El expediente que enreda al senador Lidio García

“Los señores Lidio García Turbay y Daira Galvis Méndez, senadores de la República, hicieron parte de los acuerdos y repartos clientelistas en la Contraloría Distrital”. Esta contundente acusación de la Fiscalía hace parte de un voluminoso expediente de la justicia en el que se investigan las presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo Hernández, entonces contralora de Cartagena, ocurrida en febrero de 2016. El problema es que el documento que sustenta dicha afirmación jamás fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para que indagara la responsabilidad de los dos congresistas en una operación de presunta compra de votos en el Concejo de la ciudad para hacer elegir a su ficha política en ese organismo de control. El sorprendente hallazgo de esta compulsa de copias que jamás se materializó fue hecho por la Corte en noviembre pasado en desarrollo del proceso contra el parlamentario Andrés García Zuccardi, denunciado por estos hechos.

“Los señores Lidio García Turbay y Daira Galvis Méndez, senadores de la República, hicieron parte de los acuerdos y repartos clientelistas en la Contraloría Distrital”. Esta contundente acusación de la Fiscalía hace parte de un voluminoso expediente de la justicia en el que se investigan las presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo Hernández, entonces contralora de Cartagena, ocurrida en febrero de 2016. El problema es que el documento que sustenta dicha afirmación jamás fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para que indagara la responsabilidad de los dos congresistas en una operación de presunta compra de votos en el Concejo de la ciudad para hacer elegir a su ficha política en ese organismo de control. El sorprendente hallazgo de esta compulsa de copias que jamás se materializó fue hecho por la Corte en noviembre pasado en desarrollo del proceso contra el parlamentario Andrés García Zuccardi, denunciado por estos hechos.

La Sala de Instrucción del alto tribunal constató que García Zuccardi no tuvo velas en ese entierro y por eso le archivó el proceso en abril pasado. Pero en esa misma decisión la Corte ordenó investigar al congresista liberal Lidio García Turbay, quien aparece mencionado en múltiples interceptaciones en poder de la Fiscalía; a la excongresista Martha Cecilia Curi Osorio, también salpicada en el escándalo, y, finalmente, a María Consuelo Cruz Mesa, procuradora delegada para la Moralidad Pública. Esta última, el 23 de diciembre de 2016, revocó en segunda instancia el fallo que sancionó a los 14 concejales de Cartagena que eligieron a la contralora Nubia Fontalvo ese año. Se trata de un expediente de la mayor sensibilidad, con varios poderosos bajo sospecha, graves señalamientos de corrupción política y un olvido grave de la Fiscalía, que evitó que, desde 2017, Lidio García y Daira Galvis fueran investigados por la Corte Suprema.

Por cuenta de este escándalo, que en su momento causó revuelo nacional y tiene 400 horas de audios comprometedores y pruebas documentales, terminaron capturados, en agosto de 2017, la contralora Fontalvo; Manuel Vicente Duque, exalcalde de Cartagena, José Julián Vásquez, su primo y asesor de confianza, y el concejal Jorge Useche. Así mismo, todos los cabildantes que votaron por Fontalvo enfrentan un juicio por estos hechos. De acuerdo con las pruebas del proceso, en enero de 2016, a cambio de acuerdos presuntamente ilícitos pactados con el Concejo, la administración de Manolo Duque puso toda su maquinaria política al servicio de la abogada Nubia Fontalvo Hernández, quien resultó elegida para el período 2016-2019. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Bolívar tumbó su elección meses después, al concluir que no cumplió el requisito de haber obtenido el puntaje mínimo del concurso reglamentado por el Concejo.

Al margen del proceso que adelanta la Fiscalía, para la Corte resultó extraño el hecho de que ese organismo investigador no enviara en 2017 las copias de este proceso contra la exsenadora Daira Galvis y el senador Lidio García, quien presidirá el Congreso en 2025 como parte de los acuerdos a los que llegó el liberalismo para declararse partido de gobierno durante la presidencia de Gustavo Petro. El 22 de noviembre de 2021, una comisión de la Corte viajó a Cartagena para inspeccionar el expediente que adelanta la fiscal especializada Liliana Velásquez Trespalacios desde 2016. Ese día la funcionaria les dijo a investigadores que estaba segura de que en su momento había compulsado las copias para que la Corte indagara a García y a Galvis, mencionados en el caso. El alto tribunal revisó sus archivos y estableció que jamás le llegó esa solicitud. Al día siguiente, la fiscal reconoció que el documento quedó escrito en un borrador en el computador de su asistente.

