EE le explica: ¿En qué va el caso Uribe y el por qué hay promesa de decisión clave?

Es viernes, día de El Espectador le explica. El caso de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue el tema que nos pidieron varios de nuestros lectores y lectoras para esta semana en nuestro boletín. Es un caso largo que, por el protagonista, no solo se lleva los reflectores típicos de la escena judicial; es también un caso político porque se trata de un líder precisamente político que no solo lideró el país durante dos periodos, sino que tiene partido propio y sigue siendo un actor de primer nivel en la discusión nacional. Por ejemplo, llevó al primer cargo del país al expresidente Iván Duque, por medio de sus banderas, y sus opiniones sobre temas de coyuntura nacional marcan agenda generalmente.

Es viernes, día de El Espectador le explica. El caso de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue el tema que nos pidieron varios de nuestros lectores y lectoras para esta semana en nuestro boletín. Es un caso largo que, por el protagonista, no solo se lleva los reflectores típicos de la escena judicial; es también un caso político porque se trata de un líder precisamente político que no solo lideró el país durante dos periodos, sino que tiene partido propio y sigue siendo un actor de primer nivel en la discusión nacional. Por ejemplo, llevó al primer cargo del país al expresidente Iván Duque, por medio de sus banderas, y sus opiniones sobre temas de coyuntura nacional marcan agenda generalmente.

¿Y por qué es noticia de nuevo? Porque el Tribunal Superior de Bogotá decide este viernes sobre la solicitud de preclusión que ha presentado la Fiscalía, en dos oportunidades, en este caso por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. Durante la tarde, el Tribunal decidirá sobre la apelación radicada por la Fiscalía hace unos meses, luego de que la Jueza 41 de Conocimiento de Bogotá decidiera no archivar el expediente, el pasado 23 de mayo. Esa fue la segunda vez que un juez le negó la preclusión a la Fiscalía desde que el expediente aterrizó en la justicia ordinaria, con la renuncia de Uribe al Congreso en 2020.

Pero antes de tocar este tema coyuntural, es preciso recordar que en septiembre de 2020, en este mismo espacio de El Espectador le explica, habíamos contado todos los detalles de esta investigación desde su inicio cuando, por ejemplo, fue el mismo expresidente Uribe quien había presentado una denuncia contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, también por supuestamente manipular testigos en su contra. Lo que pasó después fue que “la Corte Suprema decidió archivar esa indagación preliminar contra Cepeda y siguieron adelante, ahora, con Uribe en el centro de la investigación”. La noticia para aquel 2020, en medio de este largo proceso, era la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. Hoy, con un año y medio de desarrollo del proceso, la noticia es que la investigación sigue, que hay “pruebas suficientes” para no cerrar el expediente y que la Fiscalía no apeló dicha decisión. Pero, para entender cómo llegamos a esto, vayamos al contexto de lo que pasó después de septiembre de 2020 y a la explicación de lo que está sucediendo. No olviden entrar a los links que les dejaremos a continuación para poder entender mejor cada arista del caso. Comencemos:

Síntesis:

“En agosto de 2020, tras citar a declarar a decenas de personas y practicar cientos de pruebas, la Corte resolvió la situación jurídica de Uribe y consideró necesario detenerlo preventivamente mientras continuaba el proceso. A los pocos días, desde su finca El Ubérrimo, el expresidente renunció al Senado y el alto tribunal concluyó que perdía entonces, la competencia para continuar investigándolo. El magistrado Reyes remitió el voluminoso expediente a la Fiscalía y allí le fue asignado a Gabriel Jaimes, quien tiene el tercer cargo más importante en el búnker: Coordinador de delegados ante la Corte”.

El 10 de octubre de 2020, cuando el país seguía atento el desarrollo del caso Uribe, una jueza de garantías tumbó la medida de aseguramiento que le había impuesto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Era noticia porque se venía de un 3 de agosto justo cuando ese alto tribunal, de manera unánime, había dictado -y valga la redundancia- “medida de aseguramiento al expresidente y exsenador dentro de la investigación en la que supuestamente intentó manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que Uribe fue promotor del Bloque Metro de las Autodefensas y por, supuestamente, haber hecho gestiones -con oferta de prebendas incluidas- para conseguir en su favor la declaración de al menos dos exparamilitares, para que dijeran que habían recibido presiones del senador Iván Cepeda con el fin de hablar ante la justicia en contra suya”, nos contaba el equipo de la redacción Judicial.

