El Estado pedirá perdón por el asesinato de Guillermo Cano Isaza
El próximo 9 de febrero, el Estado admitirá su responsabilidad en el magnicidio del director de El Espectador, asesinado el 17 de diciembre de 1986. También reconocerá el fracaso en la investigación, juzgamiento y sanciones a los responsables, así como por no haber brindado la debida protección judicial a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad.
Hacia las siete de la noche del 17 de diciembre de 1986, Pablo Escobar agravió la memoria del diario El Espectador y el devenir de la familia de su director, Guillermo Cano Isaza. Esa noche, dos sicarios atacaron a bala al periodista cuando emprendía la ruta hacia su casa tras salir del diario. Malherido, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste de alumbrado público. Dos trabajadores del periódico trataron de auxiliarlo y lo trasportaron a la Clínica de Cajanal, donde su familia recibió la noticia de su muerte. La orden la dio el jefe del cartel de Medellín, incómodo por las verdades que escribía Cano Isaza en el diario en una época en la que nadie se atrevía a denunciarlo con nombre y apellido.
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En el momento en que fue asesinado, Guillermo Cano era uno de los colombianos más amenazados del país, pero escasamente protegido por el mismo Estado al que Escobar le declaró una guerra sin descanso. El próximo 9 de febrero -día del periodista en Colombia-, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, delegados del gobierno reconocerán esa responsabilidad estatal por el magnicidio del director de El Espectador. Están citados a las nueve de la mañana sus familiares, varios diplomáticos, colegas de Guillermo Cano y miembros del Ejecutivo. El acto busca admitir su incumplimiento a la hora de garantizar el derecho a la vida de Cano Isaza.
Y no solo eso. Admitirá también el fracaso en la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables del asesinato y de no haber brindado debida protección judicial a las demás víctimas de la sistemática persecución contra el diario desplegada por la organización criminal de Pablo Escobar. Ese abandono y desprotección estatal se tradujo en el exilio de Juan Guillermo y Fernando Cano, hijos de Cano Isaza, y del jefe de investigación Fabio Castillo. Los asesinatos de Héctor Giraldo Gálvez, abogado de la familia Cano, y Marta Luz López, Miguel Soler y Hernando Tavera, funcionarios administrativos del diario en Medellín. La autoría de un camión bomba que causó destrozos a su sede en septiembre de 1989.
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El acto de reconocimiento de responsabilidad constituye la primera respuesta de autoridad a un largo y tortuoso proceso de búsqueda de verdad y justicia. Después de una década de impunidad en Colombia, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997. La Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso, pero no solo no hubo adelantos, sino que, sin explicación alguna, el informe de fondo de la CIDH en 2001, en el que reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen, por razones incomprensibles terminó engavetado entre las oficinas de la Comisión y la Cancillería y la familia Cano nunca tuvieron la oportunidad de debatirlo o refutarlo, lo cual evitó que el proceso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2017, los abogados de la familia Cano, la SIP, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights solicitaron la reactivación del caso, pero la respuesta fue un no tajante. De un portazo se cerró la posibilidad de que se realizara una investigación seria y la posibilidad de que el caso tuviera un pronunciamiento definitivo de la justicia internacional. Lo único que quedó fue el informe engavetado de 2001, en el que la CIDH reconoció la responsabilidad del Estado en un crimen emblemático para la libertad de prensa. Con base en ese documento es que ahora, 37 años después del asesinato, el Estado reconocerá públicamente su responsabilidad por el asesinato de un hombre que entregó su vida por informar sobre lo que nadie quería señalar con nombres propios.
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El 25 de agosto de 1983, en momentos en que el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla emprendió sus denuncias en el Congreso contra los promotores del narcotráfico en Colombia, El Espectador aportó el as que necesitaba el alto funcionario para que cesaran los ataques en su contra y se develara el pasado oscuro de Pablo Escobar, quien se camuflaba con éxito como representante a la Cámara. Bajo la guía de Guillermo Cano, El Espectador publicó las evidencias de los antecedentes de Escobar como narcotraficante. Desde ese día, el capo emprendió una guerra contra el periódico que significó para este medio un capítulo de horror que se extendió por muchos años.
