El Espectador le explica el caso del general (r) Mario Montoya

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Cómo terminó uno de los oficiales de más alto rango en la historia del Ejército Nacional, vinculado, procesado e imputado por el asesinato de centenares de personas inocentes que nada tenían que ver con la confrontación armada en Colombia? ¿Por qué la justicia dice que Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército Nacional, estuvo detrás de un actuar “macrocriminal” junto con otros uniformados a quienes se les acusó de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad? Pues en este boletín de noticias recopilamos todos los enlaces que responden a esas preguntas con el retrato de un sangriento capítulo de la historia violenta del país conocida como falsos positivos. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Cómo terminó uno de los oficiales de más alto rango en la historia del Ejército Nacional, vinculado, procesado e imputado por el asesinato de centenares de personas inocentes que nada tenían que ver con la confrontación armada en Colombia? ¿Por qué la justicia dice que Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército Nacional, estuvo detrás de un actuar “macrocriminal” junto con otros uniformados a quienes se les acusó de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad? Pues en este boletín de noticias recopilamos todos los enlaces que responden a esas preguntas con el retrato de un sangriento capítulo de la historia violenta del país conocida como falsos positivos. Comencemos.

Vamos un poco atrás. Era 2008 y el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, daba reportes sobre un supuesto miembro del secretariado de las Farc herido en combate en una zona fronteriza con Venezuela. Era una de muchas de las apariciones del uniformado entregando siempre resultados operacionales. En ese instante el asunto tomó color diplomático, funcionarios del país vecino desmentían a Montoya y hasta el antiguo DAS entró en la discusión argumentando que el registro dactilar de dicha persona no era apta para un estudio dactiloscópico. A Montoya se le escuchaba decir que se escribirían muchos libros sobre los golpes a las Farc. Eran tiempo de la llamada política de seguridad democrática.

Había llegado hasta el máximo cargo al que puede aspirar un uniformado de esta fuerza pública. Era parte de la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), el político que llegó a la casa de Nariño ofreciendo seguridad en un país golpeado por un proceso de paz fallido en los tiempos de Andrés Pastrana, y donde la guerrilla de las Farc azotaba ya no solo a los pobladores de las áreas en donde movían sus frentes, sino que ya se había vuelto una práctica bastante intimidante aquella en la que los armados ilegales salían a las carreteras y secuestraban a los viajeros para alimentar sus arcas. Las pescas milagrosas, y también millonarias. Entonces la idea del Gobierno de entonces era la de arrinconar y acabar con los armados ilegales. Los resultados eran evidentes y muchos colombianos que antes no podían, volvieron a transitar por las carreteras.

Pero en el 2008, en agosto para ser más preciso, un desmovilizado de las Autodefensas vinculó al entonces general Montoya con las AUC por supuestos hechos delictivos. Se empezaba a tejer una serie de acusaciones en contra del uniformado y, en ellas, siempre aparecía un espacio de tiempo en común: el periodo en el que él había liderado la IV Brigada del Ejército en Antioquia. “Según la versión del desmovilizado, conocido como ‘Diomedes’, en abril de 2002 recibió de manos del general Mario Montoya, quien se desempeñaba como el comandante de la cuarta Brigada del Ejército, una camioneta en la cual había siete fusiles AK-47 y M16″. El armamento, contó, “fue un regalo que le hizo el general Montoya al exjefe paramilitar Rodrigo Franco, conocido como ‘Doblecero’”, escribieron los colegas de la sección Judicial. Montoya, acto seguido, lo negó. “Esta es una infamia total, es una falsedad”.

Entretanto el país ya venía hablando de desapariciones de jóvenes en Soacha. En septiembre de ese 2008 se supo de la historia de “Joaquín Castro Vásquez, de 28 años, y la de 18 jóvenes más que fueron encontrados en fosas comunes en los municipios de Ocaña, Norte de Santander, y Cimitarra, Santander, entre enero y agosto”. Todas eran historias muy parecidas. En ese caso era la Brigada 30 la cuestionada. “Mientras en el caso de Castro su familia asegura que era un hombre que trabajaba en una fundición de campanas para vehículos en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, el fiscal general, Mario Iguarán, sostiene que fue reportado, al igual que los demás fallecidos, como caídos en combates por parte de Ejército”, escribieron en la sección Judicial. “Estas muertes, ocurridas en extrañas circunstancias, llevaron a que la Fiscalía abriera investigación y a que el Ministerio de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, conformaran una comisión encabezada por la Inspección General del Ejército, que deberá indagar sobre lo ocurrido y presentar un informe en las próximas semanas”, agregaron.

