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Muy a pesar de las evidencias en su contra, que incluyen testimonios directos, peritazgos de la Fiscalía, reportes judiciales, interceptaciones telefónicas y otro largo etcétera, que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a acusarla, Aída Merlano Rebolledo insiste en posesionarse como senadora. No pudo hacerlo el pasado viernes, pues está recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, señalada de haber montado una compleja estructura electoral para corromper votantes en Barranquilla por menos de $50.000. Sin embargo, desde su celda ultima detalles con sus abogados para quemar hasta su último cartucho con tal de no perder la silla que obtuvo en los comicios de marzo pasado. Aída se jura inocente.
No obstante, la justicia tiene un arsenal de pruebas que le pusieron freno de mano a su meteórica carrera política. En las elecciones de marzo pasado Merlano Rebolledo obtuvo 73.250 votos, que hoy son objeto de controversia judicial. No obstante, otros cálculos aparecen en el ajedrez político. Según expertos consultados, si Merlano no se posesiona —tiene hasta el 28 de julio para hacerlo— su curul la heredaría el siguiente en la lista del Partido Conservador, en este caso, Soledad Tamayo. Mientras los conciliábulos políticos hacen sus cuentas tras la posesión del nuevo Congreso, la Corte Suprema llamó a juicio a Aída Merlano por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, porte de armas y ocultamiento y retención ilícita de cédula.
El Espectador tuvo acceso a las piezas procesales más importantes del caso y armó la radiografía del expediente Merlano. Un proceso que ya derivó en el anuncio de la Fiscalía de próximas imputaciones al señalado círculo político de Aída Merlano, que también habría patrocinado la compraventa de sufragios. Este 30 de julio, en Barranquilla, serán imputados por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir la excandidata a la Cámara de Representantes por Atlántico —y fórmula de Merlano— Lilibeth Llinás, los diputados Jorge Rangel y Margarita Ballén, los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora, y los exconcejales Aissar Castro Reyes (padre de Aissar Castro) y Vicente Támara.
(En contexto: Corte Suprema llama a juicio a Aída Merlano por fraude electoral)
El testigo estelar del proceso ha sido Francisco Rafael Palencia, un hombre que le contó a las autoridades con lujo de detalles cómo Merlano y su guardia pretoriana habrían montado un gigantesco fraude electoral desde un inmueble ubicado en el barrio El Golf en Barranquilla, que todo el mundo denominaba Casa Blanca o Comando. Según relató a la Corte Suprema, Merlano y su grupo político, a punta de fajos de dinero supuestamente han venido amañando las elecciones locales, regionales y nacionales desde el año 2015. Para ello, el testigo relató intimidades de lo que vio como coordinador de la campaña al Senado de Merlano en 2018. Para empezar, contó las minucias de la operación necesaria para aceitar un ejército de votantes.
Y mencionó a la poderosa familia Gerlein, como uno de los supuestos brazos financieros de este entramado ilegal. La Fiscalía ya citó a diligencia de interrogatorio a los empresarios Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, hermanos del veterano exsenador Roberto Gerlein, quien ajustó 48 años en el Congreso. “La cabeza de todo era la doctora Aída Merlano, ella misma daba las instrucciones (…) Como ese voto era comprado, no se podía permitir margen de error (…) Yo soy líder de Aída Merlano, tengo mi carné que me acredita y con ese carné era la única forma en que se podía ingresar a Casa Blanca, porque allí no podía entrar nadie, ni siquiera un acompañante, ni esposa, ni hijos”, le narró a la Corte el testigo Palencia.
Las más de 400 páginas, en las que están condensadas las pruebas en contra de la senadora electa, dan cuenta del tamaño de la organización criminal, como la definió la Fiscalía. La génesis de la caída de Merlano ocurrió en la recta final de su campaña al Senado. Alertados por un informante que entregó la hoja de ruta de estas actividades delictivas, agentes de la Sijín de la Policía e investigadores de la Fiscalía allanaron el Comando el mismo día de las elecciones del 11 de marzo. Allí encontraron desde listados de personas con sus respectivas cédulas, letras de cambio y cuadernos con las instrucciones que debían seguir los encargados de asegurar los votos, así como armas de fuego, dos de ellas sin los permisos al día, y más de $261 millones.
