EE le explica lo que GuacamayaLeaks reveló sobre la Fiscalía y sus investigaciones

Es miércoles, día de El Espectador le explica. “Detalles inéditos de una filtración sin precedente”, así tituló la sección Judicial de El Espectador una noticia que ha venido creciendo como bola de nieve. El 6 de noviembre este equipo periodístico reveló un hecho concreto y preocupante: en agosto pasado la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, fue hackeada, y quienes estuvieron detrás dejaron al descubierto 38.046 carpetas de correos electrónicos de funcionarios con detalles de innumerables investigaciones evidenciando “los alcances de operaciones transnacionales e investigaciones sensibles sobre corrupción y homicidios”. El Espectador tuvo acceso a ellos y este boletín reúne todo lo que al respecto hemos publicado. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. “Detalles inéditos de una filtración sin precedente”, así tituló la sección Judicial de El Espectador una noticia que ha venido creciendo como bola de nieve. El 6 de noviembre este equipo periodístico reveló un hecho concreto y preocupante: en agosto pasado la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, fue hackeada, y quienes estuvieron detrás dejaron al descubierto 38.046 carpetas de correos electrónicos de funcionarios con detalles de innumerables investigaciones evidenciando “los alcances de operaciones transnacionales e investigaciones sensibles sobre corrupción y homicidios”. El Espectador tuvo acceso a ellos y este boletín reúne todo lo que al respecto hemos publicado. Comencemos.

Como siempre sucede en este contenido semanal, vamos con un poco de contexto. “La Fiscalía fue hackeada por activistas digitales, en medio de una campaña que se ha conocido como #GuacamayaLeaks, exponiendo como nunca información que debía permanecer bajo absoluta reserva y, de paso, desnudando graves falencias de seguridad en la entidad que dirige investigaciones penales del país”, escribieron, como si fuera un resumen ejecutivo, los colegas de la redacción Judicial. “Fue un ataque al servidor de correos electrónicos de la entidad. La filtración logró penetrar los filtros seguridad digital del búnker y accedió a las carpetas personales de miles de funcionarios, al menos desde 2018 hasta agosto de 2022″.

En este caso, antes de entrar en materia y conocer detalles de las investigaciones, se sabe que quedaron al descubierto correos electrónicos de coordinadores, asesores y secretarios pero no de fiscales generales ni de vicefiscales, tampoco de directores de unidades y fiscales delegados. Que la Fiscalía tan solo emitió un comunicado de prensa en donde informa que hay una investigación abierta, que por tratarse de un evento de seguridad debía reportarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio y no lo hizo, que han pasado tres meses de la filtración sin avance sobre qué fue lo que pasó y qué tan grave es la filtración, pues en esas carpetas hay información de investigaciones en contra de capos de la droga, disidencias, empresarios y funcionarios corruptos.

¿Quién es Guacamaya? El grupo de hacktivistas Guacamaya son las responsables de penetrar “barreras digitales de entidades públicas de México, Guatemala, Chile y otros países de Latinoamérica, así como empresas mineras y ejércitos de la región. Su consigna es revelar información de instancias gubernamentales o privadas que supuestamente han abusado del poder para afectar el medio ambiente o a poblaciones históricamente vulneradas”.

Justo antes de conocerse esta filtración se había reportado que durante la discusión de la reforma tributaria en el Congreso, a corte del 3 de noviembre, se detectaron más de 20.000 intentos de hackeo contra el Congreso. El asunto es tan frecuente que, por ejemplo, el pasado 20 de octubre también se presentaron 18.244 intentos de este tipo mientras se discutía el proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria. El objetivo, al parecer, era afectar los sistemas de votación. Por eso se tuvo que reiniciar, en tres ocasiones, los mecanismos de protección “para evitar contratiempos y alteraciones”.

Ahora sí, con esta claridad, vamos a los documentos filtrados. ¿Recuerdan el caso Odebrecht, el de la multinacional de la infraestructura que tenía todo un entramado de corrupción para ganarse contratos en varios países, incluido Colombia? Pues la Fiscalía ha advertido que no ha firmado ningún tipo de acuerdo con actores clave de la empresa brasilera y que no hay sobre la mesa beneficio a dichos empresarios. Pero lo que se encontró en los correos filtrados por Guacamaya evidencian otra cosa: Desde febrero de 2021 tres de los más altos ejecutivos de Odebrecht han estado en conversaciones con fiscales aportando información. Se trata de Marcio Marangoni, Amilton Hideaki Sendai y Yesid Arocha (colombiano).

