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Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, tuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su primera y única oportunidad de entrar al sistema de justicia transicional y, así, confesar los crímenes que lo ubican como conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado. En audiencia pública, quien fuera líder del temido Bloque Norte de las Autodefensas, dijo que el Estado es el que debe responder por omisión sobre la violencia que padeció Colombia durante los años 90.
“La omisión del Estado siguió. Aquí el Estado tiene que responder y asumir sus responsabilidades de que fueron los primeros responsables por omisión de toda la tragedia que hemos vivido en Colombia, pero particularmente de que la que me correspondió”, dijo en medio de la diligencia mientras señaló que su padre, un oficial del Ejército, pudo ser víctima de secuestro aunque le pagaban una “vacuna” a los grupos ilegales que hacían presencia en la zona que oscilaba entre los $1.500.000.
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En medio de la primera sesión de audiencia de la JEP, el exjefe paramilitar resaltó que la violencia que padeció Valledupar, la ciudad de donde es oriundo, obedeció a la omisión del Estado en cuanto a proteger a los ciudadanos que eran asechados por miembros de las extintas Farc o el Eln. Resaltó que, en 1987, era común conocer que se pagaban cuantiosas sumas de dinero por múltiples secuestros en manos de esas estructuras y que, el Ejército, la Policía y la misma justicia no hacían mayor cosa por evitarlo.
“Todo eso sucedió a plena luz del día. Ese es el contexto de la situación de un Valledupar desde 1987. La gente muda y callada. Cada cual trataba de salvar su situación. Las organizaciones ilegales tomaron ventaja de toda la omisión de la institucionalidad incluyendo su justicia (...) Ojalá se tomen el tiempo para ponerse en los zapatos de Rodrigo Tovar o en los de tanta gente que pagó un costo alto en esa época”, explicó ante la magistratura.
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En dos ocasiones, durante la diligencia, a Jorge 40 se le llamó la atención por el lenguaje que usó en su discurso. El primer llamado lo hizo la magistrada Sandra Castro porque el exjefe paramilitar generalizó que un grupos de docentes, supuestamente, adoctrinaron personas para adelantar huelgas. El segundo llamado de atención lo hizo porque el entonces comandante del Bloque Norte de las Auc, se catalogó como un “desplazado” porque por dichas huelgas no podían cumplir con los años académicos.
La magistrada Castro le dijo que debía cuidar su lenguaje ya que esa situación no se puede igualar a la de las personas que son desplazadas por hechos de violencia. Jorge 40 continuó con su relato de cómo llegó a ser parte de las autodefensas, incluso, mencionó que sobre su nombre pesa una condena en donde lo igualan en mando a Salvatore Mancuso, también exjefe paramilitar, cuando para la época en la que sucedieron los hechos por los cuales se emitió la sentencia, Jorge 40 no había hecho incursión en las filas del grupo subversivo.
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En principio, Jorge 40 solicitó un espacio para hablarle a las víctimas del Bloque Norte, a quienes quiso nombrar como “sobrevivientes”. Señaló que sus 16 años de prisión ininterrumpida, desde que dejó las armas, le han servido para reflexionar sobre la manera en que quiere presentarse ante el Estado como un agente de paz. De hecho, entre líneas dejó ver su apoyo al proyecto de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, independientemente de su inclusión en la JEP, quiere ir a las comunidades donde hizo presencia para dialogar cara a cara con sus víctimas.
“Desde mi más esencial intimidad quiero declararse solamente que me siento arrepentido por todo el dolor y el daño causado a cada uno de ustedes, en cualquier lugar, vereda, pueblo o ciudad, en el caribe colombiano, producto de mis acciones como tercero y como combatiente. Nunca hubiera querido causarles ni el dolor ni el daño que es causé. ¿Qué puedo hacer, junto a ustedes, para que evitemos que más de sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, sigan aumentando esa lista de supervivientes o víctimas que ha dejado el conflicto?”, señaló Tovar Pupo, leyendo una carta que escribió a puño y letra.
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El criminal que podría entrar a la JEP
Jorge 40 fue uno de los principales voceros de las Auc en las negociaciones de Santa Fe de Ralito y fue uno de los últimos jefes paramilitares en desmovilizarse. No obstante, en 2015 fue expulsado del también sistema transicional de Justicia y Paz, creado para la desmovilización paramilitar, por no aceptar su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro ni haber reparado a las víctimas.
Actualmente, Jorge 40 está condenado en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, después de confesar alrededor de 6.000 crímenes, entre los que están varias masacres, secuestros y asesinatos cometidos principalmente en los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander. Además, Tovar Pupo cumplió una pena en Estados Unidos por narcotráfico entre 2008, año en el que fue extraditado, hasta 2020. Ahora, espera que sus confesiones sean suficientes para entrar a la JEP y, si es cierta su petición, ayudar a los “supervivientes” a cambio de beneficios judiciales como su ansiada libertad.
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