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A los 61 años el exitoso empresario barranquillero Leo Eisenband Gottlieb —dueño de la firma Fedco, la marca líder en productos de belleza en Colombia—, tendrá que enfrentar, por primera vez, una acusación de la justicia. Hoy una fiscal especializada le imputará cargos por el delito de peculado, pues tiene evidencias que lo relacionan como un beneficiario del saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes(DNE). Se trata de la compra que hizo en 2009, a través de su empresa Eilat Limitada, del centro comercial Villa Country en Barranquilla. Un predio que años atrás el Estado le quitó al clan mafioso de los Nasser Arana. El negocio, según la Fiscalía, está repleto de irregularidades.
El Espectador conoció los detalles claves de la investigación que podría llevar a prisión al reputado empresario, quien desde 1979 está al frente de Fedco. De hecho, su cadena de negocios ha sido tan exitosa que la compañía cuenta con más de 35 tiendas en 13 ciudades del país y, según su página web, provee 1.500 empleos directos. El empresario modelo, sin embargo, hoy está enredado porque esa venta de la DNE fue amañada de principio a fin para favorecer el negocio. Camilo Bula, exliquidador en la DNE y hoy testigo estelar en este caso, ya le contó a la Fiscalía cómo se adulteraron avalúos y se falsificaron actos notariales para beneficiar a Eisenband Gottlieb.
En septiembre pasado Bula logró un principio de oportunidad con la Fiscalía para revelar que en el desangre de la DNE participaron altos funcionarios de esa entidad, abogados, una exfiscal de lavado de activos, la congresista Myriam Paredes y los exparlamentarios Javier Cáceres y Luis Elmer Arenas, así como propietarios de inmobiliarias, particulares, testaferros de narcos, funcionarios del Agustín Codazzi y peritos avaluadores. En su acuerdo con la justicia, uno de los principales acusados por Bula es el dueño de Fedco. Precisamente, como liquidador de la sociedad Promocom, que administraba Villa Country y otros bienes de los Nasser Arana, Bula fue el encargado de la venta del centro comercial que hoy tiene en apuros a Eisenband Gottlieb.
Según la declaración del testigo, que ya fue verificada por la Fiscalía, Villa Country se vendió por un valor menor al de su avalúo catastral. El predio, de casi 17.500 metros cuadrados, fue valorado en $18.360 millones por la promotora Kosmos, que Bula contrató para determinar su valor. No obstante, se dejaron de considerar 2.800 metros cuadrados que habrían incrementado el valor comercial en más de $3.600 millones. El beneficiario de esta súbita maniobra fue el presidente de Fedco. Investigadores consultados sostienen que dicho predio podía costar cerca de $28.000 millones. La Fiscalía está convencida que Eisenband Gottlieb no es un comprador de buena fe.
Con otra particularidad: se investiga si el empresario barranquillero Luis Fernando Vásquez ofició como un socio a la sombra del presidente de Fedco para adquirir Villa Country. En octubre de 2010, la W Radio contó que Vásquez no pudo concretar un negocio con la DNE porque tenía un reporte de la Interpol. De acuerdo con esa noticia, éste habría solicitado que los procesos de compra de cinco bienes en Santa Marta y Barranquilla fueran cedidos a Jairo Jesús Sabat, petición que le fue denegada. Camilo Bula le dijo a la justicia que quien quería apropiarse de Villa Country era Vásquez pero al tener supuestos enredos judiciales acudió a Eisenband Gottlieb.
Todo el proceso de esa venta fue manejado por Bula y ya se estableció que el avalúo cuestionado se hizo con una escritura pública que no correspondía a la de Villa Country. Por estos hechos ya se solicitó imputación en contra del avaluador Jorge Donado, quien no asistió a la audiencia. Así mismo, los investigadores trabajan en una pista concreta: que aparentemente el presidente de Fedco tenía una deuda de más de $1.000 millones con la DNE por otro negocio y que, a pesar de esta obligación, se le permitió participar en el proceso de subasta del centro comercial. Una irregularidad que aún está siendo objeto de pesquisas judiciales. En todo caso, lo que sí existe es un avalúo realizado por dos arquitectos para la Fiscalía en el que se constata la alteración del valor de Villa Country.
En los últimos ocho meses un grupo élite de la Fiscalía, coordinado por el despacho del vicefiscal Jorge Perdomo, ha logrado recoger evidencias para solicitar 37 imputaciones por el saqueo a la DNE. Los exdirectores Carlos Albornoz y Ómar Figueroa ya están en prisión. El testigo estelar del proceso, el exfiscal Camilo Bula, confesó cómo se pagaban comisiones sobre las ventas de estos inmuebles arrebatados a la mafia y cómo muchos de esos porcentajes se repartían entre los directivos de la DNE. También que en el caso de Villa Country se orquestó un montaje para darle apariencia de legalidad a un negocio chueco. En este expediente también aparece salpicada la inmobiliaria Araújo y Segovia, que era la que administraba el predio.
La semana pasada El Espectador intentó comunicarse con Eisenband Gottlieb pero su respuesta fue que se referirá a esta acusación más adelante. Al margen de su silencio, lo cierto es que hoy tendrá que sentarse del lado del banquillo de los acusados para responder por un negocio que pintaba muy bien pero en el que terminó enredado.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9