El Estado perdió millonario tribunal de abitramento contra Glencore
Tres árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que el Estado colombiano incumplió con sus obligaciones, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio abriera una investigación en contra de la multinacional por, supuestamente, competencias anticompetitivas.
El Estado colombiano perdió un millonario tribunal de arbitramento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de un escueto comunicado de prensa, en el que dieron algunos detalles del proceso judicial.
Según la página oficial del tribunal, el caso lo inició la empresa suiza Glencore que llegó hace décadas al país para explotar carbón en la región Caribe. Lo hizo en julio de 2019, argumentando que el Estado colombiano estaba violando el Tratado Bilateral de Inversiones entre Suiza y Colombia, vigente desde 2006.
De acuerdo con la demanda, Glencore, a través de su filiar Prodeco, firmó un contrato con el Estado colombiano en 2010 para construir un puerto que se convertiría en uno de los más importantes de Latinoamérica para la exportación de carbón. El lugar destinado para el proyecto fue el municipio de Puerto Nuevo (Magdalena).
El problema arrancó en 2016, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación en contra de la multinacional y sus filiales en Colombia por lo que consideró como prácticas anticompetitivas. En palabras sencillas, lo que explicó en su momento la entidad gubernamental es que Glencore había consolidado un monopolio en el puerto.
La SIC señaló, además, que la empresa estaba infringiendo también el régimen de la libre competencia, pues prácticamente tenía todo el control del embarque de carbón de la Ciénaga de Magdalena, cuando esa zona debía tener una naturaleza pública para que cualquiera, con los recursos en mano, pudiera utilizar el puerto.
Para Glencore, la investigación de la SIC violó sus derechos adquiridos, a través de los negocios y concesiones que había firmado con el Estado en 2010. Esa posición la respaldó ahora el tribunal de arbitramento del Ciadi, que encontró que Colombia sí violó los derechos de la multinacional y ordenó pagar una millonaria suma.
En total, dice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que el país tendrá que pagarle a Glencore es solamente el 15 % de lo que originalmente había pedido la empresa suiza. En total, el Estado colombiano tendrá que pagarle $37.800 millones a Glencore, pero se salvó de tener que descontar $252.000 millones de su presupuesto.
Con la decisión tomada, la Agencia criticó el fallo y señaló: “El Estado considera que el laudo es sorpresivo a la luz de la evidencia obrante en el expediente. El Estado rechaza que una condena en un arbitraje de inversión pueda realizarse en menos de cinco páginas, en las que el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales”.
Además de rechazar lo resuelto por el tribunal, la Agencia señaló que ya está estudiando, junto con abogados externos, la posibilidad de pedir la anulación del laudo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Estado colombiano perdió un millonario tribunal de arbitramento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de un escueto comunicado de prensa, en el que dieron algunos detalles del proceso judicial.
Según la página oficial del tribunal, el caso lo inició la empresa suiza Glencore que llegó hace décadas al país para explotar carbón en la región Caribe. Lo hizo en julio de 2019, argumentando que el Estado colombiano estaba violando el Tratado Bilateral de Inversiones entre Suiza y Colombia, vigente desde 2006.
De acuerdo con la demanda, Glencore, a través de su filiar Prodeco, firmó un contrato con el Estado colombiano en 2010 para construir un puerto que se convertiría en uno de los más importantes de Latinoamérica para la exportación de carbón. El lugar destinado para el proyecto fue el municipio de Puerto Nuevo (Magdalena).
El problema arrancó en 2016, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación en contra de la multinacional y sus filiales en Colombia por lo que consideró como prácticas anticompetitivas. En palabras sencillas, lo que explicó en su momento la entidad gubernamental es que Glencore había consolidado un monopolio en el puerto.
La SIC señaló, además, que la empresa estaba infringiendo también el régimen de la libre competencia, pues prácticamente tenía todo el control del embarque de carbón de la Ciénaga de Magdalena, cuando esa zona debía tener una naturaleza pública para que cualquiera, con los recursos en mano, pudiera utilizar el puerto.
Para Glencore, la investigación de la SIC violó sus derechos adquiridos, a través de los negocios y concesiones que había firmado con el Estado en 2010. Esa posición la respaldó ahora el tribunal de arbitramento del Ciadi, que encontró que Colombia sí violó los derechos de la multinacional y ordenó pagar una millonaria suma.
En total, dice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que el país tendrá que pagarle a Glencore es solamente el 15 % de lo que originalmente había pedido la empresa suiza. En total, el Estado colombiano tendrá que pagarle $37.800 millones a Glencore, pero se salvó de tener que descontar $252.000 millones de su presupuesto.
Con la decisión tomada, la Agencia criticó el fallo y señaló: “El Estado considera que el laudo es sorpresivo a la luz de la evidencia obrante en el expediente. El Estado rechaza que una condena en un arbitraje de inversión pueda realizarse en menos de cinco páginas, en las que el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales”.
Además de rechazar lo resuelto por el tribunal, la Agencia señaló que ya está estudiando, junto con abogados externos, la posibilidad de pedir la anulación del laudo.
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