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El pleito entre el Estado y la multinacional Glencore, por cuenta de unas disputas por un contrato en una mina del Cesar, es uno de los más grandes que haya tenido que enfrentar la Nación en su historia. El Gobierno sabía que el fallo podía llegar en cualquier momento de este año y hoy fue el día. Según los árbitros que definieron la disputa, el Estado deberá pagar US$19,1 millones de dólares, una cifra 97% más baja que las pretensiones que tenía la multinacional Glencore, que se calculaban en $2,5 billones.
La pelea comenzó en 2015, cuando la multinacional Glencore consideró que el Estado colombiano violó el acuerdo de inversión entre los dos países. Ese año, la Contraloría sancionó fiscalmente a la compañía tras comprobar que había conseguido de manera irregular un otrosí para uno de sus contratos, una movida que hizo que Colombia dejara de recibir dinero de regalías.
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De acuerdo con la determinación del tribunal de arbitramento, la Contraloría se equivocó en su decisión de sancionarlo pues, aunque podía hacerlo, no utilizó las fórmulas correctas, lo que afectó las inversiones de la empresa en Colombia. El laudo, de más de 350 páginas, señala que el Estado no deberá responder por ninguna de las demás pretensiones de la multinacional, y tampoco fue condenada por ningún otro hecho mencionado por Glencore.
Glencore, para 2015, tenía a una filial de nombre Prodeco trabajando en Colombia. Sus labores eran la de la explotación de carbón en varios departamento de la región Caribe y sus negocios se centraron, principalmente en el Cerrejón en La Guajira, y en la mina de carbón en el Cesar, conocida como Calenturitas, donde ocurrieron las diferencias. Después de 20 años de extraer el mineral, la empresa propuso cambiar las reglas del contrato.
Una de sus principales propuestas fue s debía cambiar la fórmula que tenían para calcular las regalías que le correspondían al Estado por su trabajo de extracción. Pese a que la autoridad encargada de los temas mineros en ese entonces, Ingeominas, no aceptó los cambios, Prodeco insistió en que las cosas se debían hacer a su manera y decidió interpretar el cálculo de las regalías a su manera.
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La filiar de Prodeco comenzó a desembolsar menos dinero, a pesar de que no tenía el permiso legal para hacerlo. A esta conclusión llegó la Contraloría en 2015, cuando condenó a la multinacional a pagar más de $60 millones por la arbitrariedad con que decidió calcular sus pagos al Estado. Además, el ente de control ligó al fallo a Mario Ballesteros, director de Ingeominas por esa época, porque finalmente cedió a las exigencias de Prodeco y firmó con ellos un otrosí con la fórmula de cálculo de la multinacional.
La Contraloría explicó que “antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones”, explicó la entidad, resaltando que los afectados principales por el recálculo habían sido los intereses de Colombia. A Glencore no le gustó para nada la decisión y fue así que comenzó el pleito que hoy tuvo una decisión crucial.
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Además de este caso, la multinacional tiene otro millonario pleito arbitral contra el Estado por problemas en un negocio en el puerto de Santa Marta. El pleito se presentó en el mismo tribunal que acaba de dar a concer esta decisión. El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, resaltó el hecho de que Colombia no tenga que pagar más de US$19 millones de dólares y que la decisión del tribunal demuestra que la Contraloría sí tiene la potestad de investigar y sancionar a empresas, incluso las internacionales.
“Colombia gana porque aquí no hay condena por los perjuicios ni por los daños a futuro que pedía Glencore. Además ganamos porque el tribunal reconoce que se respetaron los derechos al debido proceso y al acceso a justicia por parte de la Contraloría e Ingeominas (...) Colombia está satisfecha de que no haya sido más dinero y deja claro un mensaje que es muy importante: que la comunidad internacional sepa que Colombia no se deja matonear en estos tribunales”.