(En contexto: El testimonio que hundió a Aída Merlano en la Corte Suprema)
Tanto la Fiscalía, como el testigo Palencia han señalado que el dinero que pasó por las habitaciones de la Casa Blanca superó los $5.000 millones. Y aunque Merlano ha dicho que no superó los topes permitidos en la campaña, el ente investigador le pidió a la Corte Suprema, a finales de junio pasado, que agregue uno más a los cuatro delitos que ya le endilgó: violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. La sofisticación de esta compraventa de votos fue de tal calado que en las actas de registro y allanamiento se dejó constancia de los fajos de billetes de distintas denominaciones que tenían como destino “engrasar” la maquinaria de Merlano.
Las evidencias apuntan a que desde la Casa Blanca se coordinaba la labor de al menos 2.000 personas encargadas de repartir los dineros y asegurar los votos, operación que era supuestamente coordinada por 21 personas que “zonificaban” a los votantes y les hacían un milimétrico seguimiento para verificar que no se les voltearan. La cuota inicial del pago era $15 mil y, después de depositar el voto, los siguientes $35 mil, previa constatación del sufragio amarrado. Dicho sistema de trazabilidad comprendía talonarios con el logotipo de la campaña o el nombre del líder y una pistola lectora de códigos de barras. Una compleja organización que, para la Corte, habría quedado en evidencia.
Al margen de las pruebas documentales, la súbita interrupción del ascenso político de Aída Merlano tiene nombre y apellido: Francisco Rafael Palencia Borrero. Sin su testimonio habría sido prácticamente imposible que la justicia pudiera develar los supuestos tentáculos de esta red criminal que, de acuerdo con su declaración, viene haciendo estragos desde tres años. Incluso se rastrean contratos entre la red de colaboradores de Merlano con dos concejales investigados, así como distintas hojas de vida halladas con el rótulo “Listado de líderes”; una estructura piramidal con responsabilidades asignadas y un mismo modus operandi. Hasta hoy Palencia Borrero ha sido considerado un testigo creíble.
(Le sugerimos: Líder revela detalle de la compra de votos para Aida Merlano)
Su versión, cotejada por los investigadores, en especial en un informe de Policía judicial del pasado 25 de mayo, revelaría la existencia de un acuerdo delictivo para torcer la voluntad popular. En el dossier también aparece un documento firmado por una de las líderes de Merlano, Brigid Noguera, en el que se autorizaba a un tercero a recoger el dinero para la venta de los votos. De igual manera, en el desarrollo del proceso salieron a flote contradicciones sobre los pagos a la gente, pues algunos testigos trataron de hacerle creer a la justicia que los ríos de dinero que circularon desde la Casa Blanca eran solo para garantizar el transporte de la gente de Merlano. Pero esa tesis parece desvanecerse por cuenta de las pesquisas judiciales.
Con una particularidad: los testigos en este caso relataron que cuando el líder de Merlano no podía garantizar votantes confiables, se optaba por retener las cédulas en el Comando hasta que culminara la “zonificación” que le pondría puntos precisos a esta estrategia ilegal. Esto se hacía para evitar que el ciudadano se inscribiera en otro lugar debido “a que la doctora Aída Merlano no era la única que compraba votos”. Con estas piezas probatorias, controvertidas por la defensa de la senadora electa, la Corte Suprema acusó el pasado jueves a la otrora poderosa parlamentaria. La Procuraduría también había solicitado que Merlano fuera llamada a juicio.
Este diario consultó al penalista Jesús Albeiro Yepes, abogado de Merlano, quien manifestó sobre el caso: “La defensa espera e insiste ante las autoridades en el respeto por el debido proceso, garantía que incorpora la presunción de inocencia y un tratamiento procesal y penitenciario acorde con estos principios. Que sea la oportunidad para denunciar que la senadora ha sido víctima de todas las condenas públicas por funcionarios y entidades públicas sin competencia para investigarla y juzgarla, y sometida a tratos ultrajantes y discriminatorios en el centro de reclusión no obstante sus graves padecimientos de salud”.