El Erpac todavía existe

El sometimiento del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), ocurrido en diciembre pasado, fue presentado como un gran logro producto de la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare. No obstante International Crisis Group (ICG), una ONG que ha adquirido prestigio por sus análisis en materia de seguridad, concluyó lo contrario: lo del Erpac se convirtió en el mejor ejemplo de que Colombia no tiene cómo lidiar con el sometimiento de grupos ilegales.

El 22 de diciembre de 2011, 272 combatientes del Erpac dejaron las armas, luego de que la organización se desestabilizara cuando su fundador, el paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, murió en un operativo de la Policía en 2010. Sin embargo, lo que el ICG deja ver en su más reciente informe, titulado Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento, es que con dicha rendición se estuvo lejos de obtener los resultados esperados.

Después de Cuchillo, el poder del Erpac pasó a manos de José López Montero, alias Caracho, quien en menos de un año ya estaba buscando la manera de entregarse porque, según él, quería acabar con el Erpac: “Me cansé de la guerra y me di cuenta de que este es un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos”, afirmó en ese momento. Caracho inició así el proceso de sometimiento a través de la Fiscalía y la Procuraduría.

Pero, de acuerdo con el ICG, el sometimiento del Erpac fue un proceso que se “descarriló” dos días después de hacerse oficial. Todos los excombatientes firmaron un documento con el que confirmaban su retiro del grupo ilegal, su pasado judicial se verificó (de 272 sólo 19 tenían cuentas pendientes con la justicia) y la Fiscalía los dejó ir, con el compromiso de que acudieran si eran requeridos. Lo que siguió fue un complicado proceso de identificación, pues varios de los hombres no tenían documentos.

De esa manera, hasta abril del presente año habían sido capturados 177 integrantes del Erpac. Fue entonces cuando surgió el gran dilema que afrontan en este momento las autoridades: ¿cómo procesarlos? De acuerdo con el ICG, como estos hombres se sometieron no pueden acceder a los beneficios de los desmovilizados. No hubieran podido desmovilizarse tampoco, pues las leyes colombianas sólo contemplan esa figura para miembros de los grupos paramilitares o guerrilleros. De esa manera, los miembros del Erpac quedaron al arbitrio de la ley como cualquier ciudadano.

Este es otro problema identificado por el ICG: al ser procesados por la justicia ordinaria no pueden acceder al proceso de reinserción, lo que aumenta las probabilidades de que vuelvan a las armas. Para la muestra el caso de Martín Farfán, alias Pijarbey, arrestado en 2009 y liberado en 2012. Según la información brindada por el ICG, Pijarbey está en los Llanos Orientales liderando otra banda criminal. Además, por este mismo motivo las víctimas no tendrían acceso a ningún tipo de reparación.

Pero el International Crisis Group no sólo resaltó lo que salió mal. En el informe también se presentan recomendaciones dirigidas al Gobierno y la Fiscalía General para evitar que en un futuro se repitan los mismos errores, pensando en la posibilidad de que las bandas criminales tengan también la intención de someterse a la justicia.

Una de las sugerencias, y tal vez la más lógica, se centra en el hecho de que el Estado se asegure de que las autoridades correspondientes cuenten con los requisitos y medios para realizar con idoneidad las investigaciones respectivas. También se incluye la posibilidad de crear beneficios para que las personas que se sometan a la justicia encuentren los incentivos para hacerlo, así como clarificar el trato que se les da a los niños que militan en los nuevos grupos armados ilegales.

Afirma el ICG que los menores “deberían ser elegibles para ingresar en el programa para niños soldados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así los menores no sean reconocidos como integrantes del conflicto armado”. También hacen referencia a la posible participación de la comunidad internacional, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) en los procesos de desmovilización y sometimiento, para reforzar la eficiencia de los mismos.

Nada de esto, advierte ICG, servirá sin la participación activa del Gobierno, fundamental tanto en el momento de rendición de armas como después, cuando en realidad se perciben los resultados de estos procesos de resocialización. De implementarse las recomendaciones se podrían evitar ramificaciones, como las que surgieron con la parte del Erpac que no se sometió. Hoy está dividida en dos grupos, el Bloque Meta y Los Libertadores de Vichada, que tendrían actualmente más de 560 insurgentes en sus filas.

