“El Estado tiene que adaptarse a los desafíos del cambio climático”: Dejusticia

Los efectos del cambio climático en Colombia se han hecho fuertemente evidentes esta semana. Incendios, altas temperaturas, fauna y flora afectadas, son algunas de las consecuencias de la problemática mundial que en este momento tienen en alerta al país. Actualmente, las licencias ambientales que son entregadas a proyectos de explotación de hidrocarburos, producción de energía o extracción minera —que dejan graves afectaciones al medioambiente— se rigen por una ley creada hace 30 años (99 de 1993) y que, con la crisis actual, parece obsoleta. Laura Santacoloma, directora de Justicia Ambiental de Dejusticia, explica las razones de fondo en la petición que revisa en este momento la Corte Constitucional para que la norma sobre licencias ambientales incluya el análisis del impacto que las obras tendrían en el cambio climático a la hora de otorgarlas o negarlas.

Los efectos del cambio climático en Colombia se han hecho fuertemente evidentes esta semana. Incendios, altas temperaturas, fauna y flora afectadas, son algunas de las consecuencias de la problemática mundial que en este momento tienen en alerta al país. Actualmente, las licencias ambientales que son entregadas a proyectos de explotación de hidrocarburos, producción de energía o extracción minera —que dejan graves afectaciones al medioambiente— se rigen por una ley creada hace 30 años (99 de 1993) y que, con la crisis actual, parece obsoleta. Laura Santacoloma, directora de Justicia Ambiental de Dejusticia, explica las razones de fondo en la petición que revisa en este momento la Corte Constitucional para que la norma sobre licencias ambientales incluya el análisis del impacto que las obras tendrían en el cambio climático a la hora de otorgarlas o negarlas.

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¿Se vulnera el derecho a gozar de un ambiente sano con las actuales condiciones para la entrega de licencias ambientales en Colombia?

Yo no estoy tan segura de que el Estado pueda vulnerar en términos generales el derecho a gozar de un ambiente sano, salvo que haya un Estado de Cosas Inconstitucionales en materia de medio ambiente que, en este caso, no lo hay. Pero el derecho, propiamente dicho, aparece con la Constitución del 91, de ahí sale también la Ley General del Ambiente, que es la Ley 99 del 93, contra todo el Sistema Nacional Ambiental que antes no existía. Hay un montón de estructuras estatales que permiten inferir que el Estado está comprometido con la garantía de ese derecho.

Entonces, ¿por qué discutir el alcance de estas licencias?

Cuando un proyecto requiere licencia ambiental es porque sí o sí genera un impacto grave en el medio ambiente. Entonces, la licencia ambiental identifica cuáles son esos riesgos graves y establece medidas de manejo, de compensación, de corrección, prevención o de mitigación. Siempre que hay licencia ambiental, se sabe que hay daño grave.

Deme ejemplos de proyectos que causan daños graves.

Todos los que están listados en la Ley 99 y sus decretos reglamentarios. Esto se hace con unos mínimos: tener en cuenta los impactos bióticos, abióticos y socioeconómicos, no más. Así fue como se dieron licencias para proyectos como Hidroituango.

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En estos casos, no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, toda la capa vegetal que se tuvo que remover. ¿Eso qué impacto tuvo para el cambio climático? Nadie sabe. Un proyecto de hidrocarburos, por ejemplo, en el que también hay que remover capa vegetal, ¿cuáles emisiones se están generando? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo las contienen? ¿A dónde van? ¿Eso cómo impacta las medidas de los compromisos internacionales del país en materia de reducción o mitigación de gases de efecto invernadero?

¿No hay control en absoluto sobre la afectación al medioambiente y sobre el cambio climático?

Como actualmente el objetivo en la ley de licencias ambientales no es el cambio climático, no se prevé qué puede bajar el flujo del agua, qué la gente va a tener en consecuencia menos acceso y menos posibilidad de mantener sus actividades agropecuarias y de seguridad alimentaria en una región. Si el cambio climático se tuviera en cuenta, las medidas serían mucho más estructurales.

¿Cuál es el problema constitucional concreto que identificaron en el trámite de las licencias ambientales?

Que cuando se hablaba de un proyecto como el de Hidroituango, el cambio climático no era un tema. Si uno revisa toda la ley, ahí no habla del clima, no habla de los impactos climáticos. Hoy estamos en una emergencia reconocida a nivel global, donde se están firmando tratados internacionales sobre la materia. Nosotros lo que decimos es que el Estado tiene que adaptar su estructura para responder a los desafíos del cambio climático. No tiene sentido que Colombia siga asumiendo un montón de compromisos internacionales sobre el cambio climático, si internamente no tenemos las herramientas para cumplir con eso.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo, no es solamente la lluvia torrencial, el tornado o el deslizamiento, porque esos son producto de la variabilidad climática, si no es el tiempo. No se evalúa si en 30, 40 años, la temperatura sigue aumentando como va. De hecho, son proyectos a 30 años, a 40 años o a más años, y no sé analiza aún cómo transforman un territorio. Hoy nadie sabe porque eso no se evalúa. Y no se ha contemplado esos impactos que se puedan generar.

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¿En qué podemos ver la repercusión que tiene no evaluar estos proyectos sin el enfoque del cambio climático?

El desplazamiento climático es uno de esos fenómenos, sobre todo en las islas del Caribe, pues hay un riesgo inminente de desplazamiento. Eso se ha venido acrecentando y recrudeciendo. Por ejemplo, en Mocoa, Putumayo, que es un lugar donde se vieron las consecuencias de la variabilidad climática, pero también de una mala gestión del riesgo, pero hoy en día todavía el Estado está pidiendo licencias ambientales ahí, justo en el lugar de desastre, una licencia ambiental para un proyecto de gran minería.

¿Por qué es tan importante que se ponga una condición enfocada al cambio climático durante el trámite de la licencia y, por ejemplo, no antes de esa etapa?

Básicamente, porque es el momento en donde vienen los conflictos. Todos los proyectos se toman un montón de tiempo en prospección, buscando la concesión, agotando todas las etapas previas a la licencia ambiental, que es la que otorga el derecho de utilizar un determinado recurso, lo cual toma años, incluso décadas. Por ejemplo, en Santurbán o Quebradona, que han sido proyectos grandes de conflictos ambientales en el país, todos han tomado décadas y el conflicto se ha venido estando y alimentando por décadas.

Pero cuando llega el momento de la licencia ambiental, se define si ese proyecto se va a hacer realidad o no. Ahí se juega el todo por el todo y es donde estalla el conflicto, el momento que parte la historia en dos: la licencia ambiental, por eso tiene tanta presión, porque ahí se aprueba o se archiva el proyecto.

¿Las autoridades ambientales no han tenido aproximaciones al problema del cambio climático a la hora de otorgar las licencias?

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene un portafolio de buenas prácticas en materia de cambio climático. Pero las corporaciones autónomas no. Y las corporaciones autónomas tienen, pues, la mayor cantidad de licencias ambientales en el país, de todo tipo. Además, no es obligatoria.

Actualmente, buscar más medidas sobre el cambio climático lo está haciendo este Gobierno, pero al llegar otro Gobierno no sabemos si eso se mantenga o no. Lo que nosotros decimos es que esto no puede ser un criterio como de buena voluntad de alguien, sino que esto tiene que tener unos estándares, no de Gobierno, sino de Estado, porque estamos en una crisis que afecta estructuralmente al Estado.

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