Y desde ese momento el país empezó a conocer más y más voces de las familias de las víctimas -porque iban creciendo las denuncias-, los avances de las investigaciones, múltiples acusaciones, testigos y capturados. La Brigada 30, en Norte de Santander, seguía apareciendo en el mapa: “En combates entre tropas del Batallón de Contraguerrillas 98 (adscrito a dicha brigada) y guerrilleros del ELN murió el subversivo Luis Enrique Devia Gómez, de 32 años de edad, quien pertenecía a la compañía Capitán Francisco de dicha organización armada ilegal”, fue el reporte que se hizo público y masivo. Pero la verdad era otra: El 14 de junio Luis Enrique Devia había salido de su casa a las 4 p.m. rumbo a su trabajo, una discoteca de Aguachica (Cesar), en donde laboraba como mesero. “En la noche pidió permiso para salir a un receso, pero nunca regresó. Durante tres días su hermana y su madre rezaron por saber de Luis Enrique, quien sufría de ataques de epilepsia desde los 9 meses de edad y a pesar de tener 32 años, mentalmente no era más que un niño. Su cadáver apareció en la morgue de Ocaña, y aunque en su billetera —afirman ellas— estaban los datos para contactarlas, nadie se molestó en llamarlas”. “A nosotros nos dijeron que le habían encontrado una granada en el bolsillo derecho, que era un guerrillero... ¡Por Dios! ¡Tenía la capacidad de un niño de 9 años!”, dijo Mónica Devia, hermana de Luis Enrique.

En Casanare también sucedió. Una investigación logró probar que en el 2007 asesinaron a dos personas y los hicieron pasar por guerrilleros. Por esa causa fueron capturados seis militares un años después. El país ya entendía lo que se llamaría -y quedaría- en la historia de Colombia como falsos positivos: desaparecer a personas que no estaban alzadas en armas, las asesinaban, les ponían camuflados y los hacían pasar como bajas producto de la guerra. Veinte días pasaron y se supo de más capturas en contra de soldados del Ejército. El 29 de octubre, luego de que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez asegurara que “puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinato”, se dio una purga histórica en el Ejército. Fueron llamados a calificar servicios tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales.

¿Quién lideraba el país? El presidente era Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares era el general Freddy Padilla de León, el líder máximo del Ejército era el general Mario Montoya Uribe:

Actualidad

Van 535 ejecuciones

Actualidad

¿Le cabe responsabilidad política al ministro Santos?

Editorial

Directiva ministerial 029 de 2005

Actualidad

“Nos echaron a la boca de los leones”

El 4 de noviembre de 2008 el general Mario Montoya renunció a la dirección del Ejército. En palabras de los colegas de Judicial que han cubierto la investigación desde el comienzo, era “la cabeza más alta que ha rodado desde que estalló el escándalo de los falsos positivos”. Pero ¿quién era Montoya y por qué resultaba tan importante su salida de la cúpula militar? Aquí van algunos detalles que nos contaron en ese momento: tuvo una carrera de “más de 39 años en el Ejército”, era un “general de tres soles” y “reconocido tropero dentro de las Fuerzas Militares”. Dijo en ese momento que el Gobierno “venía mostrándole la puerta”.

Montoya era un tipo que estaba acostumbrado a entregar resultados. “Lo curioso es que su fama de tropero no había tenido antes una objeción mayor, pues durante los últimos 32 meses llevó al Ejército a conquistar las victorias más sonadas contra las Farc. En una osada operación que aún genera interrogantes, Montoya dirigió el exitoso rescate de 15 ‘canjeables’ en poder de las Farc; comandó unidades élites en el operativo que resultó en la muerte del segundo hombre fuerte de esa guerrilla, alias Raúl Reyes; la presión militar derivó en deserciones como la de alias ‘Karina’, la temida comandante del frente 47 de dicha organización o la de Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, quien de paso asesinó a su comandante y miembro del Secretariado, ‘Iván Ríos’”. Es más, Montoya era reconocido como el general de la “Operación Jaque”, pues bajo su liderazgo se logró la libertad de Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once militares colombianos que permanecieron secuestrados durante años por las Farc (ella, más de seis años, varios de los militares, más de 10).

