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Es miércoles, día de El Espectador explica. En esta oportunidad queremos hablar sobre uno de los temas del momento, pero cuyos orígenes se remontan a un episodio ocurrido a comienzos de este siglo: el caso de la periodista Jineth Bedoya y su lucha contra el Estado colombiano.
Esta semana, después de 21 años de negligencia absoluta, en la que llegó hasta a retirarse de la audiencia de juicio, el Estado colombiano perdió la batalla legal en el caso de Bedoya. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a la nación por haber permitido el secuestro y la tortura, así como por ser responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la reportera, que en ese entonces trabajaba en El Espectador. Un fallo crucial que deja entrever los horrores que vivió Bedoya en primera persona a comienzos de siglo, cuando el Estado cumplió un rol precario ante la protección de la libertad de prensa. Una sentencia histórica para la prensa en Colombia, para las mujeres periodistas y para cualquier mujer del país.
Primero es importante que recordemos lo que se vivía en Colombia a comienzos de siglo. Hace 21 años, ante los ojos del Estado y el país, la cárcel La Modelo en Bogotá se convirtió en un campo de guerra. Los patios 3, 4 y 5 del ala sur fueron controlados por el paramilitarismo y los 1 y 2 del ala norte se hicieron territorio de la guerrilla. Los demás presos se acomodaron a los bandos para sobrevivir.
Como todo ejército en batalla, insurgentes o autodefensas guardaban en sus caletas subametralladoras, revólveres, pistolas, granadas, armas blancas, escopetas. Más de 100 personas murieron en cuatro años, algunas desaparecidas. Fue aquí donde entra el nombre de Jineth Bedoya, entonces reportera de este diario, que se puso en la tarea de que se vivían dentro de la prisión más grande de la capital colombiana.
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Su obsesión por contar estas historias se tradujo en 34 textos publicados entre febrero de 1999 y mayo de 2000, con titulares igual de precisos a sus reportes: “Caciques mandan en La Modelo”, “Pescas milagrosas en la cárcel”. Sin tomar partido por contendiente alguno y porque de tiempo atrás las cárceles se habían convertido en pieza central de sus intereses.
Ante su recio carácter y el calibre de sus noticias, tampoco le faltaron contradictores. Pronto casó pelea con uno de los sindicatos de guardianes porque contó cómo operaba el tráfico de drogas. Un narcotraficante le hizo saber que si seguía incomodando le iba a cortar la lengua. En La Modelo reverberaba la guerra.
A cualquier hora del día, con libre porte de celulares, brazaletes, pasamontañas o chalecos antibalas, la muerte se paseaba por los pasillos y su talión era normal. Cuerpos desmembrados aparecieron en las alcantarillas o en bolsas de basura porque predominaba la ley del silencio. El jueves 27 de abril de 2000 el tema adquirió proporciones de escándalo. En un feroz combate por el control del patio 4 murieron 32 internos. 17 quedaron heridos. Los medios titularon ese día con la masacre.
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Entonces arreciaron las amenazas. Confiada en que su neutralidad era suficiente, envió una tarjeta personal a los jefes paramilitares para concertar una entrevista. Pero esa cita fue convertida en una celada, y en la puerta de La Modelo, mientras tramitaba su permiso de ingreso, fue secuestrada. La ocultaron en una bodega cercana al reclusorio y después, amordazada y atada de pies y manos, se la llevaron en una camioneta de vidrios oscuros más allá de Villavicencio. Permaneció secuestrada 16 horas. Fue torturada y violentada sexualmente.
Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.
A lo mejor la iban a desaparecer, pero a las ocho de la noche, cuando las autoridades rastreaban, sus captores recibieron una contraorden y fue abandonada en un despoblado cerca de la terminal de transporte de la capital del Meta, donde fue recogida por un taxista y llevada a la Policía.
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Por varios años el caso de Bedoya navegó en los mares de la impunidad. Como lo documentamos aquí, entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal y su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios.
En 2011, después de años de inactividad procesal, el caso se le asignó a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Pero estos avances no necesariamente deben atribuirse a la Fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales.
Con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que entró a litigar su pelea y de la agencia de cooperación inglesa Oxfam, que le dio voz internacional, su caso salió del olvido y la Fiscalía elevó el expediente a categoría de crimen de lesa humanidad en el año 2012. Fue también ese año en el que comenzaron a darse pequeños avances en la investigación y se vincularon a varias personas, en particular a los jefes paramilitares Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.) y Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepisca).
Por los hechos, estos tres paramilitares ya fueron condenados en 2019 y la Fiscalía asegura que continúa, casi dos décadas después, con las investigaciones. Sin embargo, Jineth Bedoya tenía otro frente abierto en su lucha contra la justicia: un capítulo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, como en el caso de la justicia colombiana, también comenzó a gestarse en el año 2011. Al año de presentada la solicitud la CIDH aprobó el estudio del caso y en diciembre de 2018 concluyó que el Estado fue responsable de las distintas violaciones a los derechos humanos sufridos por Bedoya.
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Ese año, La CIDH recomendó a Colombia “una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer todas las circunstancias de todos los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, incluida las amenazas y violencia sexual, y determinar todas las responsabilidades correspondientes incluida la posible participación de agentes del Estado”. Sin embargo, Colombia incumplió las recomendaciones, según la CIDH, y el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 19 de julio de 2019.
