![A la izquierda, Jineth Bedoya, lideresa del movimiento "No Es Hora de Callar". A la derecha, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/L5WKC7PLY5C3JBEAQWW5DHDEJ4.png?auth=21fdb54da8947b2f98fcafe511390d9a23ffde317cfd9dc2cb9b76669df58097&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Durante la mañana de este 15 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el caso de la periodista y activista social Jineth Bedoya, quien en mayo del 2000 fue secuestrada luego de entrevistar a un jefe paramilitar en la cárcel La Modelo (Bogotá), situación que derivó en una posterior tortura y ataque sexual. Cuando la magistrada Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH, solicitó la intervención del Estado colombiano, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, se retiró de la audiencia virtual.
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¿La razón? En palabras de Camilo Gómez: “Las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano de justicia internacional que remitió el caso de Bedoya a la Corte IDH en 2019)”. De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, los jueces que interrogaron a Bedoya no actuaron con objetividad.
Desde las 8:00 de la mañana, los jueces de la Corte IDH preguntaron a Jineth Bedoya sobre la pesadilla vívida el 25 de mayo del 2000, cuando un grupo de paramilitares presos la secuestraron, para accederla y abandonarla en vía pública. Tan conmovedor y resiliente fue su relato, que incluso varios de los jueces, incluida la presidenta Odio Benito, entregaron mensajes de apoyo para una mujer que, desde hace más de 20 años, quiso representar la voz de cientos de mujeres que sufren violencia de género en Colombia.
Sin embargo, para Camilo Gómez el interrogatorio rendido por la subeditora del El Tiempo representa una falta de garantías para los intereses del Estado colombiano. Tal fue el descontento del funcionario de Gobierno, que recusó a la presidenta Elizabeth Odio Benito y a los jueces Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique. Es decir, solicitó que la gran mayoría de las personas que atienden el caso sean relevados del conocimiento del mismo expediente.
No lo hizo Nicaragua, tampoco Venezuela; ni el Perú de Fujimori. Nunca en la historia un Estado se había levantado de una audiencia ante la @CorteIDH
— Jonathan Bock (@goodluck_Bock) March 15, 2021
Hoy en el caso de @jbedoyalima lo hizo Colombia. Esto es una declaración de intenciones de cara al fallo que emita el tribunal.
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“Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso. Esta posición del Estado colombiano tiene que ser con la obligación que tiene los jueces de ser imparciales. No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos debemos el mayor respeto. Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte IDH y que pone la cara ante la víctima”, explicó Gómez en su primera y única intervención durante la audiencia.
Y siguió con sus alegatos: “ya hemos acumulado varios problemas procesales (ante la Corte IDH). La cortesía y solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado. Aquí todos los magistrados, excepto el magistrado Renato Vio Grossi, han expresando preguntas que prejuzgan y opiniones que le muestran a Colombia que existe opinión formada en el caso, sin siquiera oír en esta audiencia lo que Colombia tiene por decir”.
Luego de la intervención de Camilo Gómez, quien se desconectó desde ese momento, la presidenta de la Corte IDH Elizabeth Odio Benito explicó que el trámite solicitado se evaluará en los próximos días, sin embargo, siguió adelante con la audiencia virtual. Entonces, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) llamó al editor general de El Espectador Jorge Cardona Alzate, para que rindiera su versión sobre el oscuro episodio vivido por Bedoya.
De acuerdo con Cardona, quien primero dibujó el panorama de Colombia durante el inicio del milenio, Jineth Bedoya fue una de sus estudiantes en la Universidad Central, durante 1993. El editor general de este diario contó que dirigió la tesis de la periodista y la invitó a trabajar en El Espectador años después, cuando Bedoya había ganado gran bagaje en RCN Radio. En una de las investigaciones, Jineth Bedoya le seguía la pista al oscuro panorama de la cárcel La Modelo, pues importantes jefes guerrilleros y paramilitares habían hecho del penal su centro de operaciones.
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“Esa condición, tener todos los actores reunidos, era lo que hacía a La Modelo tan peligrosa en ese momento. Quienes cumplían con la labor de protección eran los mismos internos, los paramilitares tenían fusiles R-15 y patrullaban la cárcel. Allí estaba la oficina central del paramilitarismo para el área urbana. Ahí estaban los jefes más importantes y estaba también Jhon Jairo Vásquez, alias Popeye. Seis meses después de mi secuestro, yo fui hasta allí a preguntarles. Una de las celdas de alta seguridad era maneja por Popeye y ahí tenía documentos privados de muchas personas, entre ellas yo”, dijo Bedoya en audiencia pública.
Fue precisamente en ese centro de reclusión, buscando la voz del exjefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, que Jineth Bedoya vivó el episodio de tortura y violencia de género que, tras 20 años, sitúa al Estado colombiano como un posible actor omisivo. Hasta el momento, ha habido tres condenas: alias Panadero, a 28 años de prisión. Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepizca, a 40 años de cárcel. Y Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J, a 30 años tras las rejas. Sin embargo, Jineth Bedoya asegura que aun falta por investigar la responsabilidad de alrededor de 17 personas, por su autoría intelectual, entre ellos agentes del Estado.