El Espectador le explica el capítulo del caso Odebrecht y el Grupo Aval

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué durante años los máximos representantes del Grupo Aval negaron tener conocimiento sobre las coimas que Odebrecht entregaba para ganarse los millonarios contratos de infraestructura y la semana pasada Colombia se enteró de que ante las autoridades de Estados Unidos sí lo reconocieron? De esto se trata el boletín de esta semana, de la noticia con la que el país se enteró de que el Grupo Aval pagará más de US$80 millones (más de $320 mil millones de pesos al cambio de hoy) de multa después de que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país aseguraran que el Grupo Aval y Corficolombiana violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Para entender los detalles del caso y lo que hasta hoy se conoce, recomendamos entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos:

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué durante años los máximos representantes del Grupo Aval negaron tener conocimiento sobre las coimas que Odebrecht entregaba para ganarse los millonarios contratos de infraestructura y la semana pasada Colombia se enteró de que ante las autoridades de Estados Unidos sí lo reconocieron? De esto se trata el boletín de esta semana, de la noticia con la que el país se enteró de que el Grupo Aval pagará más de US$80 millones (más de $320 mil millones de pesos al cambio de hoy) de multa después de que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país aseguraran que el Grupo Aval y Corficolombiana violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Para entender los detalles del caso y lo que hasta hoy se conoce, recomendamos entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos:

El 12 de julio de 2023 publicamos una de nuestras entregas de El Espectador le explica, en ese momento, sobre el caso Odebrecht y Óscar Iván Zuluaga. En ese boletín contamos, detalladamente, las raíces de este escándalo mundial, pues la compañía fundada por Norberto Odebrecht y para el momento del escándalo, liderada por su nieto, Marcelo Odebrecht; operaba en 25 países y, de acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2016, existía en esa corporación una vicepresidencia dedicada a planear, estratégicamente, la forma de quedarse con los contratos de infraestructura por medio del pago de sobornos a empleados públicos tomadores de decisiones en 12 países. Pasaron de ser los más respetados en el mundo empresarial y político a los más señalados por la estela de corrupción que protagonizaron.

En ese documento hicimos la lista de todos los implicados desde la operación Lava Jato; de los sindicados, de los procesos abiertos, de las investigaciones a las campañas presidenciales tanto de Juan Manuel Santos como de Óscar Iván Zuluaga. La vinculación de nombres como el de Corficolombiana -del Grupo Aval- y su entonces presidente José Elías Melo; Luiz Antonio Bueno, exrepresentante de la sucursal de Odebrecht en Colombia; el del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales; el exsenador Otto Bula -estos dos últimos capturados-; el asesor político brasilero, Eduardo ‘Duda’ Mendonça; entró al proceso la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez; Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI; el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta; el exministro de Transporte, Miguel Peñaloza; los exsenadores Plinio Olano y Bernardo “ñoño” Elías.

Cuando el país se enteró de que el Grupo Aval y Corficolombiana habían llegado a acuerdo en Estados Unidos, el fiscal Francisco Barbosa anunció una nueva oleada de imputaciones en el caso Odebrecht.

Repasando el pasado, mucha información contenía del indictmen en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Se supo, inicialmente, de 11 millones de dólares que entre 2009 y 2014 repartieron los corruptos para quedarse con los contratos en Colombia, pero cuando avanzó la investigación se aseguró que las coimas que dejaron llegaron a los $100 mil millones. Las obras que se adelantaban en este país quedaron en vilo, como la recuperación de la navegación por el río Magdalena; la vía Ocaña – Gamarra, uno de los sectores de la Ruta del Sol y la Tunjuelo – Canoas.

El tiempo fue pasando y una de las condenas más importante de todo este proceso fue en contra de José Elías Melo, el entonces presidente de Corficolombiana. El nombre de más alto perfil de toda la investigación en Colombia. De acuerdo con el juez, el líder de esta empresa, filial del Grupo Aval, fue quien autorizó los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para quedarse con la Ruta del Sol 2. La condena lo mandó de inmediato a la cárcel La Picota de Bogotá. Se supo en ese instante que el juez consideró que “el exdirectivo, en efecto, sí sabía del soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le entregó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del extinto INCO (la antigua agencia de Infraestructura, hoy ANI) en 2009, año en que se abrió la licitación de la Ruta del Sol 2 y se adjudicó su contrato, por más de $2 billones. El pago irregular fue hecho para asegurarse que la Concesionaria Ruta del Sol (conformada por Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte) quedara con la construcción de ese corredor vial”, nos contaron los colegas de Judicial.