El Estado contestó a la Corte en marzo de 2020 y las audiencias públicas se realizaron el pasado marzo, donde, de nuevo, la periodista tuvo que defender su honra y pelear por su defensa.
Las audiencias del “caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia”, como quedó rotulado el expediente de la periodista Jineth Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron de todo. Fueron cuatro sesiones en total, debido en parte a las maniobras dilatorias por parte de la defensa del Estado colombiano. Incluso el abogado defensor, Camilo Gómez, se retiró de una de las audiencias debido a que el proceso representaba “una falta de garantías para su defendido (el Estado colombiano)”. Una actitud que le significaron fuertes críticas al Gobierno y que dejaron un mal precedente de cara a los tribunales internacionales.
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Pasado el temblor que provocó el retiro de Gómez de la audiencia, unos días después, exactamente el 23 de marzo de este año, el director de la Agencia de Defensa del Estado entregó una declaración importante que fue noticia, pues reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en el caso de Bedoya. Eso sí, no asumió la culpa completa, sino que dijo que la responsabilidad de su defendido fue parcial.
Sin embargo, la representación de Jineth Bedoya sostuvo ante los jueces de la Corte IDH que el reconocimiento parcial del Estado, en su criterio, era insuficiente. “Nos parece lamentable teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones. Si bien reconocemos las políticas públicas, también hemos probado la inefectividad de todas estas medidas. En la práctica no han ayudado a disminuir las estadísticas de violencia sexual contra las mujeres periodistas”, dijo una de las abogadas de Jineth Bedoya.
Durante sus alegatos, el Gobierno argumentó su responsabilidad parcial en su actuación en cuanto a la prevención del riesgo potencial de la víctima. Expuso que una vez Bedoya denunció amenazas de muerte, en razón a su trabajo como periodista, el 23 de julio de 1999 el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ordenó un estudio de nivel de riesgo y grado de amenazas. El 25 de agosto de ese año, tras un resultado “medio”, el Gobierno le ofreció a la periodista un esquema de seguridad, sin embargo, según la documentación revisada, Bedoya no hizo los trámites para obtener el acompañamiento.
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Ante esto, Jonathan Bock, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), controvirtió al Estado sobre la oferta de protección que habría sido declinada por Jineth Bedoya en agosto de 1999. De acuerdo con el representante de Bedoya, quien ha estado al frente del expediente, la periodista sí aceptó la protección, sin embargo, el Estado se ha escudado en que no recibió la comunicación.
Pasaron unos meses y fue este 18 de octubre cuando la Corte IDH le dio la razón a Jineth Bedoya y a quienes la acompañaron en su proceso. Después de 21 años de negligencia absoluta, el Estado colombiano perdió la batalla legal en el caso y fue encontrado responsable de haber permitido el secuestro y la tortura de la reportera, así como por permitir la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión.
La Corte IDH emitió su fallo en 92 páginas, en las que el tribunal internacional detalló cada uno de los hechos que permitieron que Bedoya fuera secuestrada y ultrajada sexualmente, todo bajo el conocimiento de agentes del Estado, bajo un plan orquestado por grupos paramilitares.
La sentencia de la Corte da cuenta también de una valoración que va más allá de los delitos ya conocidos en este caso (secuestro o violencia sexual) y que dejan claro lo escalofriante del caso de Jineth Bedoya. “La Corte determinó que los actos sufridos por la señora Bedoya el 25 de mayo de 2000 se refieren a diversas violaciones de derechos humanos que derivaron no solo en vulneraciones a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión y dignidad, sino que también fueron catalogados como actos de tortura (...) Bedoya fue sometida a actos de tortura física, sexual y psicológica, los cuales no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia”.
Pero en la sentencia no solo se declaró que Colombia es responsable por las agresiones sufridas por la periodista, sino por no investigar lo sucedido debidamente y en un plazo razonable. Por ejemplo, a pesar de las constantes insistencias de Jineth Bedoya, la Fiscalía tardó siete años en pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cárcel La Modelo, que seguramente registraron en su momento lo sucedido. El ente investigador tardó 10 años en pedirle al Inpec el listado de los guardias que tuvieron turno en la entrada aquel 25 de mayo. Y, una vez Bedoya fue rescatada, nunca se examinó su ropa, como debe hacerse en casos de violencia sexual.
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En su decisión, el tribunal internacional ordenó en términos de reparación la financiación de la campaña de denuncia de Bedoya llamado No es hora de callar, crear un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado e impulsar investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido.
Para llegar a esta sentencia histórica y a estas medidas de reparación, fue necesario que un grupo de abogados especializados entraran a revisar cómo, durante más de 15 años, el Estado y la justicia le seguían fallando a Jineth Bedoya y a su madre, Luz Nelly Lima, quien también fue declarada víctima de todo el proceso.
Las reacciones al fallo fueron en general de alivio. Jineth Bedoya celebró la sentencia y dijo que la reivindicación que tanto había llegado. Mientras que el presidente Iván Duque manifestó que el Estado acatará la sentencia “en su totalidad” y dijo que todo el caso “debe servirnos de guía en las acciones a implementar para evitar que algo similar vuelva a suceder”.
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