“En conversación sostenida el 22 de noviembre con la investigadora de Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se indicó que este despacho había realizado compulsa de copias a los señores Lidio García Turbay y Daira Galvis Méndez, senadores de la República, quienes al parecer hicieron parte de los acuerdos y repartos clientelistas en la Contraloría Distrital de esta ciudad. Revisada la totalidad de los EMP, no se encontró constancia de la existencia del documento ni oficios con que se haya enviado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia, pese a que en el computador de la asistente del despacho se encuentra la proyección de la mencionada compulsa de fecha 14 de septiembre de 2017, la cual al parecer no fue firmada ni materializada. Ello se pudo ocasionar debido a la voluminosa y compleja información”, señaló la fiscal el 23 de noviembre pasado en documento enviado a la Corte.

Es decir, solo en noviembre de 2021, más de 50 meses después, la Corte tuvo noticia de esta compulsa de copias. El Espectador conoció que, en principio, el alto tribunal evaluó la posibilidad de pedir una investigación contra la fiscal Velásquez Trespalacios por esta omisión. No obstante, al final se decidió no hacerlo tras valorar todas las pruebas y concluir que si bien hubo negligencia no hubo intención de obstruir a la justicia. La Corte, además, revisó en detalle los audios en los que fue mencionada la exsenadora Daira Galvis y constató que no había prueba para seguir investigándola. Consultada por este diario, la fiscal Velásquez Trespalacios señaló que no podía dar declaraciones por el momento. Sin embargo, fuentes judiciales que la conocen explicaron que el proceso ha sido tan complejo y se han compulsado tantas copias por el volumen de la prueba, que es posible que se hubiera cometido un olvido involuntario. “Lo cual no refleja la realidad del proceso”, señalaron.

Otra cosa ocurrió, en cambio, con el senador Lidio García Turbay. En varios informes de policía judicial y transliteraciones de las interceptaciones telefónicas aparece su nombre. En dichos audios concejales y políticos de Cartagena dejaron constancia del presunto entramado criminal para elegir a la excontralora Fontalvo con el fin de manejar a su antojo el poder burocrático y de control fiscal de esa entidad. De ese “pérfido propósito”, según palabras de la Corte, dan cuenta las evidencias recogidas a lo largo del expediente. Por ejemplo, del teléfono personal del senador Lidio García se hicieron once llamadas a Nubia Fontalvo Hernández entre el 7 de enero de 2016 y el 28 de marzo de ese año, justo en la época en la que resultó electa y se posesionó en el cargo. En esas mismas fechas la justicia registró varias llamadas entre Lidio García y José Julián Vásquez, mano derecha del alcalde Manolo Duque y hombre clave en estos hechos investigados.

De acuerdo con un informe del portal La Silla Vacía de la época, firmado por la periodista Laura Ardila, tanto Lidio García como José Julián Vásquez se movieron con todo su poder político los primeros días de enero de 2016 para voltear la mayoría de los votos en el Concejo, pues quien se perfilaba como ganador era el abogado Iván Darío Sierra Porto, hermano de Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional. En uno de los audios interceptados a la excontralora Fontalvo se habla de una reunión entre ella, Lidio García y José Julián Vásquez en el restaurante La Olla Cartagenera, donde se habría pactado el manejo de la planta de personal de la Contraloría. Allí Fontalvo resaltó que lo único que le interesaba era el cargo del secretario general, “siendo los demás cargos controlados por José Julián y Gordo”. Es más, según expuso la Fiscalía, Lidio García fue testigo de ese supuesto pacto.

En otra conversación reseñada por la Corte, la entonces concejal Angélica María Hodge le contó a su colega Jorge Useche Correa que estaba muy molesta con la contralora elegida Nubia Fontalvo porque no estaba cumpliendo sus compromisos. De acuerdo con la conversación, Hodge quería meter a la Contraloría a un abogado y a un cuñado suyo, pero Fontalvo solo le ofreció un cargo de $1’800.000, que a la concejal le indignó. Por eso fue a quejarse ante Lidio García y José Julián Vásquez, a quienes reconocía como sus padrinos políticos. “Ese tipo de personas cuando se están portando así hay que echarle a su jefe”, se oye en la interceptación. Hay otra charla en poder del alto tribunal entre Fontalvo y Jesús Joaquín Caballero García, primo del senador Lidio García, en la que se revela que este último sería su supuesto intermediario para manejar los puestos en el organismo de control y se mencionan más compromisos burocráticos.