Melo siempre lo negó. El argumento de su defensa fue que él y su empresa no sabían. Que Odebrecht había actuado solo. Pero el juez fue enfático: “las reuniones que tuvieron Luiz Bueno (expresidente de Odebrecht en Colombia) y Melo tenían un fin específico: que no era otro que, sin importar si tenían que corromper al adjudicatario de la obra para ganar la licitación, lo harían, como en efecto lo hicieron (...) Es un hecho demostrado que Melo conocía de los pagos y permitió que se realizaran”. En contra de Melo se usaron los testimonios de “tres exdirectivos de la multinacional brasileña: Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha”.

El caso, en el pasado julio, cobró vigencia nuevamente con los reflectores hacia Óscar Iván Zuluaga, pues al excandidato a la presidencia le imputaron cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares en medio de este escándalo de Odebrecht. No aceptó. Y su hijo, David Zuluaga, quien también es procesado penalmente porque era el gerente de la campaña de su padre, tampoco aceptó cargos. La prueba reina en su contra son unos audios que entregó Daniel García Arizabaleta en donde, al parecer, queda en evidencia que Zuluaga papá sabía de la entrada de dineros no reportados en su campaña.

¿Y ahora, qué fue lo que, otra vez, hizo que este caso catalogado como uno de los más grandes en la historia de la corrupción en Colombia, apareciera en la primera plana de todas las conversaciones en el país? Que por medio de las investigaciones adelantadas por la justicia de Estados Unidos se supo que “Corficolombiana, la cual hace parte del Grupo Aval, aceptó pagar US$80 millones en multas por su participación en el circuito de actos corruptos que la llevó a quedarse con la adición Ocaña-Gamarra del proyecto Ruta del Sol II, de la mano de su socio Odebrecht”. Lo que siempre negaron en Colombia, en Estados Unidos sí lo aceptaron. “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades,”, dijo Erek Barron, fiscal de la Corte del Distrito de Maryland, en un comunicado que el Departamento de Justicia divulgó el pasado 10 de agosto:

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Pero, antes de seguir, vamos por partes. ¿Quién es Corficolombiana? “Somos el inversionista líder en la estructuración, gestión y administración de empresas y proyectos en Colombia. Con más de 60 años de trayectoria, hemos trabajado por ser un aliado estratégico en el desarrollo y proyección del país a través de inversiones sostenibles en sectores claves de la economía”, es la forma en la que se presentan en su plataforma digital. Operan en sectores muy importantes de la economía: infraestructura, agroindustria, hotelería, financiero y energía. Sus áreas de negocio son banca comercial, banca de inversión, tesorería y portafolio de inversiones.

¿Cuáles son sus números? Los enlistan así: más de 25.000 empleados, en Ebitda $6,3 billones en cifras consolidadas, $23,5 billones en activos con cifras separadas, un patrimonio de $11,4 billones también en cifras separadas y una utilidad de $1,8 billones en cifras separadas. Y sus principales inversiones están en Proindesa, Hoteles Estelar, Casa de Bolsa, Promigas y Pajonales. En otras palabras, son una empresa gigante, que hace parte del Grupo Aval (el conglomerado financiero dueño del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AVVillas, Banco Popular, Porvenir, Dale, Almaviva y Alpopular) con base financiera, que pone recursos y estructura proyectos para trabajar en los sectores de la economía más importantes de Colombia.

¿Y por qué la justicia de Estados Unidos está en medio de todo esto? No solo porque fueron los que desenmascararon todo el entramado de corrupción desde el comienzo, con origen en la corrupción brasilera, sino que la Securities and Exchange Commission (SEC), es la entidad reguladora que vigila al Grupo Aval y sus empresas desde el año 2014, pues en ese momento este conglomerado económico fue enlistado en la Bolsa de Valores de Nueva York. En Wall Street. Ese 23 de septiembre Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien era el entonces presidente del grupo, al lado de su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien hoy lidera la organización, tocaron la famosa campana de la Bolsa, entrando de esa forma simbólica al mercado más importante del mundo, pero también a uno de los más vigilados. Esa es la razón por la que, bajo su supervisión, es la SEC uno de los entes de control que hoy los está sancionando.

