El Espectador le explica los casos de ataques violentos en contra de niños y niñas

Es miércoles, día de El Espectador le explica. La imagen en video de un hombre, en la localidad de Engativá, en Bogotá, que amenaza a una niña que va rumbo a su colegio y la obliga a subir a un carro, un vehículo de servicio público, para luego atacarla sexualmente. Una madre que llora la desaparición de su hija, una menor de 12 años quien apareció asesinada después de que su secuestrador le quitara la vida y dejara su cuerpo abandonado en un cañaduzal del Valle del Cauca. En San Cayetano, Cundinamarca, un niño de dos años, reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en la misma vereda donde vivía. Este parece un listado interminable que retrata la maldad humana y que evidencia que la violencia en contra de los niños y las niñas en Colombia no solo es evidente, sino que es un asunto que debe tener prioridad y atención inmediata de todos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. La imagen en video de un hombre, en la localidad de Engativá, en Bogotá, que amenaza a una niña que va rumbo a su colegio y la obliga a subir a un carro, un vehículo de servicio público, para luego atacarla sexualmente. Una madre que llora la desaparición de su hija, una menor de 12 años quien apareció asesinada después de que su secuestrador le quitara la vida y dejara su cuerpo abandonado en un cañaduzal del Valle del Cauca. En San Cayetano, Cundinamarca, un niño de dos años, reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en la misma vereda donde vivía. Este parece un listado interminable que retrata la maldad humana y que evidencia que la violencia en contra de los niños y las niñas en Colombia no solo es evidente, sino que es un asunto que debe tener prioridad y atención inmediata de todos.

Así que este boletín en un resumen de varios de los casos que se han reportado en el país con el objetivo de poner sobre la mesa de discusión nacional una realidad con muchas preguntas: ¿cómo está actuando la justicia para proteger a los menores de edad? ¿Qué información tiene el Instituto Colombiano de Medicina Legal en lo que va de 2024 sobre estos casos de violencia? ¿Por qué si los feminicidas tenían antecedentes por crímenes similares, estaban libres? ¿Por qué expertas en el escenario jurídico hablan del “desprecio” por el cuerpo y la vida de parte de los asesinos? Con la ayuda de los contenidos hechos por varios reporteros y reporteras de las secciones de Judicial, Las Igualadas, Colombia y Bogotá, responderemos estas preguntas y, sobre todo, queremos visibilizar una realidad para que llegue a más gente y ver si, por fin, en este país dejamos a un lado la indiferencia y tomamos cartas en el asunto.

Es imposible no tener presente el caso de Yuliana Samboní. Veníamos de casos como el de la desaparición de Sara Sofía, la menor que vivía con su tía en el barrio Kennedy, en Bogotá, pero de la que se perdió el rastro cuando pasó a manos de su madre, Carolina Galván, quien se la llevó a la casa donde vivía con Nilson Díaz, su pareja. El pasado 24 de noviembre de 2023, de acuerdo con el estado judicial del proceso, la niña seguía sin aparecer y tanto Galván como Díaz estaban procesados por “desaparición forzada”. Su caso, después de tres años, se ha convertido en la base de un proyecto de ley que busca “apenas se conozca el caso de un niño extraviado y haya riesgo de desaparición forzada u otros peligros, el reporte aparezca en las pantallas de los celulares del área donde se registró el caso”.

“Los feminicidios comienzan con pequeños actos de violencia”

La desaparición es un tipo de violencia que se vive en contra de los niños y las niñas. Tan solo en el primer semestre de 2023, se tenía reporte de 397 menores desaparecidos en Bogotá. 180 regresaron a sus casas. De los demás, o no hay información o han aparecido, pero sin vida. Como el caso de Yenrri Josues Cabrales, un menor que tras cuatro días de incertidumbre, fue hallado en aguas del río Bogotá, en límites con el municipio de Funza. Tenía cinco años. Por su condición autista, requería cuidados especiales. Como siempre contestan las autoridades, la investigación estaba en curso. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 2011 y 2020 se tenía nota de 13.489 desapariciones.

