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Hasta el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, el encargado de la investigación en contra del exfiscal Gustavo Moreno, llegó una carta en la que el cuestionado abogado le pide a la Corte Suprema de Justicia que lo extraditen lo más pronto posible a Estados Unidos. Dice la misiva que Moreno estaría dispuesto a acogerse a un modelo de extradición simplificado o exprés. (El maletín del exfiscal Gustavo Moreno)
A finales de agosto pasado, la Corte del Distrito Sur de la Florida solicitó formalmente a Colombia que extradite a Moreno y al abogado Leonardo Pinilla, después de que la DEA interceptara unas comunicaciones. En ellas, se evidenciaría que ambos le pidieron dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para frenar el proceso penal en su contra por actos de corrupción durante su administración en el departamento.
(En contexto: El embajador de la India, de la justicia)
Según la investigación, esos pagos se habrían pedido y realizado en Estados Unidos. La acusación se da por los cargos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Si la Corte acepta la solicitud de Moreno, su proceso para viajar al país norteamericano se acortaría en la medida en que el magistrado Hernández no tendría que recopilar pruebas, sino solamente proceder a estudiar la solicitud de Estados Unidos.
De acuerdo con la solicitud de extradición, Pinilla y Moreno se aliaron para usar el rol del entonces jefe Anticorrupción de la Fiscalía para enriquecerse a cambio de información y un trato favorable en el caso contra Lyons. La petición de extradición precisa que Pinilla contactó a Lyons mediante una aplicación de mensajería instantánea a nombre de Moreno para pedirle dinero. En esa conversación se pactó una reunión en Miami, en donde se le exigieron $400 millones y otros US$40.000
Las autoridades norteamericanas aseguran que la transacción se daba por la identificación de testigos que entregaran información en contra de Lyons y la revelación de sus testimonios a la defensa de exgobernador, para que tuviera tiempo de desacreditarlos. Además, explican que Moreno asignaba a los fiscales a su cargo múltiples procesos para que no tuvieran tiempo de continuar en la investigación contra Lyons.
Sobre esas conversaciones, la DEA ya le envió a las autoridades colombianas todos los audios interceptados. A partir de esas interceptaciones, la Fiscalía anunció que era también potestad de la Corte Suprema conocer los detalles de las comunicaciones. A partir de allí, se han conocido una lista de nombres de funcionarios involucrados en este escándalo. Por un lado, están los exmagistrados del alto tribunal, José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.
Y por el otro, varios congresistas y excongresistas que habrían pagado dinero para que la Corte no procediera con decisiones judiciales en procesos en su contra: Musa Besaile, Zulema Jattin, Álvaro Ashton, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos. Estos últimos tres ya tienen una investigación preliminar en el alto tribunal por esos hechos.
De acuerdo con el diario El Tiempo, Moreno no descartaría entablar una negociación con la autoridades de Estados Unidos, una vez sea extraditado.