No es todo. La Corte Suprema también ordenó investigar a la excongresista Martha Cecilia Curi Osorio, hermana del exconcejal Javier Curi Osorio, procesado por el escándalo, y a la procuradora María Consuelo Cruz. ¿La razón? Las graves sindicaciones que hizo contra ellas Joyce Johana Escorcia Bonfante, quien durante año y medio le manejó la agenda al concejal Curi. Según esta testigo, hubo millonarios pagos y un costoso almuerzo financiado supuestamente por los concejales procesados para que la Procuraduría los absolviera. Ellos habían sido sancionados el 6 de septiembre de 2016 con suspensión de seis y diez meses en sus cargos. Pero el 23 de diciembre, en fallo de segunda instancia, la procuradora María Consuelo Cruz revocó esa decisión y los absolvió. De acuerdo con Escorcia Bonfante, ella le consignó $2’250.000 a Nidia García, trabajadora de la congresista Martha Cecilia Curi. Esa plata era presuntamente para pagar ese almuerzo y cuadrar el fallo.

La exfuncionaria de confianza del concejal Javier Curi aportó la copia de esa consignación y, además, les relató a la Fiscalía y a la Corte que quien llevó el fallo favorable al Concejo de Cartagena tres días después, el 26 de diciembre, fue la congresista Martha Cecilia Curi. Según ella, la entonces parlamentaria habría sido el puente, a través de su empleada Nidia García, para obtener esa absolución. Escorcia Bonfante confesó también que los exconcejales indagados le pidieron un préstamo a un empresario de apellido Berrío, de Cartagena, para pagar ese archivo en el Ministerio Público y que después sacaron dinero de la Contraloría de Cartagena para saldar esa deuda.

¿Cómo se hizo? La testigo indicó que mediante contratos ficticios de prestación de servicio que sumaron cerca de $400 millones. “Los concejales presentaron las hojas de vida. Esas hojas de vida salían de personas cercanas de cada concejal y de confianza, o sea los votantes de ellos”, contó. Y añadió: “Lo que se les ofrecía a cambio a esas personas era el pago de la seguridad social. A estas personas les pagaban la seguridad social por el mes de préstamo para el contrato del Concejo y esas personas debían cobrar el dinero, que les era consignado en sus cuentas y devolverlo a los concejales”. Es decir, según la declarante, con plata de la Contraloría se habría pagado un fallo judicial. La Corte Suprema le pidió a la Fiscalía que investigue a la procuradora María Consuelo Cruz y ya inició sus pesquisas para determinar lo que corresponda en el caso de la hoy excongresista Curi Osorio.

El Espectador buscó a todos los mencionados en este caso. En diálogo con este diario, el senador Lidio García desmintió con vehemencia los señalamientos en su contra. “Nunca tuve nada que ver con la elección de Nubia Fontalvo, a quien conocí después de su elección. Ella sí me pudo haber llamado, pero no tuve que ver con la señora. Yo soy un actor político de la región”. Además, insistió en que Nubia Fontalvo jamás ha pertenecido a su grupo político, que jamás intercedió ante nadie para respaldar su elección y que en esos audios lo que queda claro es que muchas veces gente interesada dice cosas por decir, sin sustento, y usando de forma irregular su nombre. “Hay mucha gente que puede decir mucha cosa de uno, pero yo no voto por nadie en el Concejo. No sé en qué tipo de delito pueda estar yo. No tuve injerencia en esa elección y apenas me enteré de esta investigación hace pocos días. Por usted, además, me estoy enterando de que no se compulsaron en mi contra unas copias en 2017. Pero le digo que no tengo nada que ver y, además, esos audios donde me mencionan nunca me parecieron importantes. Me defenderé ante la Corte. Jamás me he reunido en la Olla Cartagenera con Nubia Fontalvo”, concluyó.

El Espectador le dejó mensajes en el celular a la excongresista Curi Osorio, pero al cierre de esta edición no había contestado. En cuanto a la procuradora Cruz, fuentes del Ministerio Público señalaron que, en su momento, ante algunas publicaciones de prensa, el entonces procurador Fernando Carrillo ordenó una investigación, pero esta fue archivada por su misma administración en noviembre de 2019 tras haber revisado en detalle el patrimonio de Cruz y no encontrar pruebas de actuaciones irregulares. No obstante, en ese proceso no aparecen las versiones que la testigo Joyce Escorcia Bonfante, mano derecha del exconcejal Javier Curi Osorio, le entregó a la Corte. En ellas reiteró, con consignaciones en mano, que hubo presuntos pagos para favorecer a los exconcejales de Cartagena. La procuradora Cruz ya fue notificada de esta nueva investigación de carácter penal y, según fuentes consultadas, acudirá a responder ante la Corte cuando sea llamada.