Un mes después el expresidente Uribe se enteraba de que el juez Cuarto Penal del Circuito había dejado claro que la indagatoria que él había rendido ante la Corte Suprema sí se equiparaba a la imputación de cargos y, por ende, a la Fiscalía solo le quedaba “llamarlo a juicio o pedirle a otro juez la preclusión del caso” Así las cosas, Uribe seguiría en libertad, pero investigado. Terminó el año, pasaron las fiestas decembrinas y para el 25 de febrero de 2021, adportas de terminar el plazo para que la Fiscalía definiera si pedía que se archivara el caso, se supo que Juan Guillermo Monsalve, catalogado como el “testigo estrella de la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal”, dejaba claro por medio de Miguel Ángel del Río, su abogado, que no daría declaraciones “bajo el chantaje de la presión”. Es momento preciso para recordar que Monsalve “es un exmiembro de Los Rastrojos condenado a 40 años de prisión por secuestro extorsivo. Es hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, ubicada entre Yolombó y San Roque (Antioquia), propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996. Monsalve ha asegurado que allí, el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez fueron claves para la creación del Bloque Metro de las Auc”.

¿Qué pasó entonces el 5 de marzo de 2021 con la Fiscalía? ¿Cuáles fueron las acciones que tomó el ente investigador? A continuación se los contamos. También, que 15 días después el país se enteró de que el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, determinante en el proceso que se adelanta contra Diego Cadena, exabogado de Uribe y también acusado de manipulación de testigos; no ofrecería más cooperación, lo que nos dejaba con la pregunta: ¿Puede la Fiscalía ganar el juicio contra Cadena sin Vélez a bordo? La Corte Constitucional también entró al debate para aclarar si la indagatoria que Uribe entregó en la Corte Suprema, antes de su renuncia al Congreso, se equipara con una imputación de cargos:

Judicial

Álvaro Uribe podría no ir a juicio: Fiscalía pedirá preclusión de su caso

Judicial

Fiscalía ordenó perfilar a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe

Judicial

Testigo Vélez, clave en juicio contra Diego Cadena, no cooperará más con Fiscalía

Judicial

Corte Constitucional decidirá si indagatoria es igual a imputación

Pero, antes de seguir, expliquemos un poco más sobre Diego Cadena, quien fue abogado de Uribe Vélez. Resulta que Cadena, el 22 de febrero de 2018, buscó a Monsalve en la cárcel La Picota (Bogotá) y, según la misma Fiscalía, “le habría ofrecido servicios jurídicos para negociar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a cambio de retractarse de sus acusaciones contra el exmandatario a través de una carta. Cadena lo habría presionado para que dijera que el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, era quien lo había buscado y le había ofrecido beneficios”. Esa es la razón por la que Cadena, ahora exabogado de Uribe, también es procesado por esos mismos hechos.

Para el 26 de julio de 2021 ya estaba lista la posición de la Fiscalía: el fiscal Gabriel Jaimes, luego de cuatro meses dejó claro su camino para pedir la preclusión del expediente de Álvaro Uribe Vélez. Primero, Jaimes criticó el papel de la prensa y de los intervinientes del proceso, dijo haber chequeado lo actuado en la Corte Suprema de Justicia y, sumando su “apreciación probatoria”, llegó a la conclusión de que “el exmandatario sería inocente por intentar torcer testigos a su favor en procesos por presuntos vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas”, escribía la sección Judicial. Dijo que no estaba obligado a acusar a Uribe Vélez, aunque Monsalve ha dicho ante la justicia que emisarios de Uribe lo han buscado para cambiar su versión. Dijo que era necesario confrontar versiones de los llamados “testigos excepcionales”.

“La Fiscalía no actúa para el aplauso de la galería, ni condescendiente con intereses particulares. Simple y llanamente cumple deberes jurídicos para abonar valores y principios que enriquezcan el bien común de la sociedad”, dijo el fiscal Gabriel Jaimes.

