El Estado colombiano pidió perdón por condena injusta a un soldado desaparecido

“Mi hijo no era un desertor”, insiste desde hace más de 27 años la madre de Jhon Fredy Lopera. La familia de este soldado lleva años buscando respuestas sobre la desaparición de su ser querido, la cual sucedió mientras este se encontraba prestando su servicio militar obligatorio. En el expediente del soldado Lopera se acumulan años de lucha de sus padres y hermanas por conocer la verdad, una condena ante la justicia penal militar que ha frenado otras investigaciones y ni un solo avance judicial sobre su paradero. Precisamente por este caso y su falta de investigación, el pasado 23 de mayo, el Estado colombiano le pidió perdón a la familia Lopera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La incertidumbre de esta familia comenzó en la mañana del 8 de noviembre de 1997, cuando llegaron hasta el Batallón Pedro Nel Ospina, ubicado a las afueras de Bello (Antioquia), cumpliendo con la invitación que les había hecho su hijo una semana antes. Ese día culminaban los 18 meses de servicio militar obligatorio que estaba prestando el soldado, por lo que planeaban regresar juntos a casa. Una vez llegaron al Batallón trataron de encontrarse con su hijo, pero la respuesta de los oficiales fue que se encontraba en otro edificio alistándose para la reunión. Sin embargo, las horas pasaron, sus compañeros fueron llamados uno a uno en el acto y la ceremonia culminó sin que el soldado Lopera fuera visto.

Según relata la familia, en ese día no recibieron información clara sobre el paradero de su hijo, a pesar de que llevaba más de un año bajo la custodia y al servicio del Ejército. Un amigo cercano a Lopera les habría sugerido que dejaran de esperarlo, pues desde el 31 de octubre de ese año los militares aseguraban que no sabían nada de él. Las hermanas del soldado Nidia y Luz Dary Lopera narran que al día siguiente, cuando se presentaron ante el coronel que estaba a cargo de su hermano, este les habría ofrecido 20 millones de pesos para que dejaran “quieto el asunto” y se quedaran calladas, presuntamente aprovechando el estado de alteración de la madre ante la ausencia de su hijo.

“Si a usted se le prestó una persona, una persona debe devolver”, recuerda haberle exigido Luz Dary Lopera al militar en ese momento. Sin embargo, cuatro meses después de la situación en el Batallón, en un hecho que la familia describe como incompresible, el juzgado 118 de Instrucción Penal Militar condenó al Soldado Lopera por deserción. El hombre fue juzgado como persona ausente, lo que quiere decir que no fue necesario que asistiera a las audiencias para ser condenado. La decisión fue apelada desde el primer momento por la familia, quienes aseguran no comprender cómo recibieron una condena cuando lo que esperaban era una respuesta de la institución.

“La justicia penal militar lo que hace es iniciar un proceso penal por deserción y como llenando un check list, pues simplemente lo condenan diciendo que era un desertor. Entonces Jhon Fredy aparte de su desaparición, de padecer este delito de lesa humanidad, también es señalado de un delito que obviamente no cometió” expone la abogada del caso. La mujer también afirma que durante el juicio no se estudiaron las razones de fondo que entregó la familia para tumbar este señalamiento. Por otra parte, las hermanas plantean lo “ilógico” que sería que Jhon Fredy hubiera desertado cuando le faltaban tan solo ocho días para culminar su servicio y tras haber invitado a sus padres a la ceremonia.

Sugieren que en caso de haber tomado esta decisión, su hermano por lo menos hubiera tratado de establecer contacto con su madre o algún familiar. Sin embargo, la promesa del reencuentro nunca sucedió y desde la invitación a la ceremonia, hace ya tantos años, no saben absolutamente nada de él. “Mi mamá lo sigue esperando todavía porque ni siquiera tiene una tumba en la cual visitarlo” cuenta Nidia Lopera. Su camino para encontrar la verdad y para que se sancione a los responsables se vio entorpecido desde el principio por este fallo de la justicia penal militar que parecía ser la única respuesta a cualquier pregunta hecha por la familia. Pero los Lopera nunca pararon y al no encontrar justicia en el país decidieron llevar su caso ante un tribunal internacional.

Así fue como el caso llegó ante la CIDH, instancia donde hace unas semanas se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia. En este documento, Colombia reconoció que violó los derechos de estas personas al no permitir que la familia accediera a la justicia y posteriormente, condenar al soldado. Además, se plantearon medidas para reparar de forma integral a una familia que perdió a su ser querido mientras este le prestaba un servicio al país. El Estado prometió reabrir la investigación judicial sobre la desaparición del soldado y compartir sus datos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Además, ayudarán en la dignificación de su memoria y a limpiar su nombre, porque Jhon Fredy Lopera no fue un desertor, sino una víctima.