En diciembre del año pasado, otro caso estremecía al país. “Michel Dayana González le dijo a su padre, Genaro González, “ya vengo, papi”, durante la pasada Noche de Velitas en el barrio San Judas de Cali”. Tenía 15 años. Apareció muerta en un taller de carros, ubicado en la misma cuadra del barrio en donde vivía. Harold Andrés Echeverri, el vigilante del lugar, era el principal sospechoso. “Le pido a los poderes judiciales que hagan lo más posible de capturar a ese animal. Ese no es una persona, es un animal. Tiene que responder por ese crimen atroz que le hizo a una bebé. Que esto sea un reflejo para que cuiden a sus hijos, porque uno no sabe qué animal anda suelto”, dijo Genaro González a varios medios de comunicación. Tras la movilización de la Policía, el señalado fue capturado:

Judicial

Lo último que se sabe del caso Michel Dayana: tres días en búsqueda del sospechoso

Las Igualadas

Caso Michel Dayana: “el desmembramiento denota el desprecio por su cuerpo y su vida”

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Las pistas que llevaron a la captura del presunto feminicida de Michel Dayana

Judicial

Días antes de asesinar a Michel Dayana, Harol Echeverry habría violado a otra niña

Daniela Villamarín Solorza, del equipo periodístico de Las Igualadas, indagó por este caso y contó que Mariana Botero Ruge, abogada penalista y experta en violencia de género, aseguraba que en este caso confluyen varias situaciones de vulnerabilidad, pues Michel Dayana no solo era una mujer, sino también una menor de edad, negra, en condiciones de vulnerabilidad económica. “Según la Constitución Política de Colombia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre cualquier otro y también son de especial protección las personas que pertenecen a una minoría étnica y las mujeres. Estamos evidenciando un caso en el que el Estado le falló a un montón de grupos diferentes, que se materializaban en una niña que debía ser especialmente protegida”.

La menor fue “encontrada desmembrada dentro de varias canecas del taller”, y sobre ello, la abogada explicó que se denota el desprecio hacia el cuerpo y la dignidad de la niña: “Esto suele ocurrir en los casos de feminicidio y evidencia cómo la dignidad de la mujer es reducida al mínimo. Ya no se la entiende como un ser humano sujeto de derechos, sino como una cosa que puede ser comprada, vendida, destruida, y, en últimas, desmembrada”. Harold Andrés Echeverri tenía antecedentes por delitos sexuales y había estado en prisión, pero quedó en libertad un año atrás. Ahora, asesinaba a Michel Dayana González. Por ese caso, un juez lo condenó a 47 años por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado agravado.

A comienzos del 2024, el ICBF intervenía una fundación en la que habría sido abusada una menor de 14 años. ¿Cuál era la situación? La adolescente estaba internada en este lugar que se “dedica a atender y restablecer los derechos de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad”, contaron los colegas de la redacción Bogotá. De acuerdo con el testimonio que reposa en la denuncia, el 10 de enero pasado Javier Beltrán Silva, uno de los docentes de Educol, como se llama el lugar, aprovechando la ausencia de otra docente a cargo de cuidar a los menores durante el turno de la noche y que había salido para un hospital a recoger a un joven que estaba siendo atendido, se acercó al dormitorio de la menor y la abusó. La menor le contó a una de sus amigas, la información llegó a la madre de la víctima quien la llevó a un hospital en donde confirmaron que la niña había sido abusada sexualmente. “Lo más crítico del testimonio de la menor es que, según ella, el docente acusado de cometer el hecho tenía antecedentes judiciales en su haber”.

Un mes después se trataba de un niño de 3 años llamado Jerónimo Angulo en Fusagasugá, Cundinamarca, quien había sido encontrado sin vida en las afueras de esta población ubicada a una hora y media de Bogotá. ¿Qué decía la investigación hasta ese momento en curso? Que, al parecer, su padrastro -Giovani Andrés Díaz- era el autor material. El CTI, después de reunir todas las pruebas entre las que incluso había un video y testimonios de los vecinos, procedió a capturarlo y fue remitido a una unidad militar reservada. Una velatón en memoria del niño, “La vida vale”, decían sus vecinos presentes en el lugar. La tragedia presente. La investigación en curso.