El lunar, por lo menos visible, que tenía hasta ese momento Montoya, tenía que ver con “su comandancia de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín. El 25 de marzo de 2007, el diario Los Angeles Times divulgó que, según información de la CIA, Montoya planeó la ‘Operación Orión’ (llevada a cabo en octubre de 2002) con paramilitares. El Washington Post recogió las acusaciones de alias ‘Diomedes’, un desmovilizado que relacionó al general con el extinto líder de las autodefensas Rodrigo 00. Y un mes más tarde, el New York Times también publicó una versión según la cual hombres de la IV Brigada habrían asesinado a cinco personas y presentado como muertos en combate”. Para ese momento, al de la renuncia de Montoya, ya 2.878 integrantes de la Fuerza Pública eran procesados disciplinariamente por ejecuciones extrajudiciales.

Y lo que se vino desde ese instante ha sido una construcción del caso a partir de hechos y, claro, supuestos por corroborar. De movidas políticas y judiciales. Por ejemplo, desde ese 2008 la Fiscalía llamó a Montoya a entrevista por las denuncias de falsos positivos. El entonces senador Héctor Helí Rojas decía que Santos no debería “pasar de agache”. Montoya era nombrado embajador de Colombia en República Dominicana. En marzo de 2009 el paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, salpicó a Montoya y habló de operaciones conjuntas entre sus hombres y los del general, ya en ese momento retirado. Es decir, relaciones entre las AUC y el Ejército. “Las fuerzas de las AUC se tomaron el área de la Comuna Trece como parte de un alianza con cuatro brigadas, incluyendo las que estaban al mando del general Mario Montoya y la del Comandante de la Policía de Medellín, Leonardo Gallego”, se leía en un documento que envió el jefe paramilitar extraditado a la Corte del Distrito Sur de New York.

En el 2010 fue el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien enlodó a Montoya y dijo que su estructura delictiva le había dado a Montoya $1.500 millones y que también había estado implicado en operativos hechos entre el 2002 y el 2004. El también exparamilitar alias ‘Diomedes’, tras reconocer que había asesinado a más de 150 personas y que también había participado en unos 50 falsos positivos, seguía insistiendo en los nexos de excomandante del Ejército con los grupos de la AUC. “Fuimos verdugos de la sociedad”, dijo. Montoya rechazaba dichas acusaciones. El entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva (porque Juan Manuel Santos ya había dejado esa cartera), decía que no había que creer en los testimonios de los delincuentes. El 10 de agosto de 2011 la Fiscalía llamaba a interrogatorio al general retirado. Pasaba que Montoya contemplaba su renuncia a la embajada.

En diciembre de 2011 Montoya tuvo que ir a la Fiscalía por las acusaciones que lo vinculaban con el paramilitarismo. También a responder por enriquecimiento ilícito. Aparecía su nombre relacionado con una masacre en Apartadó. Para sumar, con una desmovilización paramilitar:

Judicial

General Montoya rinde versión libre por Operación Orión

Judicial

A versión libre general retirado Mario Montoya por enriquecimiento ilícito

Judicial

Por masacre de Apartadó, solicitarán procesar al general (r) Mario Montoya

Judicial

General Montoya negó participación en desmovilización del frente Cacica la Gaitana

Así se justifica un falso positivo

El caso, desde varias aristas, se mantenía vigente. Ya era 2015 y el expresidente y para ese instante senador, Álvaro Uribe Vélez, hacía “una vehemente defensa del general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional. Al conocer que Human Rights Watch incluyó al oficial en los “altos niveles del Ejército que facilitaron falsos positivos”, Uribe dijo: “Millones de ciudadanos rodeamos con gratitud al general Mario Montoya, concibió el rescate de Ingrid (Operación Jaque)”. En marzo de 2016 vincularon judicialmente a Montoya con los falsos positivos, pues hasta ese momento la defensa del general retirado siempre había sido enfática en que nadie había acusado de manera directa al excomandante del Ejército de participar en ese entramado criminal. El 28 de marzo de 2016 “se radicó la solicitud de audiencia para imputarle cargos por una presunta omisión en siete casos de falsos positivos”, reportó el equipo Judicial de El Espectador.

El país supo de la captura del general, en ese momento activo, William Torres Escalante, “investigado por el homicidio de dos campesinos en Casanare, que fueron presentados como bajas en combate”. Trabajaba “en la oficina de Memoria Histórica del Ejercito, bajo el mando del comandante Juan Pablo Rodríguez”. Y el general Jorge Arturo Salgado, que era jefe de Educación y Doctrina del Ejército, también era llamado por la Fiscalía por dos casos de falsos positivos.

