Luis Alfredo Ramos y su enredado caso que duró más de una década

Desde comienzos del año 2003, cuando empezó a tomar forma la negociación política entre el gobierno de Álvaro Uribe y el paramilitarismo, los críticos del proceso advirtieron dos vacíos insubsanables. Ni a las autodefensas se les podía dar carácter de sediciosos, como fue la idea del Ejecutivo, y más temprano que tarde las verdades de esta organización armada iban a replicar contra el Estado. Al final, como estaba advertido, todo terminó en el escándalo de la parapolítica. Uno de los últimos eslabones de la larga cadena de procesados fue el líder político antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero, condenado el pasado viernes a 95 meses de prisión.

En retrospectiva, más allá del debate probatorio, para entender el largo proceso contra Ramos Botero, que duró diez años en la Corte Suprema de Justicia, es necesario regresar a 1997, cuando la casa Castaño consolidó la organización armada llamada Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para operar desde un mando centralizado, pero con acciones de bloques y frentes en todo el país, emulando el modelo de las Farc. En ese contexto, tomaron forma estructuras como el bloque Metro en Medellín, los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Élmer Cárdenas en Antioquia y, ya hacia el año 2000, el bloque Central Bolívar, columna vertebral desplegada en el corazón de Colombia.

Lea también: Los detalles de la condena a Luis Alfredo Ramos por parapolítica

Aunque en ese momento, el paramilitarismo comenzó a mostrar una faceta expansionista militar y política, la prioridad era evitar una zona de distensión para el Eln en el Magdalena Medio, a imagen y semejanza de la zona donde las Farc negociaban con el gobierno de Andrés Pastrana. Al final, logró bloquear la iniciativa y, mientras expandía su control territorial, puso en marcha una estrategia de pactos políticos para incidir en las elecciones legislativas, alcaldías y gobernaciones, y cooptar escenarios de poder del Estado. Eso se tradujo en tratos con líderes políticos locales, regionales y nacionales, con presión a las comunidades para que votaran por los candidatos de sus preferencias.

De esta manera, entre 2001 y 2002, como lo probó la justicia tiempo después, el paramilitarismo logró poner en el Congreso, asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones a elegidos que habían contado con su aval o claramente eran fichas de su organización. En medio de la arrolladora victoria en primera vuelta de Álvaro Uribe, comenzó a trascender que en varias regiones del país, en especial en la zona Caribe y Antioquia, se habían dado casos de candidatos únicos o de alianzas non sanctas, en apoyo del nuevo orden político. En esa perspectiva, el primer elector de 2002 resultó ser el curtido líder antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero, quien pasó a ser presidente del Senado.

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Con un largo recorrido en la política desde 1970, cuando fue electo concejal de su municipio nativo de Sonsón (Antioquia) por el Partido Conservador, Ramos Botero ya había sido contralor del departamento, representante a la Cámara, alcalde de Medellín y ministro de Comercio Exterior. En la era Pastrana, fue embajador de Colombia ante la OEA, pero en 2001 retornó al país para encabezar su propio movimiento, Alas Equipo Colombia, que ganó cuatro curules en el Congreso. En esa medida, se convirtió en un baluarte de la administración Uribe, una de cuyas iniciativas fundamentales fue concretar el proceso de negociación y desarme de los grupos de autodefensa.

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Sin embargo, de conformidad con los compromisos internacionales derivados de la aceptación del Estatuto de Roma, el Estado ya estaba sujeto a impulsar un modelo de justicia transicional para llegar a la paz que no hiciera a un lado los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Por eso, se requería una ley que garantizara verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ese instrumento jurídico se llamó Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso en medio de una tempestad política. El objetivo del paramilitarismo era saldar sus cuentas judiciales en pocos años, reparar a las víctimas y hacer el salto a la política.

Sin embargo, con el tiempo el panorama se enredó por múltiples causas. La guerra nunca se detuvo, el paramilitarismo no cortó sus amarras con la ilegalidad, incluido el narcotráfico, y la Corte Constitucional dejó la Ley de Justicia y Paz en sus justos términos. Se cayó la posibilidad de que tuvieran trato de sediciosos y, en consecuencia, sus acciones fueran consideradas delitos políticos; y cambiaron las cuentas para la evaluación judicial. En medio de la crisis de la negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas, como estaba anunciado, las verdades del paramilitarismo comenzaron a hacer estragos.