¿Qué han dicho? Según ellos, el cómo se ideó todo el esquema de contratos falsos e inflados, el paso a paso del pago de los millonarios sobornos y el rol de políticos y otros empresarios en todo esta práctica corrupta que, por lo menos en Colombia lleva seis años investigándose y sin resultados como los que sí se han logrado en otros países, como Perú, en donde las indagaciones judiciales en colaboración con peces gordos de Odebrecht han terminado en vinculaciones penales a políticos de primer nivel.

“Usualmente son filtraciones que se obtienen en forma irregular o incluso ilegal, pero, por tratarse de información de interés público sobre corrupción o violaciones a derechos humanos, que de otra forma no conoceríamos, su publicación está protegida por la libertad de expresión”: Carolina Botero, directora de la fundación Karisma.

Entre los más de cinco terabytes de información que fue extraída por Guacamaya, también se ve en detalle los casos a los que desde las más altas esferas de la Fiscalía se les ha dado prioridad (donde aparecen gobernadores investigados, por ejemplo). Desde el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema se indagan en 106 casos priorizados y de ellos, precisamente 60 son contra gobernadores. También quedó al descubierto una puja de marca mayor al interior de la Fiscalía y en donde aparecen nombres como el de la cuestionada y procesada penalmente fiscal Ana Victoria Nieto, también el de José Freddy Restrepo, Álvaro Betancur y Daniel Hernández (los dos últimos conocidos por ser los encargados de procesos claves a nivel nacional durante las administraciones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa), además de actual vicefiscal general Martha Mancera. A continuación, la historia detallada y completa:

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El 10 de noviembre se publicó la historia de una información entregada por Yesid Arocha, el entonces director jurídico de Odebrecht en Colombia. Allí se confirmaba que Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, conocido en la política colombiana como “Uribito”, sí recibió pagos de la corrupta multinacional brasilera. Arocha aseguró que Luiz Bueno —presidente de Odebrecht en Colombia— había decidido contratar a Andrés Felipe Arias “porque era una persona que tenía muy buenas relaciones de carácter político, tenía muy buenas relaciones empresariales, podría ser precandidato presidencial y adicionalmente, en la época en que Bueno llegó a Colombia, Arias le presentó tanto a funcionarios gubernamentales como políticos colombianos, entonces por eso él ha decidido apoyar a Andrés Felipe Arias y realizar ese contrato con él”.

Revela el equipo de Judicial de El Espectador que “en el supuesto contrato, Odebrecht le pagó $16 millones mensuales a Arias y, al parecer, se pagaron a través de la empresa Compañía Colombiana de Capitales (CAP)”. En total fueron $197 millones. Coincide con que justo ese fue uno de los contratos que había despertado sospechas en medio de la revisión de la contabilidad de la constructora, desde su llegada a Colombia, que había hecho la consultora internacional Price Waterhouse Cooper.

Tres días después, en medio de estas revelaciones, se supo también de los “escasos intentos de la administración de Francisco Barbosa por conocer quiénes participaron para que los dineros de la corrupta multinacional entraran a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014″. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la Fiscalía de Colombia hizo solicitudes formales a sus pares de Brasil y Perú, era necesario que el ente investigador colombiano se comprometiera a no abrir procesos en contra de esos “colaboradores de la justicia” en Brasil. Las declaraciones serían el 14, 15 y 16 de febrero de 2022. Pero el 9 de febrero de 2022 la Fiscalía de Brasil contestó a Colombia que en esos tres días no podían realizarse las declaraciones y que podían establecer nuevas fechas para adelantar esas diligencias. Sin embargo “dos fuentes en el interior de la Fiscalía le confirmaron a este diario que la fiscal Liliana Calle (quien adelantaba las indagaciones y contactos) fue removida de este expediente por Gabriel Ramón Jaimes, el antiguo fiscal del caso Uribe, quien además de ser el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, coordina las investigaciones del caso Odebrecht”, nos explicaron los colegas de la sección Judicial.

“Los correos filtrados de la Fiscalía, como contó este diario, muestran que el ente investigador está negociando con los ejecutivos de Odebrecht para que entreguen información. Incluso otro fiscal que, como Liliana Calle, fue removido de las investigaciones le comentó a este diario que la administración de Francisco Barbosa no tiene la voluntad de ir hasta el fondo del caso”: redacción Judicial de El Espectador.