Para el 31 de mayo de 2016 había quedado citada la imputación de cargos en contra de Montoya por los falsos positivos, las madres de Soacha pedían no ver a los militares con el uniforme puesto en las audiencias, otros familiares le reclamaban al Estado su derecho a la vida y advertían que por ser “pobres no tenemos derecho a la vida” hasta que se revelaron las pruebas que dejaban en “serios apuros” a Montoya y su omisión para evitar estos falsos positivos.

“El expediente con las pruebas de la Fiscalía contra el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, por siete ejecuciones extrajudiciales perpetradas por hombres bajo su mando en todo el país, está soportado en un minucioso arqueo de más de 350 sentencias judiciales por falsos positivos o desapariciones. Al revisar ese inmenso volumen de fallos, los investigadores descubrieron patrones comunes, órdenes de operaciones similares, las mismas simulaciones repetidas de combates inexistentes y una línea de tiempo indicativa: por donde pasaba el alto oficial, las cifras de muertos reportados como bajas guerrilleras aumentaban”, escribió Juan David Laverde en este texto.

“Desde su posesión en mayo de 2006 –en los tiempos del presidente Álvaro Uribe Vélez– el general Mario Montoya fue advertido por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia –además de un largo listado de ONG en Colombia– de innumerables casos de muertes de civiles que no tenían relación con el conflicto, en los que se reseñaban operaciones militares cuestionadas. Las siete divisiones del Ejército fueron salpicadas por estas denuncias. El dosier contra Montoya está repleto de estos informes desoídos”, agregó Laverde.

Ese año, después de un agitado movimiento judicial, Human Rights Watch, quien había recopilado muchos testimonios, le pedía a la fiscalía avanzar en la investigación en contra de Montoya. En sus manos, las de HRW, estaban declaraciones de altos mandos: “Fueron Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares; Gustavo Matamoros Camacho, exjefe de operaciones del Ejército; Carlos Suárez Bustamante, exjefe de operaciones de las Fuerzas Militares e inspector general del Ejército en 2009; Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandante de la Séptima División del Ejército (investigado por falsos positivos); Reinaldo Castellanos Trujillo, comandante del Ejército hasta 2006; y Jorge Rodríguez Clavijo, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, quienes declararon ante la Fiscalía que el general (r) Mario Montoya posiblemente sabía o tenía conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Ejército”, detalló el equipo periodístico de El Espectador.

“Debido al modo irrazonable en que se ejercía esta presión sobre las brigadas (por ejemplo, comparando a brigadas que, por su ubicación y función, tenían más probabilidades de dar de baja a combatientes enemigos con otras que habitualmente no entraban en combate), es probable que Montoya haya sabido que su política podría haber promovido que las tropas reportaran homicidios de civiles inocentes como bajas de enemigos muertos en combate”, aseguró HRW. Llegamos a 2017. Con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, empezó a sonar la posibilidad de que el caso de Montoya pasara a esa justicia. ¿Qué decía su defensa al respecto? ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue la posición que asumió el mismo Montoya?

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“No tenemos elementos de juicio para ingresar a la JEP”: defensa del general (r) Montoya

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Mario Montoya no reconoce a víctimas de falsos positivos

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Los hechos por los cuales comparece el general (r) Mario Montoya ante la JEP

En octubre de 2018 El Espectador reveló, hasta ese momento, “la única versión” que había dado a la justicia el excomandante del Ejército sobre los falsos positivos. “Yo no he mandado matar a nadie”, dijo. “Era un documento que cobraba relevancia cuando el país se enteraba de que juzgaría la JEP por varios antecedentes: “El 28 de marzo de 2016, por ejemplo, con bombos y platillos, la Fiscalía de Eduardo Montealegre anunció que pediría audiencia de imputación contra el oficial en retiro por ocho ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares bajo su mando y que dejaron 16 civiles muertos. La audiencia fue programada para el 31 de mayo de ese año, pero, súbitamente, la diligencia fue aplazada, pues la defensa de Montoya pidió la ampliación de su interrogatorio. Entonces trascendió que la audiencia se llevaría a cabo el 29 de junio siguiente, pero tampoco pasó nada. La anunciada imputación cayó en el limbo”, escribieron los colegas de la sección Judicial.