“En el barrio hay impotencia. Nadie pensó que el padrastro estuviese implicado. Coinciden en que el hombre, padre de cinco hijos que tuvo con Érika Arcila (la mamá), llegó al barrio en noviembre de 2023, en un intento por regresar con ella. Cuentan que a duras penas contestaba el saludo”, escribió Juan Camilo Parra, el reportero que viajó hasta Fusagasugá para documentar periodísticamente el caso. “Quizá fue el verse acorralado o ver cómo al Gaula Militar revisaba las cámaras de seguridad del barrio que Díaz se acabó quebrando y llevó a las autoridades al vivero Santa Matilde, en la vereda El Jordán, sitio donde arrojó el cuerpo, envuelto en una bolsa verde. Al escuchar su declaración, en caravana las autoridades tomaron el camino por la vía a Sibaté. El mismo que Giovanny Díaz había recorrido solo y a pie, por media hora y con un sol punzante sobre su cabeza. El mismo que quedó registrado en algunas cámaras que evidenciaron cuando llevaba al hombro la bolsa verde. Lo dejó cerca de unos escombros”.

El 3 de abril el país se enteró de nuevos casos denunciados en una institución educativa. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, presuntamente en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa I. E. D, habría sido abusada una niña de cinco años y, al parecer, otras “10 denuncias más evidenciaron negligencia de parte de las directivas de la institución distrital”. Se supo que el Distrito apartó del “colegio a la directora y profesora que estaba cuidando a los niños afectados, mientras avanza la investigación”.

Camilo Tovar Puentes denunciaba la posibilidad de que Édinson Cervera Guarnizo, alias Pirry, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Lynda Michelle Amaya, de 15 años, quien primero fue secuestrada por miembros de la banda Tazmania en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, quedara en libertad por vencimiento de términos. También se documentó el caso de otro posible abuso por parte de un profesor de música a una niña y se supo que, tan solo en Bogotá, de acuerdo con el concejal Julián Uscátegui (Centro Democrático) durante los 3 primeros meses del año hubo 11.785 casos de violencia intrafamiliar contra niños y niñas, eso era un 51 % más de los reportados durante el mismo periodo de 2023. En Girón, Santander, una niña de ocho años que había sido reportada como raptada, era encontrada sin vida y autoridades capturaban al presunto responsable, quien no aceptaba cargos. Otro caso era reportado en el hospital de Kennedy.

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Asonada en Kennedy por presunto abuso a una niña por parte de su profesor de música

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Bogotá

Investigan muerte de niña de 3 años que habría sido víctima de abuso y maltrato, esto se sabe

El 11 de junio otro caso de violencia se registraba. “Después de agredir a la madre de los niños, el detenido procedió a golpear a sus tres hijastros de 8, 9 y 12 años. Los golpes fueron tan severos que los menores tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial en vista de la gravedad de las heridas”, detallaron los reporteros. Sucedió en Soacha y el detenido, Luis Eduardo Perilla, buscaba recuperar su libertad usando el recurso de apelación. Y por ser menores de edad, a su madre también se le estaba investigando “con el fin de esclarecer hasta qué punto permitió que sus hijos fueran golpeados por su pareja sentimental”.

La lista, porque se va volviendo eso, va creciendo con casos aterradores. El 25 de junio se conocía el reporte de Medicina Legal sobre la muerte del niño Dilan Santiago, un menor de dos años que fue encontrado sin vida dentro de un bulto de papas a 1.500 metros de donde vivía. La causa: “una encefalopatía hipóxica”, es decir, murió por asfixia mecánica. Muestras de ADN arrojaron rastros de saliva alojados en el pecho del menor y que corresponderían al padrastro, pero “se descartó que haya sido abusado sexualmente”. Entonces su abuela dijo: “si el ADN está en el pecho, eso tal vez quiere decir que el tipo estuvo ahí minutos antes del crimen”. Y por eso pedía que se capturara.

Y uno más que es difícil de creer: el de un hombre que atacó, con un arma blanca, a su propio hijo de cuatro años, en medio de un caso de violencia intrafamiliar. La comunidad intentó linchar al hombre y fue, además, la encargada de pedirle a la policía del cuadrante que atendiera el caso. El niño, horas más tarde, se encontraba fuera de peligro, de acuerdo con el mismo alcalde Carlos Fernando Galán. “Vamos a garantizar que llegue la justicia a este caso”, agregó el funcionario.

Precisamente fue la Alcaldía de Bogotá quien dio a conocer, “a partir de denuncias de la misma comunidad Embera en Bogotá”, que “entre los días 27 y 30 de junio se conocieron cuatro casos de presunto abuso sexual a menores de edad indígenas en la UPI La Florida y el Parque Nacional”. De acuerdo con el relato de uno de sus familiares y como lo documentaron los colegas de la redacción Bogotá, las menores estaban en el sector de Corabastos, sobre las once de la noche, en compañía de dos mujeres embera más. Una de las mujeres adultas le pagó cerca de siete mil pesos a un motociclista para que acercara a las niñas a una de las estaciones de Transmilenio de la Avenida Américas. “Pero se las llevó a otro lado. Me dijeron que las empezó a tocar y a amenazar con cuchillo. Ellas alcanzaron a defenderse y escapar”, dijo Nelson Murri, padre de las menores y también uno de los líderes de la comunidad asentada en ese instante en la Calle 34 con carrera séptima.