Ya, con eso claro, volvamos al caso. Esta fue la noticia que reportamos el 10 de agosto de 2023: “Luego de cinco años de investigaciones, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de ese país cerraron los expedientes que habían abierto en 2018 en contra del Grupo Aval y a Corficolombiana, en medio del escándalo mundial de Odebrecht. Además de cerrarlos, la primera impuso una multa de $40 millones de dólares en contra de las empresas colombianas, mientras que el DOJ negoció el pago de un poco más de $40 millones de dólares a cambio de cerrar todas las investigaciones criminales”. En resumen: Grupo Aval pagará más de $80 millones de dólares en EE. UU. por caso Odebrecht.

¿Por qué sancionaron al Grupo Aval y a su empresa, Corficolombiana? De acuerdo con la SEC, es por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) cuando en conjunto con Odebrecth, se hicieron al contrato de la adición Ocaña-Gamarra del proyecto Ruta del Sol 2. ¿Y qué respondieron las empresas colombianas? En un comunicado de prensa conocido ese 10 de agosto “reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”. No dijeron el nombre, pero es preciso recordar que José Elias Melo, entonces expresidente de esa empresa, era el único condenado en Colombia a 11 años y nueves meses. Así que la relación terminó siendo directa.

“Corficolombiana, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU., alimentó un esquema de corrupción promoviendo la firma de contratos ficticios con empresas relacionadas con intermediarios quienes, a su vez, les hicieron llegar dineros de coimas a funcionarios gubernamentales”.

Pero, ¿cómo llegaron a esta decisión? Resulta que las autoridades de Estados Unidos tuvieron en cuenta la “cooperación” y “reparación” de ambas firmas, tanto del Grupo Aval como de Corficolombiana. Una vez más, dicho en otras palabras, ¿cómo se lee esto?: Que allá sí reconocieron, aportaron información y acordaron pagar la multa a cambio de que les cerraran todas las investigaciones criminales. En este enlace aparece toda la decisión de la SEC, para que ustedes la puedan leer en detalle.

Y un dato no menor que nos contaron los colegas de la sección Judicial: “La SEC, por medio de un comunicado de prensa, señaló que lo que sus investigadores encontraron es que “Corficolombiana, a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos $28 millones dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana. De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente $32 millones de dólares””. No solo confirmaron el delito de soborno, también cuantificaron las ganancias -en expresión de los estadounidenses-, “indebidas” del conglomerado financiero colombiano.

Otras datos que resultan importantes: Lo que hizo la firma Corficolombiana fue llegar a un “acuerdo de procesamiento diferido” por tres años. Es un mecanismo que usa la justicia de Estados Unidos con grandes corporaciones en donde se les presentan cargos, se llega a un acuerdo y se formaliza ante un juez. Según el Grupo Aval, en su caso no llegaron a la presentación de cargos. Y uno más: Estados Unidos aceptó descontar la sanción de $55.000 millones (a hoy unos US$13,8 millones) que la Superintendencia de Industria y Comercio le había impuesto en el año 2020 a Corficolombiana como socia de la concesionaria Ruta del Sol, tras probarse el “sistema anticompetitivo en el proyecto Ruta del Sol Tramo 2″. Esa sanción provino de una “decisión unánime” del Consejo Asesor de Competencia de la SIC, nos recordaron los colegas de la redacción Judicial.

El presidente Gustavo Petro se refirió a este escándalo. La redacción Política nos lo contó así: “”La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: Un fiscal general de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito”. El Jefe de Estado se refiere a Néstor Humberto Martínez quien, según él, habría impedido que se hiciera una investigación transparente. “Esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso””.

Por eso mismo fue que Petro habló de una reforma a la Justicia: “El hecho que el principal grupo económico del país (Grupo Aval) haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado, son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”. El mandatario también pidió a la Cancillería buscar los mecanismos de colaboración jurídica con Estados Unidos y con Brasil para establecer los daños y, advirtió, las reparaciones al Estado colombiano que tengan lugar tras las confesión del Grupo Aval. Y agregó: “Los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.

