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La lupa de las autoridades empezó en 2016, cuando la Contraloría de la República alertó sobre grandes inconsistencias en recobros al sistema de salud que habrían causado un detrimento de hasta $44.812 millones al departamento de Córdoba. Lo que dijo en su momento el ente de control es que todo el entramado se planeó presentando a pacientes hemofílicos inexistentes, exámenes de laboratorio alterados y entrega de medicamentos que nunca fueron suministrados.
Inicialmente, la investigación fiscal dio cuenta que la secretaria de Salud Departamental autorizó los pagos directamente a las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S., por alrededor de $39.062 millones y San José de la Sábana S.A.S., por $5.750 millones. Lo que expuso la investigación en su momento es que en los pagos no hubo mediación de una EPS y además no se verificó la prestación de los servicios. Entre otras cosas, en materia jurídica se incumplió con los requisitos dado que no existió una autorización para realizar el desembolso del dinero.
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La Fiscalía, en 2016, empezó a seguirle la pista a las IPS y a los funcionarios que estuvieron detrás del entramado de corrupción. Un año después, el fruto de la investigación culminó con las primeras imputaciones que se registraron en contra de Alfredo José Aruachan Narváez, exsecretario de salud de Córdoba; Alexis José Yaines Acuña, exsecretario de Salud encargado, y Marcela Sofía Suarez Luna, auditora Médica.
En ese caso, la Fiscalía indagó sobre la expedición de 23 resoluciones entre el 28 de mayo de 2013 y el 20 de noviembre de 2014, en las que los exsecretarios ordenaron el pago y suministro de medicamentos no POS (Plan Obligatorio de Salud) en beneficio de 56 pacientes de la población pobre no cubierta. En ese entonces, el ente investigador estableció que, aunque algunos de estos pacientes no sufrían de hemofilia, se les giró el pago de manera reiterada a pesar de contar con afiliación al sistema de salud.
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En mayo del mismo año, y bajo la administración del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, Adalberto Carrascal, también exfuncionario de la secretaria de salud de Córdoba, se entregó ante las autoridades y fue procesado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Como si fuera un castillo de naipes, la mayoría de los vinculados fueron cayendo. En octubre de la misma anualidad las autoridades capturaron al exfiscal Daniel Fernando Díaz y a otro exsecretario de salud de Córdoba, José Jaime Pareja.
Las capturas de los últimos sirvieron para destapar a los peces gordos que estaban tras el entramado de corrupción. En la audiencia de imputación de cargos donde dijeron que el exfiscal Daniel Díaz aceptó remuneraciones económicas a cambio de favorecer a los exsecretarios de salud capturados, salieron a relucir los nombres del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Luis Penilla, el exgobernador Alejandro Lyons, el exsenador Musa Besaile y su hermano Edwin Besaile, quien para 2017 fungía como gobernador del departamento.
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Sobre la participación de Moreno en el entramado, la Fiscalía dijo que éste conocía de las investigaciones que se adelantaban por el gran detrimento generado en Córdoba, y que una vez llegó a la Unidad Anticorrupción relevó del cargo a la fiscal Martha Inés Sepúlveda, quien adelantaba las investigaciones por estos hechos, y en su lugar dejó al exfiscal capturado Daniel Díaz, quien finalmente conocía de las jugadas torcidas que adelantaron el exgobernador Lyons y su entonces secretario de salud, José Jaime Pareja que fue detenido junto con el polémico exfiscal.
Lyons resultó envuelto en el entramado porque la Fiscalía pudo constatar que durante su administración se gestó una “alianza criminal” entre este y el exsenador Musa Besaile. El pacto tenía la finalidad de obtener beneficios económicos ilegales de recursos que ingresaban al departamento por concepto de regalías. No obstante, la participación del hoy exgobernador Edwin Besaile también fue clave, pues, supuestamente, ordenó y autorizó el pago de más de $1.525 millones a la IPS San José de la Sábana que tenía la finalidad de suministrar medicamentos a pacientes no POS.
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Los posibles actos delictivos de los hermanos Besaile fueron no solo conocidos sino también apoyados por el exgobernador Alejandro Lyons quien tras verse atrapado por las autoridades decidió adelantar un proceso de colaboración con la Fiscalía. Así las cosas, el político se convirtió en el testigo estrella, pero no solo hizo con el entramado de corrupción que se suscitó en materia de salud en Córdoba, sino también con el que se presentó en la Corte Suprema de Justicia al que denominaron el Cartel de la Toga.
Ese episodio marcó al exgobernador Lyons porque sobre su nombre pesaba una investigación por parapolítica y para evadirla dijo que le entregó al exsenador Musa Besaile $600 millones, para que el excongresista detuviera la orden de captura que había en su contra. El exmandatario departamental argumentó que los $600 millones salieron de dos millonarios contratos de ciencia y tecnología que se celebraron en el departamento de Córdoba, por un valor superior a los 80 mil millones de pesos.
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Con esta declaración, Lyons que pasó de ser juzgado a colaborar con la justicia se comprometió a devolver $4.000 millones de los más de $8.000 de los que se apropió. En ese entonces, el exgobernador fue llamado ante los estrados judiciales por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Con la caída de uno de los peces gordos del entramado de corrupción en Córdoba, la Fiscalía siguió moviendo sus hilos y llegó hasta el hoy exgobernador de ese departamento Edwin Besaile, pues en su radar tenían la autorización del pago de más de $1.500 millones a la IPS San José de la Sábana para el suministro de medicamentos que nunca llegaron a los pacientes. Por esos hechos, Besaile fue acusado, en septiembre pasado, ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado y concierto para delinquir.
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En materia penal, su hermano Musa Besaile pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que su proceso por el Cartel de la Hemofilia quedara en la justicia transicional. No obstante, el tribunal de paz le cerró la puerta porque consideró que la corrupción administrativa y contractual no tenía relación con el conflicto armado interno. Sobre el exgobernador Lyons, pese a que empezó su proceso de colaboración con la Fiscalía, las autoridades aún aguardan su llegada de Estados Unidos para que responda por el delito de concierto para delinquir.
Otra pieza clave en el entramado de corrupción en Córdoba fue el abogado Leonardo Luis Pinilla, más conocido con el alias de Porcino, quien también estuvo inmerso en el Cartel de la Toga y hoy está cumpliendo una pena de cuatro años en una casa fiscal en Montería. El abogado quien arribó al país hace un poco más de un año, así como Lyons, se comprometió a colaborar con la justicia y en una de esas resultó salpicando a la representante a la cámara, Sara Piedrahíta Lyons, prima del exgobernador y miembro del Partido de la U.
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Lo primero que dijo es que la representante Piedrahita, al parecer, conocía del manejo irregular de dineros que provenían del Cartel de la Hemofilia. Por lo que, no en vano, la Corte Suprema de Justicia decidió, con ponencia del magistrado de la Sala de Instrucción, Marco Antonio Rueda, abrir una investigación en su contra y llamarla a indagatoria por el delito de lavado de activos.
Lo que dice la investigación es que la política, presuntamente recibió dinero para su campaña electoral durante 2014-2018. El expediente daría cuenta de que la plata recibida sería el pago de coimas que hizo el representante legal de una IPS para que le adjudicaran la atención de pacientes con hemofilia en Córdoba.
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