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Los reportes siguen y siguen. La mayoría de los casos comienzan con un aviso de desaparecidos, muchos de estos tienen a propios familiares como sospechosos, hay violencia intrafamiliar, feminicidios y hay algunos en donde los agresores hacen parte del círculo más cercano. Pasa en bebés, en menores de 2, 3, 5 años. De niñas que están sobre los 12. Hay reportes en instituciones educativas, en sus viviendas, en las capitales, pero también en la zona rural. Incluso hay casos en los que las madres han sido investigadas y hasta privadas de la libertad porque existe información de posible complicidad. También hay casos de niños contra niños de la misma edad.

Aunque cada caso tiene su propia investigación, en medio de la difícil situación llegaban noticias como la del pasado 8 de septiembre cuando la Procuraduría anunciaba investigación al rector de un colegio distrital por no atender un presunto caso de acoso escolar. Se trataba del líder de la Escuela Normal Distrital María Montessori y, además, en contra de cuatro funcionarios más del mismo centro docente. ¿Por qué? La madre de un niño de 6 años denunció “numerosas palizas propinadas por niños de su misma edad durante la hora de los descansos. Incluso, durante uno de los últimos episodios de violencia, el menor habría sufrido un acto de abuso sexual por parte de uno de sus maltratadores, según certifico el Hospital de San José”, escribieron los colegas de la redacción Bogotá. La mamá fue al colegio, pero no obtuvo una respuesta contundente, “por consiguiente, escaló el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Contraloría y a la Procuraduría, entidad que finalmente comenzó un proceso de investigación”.

Precisamente el 18 de septiembre, en el Concejo de Bogotá se decía que los colegios se estaban volviendo lugares inseguros para los menores de edad. Así nos lo detallaron los reporteros encargados de seguir los debates en el cabildo: Según cifras de la Secretaría de Educación denunciadas por la concejala Diana Diago, del Centro Democrático, entre enero y agosto de 2024 se han reportado 6.039 casos de presunta violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Lo cual representa un aumento de 809 casos en relación con las cifras del mismo periodo del año anterior. Además, “el 50% de los presuntos casos de violencia sexual, es decir, 3.018, se presentaron al interior de las instituciones educativas, con un incremento de 665 reportes en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los datos son claros, los colegios de Bogotá se han convertido en lugares inseguros para los niños. Esta es la cifra más alta de reportes en los últimos 5 años”, advirtió la concejala.

Los datos revelan que la mayoría de los casos se han registrado en colegios públicos, con 2.448 incidentes frente a 570 en colegios privados. Las edades reportadas son: 210 casos entre 3 y 5 años, 1284 entre 6 y 11 años, 1495 entre 12 y 18 años. En ese sentido, las localidades en donde más se han reportado denuncias son Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

Pero, más allá de hacer el necesario reporte de cada caso y ponerlo en conocimiento de todo el país, buscando también que las autoridades competentes cumplan con su debida labor, ¿qué se podía leer entre líneas para tratar de tomar acciones claras y concretas? Camilo Tovar Puentes, de la sección Bogotá, detalló que tras verificar las cifras y cruzar los datos en la capital del país, “de acuerdo con cifras del Distrito, entre enero y agosto, en todas las localidades de Bogotá, aumentaron los índices de violencia intrafamiliar” y que la primera conclusión es que, precisamente, las agresiones en entornos escolares aumentan a la par con la violencia intrafamiliar.

En este completo texto explica los detalles, pero aquí va un adelanto, en donde se va más allá y se toca un asunto de mayor importancia llamado acto reflejo y salud mental: “Si como sociedad estamos acostumbrados a resolver los conflictos de una manera violenta, esos ejemplos violentos se van a transferir a todos los entornos donde los niños, niñas y adolescentes están”, dijo Edwin Ussa, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación.