Lea aquí: Las razones del magistrado que pidió absolver a Luis Alfredo Ramos

Aunque Uribe fue reelegido en 2006 en primera vuelta, casi de inmediato estalló el escándalo de la parapolítica. Los debates en el Congreso, en especial promovidos por Gustavo Petro; la demanda ante la Corte Suprema instaurada por la líder del Polo, Clara López; y el activismo político de Claudia López, entre otros factores, convirtieron el asunto en un terremoto judicial y político. El final del año 2006 y todo el 2007 fue de cacería de políticos por vínculos con las autodefensas. Un escenario que se tornó crítico porque el propio presidente Uribe casó pelea pública con la Corte Suprema de Justicia y no faltaron los montajes para desprestigiar las pesquisas del alto tribunal.

En esa disputa, Luis Alfredo Ramos optó por alejarse del Congreso y salió electo gobernador de Antioquia para el período 2008-2011. Desde ese momento empezó a sonar como uno de los sucesores de Uribe, a pesar de que pronto se hizo notoria la intención del ejecutivo de ir por un tercer mandato. Al final no se dio, pero las verdades del paramilitarismo siguieron causando roncha. No solo en el país, sino desde las cárceles de Estados Unidos, donde los principales jefes paramilitares extraditados en mayo de 2008, decidieron prender sus ventiladores, poniendo a correr bases a políticos, funcionarios públicos, exmilitares, expolicías y otros supuestos exaliados del paramilitarismo.

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Uno de esos extraditados confesos resultó ser Juan Carlos el Tuso Sierra, un narcotraficante y paramilitar que, desde una cárcel del estado de Virginia, comenzó a dar nombres de algunos beneficiados de la organización ilegal. Así fue cómo salió a flote el nombre de Luis Alfredo Ramos, que en febrero de 2011 empezó a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. Dos años después, el alto tribunal formalizó sus pesquisas, y Ramos tuvo que empezar a defenderse de los señalamientos de varios testigos por presunto apoyo económico y electoral de las autodefensas a su causa política; además de haber tenido contactos no autorizados con algunos jefes del paramilitarismo.

En particular, el capítulo más controvertido fue una reunión, a principios de 2005, en la finca Bellanita, situada en Bello (Antioquia), de propiedad de Hugo Albeiro Quintero, a la que asistió Ramos Botero junto a los políticos Óscar Suárez Mira, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Arboleda. Sus interlocutores fueron los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, entre otros, y el propósito fue buscar la forma de apoyar la aprobación de la Ley de Justicia y Paz que fue sancionada ese mismo año. Ramos Botero niega que haya formalizado trato alguno con las autodefensas ese u otro día, y que además el encuentro no fue para negociar ninguna ley.

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En su momento, esa reunión fue equiparada con el llamado Pacto de Ralito de 2001, donde políticos y autodefensas se reunieron con el propósito de “refundar el país”. No obstante, Ramos manifestó que lo suyo fue muy distinto porque estaba en marcha un proceso de negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas, no había procesos electorales en curso que pudieran generar intereses ilegales, y Ernesto Báez actuaba como vocero político de las autodefensas. La Corte Suprema de Justicia no creyó su versión, y comenzó un interminable tire y afloje jurídico. La investigación se cerró desde 2014, aunque Ramos logró recobrar su libertad dos años después.

Desde entonces, el proceso judicial se convirtió en una especie de papa caliente de múltiples coletazos políticos. Ante la incertidumbre judicial de su caso, Ramos entregó sus banderas a su hijo Alfredo Ramos Maya, que terminó siendo uno de los apoyos fundamentales del expresidente Uribe en su plataforma del Centro Democrático a partir de 2012. De manera simultánea, el excongresista y exgobernador de Antioquia se dedicó a estructurar una defensa basada en la idea de probar que su expediente estaba construido a través de testigos falsos como Carlos Enrique Areiza o Andrés de Jesús Vélez y que, de esa manera, tenía más ingredientes políticos que jurídicos.

Mucha agua pasó por debajo del puente de esta historia judicial de más de una década. En el camino, fueron condenados varios de sus copartidarios de Alas Equipo Colombia, como Óscar Suárez Mira, Álvaro Araújo y Antonio Valencia. También se añadió un ambiguo momento cuando el defensor principal de Ramos resultó siendo el malogrado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy condenado por la justicia, quien al final admitió que únicamente recibió del excongresista el pago de sus honorarios. De cualquier modo, el caso Ramos Botero generó toda clase de suspicacias judiciales y políticas, al punto de que se llegó a decir que el caso iba a prescribir.