El sometimiento del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), ocurrido en diciembre pasado, fue presentado como un gran logro producto de la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare. No obstante International Crisis Group (ICG), una ONG que ha adquirido prestigio por sus análisis en materia de seguridad, concluyó lo contrario: lo del Erpac se convirtió en el mejor ejemplo de que Colombia no tiene cómo lidiar con el sometimiento de grupos ilegales.

El 22 de diciembre de 2011, 272 combatientes del Erpac dejaron las armas, luego de que la organización se desestabilizara cuando su fundador, el paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, murió en un operativo de la Policía en 2010. Sin embargo, lo que el ICG deja ver en su más reciente informe, titulado Desmantelar los nuevos grupos armados ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento, es que con dicha rendición se estuvo lejos de obtener los resultados esperados.

Después de Cuchillo, el poder del Erpac pasó a manos de José López Montero, alias Caracho, quien en menos de un año ya estaba buscando la manera de entregarse porque, según él, quería acabar con el Erpac: “Me cansé de la guerra y me di cuenta de que este es un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos”, afirmó en ese momento. Caracho inició así el proceso de sometimiento a través de la Fiscalía y la Procuraduría.

Pero, de acuerdo con el ICG, el sometimiento del Erpac fue un proceso que se “descarriló” dos días después de hacerse oficial. Todos los excombatientes firmaron un documento con el que confirmaban su retiro del grupo ilegal, su pasado judicial se verificó (de 272 sólo 19 tenían cuentas pendientes con la justicia) y la Fiscalía los dejó ir, con el compromiso de que acudieran si eran requeridos. Lo que siguió fue un complicado proceso de identificación, pues varios de los hombres no tenían documentos.

De esa manera, hasta abril del presente año habían sido capturados 177 integrantes del Erpac. Fue entonces cuando surgió el gran dilema que afrontan en este momento las autoridades: ¿cómo procesarlos? De acuerdo con el ICG, como estos hombres se sometieron no pueden acceder a los beneficios de los desmovilizados. No hubieran podido desmovilizarse tampoco, pues las leyes colombianas sólo contemplan esa figura para miembros de los grupos paramilitares o guerrilleros. De esa manera, los miembros del Erpac quedaron al arbitrio de la ley como cualquier ciudadano.

Este es otro problema identificado por el ICG: al ser procesados por la justicia ordinaria no pueden acceder al proceso de reinserción, lo que aumenta las probabilidades de que vuelvan a las armas. Para la muestra el caso de Martín Farfán, alias Pijarbey, arrestado en 2009 y liberado en 2012. Según la información brindada por el ICG, Pijarbey está en los Llanos Orientales liderando otra banda criminal. Además, por este mismo motivo las víctimas no tendrían acceso a ningún tipo de reparación.

Pero el International Crisis Group no sólo resaltó lo que salió mal. En el informe también se presentan recomendaciones dirigidas al Gobierno y la Fiscalía General para evitar que en un futuro se repitan los mismos errores, pensando en la posibilidad de que las bandas criminales tengan también la intención de someterse a la justicia.

Una de las sugerencias, y tal vez la más lógica, se centra en el hecho de que el Estado se asegure de que las autoridades correspondientes cuenten con los requisitos y medios para realizar con idoneidad las investigaciones respectivas. También se incluye la posibilidad de crear beneficios para que las personas que se sometan a la justicia encuentren los incentivos para hacerlo, así como clarificar el trato que se les da a los niños que militan en los nuevos grupos armados ilegales.

Afirma el ICG que los menores “deberían ser elegibles para ingresar en el programa para niños soldados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así los menores no sean reconocidos como integrantes del conflicto armado”. También hacen referencia a la posible participación de la comunidad internacional, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) en los procesos de desmovilización y sometimiento, para reforzar la eficiencia de los mismos.

Nada de esto, advierte ICG, servirá sin la participación activa del Gobierno, fundamental tanto en el momento de rendición de armas como después, cuando en realidad se perciben los resultados de estos procesos de resocialización. De implementarse las recomendaciones se podrían evitar ramificaciones, como las que surgieron con la parte del Erpac que no se sometió. Hoy está dividida en dos grupos, el Bloque Meta y Los Libertadores de Vichada, que tendrían actualmente más de 560 insurgentes en sus filas.