Sobre este listado, de entrada ya lamentable, llegamos a octubre, cuando otro caso centró la atención del país, no solo porque el sindicado ya tenía antecedentes de violencia sexual, sino porque al unísono el pueblo colombiano pide justicia:

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Este se ha convertido en un caso que, como todos los demás, es una tragedia, sí, pero aquí toda Colombia ha venido exigiendo justicia, que esto tiene que parar, que no pueden seguir asesinando a los niños y las niñas. La gente ha pedido un accionar más fuerte del aparato judicial, una reforma a la justicia, se pide revivir la idea de que exista cadena perpetua para estos casos, incluso hay quienes creen que la castración química es la salida o la pena de muerte debería estar disponible.

Sofía Delgado, una menor de 12 años, desapareció el pasado domingo 29 de septiembre tras salir de la casa de su abuela hacia donde ella vivía para recoger un champú para perros. El caso se dio a conocer en los medios masivos de comunicación. La alcaldesa del pueblo, la gobernadora del departamento, el comandante de la Policía Nacional, todos se pronunciaron al respecto. Incluso se ofrecía una recompensa para quien diera información de valor. El 17 de octubre fue hallada sin vida.

“Siguiendo las pistas de un carro blanco y las acusaciones contra un comerciante del corregimiento, se hicieron tres allanamientos, en medio de los cuales se encontraron rastros de sangre. Tras indagaciones se dio con la captura de un hombre y una mujer, dueños de una veterinaria. El sujeto confesó el crimen y dio a las autoridades la información de donde había enterrado el cuerpo”, escribieron las compañeras de la redacción Colombia.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro dijo en Noticias Caracol que se trataba de una pareja propietaria de un negocio cercano a la vivienda de Sofía Delgado precisamente donde la niña habría desaparecido. Y que, sumado a esto, sobre el capturado, aseguró que era “una persona que, al parecer, desde el 2018 había violado a una niña y que en los días cercanos a este hecho parece que también había querido retener a otra niña que se escapó”. ¿Qué hacía fuera de la cárcel, entonces? Cuando los habitantes del corregimiento de Villagorgona, en donde vivía la menor, supieron los detalles, “vandalizaron tanto la vivienda de la pareja acusada como la veterinaria de su propiedad, donde habría desaparecido”.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, se manifestó: “No hay dolor más grande que este. No hay otra forma de parar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes si no sumamos entre todos la lucha de la sociedad civil, las estrategias y los recursos del Estado; la unión de países garantes de derechos y por supuesto las acciones protectoras desde el barrio, la vereda y las familias”.

El señalado y acusado es Brayan Snaither Campo, quien dijo que la mujer capturada no estaría relacionada con el crimen. Pero él sí confeso haber cometido el asesinato. “La defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó que “este doloroso hecho nos recuerda la inmensa vulnerabilidad de los niños y las niñas”, por lo que pidió reforzar medidas de protección, mientras que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmó que es necesario plantear la cadena perpetua para quienes asesinan a menores de edad”, nos detallaron las colegas de la redacción Colombia.

La de Sofía, entonces, se suma a los “más de 370 asesinatos de menores de edad que ha registrado el Instituto Colombiano de Medicina Legal en lo que va de 2024″, contó Tomás Tarazona Ramírez, de la redacción Judicial. Pero ¿es que no se puede hacer nada? ¿Por qué tenemos que seguir y seguir reportando estas tragedias? Contaba el reportero que “a mediados de este año, la Fiscalía creó una unidad especializada para investigar casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El nacimiento de ese equipo fue aplaudido en su momento por organizaciones de la sociedad civil por tratarse de una unidad que, en el papel, podría cambiar el panorama de agresiones contra los menores, pues dentro de sus funciones estaba acercar la justicia a los casos de violencia sexual, agresiones en el contexto familiar u otras vulneraciones”.

Pero para Esteban Reyes, director de la ONG Aldeas Infantiles, aún faltan varios pasos para que el Estado, las organizaciones y la sociedad puedan combatir realmente la violencia contra los menores. “Los fenómenos de violencia tienen muchas manifestaciones. Pero debemos centrar nuestro esfuerzo en priorizar y aglutinar esas violencias para combatirlas. Lo que proponemos se basa en algo sencillo: no estamos buscando nuevas leyes para enfrentar este problema, pues ya hay una normativa muy grande. El problema es que no se implementa y tampoco se le destinan recursos”, explicó a El Espectador. Se refiere, explicaba Tomás Tarazona, “a acelerar todas las etapas de justicia cuando haya un presunto caso de agresión. Es decir, que la indagación, imputación y posterior juicio deben agilizarse para que los agresores sean procesados y los niños reciban verdad y reparación”. Unos datos que tiene esta ONG y que lo dicen todo: “más del 90 % de los casos de niños violentados en Colombia quedan en la impunidad”. “En 2023, se presentó un promedio de 56 menores que eran agredidos sexualmente a diario en el país”.