Falsos positivos: 10 años esperando justicia por miles de civiles asesinados

Lo que pasó después fue que “la administración del fiscal Montealegre culminó su período y en su reemplazó llegó Néstor Humberto Martínez. El caso se redireccionó al fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho Flórez, quien se empeñó en investigar aún más”. Acto seguido “apareció un contundente informe judicial que concluyó que durante la comandancia de Montoya en el Ejército —entre febrero de 2006 y noviembre de 2008— se reportaron 6.699 muertes en combate. De ese universo, en 2.429 casos se indaga si se trató de asesinatos de civiles para inflar las estadísticas de la guerra contra la subversión”, agregaron.

Hasta el 2019 quedó en firme la entrada de Montoya a la JEP, pero fue el abogado Germán Romero el mismo que con argumentos advirtió que la JEP estaba “transgrediendo los derechos de las víctimas”. Nos contó el equipo de Colombia+20 de El Espectador que “para el abogado de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aceptar el sometimiento del general Mario Montoya sin que este haya reconocido sus delitos, demuestra que las víctimas no son el centro de esta justicia transicional y que hay un tratamiento benévolo con el alto oficial”.

A mediados de ese 2019 se conoció un “informe de 302 páginas de la Fiscalía titulado Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. También, un buen cúmulo de las investigaciones logradas en toda una década. Se habló de “las 100 víctimas del caso contra Mario Montoya”. Detallaba la investigación periodística que “la Fiscalía documentó 98 casos de víctimas de falsos positivos y dos NN (en total cien), en cuyos procesos ya había sentencias ejecutoriadas en las que se probó la responsabilidad de agentes del Estado”. En otras palabras, que “el general Montoya contrarió dicha directiva (la 300-28 de 2007 mediante la cual redireccionó la medición de resultados operacionales donde se deberían privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y estas, a su vez, sobre las muertes en combate) y, aún más, continuó promoviendo la política de resultados que privilegiaba las muertes en combate. En tal sentido, sería responsable de los crímenes perpetrados por sus hombres”.

Tutelas enfrentan a víctimas y generales por mural sobre “falsos positivos”

A final de 2019 citaron a Montoya para dar su versión libre, con fecha “12 de febrero de 2020″. Ese día dijo: “Haré uso de mi derecho a guardar silencio”. Que ante varias preguntas, dijo que los falsos positivos los cometieron soldados porque eran parte de una determina clase social. “Dijo que la verdad, aunque fuera dolorosa, es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues ‘esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño’, haciendo una referencia a que eran ignorantes que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”, reveló a El Espectador una asistente que lo calificó de “indolente”. Fue tan vergonzoso lo que dijo que unos días después se disculpó: “Quiero presentarles excusas a todos y cada uno de ustedes”, escribió el militar en la misiva enviada a la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión de las Fuerzas Militares (Acosipar).

El caso poco avanzaba. Con una tutela, la madre de una víctima buscaba que la Fiscalía imputara a Montoya. Varias organizaciones que también representan a víctimas y sus familias pidieron a la JEP que expulsara al exmilitar porque no había dicho la verdad sobre los falsos positivos. También exigían que las versiones de los uniformados investigados fueran públicas porque estaba claro que no cumplían con el aporte a la verdad al que se comprometieron. En diciembre de ese 2020 se supo que durante la comandancia de Montoya en el Ejército se registraron 218 ejecuciones extrajudiciales. “Antioquia fue el departamento con el mayor número de víctimas”. El año terminaba con la respuesta de la JEP en donde advertía que no expulsaría a Montoya de su jurisdicción.

Se denunciaban presiones para que los uniformados cambiaran sus testimonios, la JEP reveló la escalofriante cifra de que entre 2002 y 2008 se presentaron, al menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales (o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos) y la Fiscalía entraba en el terreno de la JEP y anunciaba su intención de imputar cargos a Montoya “por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales”, pero la defensa del militar decía que el ente investigador no tenía competencia en el caso que adelanta la JEP. ¿Qué pasaba, en el fondo de todo esto, y qué camino tomó cada uno de los entes investigadores?

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Como lo dicen los titulares antes citados, el “Tribunal de Bogotá se negó a que la Fiscalía le imputara cargos a Montoya por al menos 104 ejecuciones extrajudiciales, pues está en la JEP”. Entonces la JEP le pidió información a la Fiscalía: “Luego de que el Tribunal definiera que era la JEP la encargada de investigar al general Montoya, la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa jurisdicción emitió un documento en el que confirma su competencia en el caso y en el que dio una serie de órdenes que deberá cumplir la Unidad de Investigación. Puntualmente, la Sala le ordenó a la Unidad de Investigación adelantar una inspección judicial del expediente que tiene la Fiscalía en contra de Montoya y a todos sus elementos materiales probatorios”.