Sin embargo, este viernes 1° de octubre, con una sentencia de 117 páginas, la Corte Suprema de Justicia terminó por concluir que Luis Alfredo Ramos Botero debe pagar una pena de 95 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, derivado de sus nexos con las autodefensas y el apoyo económico y electoral que recibió para ser elegido senador y luego gobernador de Antioquia. También fue condenado a pagar una multa de más de siete mil salarios mínimos. Para el alto tribunal, resultó incontrovertible que el exgobernador de Antioquia accedió a aliarse con varios comandantes de las Auc y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal.

En palabras de la propia Sala Especial de Primera Instancia, el exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y puso la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural en que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”. Sobre la reunión en la finca Bellanita, la Corte aclaró que se trató de una reunión realizada “a espaldas del Gobierno Nacional, en horas de la noche, en un lugar no autorizado y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño”.

La decisión del alto tribunal tuvo como ponente al magistrado Ariel Torres, a quien lo apoyó su compañera, la magistrada Blanca Nélida Barreto, pero no el tercer miembro de Sala, el jurista Jorge Emilio Caldas, quien salvó su voto en un documento de 107 páginas —la sentencia condenatoria tiene 117— en el que expuso lo que él mismo llama “una valoración alterna con la que se demuestra la inocencia del procesado [Ramos] por duda probatoria”. En general, el magistrado Caldas reprochó que sus compañeros no hubieran tenido en cuenta que varios de los testimonios valorados eran de hombres denunciados por falso testimonio y la poca credibilidad de varios de ellos.

De conformidad con las nuevas leyes, la decisión puede ser apelada, decisión que ya tomó el exsenador luego de conocer su condena. “He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Apelaré a la segunda instancia, donde se establecerá mi inocencia”, expresó Ramos Botero en un video que publicó en sus redes sociales. El tiempo apremia para que se conozca una decisión definitiva. Entre tanto, la política sigue ardiendo sin que el último coletazo de la parapolítica conozca su final.

Desde comienzos del año 2003, cuando empezó a tomar forma la negociación política entre el gobierno de Álvaro Uribe y el paramilitarismo, los críticos del proceso advirtieron dos vacíos insubsanables. Ni a las autodefensas se les podía dar carácter de sediciosos, como fue la idea del Ejecutivo, y más temprano que tarde las verdades de esta organización armada iban a replicar contra el Estado. Al final, como estaba advertido, todo terminó en el escándalo de la parapolítica. Uno de los últimos eslabones de la larga cadena de procesados fue el líder político antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero, condenado el pasado viernes a 95 meses de prisión.

En retrospectiva, más allá del debate probatorio, para entender el largo proceso contra Ramos Botero, que duró diez años en la Corte Suprema de Justicia, es necesario regresar a 1997, cuando la casa Castaño consolidó la organización armada llamada Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para operar desde un mando centralizado, pero con acciones de bloques y frentes en todo el país, emulando el modelo de las Farc. En ese contexto, tomaron forma estructuras como el bloque Metro en Medellín, los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Élmer Cárdenas en Antioquia y, ya hacia el año 2000, el bloque Central Bolívar, columna vertebral desplegada en el corazón de Colombia.

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Aunque en ese momento, el paramilitarismo comenzó a mostrar una faceta expansionista militar y política, la prioridad era evitar una zona de distensión para el Eln en el Magdalena Medio, a imagen y semejanza de la zona donde las Farc negociaban con el gobierno de Andrés Pastrana. Al final, logró bloquear la iniciativa y, mientras expandía su control territorial, puso en marcha una estrategia de pactos políticos para incidir en las elecciones legislativas, alcaldías y gobernaciones, y cooptar escenarios de poder del Estado. Eso se tradujo en tratos con líderes políticos locales, regionales y nacionales, con presión a las comunidades para que votaran por los candidatos de sus preferencias.