Todos los detalles de ese texto, donde se responden todas las dudas del por qué el país siente que no se hace lo que se debe en materia judicial y que además entrega propuestas para atacar esta realidad, están aquí, no sin antes dejar otro postulado de Reyes: “Cuando una madre denuncia que su hijo es agredido, su mayor temor es ‘me van a quitar al niño’. Hay un sistema que revictimiza a los niños. Lo que necesitamos es un mecanismo de justicia donde el acceso, las pruebas, los procesos, los términos, los tiempos y las herramientas de investigación funcionen”.

La pregunta recurrente es: ¿por qué si este, como el procesado en el caso de Michel González, tenían antecedentes por hechos similares, estaban en libertad, lo que les dio vía libre para volver a cometer los crímenes?:

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“Brayan Campo aceptó los cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio en el caso de Sofía Delgado”, nos contaron las colegas que siguen el caso desde el momento en que se reportó su desaparición. Mientras eso sucedía ante la justicia, el país se enteraba de que un niño de dos años que había sido reportado como desaparecido el sábado 19 de octubre, era encontrado pero enterrado en la misma finca en donde residía junto a una tía.

Su nombre, Alexis Delgado. “Al parecer, el familiar de Alexis lo habría dejado caer de un caballo tras participar en un evento que tuvo lugar en una vereda cercana a donde residía el menor con su tía. Esta persona, de acuerdo con las investigaciones, habría ingerido fuertes cantidades de alcohol en el evento y regresó en un fuerte estado de embriaguez a la finca. Para desplazarse, dejó al menor encima del caballo con el que se transportaban, mientras él caminaba a un lado y lo jalaba de la rienda. Sin embargo, debido a su estado de embriaguez, el familiar habría perdido el control del equino, lo que produjo la caída del menor al piso. Incluso, los golpes encontrados en el cuerpo dan cuenta de una serie de golpes que el caballo le habría propinado a Alexis una vez este se cayó”. En vez de buscar ayuda, se cree que enterró el cuerpo en la finca y lo reportó como desaparecido ante el resto del núcleo familiar.

“Al momento de consultar con el ente investigador, no se había notificado la captura del tío de Alexis, ya que el presunto responsable se presentó voluntariamente, en medio de las presiones por la búsqueda del niño. “No hubo flagrancia ni orden judicial”, indicó la Fiscalía”.

“Hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña”: esposa de Brayan Campo

Juan Camilo Parra, de la redacción Bogotá, escribió un texto que tituló Por qué Colombia le falla a la primera infancia y, en él, indago qué se debería tener en cuenta para tratar de frenar este problema. Luz Mercedes Cevallos Sánchez, coordinadora del Programa de Criminología e Investigación de la Universidad del Rosario, le dijo que hay que identificar cuando un menor crece en un entorno familiar con problemáticas, negligencia o violencia, porque ahí se aumenta el riesgo. Y que también se debe estar atentos de cuando un entorno aparentemente seguro, como el hogar, o el colegio, se tornan en escenarios de violencias. Y advierte que en la mente de un maltratador o persona que comete alguna negligencia contra un menor, “pueden influir factores psicológicos, trastornos mentales, historias de abuso, un entorno familiar disfuncional o un parentesco con normas sociales y subculturas en las que puede haber un mayor grado de aceptación o tolerancia a este tipo de conductas inapropiadas hacia los menores de edad”.

Cada caso es único, cada caso tiene unos implicados distintos, una investigación, pero los que sí son los que siempre pierden son los niños y las niñas. Lo vemos una y otra vez. Sigue pasando. Mientras los hacedores de política pública y de las leyes en el Congreso siguen contemplando cambios en el modelo de justicia, analistas creen que lo que hay que hacer es saber aplicar de forma eficiente lo que existe, dar prioridad a estos casos y buscar justicia para los menores de manera rápida. Para los demás mortales, aprender a leer la información que nos da el entorno, los antecedentes, los comportamientos. Y visibilizar. No callar. Los ataques se dan en las calles, en los colegios, en la propia casa.

Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.

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