¿Qué tenía por decir el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, después de que los máximos líderes de la organización que él comandaba reconocieran su actuar ilegal ante las autoridades de Estados Unidos? ¿Por qué Juan Manuel Santos salió a defenderse? ¿Qué decía el segundo comunicado de prensa del Grupo Aval? ¿Por qué el expresidente de la ANI criticó la labor de la Fiscalía en medio de toda esta investigación?

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José Elías Melo dijo que el citado acuerdo en Estados Unidos afectaba su derecho a la defensa: “Al respecto, rechazo de manera categórica, por contrarias a la verdad, las conclusiones a las que pudiera llegarse en materia de la violación de normas legales de los EE. UU., si dichas conclusiones se basan en la conducta de José Elías Melo Acosta como presidente de Corficolombiana. Lo anterior, por cuanto yo, como presidente de Corficolombiana, nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol”. Melo, a pesar de estar condenado, sigue defendiendo su inocencia mientras el Grupo Aval y Corficolombiana “reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, pidió que no lo relacionaran con esta investigación ante posibles rumores que buscarían ese objetivo: “Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”.

En un segundo comunicado del Grupo Aval y Corficolombiana aclaraban que no les habían impuesto cargos, que las investigaciones ya habían concluido en Estados Unidos: “Las resoluciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista del Grupo Aval, ni ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana distinto al exejecutivo de Corficolombiana”. El presidente Gustavo Petro de inmediato se pronunció ante dicho comunicado de prensa y dijo: “El acuerdo que establece el grupo Aval en Estados Unidos dice que Melo (José Elías), expresidente de Corficolombiana fue el único de los miembros del grupo que sobornó con 26 millones de dólares del grupo a funcionarios y políticos”. Pero, dijo el mandatario, “Melo solo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la justicia colombiana. Alguien miente. El proceso debe reabrirse en el caso Melo”.

Entretanto Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, múltiples veces imputado por el escándalo de Odebrecht, también puso el dedo en la herida: “¿Por qué la Fiscalía colombiana no fue capaz de descubrir los graves hechos revelados por las autoridades de Estados Unidos?” o “ante la gravedad de esos hechos, ¿por qué considera la Fiscalía que con estas últimas imputaciones se cierra el caso del Grupo AVAL y Odebrecht?”. Asimismo, le pregunta a la Fiscalía por qué solo los miembros de la ANI han sido y serán imputados, y por qué no tal cantidad de miembros de juntas directivas del proyecto Ruta del Sol, y de ConSol, que era el consorcio entre Odebrecht y el Grupo AVAL encargado del desarrollo de las obras.

Como las de Andrade, han venido surgiendo más y más preguntas. Incluso las que tienen que ver con un asunto clave para el Estado: los impuestos. David Escobar Moreno, de la redacción Judicial, nos lo explicó en este documentado texto con esta entrada: “En medio de una demanda que presentó la multinacional en contra de la DIAN por una multa en un asunto tributario, el Estado le contestó a Odebrecht que, así haya tratado de ocultarlo, los sobornos que pagó en Colombia también tienen impuestos”. Y apuntó: “Mientras las investigaciones penales siguen avanzando, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay otro expediente que es una evidencia más de que el proceso de Odebrecht en Colombia está lejos de terminar. El movimiento más reciente en ese caso es la respuesta del Estado a una demanda de la multinacional por un tema de impuestos que incluye una novedosa postura jurídica: por la corrupción también hay que pagar impuestos”.

Y el 17 de agosto pasó lo que se había esperado por años en los estrados judiciales en Colombia y era que la Fiscalía anunciaba que iría por los peces gordos de esta investigación internacional. Y aunque se sabía de colaboraciones, el problema ahora radicaba en que si les imputaban cargos, se violaba con esto un acuerdo anterior donde recibían beneficios por entregar información. ¿Qué significaba que la Fiscalía llamara a 56 personas?