A día siguiente, porque Jaimes solicitó varios días para la audiencia, como representante de la Fiscalía mostró los detalles, desde su visión, del encuentro entre Cadena y Mosalve. Allí aparecieron una lista de nombres sobre los que se hace una explicación detallada en este link, donde se describe, paso a paso, el rompecabezas que armó la Fiscalía. Entre los nombrados están: el condenado Enrique Pardo Hasche, alias ‘El Gringo’, quien compartía patio con Monsalve en La Picota para inicios de 2018. Pardo es el esposo de una tía de la antigua pareja del abogado Jaime Lombana: Natalia Londoño Williamson. Apareció también nombrado Ricardo Williamson, cuñado de Enrique Pardo Hasche. Además, Victoria Eugenia Jaramillo, conocida como Vicky Jaramillo y supuesto enlace entre Monsalve y Uribe. Jaramillo supuestamente se movía al interior del Centro Democrático y era un contacto capaz de llevar mensajes al expresidente. También se menciona a María Mercedes Williamson, suegra de Jaime Lombana y hermana de Ricardo Williamson. Para sumar, el abogado Héctor Romero, quien durante años había representado a Deyanira Gómez, la exesposa de Monsalve. Y en la lista está además Fabián Rojas Puertas, quien inició como asistente en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Uribe en el 2017. Y uno más: el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático y presidente de Colombia entre2002 y 2010. Foto: José Vargas.

La Fiscalía, para el 3 de agosto de 2021, seguía argumentado la preclusión del caso por fraude procesal y soborno en actuación penal mientras el expresidente insistía en su inocencia. Jaimes aseguraba que no hay pruebas que sustenten que Uribe cometió algún delito. Para el 10 de agosto, tras dos semanas argumentando precisamente la inocencia, “la Fiscalía concluyó que sería imposible llevar a juicio a Uribe y pidió compulsar copias para investigar al senador Iván Cepeda”.

Para el 5 de octubre la jueza 28 penal de conocimiento recibió de parte de Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, la petición de negar la solicitud hecha por el fiscal designado para el caso, Gabriel Jaimes, de precluir el caso en contra de Uribe. “Según Villalba, el funcionario judicial omitió, por ejemplo, analizar las contradicciones y vacíos en que incurrió Álvaro Uribe en la indagatoria que rindió en la Corte Suprema; así como su exabogado Diego Cadena en la declaración que rindió. También, la Fiscalía habría omitido, de acuerdo con el abogado de Cepeda, indagar en la relación de este caso con la conformación del Bloque Metro de los paramilitares”, nos contaba la redacción Judicial. Villalba también cuestionó a los testigos a favor de Uribe y dijo que en las declaraciones de Vicky Jaramillo (exasesora política y militante del Centro Democrático) y Diego Cadena (antiguo abogado de Uribe) hay contradicciones sobre cómo se conocieron, en qué circunstancias hablaban, entre otros aspectos.

Para noviembre fue la Corte Constitucional quien se pronunció al respecto. La Procuraduría también dejó su posición clara ya en febrero de este 2022 y así llegamos hasta la audiencia del caso a finales de marzo. A mediados de febrero vimos que “el alto tribunal negó, por unanimidad, un recurso presentado por Uribe Vélez en el que alegaba violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial. Con esto, la Corte reafirma la vinculación del exsenador al proceso por presunto fraude procesal y soborno”.

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Corte Constitucional dice que a Uribe se le respetaron sus derechos y fue imputado

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Procuraduría coincide con Fiscalía en preclusión del proceso contra Álvaro Uribe

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Caso Uribe: Corte Constitucional ratificó calidad de imputado del expresidente

Y así llegamos a la audiencia de la semana pasada, el 27 de abril, donde la redacción Judicial nos contaba los detalles tras la argumentación de lado y lado: “En medio de la audiencia, que duró más de 12 horas, la jueza Carmen Helena Ortiz explicó que hay pruebas suficientes para no cerrar el expediente en contra de Uribe Vélez y, en consecuencia, el expresidente deberá ir a juicio por el delito de soborno y fraude procesal”. Sorprendió, tras toda la exposición hecha por el fiscal Gabriel Jaimes Durán, que justo la Fiscalía no apelara la decisión. La jueza, al final, determinó que las víctimas tenían razón y que la investigación no puede archivarse.