Para la familia y la firma de abogados que los representa, quienes llevan el caso hace 27 años, fue de suma importancia que el Estado reconociera su responsabilidad de manera previa, sin tener que ser vencido en un juicio. Para ellos, esto es otra prueba más de las injusticias vividas en el proceso judicial. “Yo con el acuerdo espero que por lo menos le den claridad a la muerte de mi hermanito ¿Qué pasó con él? ¿Qué le hicieron? Porque a mi mamá ya todo el mundo le dio la espalda durante muchos años” enfatiza Nidia Lopera. La justicia tardó cuatro meses en condenar a Jhon Fredy Lopera por deserción y más de 27 años en pedirle perdón por nunca haberlo buscado, su familia asegura que la espera por la verdad aún continúa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

“Mi hijo no era un desertor”, insiste desde hace más de 27 años la madre de Jhon Fredy Lopera. La familia de este soldado lleva años buscando respuestas sobre la desaparición de su ser querido, la cual sucedió mientras este se encontraba prestando su servicio militar obligatorio. En el expediente del soldado Lopera se acumulan años de lucha de sus padres y hermanas por conocer la verdad, una condena ante la justicia penal militar que ha frenado otras investigaciones y ni un solo avance judicial sobre su paradero. Precisamente por este caso y su falta de investigación, el pasado 23 de mayo, el Estado colombiano le pidió perdón a la familia Lopera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La incertidumbre de esta familia comenzó en la mañana del 8 de noviembre de 1997, cuando llegaron hasta el Batallón Pedro Nel Ospina, ubicado a las afueras de Bello (Antioquia), cumpliendo con la invitación que les había hecho su hijo una semana antes. Ese día culminaban los 18 meses de servicio militar obligatorio que estaba prestando el soldado, por lo que planeaban regresar juntos a casa. Una vez llegaron al Batallón trataron de encontrarse con su hijo, pero la respuesta de los oficiales fue que se encontraba en otro edificio alistándose para la reunión. Sin embargo, las horas pasaron, sus compañeros fueron llamados uno a uno en el acto y la ceremonia culminó sin que el soldado Lopera fuera visto.

Según relata la familia, en ese día no recibieron información clara sobre el paradero de su hijo, a pesar de que llevaba más de un año bajo la custodia y al servicio del Ejército. Un amigo cercano a Lopera les habría sugerido que dejaran de esperarlo, pues desde el 31 de octubre de ese año los militares aseguraban que no sabían nada de él. Las hermanas del soldado Nidia y Luz Dary Lopera narran que al día siguiente, cuando se presentaron ante el coronel que estaba a cargo de su hermano, este les habría ofrecido 20 millones de pesos para que dejaran “quieto el asunto” y se quedaran calladas, presuntamente aprovechando el estado de alteración de la madre ante la ausencia de su hijo.

“Si a usted se le prestó una persona, una persona debe devolver”, recuerda haberle exigido Luz Dary Lopera al militar en ese momento. Sin embargo, cuatro meses después de la situación en el Batallón, en un hecho que la familia describe como incompresible, el juzgado 118 de Instrucción Penal Militar condenó al Soldado Lopera por deserción. El hombre fue juzgado como persona ausente, lo que quiere decir que no fue necesario que asistiera a las audiencias para ser condenado. La decisión fue apelada desde el primer momento por la familia, quienes aseguran no comprender cómo recibieron una condena cuando lo que esperaban era una respuesta de la institución.

“La justicia penal militar lo que hace es iniciar un proceso penal por deserción y como llenando un check list, pues simplemente lo condenan diciendo que era un desertor. Entonces Jhon Fredy aparte de su desaparición, de padecer este delito de lesa humanidad, también es señalado de un delito que obviamente no cometió” expone la abogada del caso. La mujer también afirma que durante el juicio no se estudiaron las razones de fondo que entregó la familia para tumbar este señalamiento. Por otra parte, las hermanas plantean lo “ilógico” que sería que Jhon Fredy hubiera desertado cuando le faltaban tan solo ocho días para culminar su servicio y tras haber invitado a sus padres a la ceremonia.

Sugieren que en caso de haber tomado esta decisión, su hermano por lo menos hubiera tratado de establecer contacto con su madre o algún familiar. Sin embargo, la promesa del reencuentro nunca sucedió y desde la invitación a la ceremonia, hace ya tantos años, no saben absolutamente nada de él. “Mi mamá lo sigue esperando todavía porque ni siquiera tiene una tumba en la cual visitarlo” cuenta Nidia Lopera. Su camino para encontrar la verdad y para que se sancione a los responsables se vio entorpecido desde el principio por este fallo de la justicia penal militar que parecía ser la única respuesta a cualquier pregunta hecha por la familia. Pero los Lopera nunca pararon y al no encontrar justicia en el país decidieron llevar su caso ante un tribunal internacional.

Así fue como el caso llegó ante la CIDH, instancia donde hace unas semanas se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia. En este documento, Colombia reconoció que violó los derechos de estas personas al no permitir que la familia accediera a la justicia y posteriormente, condenar al soldado. Además, se plantearon medidas para reparar de forma integral a una familia que perdió a su ser querido mientras este le prestaba un servicio al país. El Estado prometió reabrir la investigación judicial sobre la desaparición del soldado y compartir sus datos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Además, ayudarán en la dignificación de su memoria y a limpiar su nombre, porque Jhon Fredy Lopera no fue un desertor, sino una víctima.

Para la familia y la firma de abogados que los representa, quienes llevan el caso hace 27 años, fue de suma importancia que el Estado reconociera su responsabilidad de manera previa, sin tener que ser vencido en un juicio. Para ellos, esto es otra prueba más de las injusticias vividas en el proceso judicial. “Yo con el acuerdo espero que por lo menos le den claridad a la muerte de mi hermanito ¿Qué pasó con él? ¿Qué le hicieron? Porque a mi mamá ya todo el mundo le dio la espalda durante muchos años” enfatiza Nidia Lopera. La justicia tardó cuatro meses en condenar a Jhon Fredy Lopera por deserción y más de 27 años en pedirle perdón por nunca haberlo buscado, su familia asegura que la espera por la verdad aún continúa.

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