La pregunta entonces era: si la JEP ya había imputado cargos a otros involucrados, ¿qué pasaba con Montoya? “Según la JEP, “la contrastación de la información relativa a su eventual participación en los hechos sigue en curso y por lo tanto la Sala de Reconocimiento continúa ejerciendo competencia e investigando los respectivos expedientes de la justicia ordinaria” incluyendo el caso por el que quería imputarle la Fiscalía”, contó la sección Judicial en noviembre de 2021. Al día siguiente, el 10 de noviembre, se conocieron las declaraciones de “tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare”, contó la redacción de Colombia+20. “El general Montoya nos evaluó por litros de sangre”, dijo el excomandante del Gaula en ese departamento.

El año pasado, en el 2022, en julio la JEP llamó a Montoya para rendir versión por hechos sucedidos cuando lideraba la IV Brigrada, y con fecha de 28 y 29 de septiembre. Ese mismo mes “en la imputación de la JEP a 10 militares por falsos positivos cuyos cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, el nombre del general en retiro salió mencionado, pues era el responsable operacional de lo que hicieran hombres bajo su mando. Ellos quedaron vinculados a esa investigación”.

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El 29 de septiembre víctimas denunciaron falta de garantías en esa audiencia. “Cerca de 84 víctimas de “falsos positivos” protestaron porque la audiencia que está realizando la JEP se hizo en versión reservada y en modalidad de espejo, es decir, a través de una sala contigua que no permite interacción entre las víctimas y Montoya”, contó Silvia Corredor. Otra vez, como ya había sucedido antes, las familias de las víctimas volvieron a decir que Montoya no había entregado “verdad” ante la JEP. Pero ¿qué dijo Montoya en esa audiencia? Felipe Morales Sierra, quien logró reconstruir la información, lo resumió así: “Algunos crímenes que le endilgan los negó, de otros dijo no acordarse y en otros más, aclaró que no estaba seguro”. Allí, de acuerdo con presentes en la audiencia, Montoya varias veces durante su versión dijo que este fenómeno criminal ocurrió por los “engaños” de soldados rasos a sus comandantes con falsos resultados operacionales.

Y así llegamos a este agosto de 2023. “La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 130 víctimas, en el marco del fenómeno conocido como “falsos positivos”. Según la Sala, los crímenes fueron cometidos entre 2002 y 2003, cuando fue comandante de la IV Brigada militar en Antioquia, donde, como se tiene pruebas, solicitó y permitió una cacería contra inocentes con el único fin de obtener resultados que solo se podían medir en bajas”, contaron los colegas de Judicial. Él, desde siempre, ha negado su responsabilidad.

Después de 14 años de investigación, este es el punto más delicado de toda la indagación judicial en Colombia. Se trata de una vinculación oficialmente a un proceso penal. La JEP dividió el actuar de Montoya en cuatro partes: “El primero fue mentir sobre el número de muertes en combate que sus hombres reportaron como miembros de las FARC”. “El segundo fue la presión que ejerció sobre subalternos “midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa””. “El tercer punto señala que el alto oficial empleó un lenguaje violento en el que insistía en frases como “el derramamiento de sangre” y en el que, además, incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal. Y la cuarta característica fue que siempre rechazó que sus hombres reportaran capturas, incautaciones y otros resultados que no fueran muertes. resalta la JEP”.

Esta no será la única imputación en contra de Montoya. Todavía hace falta aclarar la supuesta relación del exmilitar con los paramilitares, las actuaciones en otros departamentos distintos a Antioquia. ¿Qué dijo la magistrada Catalina Díaz? “El asesinato y desaparición forzada de personas para ser presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado produjo serias afectaciones en las madres, padres, compañeras, esposas, hermanas, hermanos, hijos e hijas de las víctimas directas, quienes han afrontado daños morales, psicológicos, emocionales y físicos, al igual que daños materiales, familiares y socioculturales. Las víctimas fatales no solo perdieron su vida, sino que, en algunos casos, experimentaron dolores físicos y psicológicos en los momentos previos a su muerte”. Los hechos hablan solos. Lo que sigue para el general (r), conocido como todo un tropero, laureado por sus líderes tantos políticos como militares, y acostumbrado a entregar siempre resultados, es que “tiene un plazo de 30 días para reconocer responsabilidad o podría enfrentar un juicio cuya resolución terminará con hasta 20 años de cárcel”.

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