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Hace una década, se planeó construir un proyecto que solucionaría los históricos problemas de energía del Vichada: el Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (CINER). La idea, que sería clave para la autonomía eléctrica de los departamentos del sur del país, fue financiado con recursos de regalías, pero el Gobierno Santos cortó la llave ante posibles irregularidades en los contratos. El asunto llegó a todos los entes de control y, por ejemplo, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al gobernador Sergio Espinosa (2012-2015). Años más tarde, sin embargo, el CINER aún no está en operación y la mayoría de las investigaciones quedaron varadas.
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Para la Contraloría General, hubo un posible detrimento patrimonial de $32.700 millones. Por una de las aristas del millonario proyecto, relacionada con un contrato para dotar el CINER, ya fueron vinculados a un proceso penal el exgobernador Espinosa, su exsecretario de Hacienda, que fungió como gobernador encargado, Manuel Alberto Villalba; su exsecretario de Planeación, Julio César Flórez, el exjefe jurídico de la Gobernación, Germán Salas, y el exjefe de compras, Carlos González. Aunque la Fiscalía les imputó cargos en 2019, a la fecha ninguno de ellos ha sido llamado a juicio. Y las demás aristas no han sido investigadas a fondo.
El CINER, con sede en Puerto Carreño, nació de una necesidad: Vichada no está conectado a la red eléctrica del resto del país, así que, por años, fue dependiente de las redes de Venezuela. El proyecto pretendía generar energía y formar a habitantes de la Amazonia y la Orinoquia en el tema. Tuvo el visto bueno del Gobierno y recursos, también de regalías, de Arauca, Guainía, Guaviare, Meta y Vaupés. Pero cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) visitó la obra en 2017, encontró retrasos y posibles irregularidades. Por ejemplo, no estaba instalada un área que había sido central cuando el proyecto fue concebido: un parque de energía solar.
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Estaba el espacio, pero ni un solo panel solar. Ante los incumplimientos, el DNP dejó de girar recursos a la Gobernación y esa fue la punta de lanza para los entes de control. Las “ías” se centraron en los contratos, que fueron cinco para todo el CINER: el de la construcción, la interventoría, la compra de equipos didácticos, el diseño de los programas de estudio y la dotación de todo el complejo (desde los muebles hasta la biblioteca, que prometía tener la colección más grande de títulos sobre energías renovables en Colombia). La Contraloría reportó posibles anomalías en los cinco, pero la Fiscalía se centró solo en el último, que se firmó por $2.318 millones.
Cuando el ente investigador imputó al exgobernador Espinosa y a Villalba, como gobernador encargado, le dijo al Tribunal de Bogotá que, junto a otros exfuncionarios y particulares de Vichada “acordaron favorecer a la unión temporal Dotación Vichada, que se constituiría para tal fin, con la adjudicación de un contrato a través del cual la administración departamental le compraría toda la dotación para el CINER”. A los exmandatarios les imputó, entonces, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado agravado. La audiencia se dio en diciembre de 2019, pero a la fecha ninguno ha sido formalmente acusado. Su proceso está congelado.
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La teoría de la Fiscalía es que la empresa que se ganó la licitación para dotar el CINER, al parecer, estaba seleccionada antes de que se abriera siquiera la contratación. “La elaboración de la lista de libros que debía hacer la Gobernación la construyeron particulares y luego hizo parte de los estudios previos, intentando darle visos de legalidad. Las compras de dotación fueron emprendidas mucho antes de que se publicara la licitación. El contrato se firmó en una fecha en la que no se habían cumplido la totalidad de requisitos”, reseña el expediente. Además, la unión temporal se habría apropiado de $1.600 millones inflando los costos de todo lo que compraron.
Aunque la Fiscalía quiso imputarles cargos a todos los implicados en Bogotá, el abogado del exsecretario Flórez dijo que la jueza de Paloquemao no era competente para llevar el proceso, pues todos los supuestos delitos se cometieron en Puerto Carreño. La discusión pasó a la Corte Suprema, que coincidió con el defensor y envió el expediente contra todos los exfuncionarios y particulares a la capital del Vichada. Allí Flórez, Salas y González fueron imputados por interés indebido en contratos, peculado y falsedades. A la fecha, tampoco han sido llamados a juicio.
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En Bogotá y en Vichada, una y otra vez, se han aplazado las audiencias. La magistrada que tiene el caso en la Sala de Primera Instancia de la Corte dijo a las partes que no han agendado la acusación contra Espinosa y Villalba porque le dio prioridad a “evacuar los procesos con fecha de prescripción más próxima”. Y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño canceló “por solicitud de la Fiscalía” la audiencia que había para el pasado 9 de septiembre. Entre fuentes cercanas al proceso hay preocupación por las dilaciones, pues el exgobernador Espinosa ya fue imputado por, supuestamente, intentar sobornar a un fiscal y dos investigadores que estudiaban el caso CINER.
Ahora bien, ninguno de los particulares inicialmente señalados de intentar torcer el negocio de dotación del Centro ha sido vinculado al proceso penal. Y la auditoría que hizo la Contraloría al proyecto concluye que las aparentes anomalías no estuvieron únicamente en ese contrato: hubo partes del Centro que quedaron mal hechas, la interventoría calificó la obra de “deficiente, negligente y omisiva”, los costosos equipos que hay en el CINER se han usado aproximadamente 20 horas desde que fueron instalados y los $1.900 millones con los que se iba a construir el parque de energía solar “fueron trasladados para suplir las modificaciones pretendidas” a los demás contratos.
Este diario se comunicó con el exgobernador Espinosa, quien dijo estar seguro de que demostrará su inocencia en la Corte Suprema. Entre otras cosas, señaló que la biblioteca del CINER sí fue dotada con textos de energías renovables y que así lo demuestra el peritaje de un bibliotecólogo que contrató su defensa, con lo cual el contrato se habría cumplido. Mientras tanto, la Gobernación del Vichada acudió al DNP este año a pedir que reactive los giros de dinero para terminar el Centro y ponerlo a funcionar. En abril les dieron visto bueno y ahora el ente departamental debe contratar el mantenimiento de áreas que se han deteriorado por el desuso y la instalación, ahora sí, del parque solar, cuya ausencia fue el comienzo de este escándalo.