La exposición de Escobar como narcotraficante significó el inicio de su carrera como enemigo número uno del Estado. Después del asesinato de Lara en abril de 1984, el director de El Espectador arreció en su Libreta de Apuntes contra el ejército particular de Escobar y la impunidad con que obraba. Cuando la mafia asesinó en julio de 1985 al juez que investigaba el crimen de Lara, Tulio Manuel Castro, Guillermo Cano advirtió que el narcotráfico se había ensañado con el poder judicial. Tras el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, preguntó si en esa toma había una causa común con Los Extraditables, interesados en la muerte de los juristas y la desaparición de los expedientes. También reclamó ante el auge de los dineros calientes en la política.
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El narcotráfico no cesó en su oleada de violencia. El 31 de julio asesinó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernando Baquero Borda. El 17 de septiembre sufrió la misma suerte el subdirector del periódico Occidente de Cali, Raúl Echavarría Barrientos. El 30 de octubre la víctima fue el magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna. El 17 de noviembre, los sicarios acabaron con la vida del comandante de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez Gómez. En cada caso El Espectador alzó su voz y reclamó justicia. En vez de encontrarla, el 17 de diciembre de 1986, cuando salía inerme e indefenso del periódico que dirigió con valentía y responsabilidad durante 36 años, Guillermo Cano Isaza fue asesinado.
“Es una gran noticia que el Estado finalmente reconozca su responsabilidad. Este reconocimiento es un mensaje muy fuerte para la justicia porque es un acto del Ejecutivo, pero fue desde la justicia donde no se investigó en su debido momento y permitió la impunidad. Para la familia Cano llega tarde este perdón, pero por lo menos llega. Por lo menos hay un reconocimiento sobre una persona que fue decano del periodismo, vertical contra el narcotráfico, frente a la independencia y contra todo abuso de poder. Una persona que ha sido un modelo a seguir para todo el periodismo”, concluyó la periodista e investigadora, María Teresa Ronderos, en memoria del director de El Espectador cuyo caso verá la primera demostración de perdón en 37 años.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Hacia las siete de la noche del 17 de diciembre de 1986, Pablo Escobar agravió la memoria del diario El Espectador y el devenir de la familia de su director, Guillermo Cano Isaza. Esa noche, dos sicarios atacaron a bala al periodista cuando emprendía la ruta hacia su casa tras salir del diario. Malherido, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste de alumbrado público. Dos trabajadores del periódico trataron de auxiliarlo y lo trasportaron a la Clínica de Cajanal, donde su familia recibió la noticia de su muerte. La orden la dio el jefe del cartel de Medellín, incómodo por las verdades que escribía Cano Isaza en el diario en una época en la que nadie se atrevía a denunciarlo con nombre y apellido.
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En el momento en que fue asesinado, Guillermo Cano era uno de los colombianos más amenazados del país, pero escasamente protegido por el mismo Estado al que Escobar le declaró una guerra sin descanso. El próximo 9 de febrero -día del periodista en Colombia-, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, delegados del gobierno reconocerán esa responsabilidad estatal por el magnicidio del director de El Espectador. Están citados a las nueve de la mañana sus familiares, varios diplomáticos, colegas de Guillermo Cano y miembros del Ejecutivo. El acto busca admitir su incumplimiento a la hora de garantizar el derecho a la vida de Cano Isaza.
Y no solo eso. Admitirá también el fracaso en la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables del asesinato y de no haber brindado debida protección judicial a las demás víctimas de la sistemática persecución contra el diario desplegada por la organización criminal de Pablo Escobar. Ese abandono y desprotección estatal se tradujo en el exilio de Juan Guillermo y Fernando Cano, hijos de Cano Isaza, y del jefe de investigación Fabio Castillo. Los asesinatos de Héctor Giraldo Gálvez, abogado de la familia Cano, y Marta Luz López, Miguel Soler y Hernando Tavera, funcionarios administrativos del diario en Medellín. La autoría de un camión bomba que causó destrozos a su sede en septiembre de 1989.