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Entre los hechos claros que han cruzado este caso están, por ejemplo, que varios “fiscales pasaron por el caso: Néstor Humberto Martínez, Leonardo Espinosa (el fiscal ad-hoc) y Francisco Barbosa. Y solo ahora, en el ocaso del último fiscal, el caso, por fin, logró avanzar”. Nos recordaban los reporteros de la sección Judicial que este podría ser un avance en la investigación que estaba cantada desde 2019, “cuando el fiscal Espinosa dejó lista la imputación que hasta ahora anunció Barbosa. En total, la Fiscalía imputará a 22 funcionarios de Odebrecht, la mayoría de ellos viven en Brasil y algunos siguen vinculados a la empresa. Además, también vinculará a un proceso penal a otras 34 personas, entre funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”. De ahí el reclamo de Luis Fernando Andrade.

Una vez se conocieron estas declaraciones de la Fiscalía, los abogados defensores de los brasileros implicados fueron claros en que “aunque quieren seguir colaborando con la justicia colombiana y la de otros países a los que llegaron los tentáculos de la corrupción, que se quiera vincular a sus clientes con las investigaciones, es un mensaje “para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana, y, por esa vía se impida al país el conocimiento pleno de la verdad””, nos relataron los periodistas que han cubierto esta investigación.

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Por ahora, en medio de un escándalo que, como desde el inicio ha probado ser uno de los mayores y más recordados casos de corrupción, se tiene una novedad: “el llamado a imputación de cargos a Luis Bernardo Villegas, el cuestionado exsecretario de Movilidad de la alcaldía de Samuel Moreno, quien también fue vinculado al caso de corrupción de la empresa brasileña, pero falleció antes de una decisión de fondo. Aunque Villegas no había sido mencionado en los últimos años, desde 2017, cuando estalló el escándalo en Colombia, ya se sabía que estaba en la mira de la justicia por su presunta participación en la red de corrupción de Odebrecht. En noviembre de ese año, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo interrogó y, solo hasta ahora, la administración de Barbosa volvió al asunto”.

Pero además porque “el llamado a imputación de cargos a Villegas es una confirmación de que las alertas hechas en 2015 por Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol 2 (y quien apareció muerto en extrañas circunstancias) siguen teniendo toda la relevancia. Ese año, en una conversación entre él y Néstor Humberto Martínez, entonces asesor del Grupo Aval, Pizano señaló que Villegas y Federico Gaviria (otro lobista condenado por Odebrecht), eran unos “ladrones”. Fue justamente Gaviria el que le dijo a la Fiscalía que Villegas recibió un soborno para influenciar en el área jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se aprobara un otrosí del tramo Ocaña-Gamarra. Según el reciente anuncio de la Fiscalía, Villegas hizo lobby en cuatro de los otrosíes y, al parecer, recibió un soborno de $9.540 millones”.

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El caso, a pocos meses de terminar el periodo del fiscal Francisco Barbosa, vuelve a cobrar relevancia, no solo por lo que sucedió con Óscar Iván Zuluaga y su hijo, o el llamado a estas 56 personas de quienes se espera aporten información valiosa al ente investigador, sino por el acuerdo al que llegó el mayor conglomerado financiero de Colombia y su empresa Corficolombiana en Estados Unidos. Precisamente “la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya hizo formal la petición (de las sentencias y sanciones en Estados Unidos). Ahora, la Cancillería deberá activar los canales diplomáticos para pedirle la información al Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos. Según el fiscal Barbosa, solo la Fiscalía puede activar esa cooperación judicial”.

No es esta, por todas las aristas que han surgido, una investigación con punto final. Todavía hay muchas preguntas, pero, sobre todo, porque muchas más van surgiendo. ¿Debería una empresa que reconoció, así sea por medio de uno de sus empleados haber pagado sobornos para ganar contratos -muy a pesar de que ese empleado lo niegue-, seguir licitando y contratando con el Estado? Desde las secciones de Judicial y de Política, pero también de Economía, estaremos informando el desarrollo de este escándalo que va marcando uno de los más penosos capítulos de la historia reciente de Colombia. Todo el país quiere saber quiénes son los responsables, no solo en el alto y medio gobierno, sino también en las empresas privadas que se prestaron para todo este entramado de beneficios a su favor y en contra del dinero y recursos públicos de todos los colombianos.

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