar en ciertos territorios de expansión o en disputa con otros grupos armados o con el Estado.

(Le podría interesar: Los municipios con riesgo electoral tras ruptura de cese al fuego con disidencias)

Como puede apreciarse en esta primera parte del documento, la intervención de actores armados (sin incluir las organizaciones de narcotraficantes) en las dinámicas electorales no es algo inédito en la historia reciente del país o una situación que solo este sucediendo durante este gobierno, sino que tiene varios antecedentes y estrategias que varían según el grupo armado, sus capacidades y el territorio.

2. El momento actual.

Partiendo de la premisa de que el conflicto armado se encuentra en una fase de transición y que esa transición ha estado marcada por tres hechos particulares: 1- La desmovilización de las ultimas estructuras de las AUC en el año 2006 dando origen a las “Bacrim”. 2- En el año 2004 la implementación por parte del ELN de su estrategia de Resistencia Armada, poniendo de esta forma fin al objetivo de toma del poder nacional. 3- La desmovilización de las FARC-EP en 2016 que dio paso a las disidencias. (Trejos y Badillo, 2023).

Características del proceso de la transición reciente del contexto de violencia armada en Colombia.

[1] Después de un proceso de negociación de fin de su conflicto armado durante la administración de Juan Manuel Santos, en el año 2016 suscribieron el Acuerdo del Teatro Colón e iniciaron su reintegración a la vida civil y política por medio del partido “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” hoy “Comunes”.

[2] Es importante destacar que en 1961 el Partido Comunista Colombiano realiza su IX Congreso, destacándose la aprobación de la tesis de “la combinación de todas las formas de lucha”. La resolución política del Congreso, citada en Pizarro (1991), expresaba: “La revolución puede avanzar un trecho por la vía pacífica. Pero si las clases dominantes obligan a ello, por medio de la violencia y la persecución sistemática contra el pueblo, éste puede verse obligado a tomar la vía de la lucha armada, como forma principal, aunque no única en otro periodo. La vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha” (p. 182).

Fuente: Trejos y Badillo (2023).

Estos cambios en las dinámicas de la guerra, también se traducen en cambios en las interacciones político-electorales de los grupos armados y además de las señaladas en la primera parte.

En el contexto actual, es posible afirmar que en momentos electorales en territorios en los que un grupo armado tiene una presencia hegemónica, es posible que previamente al inició de las campañas electorales ya se haya realizado un filtro a ciertas candidaturas que promuevan ideas o acciones contrarias a los intereses del grupo al margen de ley. Pero, en caso de que un candidato logre superar los filtros que impone la organización ilegal o cuente con respaldo y visibilidad nacional. El grupo no utilizará violencia directa en contra de él, ya que los costos políticos y mediáticos serían muy altos porque se podría producir una reacción desde el nivel central o generar mayor veeduría no solo sobre el resultado de las elecciones sino sobre la trayectoria y antecedentes de los candidatos.

En este contexto, los grupos armados pueden recurrir a acciones de violencia no letal recurriendo a otras modalidades de violencia en contra de un candidato especifico. En este sentido, los grupos pueden:

1-Impedir que un candidato o su equipo puedan realizar actividades proselitistas o de publicidad electoral en los territorios urbanos y rurales que controlan.

2- Constreñir a los habitantes de los territorios que controlan con el fin de impedir que voten por un candidato especifico.

3- En los casos en los que el control del territorio es parcial o está siendo disputado pueden perturbar el certamen democrático, es decir, sabotear la elección en algunos puestos de votación en los que no logren controlar o capturar la votación.

3. Algunos efectos a modo de conclusiones

Algunos efectos de la intervención en las dinámicas político-electorales por parte de los grupos armados ilegales además de la captura, limitación y deformación de la democracia y los procesos electorales son:

1- La fractura del territorio y el desarrollo local, en la medida en que la presencia y control de los actores armados se concentra en las zonas rurales, lo que hace que las actividades proselitistas se concentren en las cabeceras municipales, excluyendo a las zonas rurales de la oferta de ideas y propuestas, así como de la planeación del territorio. En la práctica, los territorios rurales pierden la posibilidad de contar con representación política que defienda sus intereses.

2- Disminución de la participación política, pues por efectos de la violencia armada en las zonas en disputa, las elecciones se limitan a los espacios urbanos, marginando a los habitantes de las zonas rurales. Esto profundiza los ciclos de exclusión político-institucional del campesinado.

3- Debilitamiento de las administraciones locales, ya que en los casos en los que los actores armados han acumulado cierto poder, podrían incidir en la toma de decisiones con intereses particulares, alejados de la satisfacción de las necesidades colectivas, teniendo como objetivos la captura de rentas públicas, la búsqueda de impunidad judicial y la creación de su propia clientela burocrática. Es decir, las administraciones locales pasan a ser una extensión dinamizadora de los circuitos de ilegalidad y violencia.

*Profesor investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Este artículo hace parte del proyecto “Desempeño de la politica de Paz Total, para el mejoramiento de la seguridad territorial en el Caribe y el Pacífico Colombiano” aispiciado por la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.