¿Qué pasará ahora? “Lo que se sabe hasta ahora es que la Fiscalía deberá presentar un escrito de acusación en contra de Uribe para que pueda iniciar el juicio. Aunque todavía no es claro cómo lo hará, pues su plan era archivar el caso, la orden de la jueza Ortiz es clara. Lo que reposa en el expediente son pruebas, testimonios, entrevistas, entre otros elementos, que apuntarían a que el expresidente participó en un entramado de abogados y testigos para que, a cambio de dinero, estos últimos hablaran a favor suya ante la Corte Suprema”, nos contaron en el día de la noticia.

Entonces con un poco más de tiempo y con un análisis reposado, surgió otra pregunta: ¿Cuáles fueron las razones por las que la jueza ordenó a la Fiscalía continuar la investigación? Entonces El Espectador seleccionó cinco episodios para entender por qué la jueza no cerró el proceso y se detallan en este link, pero adelantamos un poco con los nombres que han estado vivos durante todo el proceso y que resultan determinantes en el caso: Hilda Niño, exfiscal condenada por recibir sobornos de los narcos Miguel Ángel Mejía y Orlando Villa; Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, narcotraficante extraditado a Estados Unidos; y los exparamilitares Giovanny Cadavid (bloque Metro), Elmo Mármol (bloque Central) y Máximo Cuesta (Águilas Negras).

El expresidente Uribe, cuatro días después y a través de sus cuentas en redes sociales, fue enfático en su posición: “Nunca ordené buscar testigos, sino corroborar información que me llegaba”. Al día siguiente supimos que Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, será quien ahora liderará el caso desde la Fiscalía después de que a Jaimes se le vencieron los términos para investigar y le quitaran el proceso. Los caminos que tiene el caso no son muchos, para ser sincero: el primero es que la Fiscalía siga haciendo lo suyo: investigar.

Al mantenerse en la misma línea que Jaimes, Cárdenas presentó una nueva solicitud de preclusión teniendo en cuenta los argumentos del juzgado. Sin embargo, como les contamos en este diario, el pasado 23 de mayo la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, le negó otra vez la preclusión a la Fiscalía. Como han reiterado los togados, así como la Corte Suprema de Justicia en su momento, todo indica que en el expediente hay pruebas suficientes para que Uribe Vélez siga vinculado a una investigación penal por el delito de soborno. Y entre las conclusiones que más dejaron en entredicho el trabajo de la Fiscalía, la jueza aseguró que el ente investigador no pudo acreditar la completa inocencia del expresidente Uribe.

“Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, explicó la jueza Barrera. Y en su momento, como si se trata de un deja vu, el expediente quedó tal cual estaba hacía un año. No obstante, la Fiscalía sorprendió a la opinión pública apelando la decisión de la jueza Barrera y el caso cayó en manos del Tribunal Superior de Bogotá, el cual esta tarde define por tercera vez la preclusión. Para claridad de nuestros lectores, el Tribunal no tiene la potestad de ordenar el llamado a juicio de Uribe. Lo que sí puede hacer es entregar unas consideraciones lo suficientemente fuertes como para que la Fiscalía acuse al exsenador, como se ha filtrado en las últimas horas, y las toneladas de pruebas sean debatidas en un lugar aparentemente natural: el juicio penal.

Recuerden que toda la información, minuto a minuto de lo que pasa en este caso y en todas las noticias judiciales, aparece en este link. Si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a formar parte de la comunidad de suscriptores. Suscríbase y disfrute más de 200 documentales y series en CuriosityStream, 24/7, porque su suscripción cobra más sentido cuando disfruta de series y documentales sin límites, están en vivo y on-demand.

*Nota de la Editora: esta nota fue publicada originalmente en 2022. Se publica de nuevo por considerarla de interés para los lectores a propósito de la nueva decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

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