En medio de los correos filtrados, también se puede evidenciar “el escaso esclarecimiento de los homicidios de periodistas y comunicadores”. Se concluye que “de 23 casos sobre los que la Unesco pidió información a Colombia, solo en tres ha habido sentencias, en otros tres hubo absoluciones y en la mayoría la Fiscalía no ha identificado a los responsables. Y sobre la filtración de los datos, ¿qué implica un hecho de este tamaño? También se supo que “un fiscal de delitos económicos tiene un expediente sobre la empresa Real Bussines, intervenida por la Supersociedades en 2021, al encontrar que se trataba de una captadora ilegal de dinero. Cerca de 1.500 personas fueron estafadas”. El hallazgo, detallan los correos conocidos, deja claro que dicha empresa era promocionada por dos reconocidos ‘influenciadores’: La Liendra y Yeferson Cossio.

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Para entender la dimensión de todo esto, no solo por lo que se ha revelado sino por quien está detrás de la revelación, Carolina Botero cuenta en su columna que “en agosto Guacamaya accedió a aproximadamente dos teras de información de varias entidades del sector: la estatal ecuatoriana ENAMI; la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Corporación de Energía Nueva Granada, ambas de Colombia; la empresa minera Quiborax de Chile; la petrolera Orix de Venezuela; la empresa minera Tezucana de Brasil, y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala”. Por eso, en su texto completo, explica la vulnerabilidad digital, la importancia entonces de la seguridad digital y, por supuesto, de la gestión continua del riesgo.

Tras todas estas revelaciones hechas inicialmente por Guacamayas, publicadas en Enlace Hacktivista y Distributed Denial of Secrets, una plataforma fundada por Emma Best, la periodista estadounidense que estuvo detrás del escándalo de Wikileaks; y a las que tuvo acceso El Espectador, también deja ver casos de temas de narcotráfico, de colombianos y españoles. “La Policía española le pidió apoyo a la Fiscalía colombiana para desmantelar una red de lavado de activos liderada por un histórico narcotraficante español que tuvo negocios con los carteles de Medellín y Cali en los años 90″. Se trata de José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, quien empezó siendo un contrabandista de tabaco en los años ochenta, conocido en España como el capo de capos del narcotráfico o “el Pablo Escobar español”.

Allí se detalla que en mayo de 2020 la Policía española pidió a Colombia información sobre siete colombianos que, al parecer, le ayudaron al capo español a lavar plata proveniente del tráfico de cocaína. “El primero de ellos es Luis Enrique García Arango, encargado de idear los mecanismos de lavado de dinero, quien terminó convirtiéndose en colaborador de la justicia española en contra de Miñanco y otros miembros de la organización”.

Y para aterrizar nuevamente a Colombia, también apareció el nombre de Leonardo Pinilla, recordado por ser el abogado cordobés que acompañó a Gustavo Moreno, el exjefe Anticorrupción de la Fiscalía y protagonista del cartel de la toga, a Miami para recibir un soborno del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Lo que está haciendo Pinilla es, de acuerdo con las revelaciones de la filtración, soltando información que “han servido para avanzar en procesos relacionados con el cartel de la hemofilia, el del síndrome de Down y otros más en contra de poderosos políticos y empresarios”. Al parecer su testimonio ha sido vital, pero en otros casos, según los documentos, “la Fiscalía no ha abierto investigaciones, pese a que Pinilla dice tener información”, nos cuentan los periodistas de la sección Judicial.

Ayer, 15 de noviembre, se supo que la Fiscalía “anunció los resultados de una investigación de alrededor de un año sobre el macrocaso de corrupción de Odebrecht. Imputará a los hasta ahora intocables Amilton Hideaki y Luiz Antonio Bueno Junior, así como al mismo reconocido fiscal Daniel Hernández”. En total, se dijo que imputarán a 10 personas. “La imputación contra Hideaki representa un giro en el expediente, pues durante los últimos años el brasilero estuvo negociando con la justicia, ventilando nombres y episodios del escándalo, por lo cual jueces colombianos le negaron a la Fiscalía su judicialización”.

Lo que estamos viendo con estas revelaciones, el hackeo a la Fiscalía y sus 38.046 carpetas de correos electrónicos con información de cómo se ha venido desarrollando el proceso investigativo en Colombia, es cómo se tejen las investigaciones en el país, quién logra influenciar en ellas y, sobre todo, cómo el ente más importante del país en la materia también es vulnerable digitalmente hablando. Apenas comienza esta serie de reportajes que viene entregándonos la sección Judicial de El Espectador.

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