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El acto de reconocimiento de responsabilidad constituye la primera respuesta de autoridad a un largo y tortuoso proceso de búsqueda de verdad y justicia. Después de una década de impunidad en Colombia, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997. La Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso, pero no solo no hubo adelantos, sino que, sin explicación alguna, el informe de fondo de la CIDH en 2001, en el que reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen, por razones incomprensibles terminó engavetado entre las oficinas de la Comisión y la Cancillería y la familia Cano nunca tuvieron la oportunidad de debatirlo o refutarlo, lo cual evitó que el proceso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2017, los abogados de la familia Cano, la SIP, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights solicitaron la reactivación del caso, pero la respuesta fue un no tajante. De un portazo se cerró la posibilidad de que se realizara una investigación seria y la posibilidad de que el caso tuviera un pronunciamiento definitivo de la justicia internacional. Lo único que quedó fue el informe engavetado de 2001, en el que la CIDH reconoció la responsabilidad del Estado en un crimen emblemático para la libertad de prensa. Con base en ese documento es que ahora, 37 años después del asesinato, el Estado reconocerá públicamente su responsabilidad por el asesinato de un hombre que entregó su vida por informar sobre lo que nadie quería señalar con nombres propios.
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El 25 de agosto de 1983, en momentos en que el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla emprendió sus denuncias en el Congreso contra los promotores del narcotráfico en Colombia, El Espectador aportó el as que necesitaba el alto funcionario para que cesaran los ataques en su contra y se develara el pasado oscuro de Pablo Escobar, quien se camuflaba con éxito como representante a la Cámara. Bajo la guía de Guillermo Cano, El Espectador publicó las evidencias de los antecedentes de Escobar como narcotraficante. Desde ese día, el capo emprendió una guerra contra el periódico que significó para este medio un capítulo de horror que se extendió por muchos años.
La exposición de Escobar como narcotraficante significó el inicio de su carrera como enemigo número uno del Estado. Después del asesinato de Lara en abril de 1984, el director de El Espectador arreció en su Libreta de Apuntes contra el ejército particular de Escobar y la impunidad con que obraba. Cuando la mafia asesinó en julio de 1985 al juez que investigaba el crimen de Lara, Tulio Manuel Castro, Guillermo Cano advirtió que el narcotráfico se había ensañado con el poder judicial. Tras el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, preguntó si en esa toma había una causa común con Los Extraditables, interesados en la muerte de los juristas y la desaparición de los expedientes. También reclamó ante el auge de los dineros calientes en la política.
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El narcotráfico no cesó en su oleada de violencia. El 31 de julio asesinó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernando Baquero Borda. El 17 de septiembre sufrió la misma suerte el subdirector del periódico Occidente de Cali, Raúl Echavarría Barrientos. El 30 de octubre la víctima fue el magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna. El 17 de noviembre, los sicarios acabaron con la vida del comandante de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez Gómez. En cada caso El Espectador alzó su voz y reclamó justicia. En vez de encontrarla, el 17 de diciembre de 1986, cuando salía inerme e indefenso del periódico que dirigió con valentía y responsabilidad durante 36 años, Guillermo Cano Isaza fue asesinado.
“Es una gran noticia que el Estado finalmente reconozca su responsabilidad. Este reconocimiento es un mensaje muy fuerte para la justicia porque es un acto del Ejecutivo, pero fue desde la justicia donde no se investigó en su debido momento y permitió la impunidad. Para la familia Cano llega tarde este perdón, pero por lo menos llega. Por lo menos hay un reconocimiento sobre una persona que fue decano del periodismo, vertical contra el narcotráfico, frente a la independencia y contra todo abuso de poder. Una persona que ha sido un modelo a seguir para todo el periodismo”, concluyó la periodista e investigadora, María Teresa Ronderos, en memoria del director de El Espectador cuyo caso verá la primera demostración de perdón en 37 años.
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