De esta manera, entre 2001 y 2002, como lo probó la justicia tiempo después, el paramilitarismo logró poner en el Congreso, asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones a elegidos que habían contado con su aval o claramente eran fichas de su organización. En medio de la arrolladora victoria en primera vuelta de Álvaro Uribe, comenzó a trascender que en varias regiones del país, en especial en la zona Caribe y Antioquia, se habían dado casos de candidatos únicos o de alianzas non sanctas, en apoyo del nuevo orden político. En esa perspectiva, el primer elector de 2002 resultó ser el curtido líder antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero, quien pasó a ser presidente del Senado.

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Con un largo recorrido en la política desde 1970, cuando fue electo concejal de su municipio nativo de Sonsón (Antioquia) por el Partido Conservador, Ramos Botero ya había sido contralor del departamento, representante a la Cámara, alcalde de Medellín y ministro de Comercio Exterior. En la era Pastrana, fue embajador de Colombia ante la OEA, pero en 2001 retornó al país para encabezar su propio movimiento, Alas Equipo Colombia, que ganó cuatro curules en el Congreso. En esa medida, se convirtió en un baluarte de la administración Uribe, una de cuyas iniciativas fundamentales fue concretar el proceso de negociación y desarme de los grupos de autodefensa.

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Sin embargo, de conformidad con los compromisos internacionales derivados de la aceptación del Estatuto de Roma, el Estado ya estaba sujeto a impulsar un modelo de justicia transicional para llegar a la paz que no hiciera a un lado los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Por eso, se requería una ley que garantizara verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ese instrumento jurídico se llamó Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso en medio de una tempestad política. El objetivo del paramilitarismo era saldar sus cuentas judiciales en pocos años, reparar a las víctimas y hacer el salto a la política.

Sin embargo, con el tiempo el panorama se enredó por múltiples causas. La guerra nunca se detuvo, el paramilitarismo no cortó sus amarras con la ilegalidad, incluido el narcotráfico, y la Corte Constitucional dejó la Ley de Justicia y Paz en sus justos términos. Se cayó la posibilidad de que tuvieran trato de sediciosos y, en consecuencia, sus acciones fueran consideradas delitos políticos; y cambiaron las cuentas para la evaluación judicial. En medio de la crisis de la negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas, como estaba anunciado, las verdades del paramilitarismo comenzaron a hacer estragos.

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Aunque Uribe fue reelegido en 2006 en primera vuelta, casi de inmediato estalló el escándalo de la parapolítica. Los debates en el Congreso, en especial promovidos por Gustavo Petro; la demanda ante la Corte Suprema instaurada por la líder del Polo, Clara López; y el activismo político de Claudia López, entre otros factores, convirtieron el asunto en un terremoto judicial y político. El final del año 2006 y todo el 2007 fue de cacería de políticos por vínculos con las autodefensas. Un escenario que se tornó crítico porque el propio presidente Uribe casó pelea pública con la Corte Suprema de Justicia y no faltaron los montajes para desprestigiar las pesquisas del alto tribunal.

En esa disputa, Luis Alfredo Ramos optó por alejarse del Congreso y salió electo gobernador de Antioquia para el período 2008-2011. Desde ese momento empezó a sonar como uno de los sucesores de Uribe, a pesar de que pronto se hizo notoria la intención del ejecutivo de ir por un tercer mandato. Al final no se dio, pero las verdades del paramilitarismo siguieron causando roncha. No solo en el país, sino desde las cárceles de Estados Unidos, donde los principales jefes paramilitares extraditados en mayo de 2008, decidieron prender sus ventiladores, poniendo a correr bases a políticos, funcionarios públicos, exmilitares, expolicías y otros supuestos exaliados del paramilitarismo.

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Uno de esos extraditados confesos resultó ser Juan Carlos el Tuso Sierra, un narcotraficante y paramilitar que, desde una cárcel del estado de Virginia, comenzó a dar nombres de algunos beneficiados de la organización ilegal. Así fue cómo salió a flote el nombre de Luis Alfredo Ramos, que en febrero de 2011 empezó a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. Dos años después, el alto tribunal formalizó sus pesquisas, y Ramos tuvo que empezar a defenderse de los señalamientos de varios testigos por presunto apoyo económico y electoral de las autodefensas a su causa política; además de haber tenido contactos no autorizados con algunos jefes del paramilitarismo.

En particular, el capítulo más controvertido fue una reunión, a principios de 2005, en la finca Bellanita, situada en Bello (Antioquia), de propiedad de Hugo Albeiro Quintero, a la que asistió Ramos Botero junto a los políticos Óscar Suárez Mira, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Arboleda. Sus interlocutores fueron los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, entre otros, y el propósito fue buscar la forma de apoyar la aprobación de la Ley de Justicia y Paz que fue sancionada ese mismo año. Ramos Botero niega que haya formalizado trato alguno con las autodefensas ese u otro día, y que además el encuentro no fue para negociar ninguna ley.

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En su momento, esa reunión fue equiparada con el llamado Pacto de Ralito de 2001, donde políticos y autodefensas se reunieron con el propósito de “refundar el país”. No obstante, Ramos manifestó que lo suyo fue muy distinto porque estaba en marcha un proceso de negociación entre el gobierno Uribe y las autodefensas, no había procesos electorales en curso que pudieran generar intereses ilegales, y Ernesto Báez actuaba como vocero político de las autodefensas. La Corte Suprema de Justicia no creyó su versión, y comenzó un interminable tire y afloje jurídico. La investigación se cerró desde 2014, aunque Ramos logró recobrar su libertad dos años después.

Desde entonces, el proceso judicial se convirtió en una especie de papa caliente de múltiples coletazos políticos. Ante la incertidumbre judicial de su caso, Ramos entregó sus banderas a su hijo Alfredo Ramos Maya, que terminó siendo uno de los apoyos fundamentales del expresidente Uribe en su plataforma del Centro Democrático a partir de 2012. De manera simultánea, el excongresista y exgobernador de Antioquia se dedicó a estructurar una defensa basada en la idea de probar que su expediente estaba construido a través de testigos falsos como Carlos Enrique Areiza o Andrés de Jesús Vélez y que, de esa manera, tenía más ingredientes políticos que jurídicos.

Mucha agua pasó por debajo del puente de esta historia judicial de más de una década. En el camino, fueron condenados varios de sus copartidarios de Alas Equipo Colombia, como Óscar Suárez Mira, Álvaro Araújo y Antonio Valencia. También se añadió un ambiguo momento cuando el defensor principal de Ramos resultó siendo el malogrado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy condenado por la justicia, quien al final admitió que únicamente recibió del excongresista el pago de sus honorarios. De cualquier modo, el caso Ramos Botero generó toda clase de suspicacias judiciales y políticas, al punto de que se llegó a decir que el caso iba a prescribir.

Sin embargo, este viernes 1° de octubre, con una sentencia de 117 páginas, la Corte Suprema de Justicia terminó por concluir que Luis Alfredo Ramos Botero debe pagar una pena de 95 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, derivado de sus nexos con las autodefensas y el apoyo económico y electoral que recibió para ser elegido senador y luego gobernador de Antioquia. También fue condenado a pagar una multa de más de siete mil salarios mínimos. Para el alto tribunal, resultó incontrovertible que el exgobernador de Antioquia accedió a aliarse con varios comandantes de las Auc y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal.

En palabras de la propia Sala Especial de Primera Instancia, el exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y puso la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural en que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”. Sobre la reunión en la finca Bellanita, la Corte aclaró que se trató de una reunión realizada “a espaldas del Gobierno Nacional, en horas de la noche, en un lugar no autorizado y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño”.

La decisión del alto tribunal tuvo como ponente al magistrado Ariel Torres, a quien lo apoyó su compañera, la magistrada Blanca Nélida Barreto, pero no el tercer miembro de Sala, el jurista Jorge Emilio Caldas, quien salvó su voto en un documento de 107 páginas —la sentencia condenatoria tiene 117— en el que expuso lo que él mismo llama “una valoración alterna con la que se demuestra la inocencia del procesado [Ramos] por duda probatoria”. En general, el magistrado Caldas reprochó que sus compañeros no hubieran tenido en cuenta que varios de los testimonios valorados eran de hombres denunciados por falso testimonio y la poca credibilidad de varios de ellos.

De conformidad con las nuevas leyes, la decisión puede ser apelada, decisión que ya tomó el exsenador luego de conocer su condena. “He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Apelaré a la segunda instancia, donde se establecerá mi inocencia”, expresó Ramos Botero en un video que publicó en sus redes sociales. El tiempo apremia para que se conozca una decisión definitiva. Entre tanto, la política sigue ardiendo sin que el último coletazo de la parapolítica conozca su final.